por Konuco | Abr 24, 2024 | Destacadas, Nacional
Bogotá D.C., 24 de abril de 2024. La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) publicó el programa transitorio de incentivos al uso eficiente de energía eléctrica para promover la recuperación de los niveles de los embalses del país y prevenir así eventuales desabastecimientos
Mediante la Resolución 101 042 de 2024 de la CREG, que plantea un incentivo de doble vía, se busca que aquellos hogares, comercios e industrias que consumen más energía de lo acostumbrado paguen un sobre costo en su factura.
Estos recursos se destinarán para dar saldos a favor a quienes gasten menos energía.
La medida se suma a la serie de acciones del Gobierno del Cambio adoptadas para enfrentar la crisis climática y garantizar el servicio de energía a toda la población.
“Con esta medida buscamos que el país disminuya su consumo de energía, para que los embalses aumenten su nivel y que, incluso, se acelere su recuperación”, reiteró el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho.
El funcionario invitó a la ciudadanía a hacer un uso eficiente de la energía para lograr menores cobros en su factura y que haya más agua en los embalses.
Meta individual de consumo
De acuerdo con la Resolución, “la meta de consumo individual para cada usuario regulado durante la vigencia del presente programa será determinada a partir de su consumo promedio diario de energía activa, expresado en kilovatios-hora por día (kWh-día), calculado con la información del último ciclo de lectura completo que haya finalizado antes del 15 de marzo de 2024”.
Para calcular la meta de consumo promedio diario de energía activa del usuario, el comercializador tomará la cantidad total de energía activa obtenida a partir de la última lectura previa al 15 de marzo de 2024 y la dividirá entre el número de días correspondiente al ciclo de lectura.
Esta meta se calculará para cada factura de acuerdo con el número de días correspondientes al ciclo de lectura allí facturado.
Sobrecostos
Para estratos 1 a 3: cada Kvh adicional tendrá un costo 30 por ciento mayor.
Para estratos 4 a 6: cada Kvh adicional tendrá un costo 50 por ciento mayor.
Para comercio e industria: cada Kvh adicional tendrá un costo 100 por ciento mayor.
La medida no aplica para alumbrado público ni para quienes no tienen medidor.
Beneficio para usuarios
La Resolución establece que “una vez finalice el presente programa de incentivos al uso eficiente de energía, cada comercializador distribuirá los cobros realizados en exceso a sus usuarios que realizaron consumos superiores a su meta de consumo, entre sus usuarios que realizaron consumos inferiores a su meta de consumo”.
Con información del Ministerio de Minas y Energía y de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG)
por Konuco | Abr 24, 2024 | Destacadas, Nacional
Bogotá D.C., 24 de abril de 2024. La plenaria del Senado de la República aprobó este martes en segundo debate el proyecto de reforma pensional presentado por el Gobierno Nacional, en el cual se resaltan los artículos sobre la creación de un fondo de ahorro público para proteger el pago de las pensiones y la construcción de un único Sistema Integral de Protección a la Vejez, cuyo administrador será Colpensiones.
Tras ser aprobada en el Senado de la República, la Reforma Pensional pasa a la Cámara de Representantes, donde debe enfrentar otros dos debates.
El Senado aprobó que la Ley de la Reforma Pensional entre en vigencia el 1° de julio del 2025.
La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, indicó que el articulado aprobado garantiza una reforma pensional equitativa e inclusiva.
“La reforma pensional verdaderamente defiende el ahorro de la gente. El ahorro es la cotización. Usted cotiza para el público o cotiza en el privado, y ese es el ahorro. No quiere decir que si se pasa de un lado al otro pierde su ahorro. El ahorro ha quedado blindado y será manejado por el Banco de la República para la tranquilidad y serenidad del pueblo colombiano”, dijo.
La titular de la cartera manifestó que la reforma pensional “es una oportunidad hermosa para los más necesitados” y agregó que “esta reforma lo que busca es justamente que ellos logren ese objetivo de pensionarse y de tener una protección al final de sus vidas”.
