Necoclí, Antioquia. 26 de abril de 2024. Prosperidad Social y la Unidad Administrativa Especial Migración, avanzan en la Articulación del Plan Integral de Atención y Acompañamiento al Darién (PIAAD), un trabajo conjunto para fortalecer las acciones del Gobierno del Cambio en las regiones del país donde se presenta el fenómeno migratorio, y como respuesta integral y coordinada a las necesidades de las comunidades en la región del Urabá antioqueño.
Atendiendo una directiva del presidente Gustavo Petro, Gustavo Bolívar, director de Prosperidad Social y Fernando García, director de Migración Colombia, aúnan esfuerzos para atender esta región, priorizada por tener población víctima y vulnerable, tanto nacional como migrante.
Urabá es receptor de la población migrante que pasa por esta región para hacer tránsito por el Darién, impactando los municipios de Turbo, Apartadó y Necoclí, donde hay mayor concentración de población migrante. Según Migración Colombia, cerca de 540 mil inmigrantes atravesaron el Darién el año pasado, doblando la cifra de 2022.
“Eso supone un drama humanitario. Porque independientemente de si la persona es china, vietnamita, ecuatoriana, venezolana o colombiana, son seres humanos y hay que tratarlos como tal. No hay seres humanos ilegales. Todos los seres humanos somos legales”. dijo el director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, este martes, durante la mesa de trabajo en Necoclí, Antioquia. “Y así como quisiéramos nosotros que trataran a nuestros compatriotas en otros países, pues nosotros debemos tratar a las personas de otros países que, por desgracia, tratan de buscar un sueño que no se les ha podido cumplir en sus territorios.” Concluyó.
En el marco del convenio interadministrativo proyectado, Prosperidad Social apoyará a la zona con emprendimientos populares: guías migratorios, guías turísticos, tiendas ecológicas en paso migratorio, asociaciones de embarcaciones, emprendimientos pesqueros, alimentarios, agricultores, jardinería; comercio de implementos de seguridad portuaria y ambiental.
Bogotá, 25 de abril de 2024. Colombia espera el último paso para la ratificación del Acuerdo de Escazú, un instrumento ambiental y regional que está pendiente de la decisión de la Corte Constitucional que convocó una audiencia pública en una fecha en la que no podrán asistir las organizaciones y expertos, algo que podría poner en peligro el proceso, según el sector ambiental.
En este sentido, organizaciones sociales y ambientales han criticado que la audiencia pública citada por la Corte Constitucional es la misma semana que se celebran la Tercera Conferencia de las Partes (COPE) del Acuerdo de Escazú, en Chile, y la audiencia sobre la emergencia climática y los derechos humanos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Barbados.
Estas dos citas estaban «agendadas desde principio de año» y se cruzan con la audiencia de la Corte, que «congrega al mismo público y que no podrá participar», denunció la Asociación Ambiente y Sociedad (AAS), que participó activamente en la fase de negociación de Escazú e impulsó su ratificación en Colombia.
«Originalmente la Corte convocó a muy pocas organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales pero recientemente, es decir, el lunes publicó un auto en donde convocó a otros actores», entre ellos a la AAS, contó a EFE la subdirectora de esta asociación y miembro de la Alianza de Escazú, Vanessa Torres.
También intervendrán «posibles opositores, que son básicamente las empresas privadas en Colombia que tienen una postura un poco radical frente al contenido del acuerdo de Escazú, entendiendo que atenta contra la soberanía nacional y contra la seguridad jurídica», agregó Torres.
Escazú, cuyo nombre técnico es ‘Acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe’, pretende garantizar el acceso a los derechos medioambientales y proteger a los activistas, así como a la biodiversidad.
Colombia fue uno de los más recientes países en ratificarlo ante la insistencia del sector ambiental y de autoridades, teniendo en cuenta que es uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer un liderazgo o defender los derechos ambientales, según informes internacionales.
