General (r) Yuber Aranguren es condenado por acoso sexual

General (r) Yuber Aranguren es condenado por acoso sexual

La Sapa Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó al general en retiro Yuber Armando Aranguren a 40 meses y 12 años de prisión, multa de 849.58 smmlv e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, por un término igual al de la pena de prisión, por los delitos de injuria y acoso sexual.

La sala concluyó la responsabilidad penal en contra de Aranguren Rodríguez, pues en su calidad de Comandante de la Brigada de Selva 27 del Ejército Nacional, en hechos ocurridos entre junio y septiembre del año 2018, de manera sistemática acosó sexualmente e injurió en múltiples oportunidades a una subteniente bajo su mando.

Según la institución las acciones del general en retiro vulneraron la honra, buen nombre, así como la libertad, integridad y formación sexual de la subteniente.

“En ese sentido, le era exigible ajustar su comportamiento a los preceptos normativos, esto es, absteniéndose de afrontar la integridad moral, el buen nombre y la honra de la víctima, dado que estaba en capacidad de hacerlo, máxime cuando no fue acreditada la configuración de alguna causal eximente de responsabilidad”, destacó el documento de la Corte Suprema de Justicia.

“Es evidente que cada uno de los reprochables episodios narrados por aquella, ocurridos tanto en público como en privado, en los que el acusado le dirigió sendos improperios, tuvieron una innegable consecuencia adversa”, añadió la institución.

Colprensa

Foto: Colprensa

Desigualdad en cifras: Primer índice revela grandes retos para las mujeres

Desigualdad en cifras: Primer índice revela grandes retos para las mujeres

Bogotá, Atlántico y Cundinamarca encabezan el primer Índice de Equidad de Género (IEG) elaborado por la Universidad del Rosario y el Consejo Privado de Competitividad (CPC), encargado de medir las desigualdades estructurales entre mujeres y hombres en el país.

De acuerdo con los hallazgos del Índice estas tres zonas del país lideran la medición dado que han avanzado por delante de los demás en infraestructura, empleo y acceso a servicios, tres de los tres pilares que tuvieron en cuenta la medición.

Los otros tres departamentos que mostraron avances destacables en la medición fueron Cauca, Córdoba y Sucre; en tanto que las «brechas de género» se mantienen intactas en departamentos con grandes zonas rurales, entre ellos Guaviare, Vaupés y Guainía, donde acceso a empleo y servicios básicos para las mujeres es limitado.

En regiones como esas los servicios de acueducto, alcantarillado, gas y energía eléctrica son reducidos, mientras que ellas se ven sujetas a las labores de casa, lo que reduce sus posibilidad de tener un trabajo e ingresos económicos.

«El acceso a infraestructura del bienestar y del cuidado son pilares clave para reducir desigualdades estructurales, de allí que la inversión en servicios de cuidado y en tecnologías digitales sea habilitadora de una mayor equidad», resaltó El Rosario.

A nivel regional, la representación política en manos de ellas es baja, los hombres tienen a ser más depresivos y a recurrir al suicidio como salida a sus crisis, contrario a las mujeres. Ellos también representan la mayor tasa de mortalidad en incidentes de tránsito y laborales. En definitiva mueren más hombres que mujeres.

«El IEG debe ser una herramienta de referencia para la toma de decisiones, orientando estrategias que permitan garantizar oportunidades equitativas y construir una sociedad más justa, competitiva e inclusiva», urgió Ana Isabel Goméz, rectora de la Universidad del Rosario.

Mientras que Ana Fernanda Maiguashca, presidenta del Consejo Privado de Competitividad, confió en que «ojalá lo veamos como una fuente interesante de datos que nos haga reflexionar sobre nuestros sesgos inconscientes y su impacto en nuestro bienestar y competitividad». Colprensa

Foto: Colprensa – Camila Diaz

Procuraduría emite circular para la transición energética sostenible en Colombia

Procuraduría emite circular para la transición energética sostenible en Colombia

La Procuraduría General de la Nación emitió este martes una circular con el objetivo de promover un sector energético que equilibre la soberanía energética con la sostenibilidad ambiental, social y económica de los proyectos en el país.

La directriz establece lineamientos para fortalecer la implementación de la transición energética y garantizar que el desarrollo del sector respete los derechos de las comunidades y el medio ambiente.

El documento exhorta a las entidades públicas del sector a coordinar esfuerzos para asegurar la ejecución eficiente y sostenible de proyectos energéticos. También insta a las Corporaciones Autónomas Regionales, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y otras autoridades ambientales a cumplir con los plazos establecidos para la tramitación de permisos y licencias.

Asimismo, la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios enfatizó la importancia de fortalecer la capacidad técnica y financiera de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), las Corporaciones Autónomas Regionales y el Sistema Nacional Ambiental (SINA).