Durante la sesión se aprobó el artículo 75, por medio del cual se crea la Comisión Técnica de Protección Social Integral para la Vejez, integrada por los ministerios de Trabajo y Hacienda, el Departamento Nacional de Planeación, el DANE y dos personas más designadas por el Presidente de la República.
Entre sus funciones, cada 4 años esta Comisión les entregará al Presidente de la República y al Congreso un informe con recomendaciones sobre los criterios de asignación de recursos del Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo.
Asimismo, se aprobó el artículo 77, que determina que las personas que tengan 750 semanas cotizadas —en el caso de las mujeres— y 900 semanas —para los hombres—, y que les falten menos de 10 años para tener la edad de pensión, tendrán 2 años a partir de la promulgación de la presente ley para trasladarse de régimen.
Cobertura a la vejez
La reforma incrementa la cobertura en protección real a la vejez, a través de tres mecanismos: renta solidaria, renta vitalicia y pensión. Los cálculos indican que al 2052 la cobertura será del 87 %, es decir, más de 13,7 millones personas mayores.
Además, elimina la pobreza extrema en la población mayor en Colombia. Dos millones 600 mil adultos mayores serán beneficiarios hasta que fallezcan, por medio de la renta solidaria.
Asimismo, con el umbral dispuesto en la reforma, es decir, 2,3 salarios mínimos mensuales legales vigentes, se contribuye a la sostenibilidad del Sistema Pensional.
La reforma amplía a 22 % la probabilidad de que una mujer logre la pensión. De hecho, da un mayor subsidio a la mujer (30 %) en la construcción de una renta vitalicia, en caso de no lograr una pensión.
por Konuco | Abr 23, 2024 | Destacadas, Nacional
Bogotá, 23 de abril 2024. Cerca de 300 mil millones de pesos entrarán a la bolsa para reparar a las víctimas del conflicto armado reconocidas en las sentencias de la Ley de Justicia y Paz.
Esto será posible gracias al convenio interadministrativo que firmaron este lunes, 22 de abril, la Unidad para las Víctimas y la Agencia Nacional de Tierras (ANT) para la compra de bienes rurales que están bajo la administración del Fondo para la Reparación a las Víctimas (FRV) y que ahora aportarán a la Reforma Agraria.
La monetización de estos bienes será la más alta realizada en la historia del Fondo y permitirá el derecho a la indemnización judicial a las víctimas reconocidas en estos fallos.
La directora de la Unidad para las Víctimas, Patricia Tobón Yagarí, destacó que este logro se alcanzó gracias a la suma de voluntades reflejadas en mesas de trabajo entre ambas entidades.
“El día de hoy hemos suscrito este acuerdo para que los bienes hagan parte de la Reforma Agraria y que así lleguen a las personas de la ruralidad. Con los 300 mil millones vamos a indemnizar a víctimas incluidas en sentencias de Justicia y Paz”, anunció Tobón Yagarí.
El director de la Agencia Nacional de Tierras, Juan Felipe Harman, resaltó que el convenio es una bandera de la construcción de paz pues “esto significa que las tierras que antes eran de paramilitares pasan a ser para campesinos y campesinas”, y servirá para que “la ANT consigne esta plata al Fondo para que un sinnúmero de víctimas sea reparadas”.
Así fue posible el convenio
Este convenio cumple con el artículo 61 del Plan Nacional de Desarrollo, en el que se establece mecanismos para facilitar y dinamizar la compra directa de bienes inmuebles rurales del Fondo para la Reparación a las Víctimas susceptibles de comercialización por parte de la Agencia Nacional de Tierras.
Este proceso se hará con el fin de poder adelantar las ventas masivas de los bienes del FRV que no cuentan con extinción de dominio.
Datos sobre el Fondo
El Fondo para la Reparación de las Víctimas (FRV) recibe, administra y monetiza los bienes muebles e inmuebles entregados o incautados por la Fiscalía a los paramilitares.
En 2024 se han apropiado recursos por 32.000 millones de pesos para el mes de abril de 2024, y una proyección de 300.000 millones a diciembre.