El último paso después de una larga batalla en el Legislativo y la rúbrica del presidente, Gustavo Petro, es la luz verde de la Corte Constitucional, que lo tiene en sus manos desde diciembre de 2022 analizando la compatibilidad de Escazú con la Constitución colombiana.
Podría impedir la ratificación, la postura y ponencia de un magistrado que defiende que es inconstitucional, según la organización.
«Hacemos una invitación respetuosa a los magistrados a conocer a profundidad el acuerdo de Escazú y a tener en cuenta las posturas a favor del acuerdo impulsadas por movimientos sociales, pueblos indígenas, comunidades campesinas y afrodescendientes que son quienes viven diariamente los impactos de la violencia al defender el ambiente en un país como Colombia», explicó Torres.
En este contexto, las organizaciones ambientales piden a la Corte que garantice un diálogo abierto y la posibilidad de una segunda audiencia que permita a los interesados preparar adecuadamente sus intervenciones.
Realidad de Escazú
Pese a que originalmente fue firmado por 24 países, solo 13 han ratificado el pacto que, además de proteger a los ambientalistas, busca garantizar la mejor aplicación de las políticas ecológicas, los derechos ambientales y salvaguardar la biodiversidad en tiempos de crisis climática.
Si la Corte da luz verde, Colombia se convertiría en el país número 14 en ratificar el acuerdo.
Se trata del primer acuerdo firmado a nivel mundial orientado a proteger a los defensores ambientales, un importante tratado para América Latina, la región más mortífera para defender el medioambiente, según la organización Global Witness. EFE
Fotografía de archivo fechada el 5 de junio de 2023 del humedal la Conejera, en Bogotá (Colombia). Colombia espera el último paso para la ratificación del Acuerdo de Escazú, un instrumento ambiental y regional que está pendiente de la decisión de la Corte Constitucional que convocó una audiencia pública en una fecha en la que no podrán asistir las organizaciones y expertos, algo que podría poner en peligro el proceso, según el sector ambiental. EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda/ARCHIVO
Líderes y voceros de los trabajadores de Celsia, del Grupo Argos, denuncian discriminación laboral, tercerización, bajos salarios para los empleados y problemas sociales. Enviaron un pliego de peticiones y anuncian huelga en caso de que las directivas no den una pronta respuesta.
En un foro realizado en Nación Paisa, los empleados expusieron abiertamente las problemáticas que vienen padeciendo, una por una, en medio de una posible huelga que se ve venir al no lograr un acuerdo y agotar la instancia del diálogo con la empresa.
Para Nelson Largacha, Presidente Subdirectiva Cali SINTRAELECOL, la situación laboral en Celsia en la actualidad representa un irrespeto a los trabajadores y estudian medidas contundentes:
“Tenemos la alternativa de que la Asamblea se vaya a un tribunal de arbitramiento, pero no encontramos la posibilidad de un acuerdo pronto que garantice paz laboral, pensamos que la huelga nos lleva a un camino más rápido”.
Largacha expuso en el Foro de trabajadores que es necesaria una responsabilidad solidaria que les permita tener mejores ingresos y no que haya constantes disminuciones en algunos de los puestos:
“Exigimos una responsabilidad solidaria con el Grupo Argos, dueño del 65% de Celsia, que el grupo empresarial tenga una responsabilidad solidaria con nosotros. Celsia es una empresa que ha creado una estructura que con el objetivo de disminuir los salarios ha creado una estructura que no permite que los salarios sean mejores, sino que por el contrario paga menos por cada puesto de trabajo”.
Largacha denuncia que la tercerización se ha vuelto paisaje en Celsia y deja por fuera a la mano de obra capacitada de poblaciones vulnerables como Buenaventura:
“Hablamos de formalización laboral, hoy le entrega a terceros actividades y no permite que en Buenaventura los trabajadores puedan mejorar sus condiciones sociales”, añadió.
En el pliego de peticiones enviado a Celsia manifiestan que están recogidos los intereses de los trabajadores y las peticiones que aseguran, la empresa está en condiciones de cumplir sin poner en riesgo la operación.
