Índice de precios de insumos agrícolas muestra disminución del 6,8% en julio de 2023
El Índice de Precios de los Insumos Agrícolas ha revelado una reducción significativa del 6,8% en julio de 2023, con un marcado descenso en el grupo de los fertilizantes que experimentó una variación negativa de -9,47%. Esta disminución se suma a la tendencia a la baja que se ha mantenido desde julio de 2022.
En lo que va del año 2023, el índice muestra una variación acumulada de -26.27%, en marcado contraste con el mismo período del año anterior, donde se presentó un incremento del 34.81%. En los últimos 12 meses, se ha registrado una variación agregada de -30,04% en los precios de los fertilizantes, en comparación con el aumento del 109,16% que se experimentó entre agosto de 2021 y julio de 2022.
El Presidente Gustavo Petro destacó: “Hemos logrado que los precios de los fertilizantes caigan en este año casi un 30%. Para el mismo periodo, estos mismos fertilizantes habían subido un 34% de sus precios. Esto nos ayuda a hacer más rentable la producción agraria.”
La ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, expresó su satisfacción por esta tendencia, señalando que los fertilizantes son esenciales para proveer los nutrientes necesarios a los cultivos, permitiendo una mayor producción de alimentos de mejor calidad y optimizando la fertilidad de suelos sobreexplotados.
Por otro lado, los precios de los alimentos balanceados para animales también han mostrado variaciones negativas en julio de 2023, con una disminución promedio nacional de 3.01% por segundo mes consecutivo. La variación acumulada en lo que va de 2023 es del 1.39%, en comparación con el incremento del 19.65% en el mismo período del año anterior.
Ministerio de Vivienda prioriza la reducción de vulnerabilidad sísmica en viviendas informales de mampostería
El Gobierno Nacional, bajo la dirección del Presidente Gustavo Petro Urrego, ha tomado medidas significativas para abordar la vulnerabilidad sísmica en viviendas informales construidas con mampostería. La última acción se concretó con la firma del Decreto 1401 el 25 de agosto de 2023, mediante el cual se adoptó el Documento AIS 410-23. Este documento, que se convierte en la primera norma nacional de su tipo en Colombia, tiene como objetivo fundamental reducir la vulnerabilidad de las viviendas de mampostería de origen informal, y se implementará a través del programa Cambia Mi Casa.
La Ministra de Vivienda, María Mercedes Velasco Campuzano, expresó: «Damos un paso importante en la búsqueda de territorios seguros y viviendas con elementos estructurales y materiales que cuenten con un estado de calidad mínimo necesario ante eventos sísmicos». La Ministra explicó que la norma actualizada tiene como finalidad proporcionar pautas, parámetros técnicos y criterios para disminuir la vulnerabilidad en viviendas de mampostería no reforzada y parcialmente confinada, en su mayoría de origen informal. El desarrollo técnico de esta norma ha sido realizado por la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica y Build Change.
La implementación de esta norma facilitará la ejecución de mejoras a través del programa Cambia Mi Casa, tanto en viviendas que requieren intervenciones estructurales como en aquellas que no lo necesitan, contribuyendo así a la disminución de la vulnerabilidad sísmica. «Build Change estima que alrededor del 65 % de las viviendas colombianas no tienen un sistema estructural adecuado para resistir un terremoto», señaló Manuela Pinilla Rodríguez, directora para Colombia de Build Change. Esta iniciativa busca abordar una preocupante carencia en términos de resistencia sísmica en las viviendas del país, asegurando una mayor seguridad para los residentes en el caso de eventos sísmicos.
A vísperas de elecciones territoriales se desarrollan jornadas pedagógicas electorales
Cartel de la chatarrización afronta reclamo de 720 mil millones de pesos según Red de Veedurías de Colombia
Por. Pablo Bustos Sánchez Presidente RED DE VEEDURIAS DE COLOMBIA
La RED DE VEEDURIAS DE COLOMBIA, RED-VER, denuncia la presunta existencia de un «cartel de la chatarrización de vehículos» que habría operado en los procesos de contratación para la chatarrización vehicular dirigidos por la DIAN y la Alcaldía de Medellín, entre otros. La denuncia involucra a la UNION TEMPORAL RYM SAS, liderada por Rafael Naranjo, que habría obtenido contratos para la chatarrización de vehículos de carga, a pesar de estar ilegalmente habilitada y emitir certificados de desintegración de vehículos sin cumplir los requisitos legales.
La RED-VER ha revelado que la UNION TEMPORAL RYM SAS, propiedad de Rafael Naranjo, ha operado en el mercado de empresas desintegradoras habilitadas y certificadas por los ministerios de Transporte y de Ambiente para la chatarrización de vehículos de carga. Sin embargo, la denuncia destaca que esta entidad no cuenta con el certificado de existencia y representación legal al no ser persona jurídica, y aún así ha emitido más de 6500 certificados de desintegración de vehículos que resultaron en el desembolso de más de $720 mil millones.
Funcionarios como la Dra. ANGELA ALDANA NARANJO, el Dr. LAZARO GONZALEZ AVELLANEDA del Ministerio de Transporte, y el Dr. MARIO ORLANDO LOPEZ CASTRO del Ministerio de Ambiente habrían respaldado estas acciones, lo que habría inducido a error a entidades nacionales como la DIAN, la FISCALIA GENERAL DE LA NACION, la DEFENSA CIVIL y la ESCUELA MILITAR DE AVIACION -EMAVI- en procesos de contratación estatal, incluido el proceso actual de la DIAN.
La irregularidad principal radica en que la UNION TEMPORAL RYM SAS, siendo una unión temporal y no una persona jurídica según la ley, habría recibido pagos irregulares por incentivos de chatarrización por más de $720 mil millones. Los pagos se habrían basado en certificaciones de desintegración emitidas por esta entidad sin cumplir con los requisitos legales mínimos.
La RED-VER ha instado a las autoridades competentes, incluyendo la Fiscalía General, la Procuraduría y la Contraloría General, a tomar medidas y sanciones correspondientes ante estas supuestas irregularidades, buscando que se esclarezcan las inobservancias legales y se tomen acciones legales pertinentes.