Cabe recordar que, en 2023, El FRV avanzó con las indemnizaciones judiciales a 4.939 giros a 4.234 víctimas, con una inversión de $142.157 millones de pesos.
Estas acciones son un reflejo del compromiso de esta administración de la Unidad para las Víctimas, para generar acciones afirmativas en beneficio de las víctimas del conflicto armado.
por Konuco | Abr 22, 2024 | Destacadas, Nacional
Santiago de Chile, 22 de abril. Colombia está en un momento crítico y necesita ratificar el Acuerdo de Escazú», dijo a Efe la abogada ambientalista y subdirectora de la ONG colombiana Ambiente y Sociedad, Vanessa Torres.
«El Gobierno colombiano va a estar presente en la COP del Acuerdo de Escazú, desafortunadamente solo como país observador (…). Hablamos de la aprobación del plan, tal vez un hito a nivel mundial en tanto protege a los defensores ambientales, y Colombia no va a poder votar a favor porque seguramente esa iba a ser la postura del país», subrayó la abogada.
Y es que si bien Colombia ya superó la etapa legislativa para la ratificación del tratado, siendo aprobado por el Congreso, hace dos años que la Corte Constitucional, que es el Alto Tribunal que vela por la protección de la Constitución Política de 1991, revisa sus disposiciones para dar el último visto bueno al documento.
Las declaraciones de Torres se dieron durante el encuentro previo a la Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú (COP3), programada para la próxima semana en la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) en Santiago de Chile, donde se abordará el Plan de Acción para implementar el inédito tratado latinoamericano, el primero del mundo que protege a los defensores ambientales.
Comunidades en «absoluto riesgo»
La lentitud de las instituciones colombianas para ratificar el tratado resulta especialmente delicada: Solo en 2022 se registraron al menos 60 asesinatos de ambientalistas, en tanto durante 2021 fueron 33 homicidios con estas características, según la organización Global Witness.
Colombia, junto a México y Brasil, es reconocido como un territorio mortal para estos activistas, violencia que se percibe aún con mayor intensidad en las comunidades indígenas.
«Ese escenario de conflictividad pone en absoluto riesgo a quienes están en estos territorios porque llegan grandes empresas, acompañadas muchas veces de grupos armados ilegales, como pasa en Colombia y en la región amazónica, que lo que quieren es desplazar a estas comunidades para poder hacer uso de sus recursos, ya sea para la explotación minera, legal o ilegal, o ya sea simplemente para el desarrollo de ganadería extensiva, que sabemos que es un negocio muy lucrativo, o de monocultivos», explicó Torres.
Hacia la «materialización» del Artículo N°9 involucrada en su consolidación desde la etapa de negociación, hace ya más de 10 años, Ambiente y Sociedad impulsa la implementación «efectiva» del Acuerdo de Escazú.
Asimismo, la «materialización» de un articulado que permita garantizar el acceso a la información, la participación ciudadana y la justicia ambiental, «derechos que muchas veces, al no ser respetados, se convierten en barreras para las personas que habitan los territorios y tratan de proteger un ecosistema del que son parte, un río, una montaña, un bosque».
«El Plan de Acción demuestra una celeridad dentro de la implementación del Acuerdo, una línea de trabajo que trata un poco de afrontar la situación crítica que viven las personas en América Latina como región más peligrosa para la defensa del ambiente», señaló la abogada.
Reconocido a nivel global como un tratado inédito que consolida la democracia ambiental, el Acuerdo de Escazú, adoptado en marzo de 2018 en Costa Rica y vigente desde abril de 2021, solo ha sido ratificado por 15 Estados de los 24 países de América Latina y el Caribe que lo firmaron originalmente, de un total de 33 en la región. EFE
Foto Cortesía: Asistentes participan en la ceremonia de inauguración de la Pre COP (Conferencia de las Partes de Escazú), que consiste en charlas sobre derecho y cuidado medioambiental, y paneles de conversación sobre el tratado de Escazú, este viernes en Santiago (Chile). EFE/ Elvis González
por Konuco | Abr 20, 2024 | Destacadas, Nacional
Contratistas expertos en comunicaciones militares y radiolocalización llegaron al canal público del Estado, RTVC, a través de millonarios contratos. Llama la atención la contratación del 27 de diciembre de 2023. Para la adquisición, instalación, puesta en marcha de equipos de emisión y transmisión.