“Estamos proponiendo una formula diferente de aumento salarial en el pliego en crecimiento del trabajador, justicia social y responsabilidad solidaria. 46 artículos que recogen las necesidades de los últimos dos años”.
Por su parte, James Antonio Figueroa, Presidente Subdirectiva Dagua, añadió durante el foro que “el pliego de peticiones fundamentado, viable, sabemos que la empresa tiene los recursos para apoyarnos. Hemos encontrado la negativa absoluta por parte de la empresa, solo han respondido al 6% de las peticiones”.
Uno de los factores que más les preocupa, sehún James Figueroa, es lo que viene ocurriendo en Buenaventura: “Es una ciudad golpeada por el desempleo y la violencia, hay mucha tercerización. A los trabajadores se les estigmatiza de forma racial”.
Frente al tema, Jorge Osorio, Director Nacional SINTRAELECOL, añadió: “Queremos acabar con la tercerización, basta ya de la esclavización, no tenemos acceso a nada, basta de contratistas que vienen de otras partes a desplazar la mano de obra del Valle del Cauca”.
También, Daniel Palacio, Secretario de Energía Subdirectiva Cali de SINTRAELECOL, añadió: “No podemos permitir que Celsia esté pagando 500 millones de pesos a contratistas por cumplir un marco legal, pero no sean capaces de utilizar una población vulnerable en Buenaventura”.
Además, Fernando Salcedo, de la Subdirectiva del Tolima, aseguró que se requiere una igualdad salarial en todas las sedes: “Le hemos recogido a Celsia que nos ponga en las mismas condiciones de los compañeros de otros departamentos como el Valle y Antioquia. Ellos tienen unos ingresos bastante altos y es una miseria lo que nos están dando a nosotros”.
La Red de Veedurías de Colombia agradeció la atención de la señora Ministra de Trabajo y su despacho para atender la preocupación que se ha puesto en consideración en días pasados respecto de la problemática de los trabajadores ambulantes de Quala, los vendedores de vive 100.
“En esta reunión se logró plantear la gravedad de la situación de más de 6.000 trabajadores y por lo mismo la resulta de esta reunión refieren a puntos concretos”, aseguró Pablo Bustos, Presidente de la Red de Veedurías.
Entre los puntos que se pactaron con el Ministerio de Trabajo y la Ministra Gloria Inés Martínez, se destacan:
La necesidad de adelantar una mesa de trabajo y una asistencia técnica por parte del Ministerio del Trabajo.
Entrar en una análisis y en un proceso de exigencia autónoma por parte de los trabajadores representados por la Red de Veedurías de cara a exigir sus garantías laborales básicas.
“Esta es la postura y la exigencia de 6.000 trabajadores adultos mayores cuya remuneración no alcanza el mínimo vital se encuentra en un estado de vulnerabilidad y sus derechos fundamentales laborales que son cercenados por completo”, explica Bustos.
Por esta razón, desde la Red de Veedurías de Colombia se construirá “un proceso de mayor movilización y sensibilización pública a efecto de que no solamente nosotros, sino la comunidad en su conjunto de la ciudadanía, se vuelque en la exigencia de las garantías laborales que deben acompañar a este grupo de nuevo postrado y vulnerable de adultos mayores”, señaló Bustos.
También, destacaron con preocupación el resultado una reciente investigación sobre Quala: “Una multinacional con presencia en cerca de 8 o 10 países, donde se han erogado inclusive recursos por parte del conglomerado que hace parte de los propietarios y firmas que están detrás de la misma, estarían presuntamente relacionados con esta en paraísos fiscales con millonarios recursos como los Panamá Papers, dineros que son sacados del país, en tanto que no se le cubren las obligaciones laborales básicas a estos trabajadores”.
