Por. Pablo Bustos Sánchez Presidente RED DE VEEDURIAS DE COLOMBIA
La RED DE VEEDURIAS DE COLOMBIA, RED-VER, denuncia la presunta existencia de un «cartel de la chatarrización de vehículos» que habría operado en los procesos de contratación para la chatarrización vehicular dirigidos por la DIAN y la Alcaldía de Medellín, entre otros. La denuncia involucra a la UNION TEMPORAL RYM SAS, liderada por Rafael Naranjo, que habría obtenido contratos para la chatarrización de vehículos de carga, a pesar de estar ilegalmente habilitada y emitir certificados de desintegración de vehículos sin cumplir los requisitos legales.
La RED-VER ha revelado que la UNION TEMPORAL RYM SAS, propiedad de Rafael Naranjo, ha operado en el mercado de empresas desintegradoras habilitadas y certificadas por los ministerios de Transporte y de Ambiente para la chatarrización de vehículos de carga. Sin embargo, la denuncia destaca que esta entidad no cuenta con el certificado de existencia y representación legal al no ser persona jurídica, y aún así ha emitido más de 6500 certificados de desintegración de vehículos que resultaron en el desembolso de más de $720 mil millones.
Funcionarios como la Dra. ANGELA ALDANA NARANJO, el Dr. LAZARO GONZALEZ AVELLANEDA del Ministerio de Transporte, y el Dr. MARIO ORLANDO LOPEZ CASTRO del Ministerio de Ambiente habrían respaldado estas acciones, lo que habría inducido a error a entidades nacionales como la DIAN, la FISCALIA GENERAL DE LA NACION, la DEFENSA CIVIL y la ESCUELA MILITAR DE AVIACION -EMAVI- en procesos de contratación estatal, incluido el proceso actual de la DIAN.
La irregularidad principal radica en que la UNION TEMPORAL RYM SAS, siendo una unión temporal y no una persona jurídica según la ley, habría recibido pagos irregulares por incentivos de chatarrización por más de $720 mil millones. Los pagos se habrían basado en certificaciones de desintegración emitidas por esta entidad sin cumplir con los requisitos legales mínimos.
La RED-VER ha instado a las autoridades competentes, incluyendo la Fiscalía General, la Procuraduría y la Contraloría General, a tomar medidas y sanciones correspondientes ante estas supuestas irregularidades, buscando que se esclarezcan las inobservancias legales y se tomen acciones legales pertinentes.