El organismo de control llamó al Ministerio de Minas y Energía, en coordinación con el Ministerio de Ambiente, a integrar criterios ambientales en la planificación de proyectos energéticos con el fin de reducir conflictos socioambientales y cumplir compromisos climáticos nacionales e internacionales.

Con estas acciones, explicó la Procuraduría, buscan impulsar un modelo energético responsable que promueva el desarrollo económico sin comprometer el equilibrio ambiental y social. Colprensa

Foto: Colprensa – Sergio Acero

Procuraduría exige actualización urgente de datos sobre la Amazonía

Procuraduría exige actualización urgente de datos sobre la Amazonía

La Procuraduría General de la Nación hizo un llamado urgente a todas las entidades y responsables de velar por la protección y conservación de la Amazonía para que actualicen de manera inmediata la información en la herramienta de seguimiento establecida para este fin.

La petición del organismo de control surge en cumplimiento de la sentencia «Amazonas como Sujeto de Derechos» y posterior de que la Procuraduría identificará que algunas entidades no están cumpliendo con los requisitos de veracidad y oportunidad en sus informes.

En algunos casos se continúa repitiendo la información que corresponde a años anteriores o se omite diligencias la totalidad de los datos.

Además, la Procuraduría señaló que existen accionados que , a pesar de los múltiples requerimientos del despacho judicial y del ente de control continúan sin ingresar su información correspondiente a la ejecución de las obligaciones en la herramienta para el seguimiento y monitoreo de la sentencia.

“Por esta razón, la delegada para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios reiteró la obligación de todos los responsables para que rectifiquen y actualicen de manera inmediata los reportes correspondientes, ya que, en caso de persistir el incumplimiento, se procederá a remitir los informes pertinentes, con el fin de que se tomen las acciones a lugar”, concluyó la Procuraduría.

Colprensa

Foto: Colprensa – Lina Gasca

ICBF deberá informar y reubicar a niños tras cierre de hogares comunitarios

ICBF deberá informar y reubicar a niños tras cierre de hogares comunitarios

La Corte Constitucional ordenó este viernes al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) implementar un protocolo claro de notificación sobre el cierre de los hogares comunitarios de bienestar, a fin de garantizar que los representantes legales de los niños y niñas afectados sean debidamente informados y reciban rutas de reubicación que aseguren la protección de sus derechos.

La decisión se toma tras el cierre de un hogar comunitario al que asistían seis menores, lo cual vulneró su derecho a la educación, la alimentación y el desarrollo integral en la primera infancia, entre otros.

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La Corte señaló que el programa de Hogares Comunitarios del ICBF tiene como objetivo apoyar a los padres de los sectores más vulnerables para garantizar que los niños cubran sus necesidades básicas de nutrición, desarrollo y protección.

Sin embargo, en el caso concreto, la Corte comprobó que no se siguieron procedimientos adecuados para informar a los padres sobre el cierre del hogar, lo que afectó directamente la capacidad de los padres de planificar y participar en decisiones relacionadas con el bienestar de sus hijos.

En su análisis, la Corte explicó que la falta de un protocolo claro de notificación impide que los padres ejerzan su derecho al debido proceso y a la participación. La notificación es esencial para garantizar que los padres puedan tomar decisiones informadas sobre el bienestar de sus hijos, en línea con el principio del interés superior del niño.

Además, se advirtió que el cierre del hogar dejó a los niños en una situación de vulnerabilidad, al privarlos de un entorno seguro para su alimentación, educación y cuidado.

La Corte enfatizó que el interés superior de los niños debe prevalecer en cualquier actuación administrativa, incluso cuando se cumplan con los procedimientos internos.

En este caso, se concluyó que el procedimiento del ICBF no cumplió con las garantías constitucionales para proteger los derechos de los menores.

Como parte de la sentencia, la Corte ordenó al ICBF reabrir la Unidad de Servicios del Hogar Comunitario y crear nuevos hogares comunitarios en la zona para reubicar a los 22 niños afectados.

Además, la Corte especificó que el servicio debe ser brindado por una madre o padre comunitario capacitado y en condiciones que cumplan con los requisitos establecidos por el Manual Operativo del ICBF para la atención de la primera infancia.

Asimismo, se deberá asegurar el suministro de raciones alimentarias adecuadas para los niños de 0 a 5 años.

La Corte también le ordenó a la Dirección General del ICBF que en un plazo de 60 días implemente el protocolo de notificación para el cierre de los hogares comunitarios, con el objetivo de informar claramente a los padres sobre los motivos del cierre, las rutas de reubicación y las alternativas disponibles para garantizar la continuidad en la protección de los derechos de los niños.