Pero la cosa no termina allí: al parecer, Quala también habría financiado campañas políticas en Colombia:
“Lo anterior se suma a la financiación de partidos y campañas políticas que han mantenido y asegurado en forma silenciosa como se ha atropellado a estos miles de trabajadores indefensos. Adicionalmente, algunas de estas empresas relacionadas con Quala y sus socios, han contratado de manera millonaria con el Estado obteniendo recursos con Ecopetrol por cerca de 60.000 millones de pesos”.
Desde la Red de Veedurías de Colombia, buscarán todas las medidas necesarias para que los vendedores de BonIce y Vive 100, productos de la marca Quala, tengan acceso a derechos laborales:
“Venimos planteando en el Misterio de Trabajo que, si es necesario, llevaremos a las autoridades judiciales y a los estrados internacionales para que se respete ese nivel de trabajadores cuya remuneración no alcanza el mínimo vital, sino que está muy por debajo del mismo de 10 a 15.000 pesos diarios sin ningún otro beneficio que un bono mensual de 60.000 pesos que se paga sí y solo sí trabajan los 30 días, si no lo hacen por cuatro lo pierden y además son sancionados. Los trabajadores están en unas condiciones infrahumanas de esclavitud moderna frente al trabajador informal y particularmente los trabajadores de Quala”, añadió Pablo Bustos.
Desde la Red de Veedurías también indagan sobre posibles políticos involucrados con Quala mediante el financiamiento de campañas políticas. Al parecer, se trataría del Partido Centro Democrático.
Bogotá D.C., 24 de abril de 2024.La Agencia Nacional de Tierras (ANT) y la Sociedad de Activos Especiales (SAE) firmaron un convenio estratégico para acelerar la Reforma Agraria en Colombia, valorado en 600.000 millones de pesos.
El propósito es facilitar la redistribución de tierras que están en proceso de extinción de dominio. Estos activos son administrados por la SAE y serán adquiridas por la ANT.
Este acuerdo, con el apoyo del Ministerio de Agricultura, involucra la transferencia de predios que estuvieron en manos de la mafia para ser utilizados en el desarrollo agrícola por familias campesinas, negras e indígenas.
La ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, destacó que estas tierras, antes fuentes de corrupción y actividades ilícitas, ahora servirán para fortalecer la base agrícola del país y promover el desarrollo rural.
Felipe Harman, director de la ANT, expresó: “Estamos articulados en el Sistema de Reforma Agraria, con los proyectos productivos, con la apuesta de transformación del campo, revistiendo de dignidad y de paz este país».
Daniel Rojas, presidente de la SAE, manifestó: “Implica un esfuerzo interinstitucional. La ANT, el Ministerio de Agricultura y la SAE hemos entendido que para hacer realidad la Reforma Agraria tenemos que trabajar coordinados».
El convenio ya ha identificado 38 predios aptos para la transición, sumando un total de 6.000 hectáreas con un valor estimado de 115.000 millones de pesos.
Estos predios están ubicados en regiones como Sucre, Córdoba, Santander, Meta y Antioquia, todas priorizadas para la implementación de la Reforma Agraria.
Entre estos terrenos, las fincas Simba y Potosí, en Sucre y Ayapel (Córdoba), fueron las primeras adquiridas bajo este esquema, demostrando el compromiso del Gobierno con la revitalización del campo colombiano.
El convenio, que estará vigente hasta el 6 de agosto de 2026, agiliza las transacciones entre la ANT y la SAE, y le permite a la Agencia beneficiarse de descuentos de hasta el 40 % del valor del predio.
El proceso de compraventa ha sido cuidadosamente estructurado para asegurar que cada paso, desde la evaluación hasta la transferencia final de las tierras, se maneje con la máxima eficiencia y transparencia.
Para 2024, la ANT tiene como objetivo adquirir 300.000 hectáreas, de las cuales 100.000 serán a través de la SAE. Este proceso incluye una rigurosa evaluación técnica y jurídica de cada predio, asegurando que las tierras sean legítimamente obtenidas y sean aptas para el desarrollo agrícola sostenible.
La SAE proporciona una valoración comercial de cada propiedad, mientras que la ANT realiza un control de calidad antes de finalizar la compra.
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