por Konuco | Jul 8, 2024 | Destacadas, Nacional
Bogotá, D. C., 8 de julio de 2024 – La Procuraduría General de la Nación ha iniciado una investigación para determinar si Colpensiones está preparada para la implementación del nuevo modelo pensional en Colombia. Esta acción responde a la preocupación ciudadana sobre la viabilidad y efectividad del sistema que ahora tendrá que administrar la información de 25 millones de afiliados, en comparación con los 6,5 millones que maneja actualmente.
El ente de control ha solicitado a Colpensiones un detallado informe sobre las medidas administrativas, tecnológicas y operativas que ha tomado para enfrentar este significativo cambio. Esto incluye la actualización del sistema operativo encargado del reconocimiento y pago de prestaciones económicas y otras obligaciones.
Detalles de la solicitud
La Procuraduría ha pedido precisiones sobre:
- Tiempos de adquisición, migración y actualización del sistema operativo: Colpensiones deberá informar sobre el cronograma y los avances en estos procesos cruciales para la transición al nuevo modelo pensional.
- Mejoras en la infraestructura tecnológica: Se requiere información sobre las mejoras tecnológicas implementadas para soportar el aumento en el volumen de datos, pasando de 6,5 millones a 25 millones de afiliados.
- Capacidad de las plataformas tecnológicas: Evaluación de la capacidad actual y la necesidad de ampliar y actualizar las plataformas tecnológicas para responder a la nueva demanda.
- Interoperabilidad entre entidades: Colpensiones debe explicar las herramientas tecnológicas que garantizarán la interoperabilidad con otras entidades del sistema pensional a corto plazo.
Información adicional requerida
La Procuraduría también ha solicitado datos sobre:
- Solicitudes de expedición y corrección de historia laboral: Número de solicitudes radicadas, atendidas y pendientes entre el segundo semestre de 2023 y el primer semestre de 2024.
- Peticiones, quejas, reclamos y solicitudes sin respuesta: Información sobre solicitudes de reconocimientos de prestaciones económicas, dictámenes de pérdida de capacidad laboral por resolver y sentencias pendientes de cumplimiento.
Colpensiones tiene un plazo de 10 días para remitir toda la información solicitada junto con el cronograma establecido para la implementación del nuevo modelo pensional.
Esta investigación subraya la importancia de asegurar que los derechos y recursos de los afiliados y pensionados sean protegidos adecuadamente durante esta transición significativa en el sistema pensional de Colombia.
Foto de archivo
por Konuco | Jul 8, 2024 | Destacadas, Nacional
La Procuraduría General de la Nación ha emitido un pliego de cargos contra Víctor Manuel Quiroz Betancur, profesional universitario de la Secretaría de Comunicaciones de la Alcaldía de Medellín en 2023, por la adición injustificada de 6 mil millones de pesos al contrato interadministrativo celebrado entre la Secretaría de Comunicaciones y Telemedellín. Esta adición presupuestal, realizada presuntamente para cubrir los gastos de la rendición de cuentas del exalcalde Daniel Quintero Calle, ha sido cuestionada por desconocer principios básicos de la contratación estatal.
Detalles del contrato
El contrato, cuyo objetivo era desarrollar estrategias de comunicación y planes de medios para la Alcaldía, se celebró el 24 de enero de 2023 con un valor inicial de 12 mil millones de pesos. Sin embargo, el 27 de septiembre del mismo año, Quiroz Betancur, en su calidad de supervisor del contrato, suscribió una adición de 6 mil millones de pesos, incrementando el valor total del contrato a 18 mil millones de pesos. Esta acción ha sido criticada por no respetar el principio de economía, el cual promueve la austeridad del gasto y la eficiencia en los procesos administrativos.
Además del pliego de cargos contra Quiroz Betancur, la Procuraduría ha ordenado compulsar copias contra Mónica María Urrego, quien era la secretaria de Comunicaciones de la Alcaldía de Medellín en la fecha de los hechos. Urrego fue la funcionaria que suscribió la segunda modificación al contrato original.
Este caso subraya la importancia de la transparencia y la correcta administración de los recursos públicos, destacando la necesidad de supervisar rigurosamente los procesos de contratación estatal para evitar posibles abusos y garantizar la eficiencia en el uso del presupuesto público.
Foto: Telemedellin
por Konuco | Jul 8, 2024 | Destacadas, Nacional
Más de 22,000 miembros de la Fuerza Pública han dejado sus cargos durante el gobierno de Gustavo Petro, desatando un intenso debate sobre las causas y consecuencias de esta situación. La salida masiva de personal militar y policial ha sido interpretada por algunos como un signo de desmoralización y debilitamiento en las fuerzas de seguridad del país.