También para estaciones y estudios de radio, para la ampliación de la cobertura de la red de la Radio pública. Ésto por un valor de 10.890 millones de pesos con la empresa ROHDE & SCHWARZ COLOMBIA S.A.S. en ese momento representada por Mauricio Samudio Lizcano, reconocido contratista de las fuerzas militares en Colombia.
Vale la pena contar que ROHDE & SCHWARZ COLOMBIA S.A.S. ha recepcionado cerca de 53 mil millones de pesos de la contratación pública gran parte de ellos de la Armada Nacional, la FAC, sin dejar de mencionar la experticia en radiolocalización y comunicaciones un proyecto para la Dirección Nacional de Policía.
ROHDE & SCHWARZ COLOMBIA S.A.S. ha suscrito 21 contratos con las fuerzas militares colombianas que ascienden a veinte mil trecientos cinco millones de pesos ($20.305.000 COP) para temas de radiolocalización, análisis de expectro y sistemas de inteligencia electrónica, componentes fundamentales de la inteligencia militar.
Recordemos que Samudio Lizcano, se desempeñó como Comisionado de TV, subdirector técnico y operaciones de la Comisión Nacional de Televisión (CNTV) y gerente de la Televisión Digital para Colombia.
Es importante recordar, que Rafael Mauricio Lizcano tiene registros en su contra de 4 procesos judiciales, de los cuales 3 de ellos son por repetición en el marco de la ley 1437, que indica el reconocimiento de una indemnización, consecuencia de la conducta dolosa y grave del servidor público o ex servidor público.
Adjudicado con el mayor puntaje dentro de los oferentes, en gran medida por ser el único en ofrecer de manera adicional una (1) consola digital estudio, una (1) consola audio estudio, (4) enlaces IP y sus capacitaciones, dándole una diferencia del resto, de (170 puntos).
Sin embargo, dentro de la evaluación técnica, se requería al menos una certificación que demostrara experiencia en suministro e instalación de equipos de audio para radio AM y/o FM, lo cual debe representar al menos el 20% del presupuesto oficial del proceso, incluido el IVA.
Para lo cual, RTVC le da a esta empresa la connotación de cumple, lo que lo habilitaba a continuar en el proceso, ésto sin tener en cuenta que adjunto una certificación con ALIANZA INTEGRAL COM S.A.S. con un valor de 281.080 Euros lo que equivale a cerca de 1.153 millones de pesos, lo que representa el 10,59% del valor del contrato. En contravía de lo establecido en los pliegos de condiciones.
RTVC en el año 2023 genero 2964 contratos, lo cuales ascienden a 180 mil millones de pesos. Estos cobijados bajo el régimen especial, el cual exige evidenciar para los contratos de prestacion de servicios, solamente la parte inicial del proceso contractual.
Es decir, no requieren usuarios de SECOP para hacer oficial la firma electrónica del contrato, situación que limita el seguimiento a las obligaciones contractuales de los contratistas, configurando un potencial riesgo financiero y de transparencia para la entidad.
Esto genera incertidumbre y riesgos aún no medidos sobre la independencia periodística, teniendo en cuenta que el contratista ROHDE & SCHWARZ COLOMBIA S.A.S. que está detrás de los contratos es experto en técnicas, equipos y estrategias de inteligencia militar y radiolocalización.
Algunos temen que se repita la historia de países como Venezuela y Nicaragua, cuyos contenidos intitucionales se han vuelto segregados y direccionados por el régimen, precisamente mediante contratistas con alta experticie militar.
Por: Jeisson Fonseca – Unidad Investigativa Nación Paisa.