Hernán Cadavid, congresista del partido Centro Democrático, denunció a través de redes sociales esta alarmante salida, subrayando que representa una amenaza significativa para la seguridad de los colombianos. Cadavid informó que la Policía Nacional ha sido la más afectada, con 9,270 retiros voluntarios, seguida por la Fuerza Aérea con 524 y la Armada con 326.
El congresista argumenta que esta situación refleja un desorden dentro de las instituciones y una falta de liderazgo y apoyo por parte del gobierno, lo que ha llevado a una desmoralización y una reducción en la capacidad operativa de las fuerzas de seguridad.
Según Cadavid, las políticas implementadas por el gobierno de Petro han favorecido a elementos criminales, contribuyendo a esta crisis. Añadió que la falta de recursos, el armamento obsoleto y las malas condiciones laborales han sido factores críticos que han impulsado a muchos miembros de la Fuerza Pública a abandonar sus puestos.
Esta situación continúa desarrollándose, con implicaciones significativas para la estabilidad y la seguridad nacional. Las denuncias y críticas del congresista Cadavid han centrado el debate en la necesidad de revisar y ajustar las políticas de seguridad para garantizar la protección y el bienestar de todos los colombianos.
Foto: Oliver Ehmig
por Konuco | Jul 5, 2024 | Destacadas, Nacional
La Contraloría General de la República ha emitido una seria advertencia sobre la situación financiera de Ecopetrol, señalando preocupaciones sobre el manejo de recursos y la ejecución de proyectos por parte de la empresa estatal. En un informe reciente, se destacaron fallas significativas en la implementación del proyecto de etanol ‘El Alcaraván’, gestionado por Bioenergy, una filial de Ecopetrol.
El proyecto de etanol, que involucró la siembra de caña de azúcar, no cumplió con sus objetivos debido a la selección inadecuada de variedades y la falta de tecnología adecuada para el cultivo. Esto resultó en baja productividad y pérdidas estimadas en 56.000 millones de pesos. La Contraloría ha responsabilizado a los directivos de Bioenergy y a la aseguradora involucrada por estas pérdidas.
Además, se ha señalado un posible incremento en las tarifas de energía, derivado de un aumento en los costos de producción, que han pasado de 250 a 1.100 pesos por kilovatio/hora. Este incremento, junto con los retrasos en nuevos proyectos de transmisión y generación de energía, podría ejercer una presión financiera considerable sobre los consumidores colombianos.
La Contraloría subraya la necesidad de una gestión más eficiente y transparente de los recursos públicos por parte de Ecopetrol para evitar mayores repercusiones económicas y sociales en el país. Esta advertencia pone de manifiesto la urgencia de corregir estas deficiencias y garantizar el uso adecuado de los fondos públicos en futuros proyectos.
Foto: archivo Noticias RCN
por Konuco | Jul 4, 2024 | Destacadas, Nacional
En un reciente intercambio de opiniones, el presidente de la Corte Constitucional, magistrado José Fernando Reyes, criticó duramente la propuesta de constituyente del presidente Gustavo Petro. Durante su intervención en Blu Radio, Reyes expresó su preocupación por la estabilidad constitucional del país, señalando que «la Constitución no puede ser una masa deforme, gelatinosa y banal cambiable a placer, sino al revés, debe ser un texto rígido con muy relativas flexibilidades». Subrayó la importancia de defender la Constitución de 1991, considerando la violencia y la guerra aún presentes en la sociedad colombiana.
El magistrado Reyes cuestionó la capacidad del país para implementar nuevos proyectos constitucionales cuando aún no se ha logrado desarrollar y hacer cumplir plenamente el pacto constitucional de 1991.
En respuesta, el presidente Gustavo Petro calificó la opinión del magistrado Reyes como equivocada, argumentando que no reconoce tres hechos que justifican una revisión del poder constituyente:
- Contrarreformas a la Constitución de 1991: Petro destacó que la financiación de la educación pública, los mecanismos para la reforma agraria y la garantía de derechos universales han sido significativamente debilitados por contrarreformas.
- Falta de Desarrollo Legislativo: Mencionó la ausencia de leyes clave que la Constitución de 1991 ordenaba, como la ley orgánica de ordenamiento territorial, la reforma a la justicia, y el estatuto del trabajo, entre otras.
- Cambios Fundamentales Posteriores a la Constitución: Señaló aspectos importantes como el Acuerdo de Paz de 2016, la crisis climática, y la necesidad de un ordenamiento territorial alrededor del agua y el camino hacia el perdón social y la paz definitiva.
Petro argumentó que estos puntos demuestran la necesidad de una revisión y actualización de la Constitución para enfrentar los desafíos actuales del país. La confrontación entre estas dos visiones subraya las tensiones sobre cómo Colombia debe avanzar en su desarrollo constitucional y democrático.
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