por Konuco | May 14, 2025 | Destacadas, Judicial e Investigación
La justicia cercó a Rainer Mauricio Urueña Tuirán, conocido como alias ‘Kener’, tras su captura en Sincelejo, Sucre. Las autoridades lo señalan de homicidio agravado y de porte ilegal de armas de fuego, tras su presunta participación en un crimen ocurrido en octubre de 2024.
El trabajo conjunto entre el CTI de la Fiscalía, la Policía y la Armada Nacional permitió ubicar y capturar al imputado el pasado 7 de mayo en Sincelejo. Las pruebas recaudadas por un fiscal de la Seccional Sucre lograron que un juez penal con funciones de control de garantías le dictara medida de aseguramiento en centro carcelario.
Los hechos ocurrieron el 9 de octubre de 2024, en la invasión El Poblado, donde alias ‘Kener’ habría disparado contra un ciudadano, causándole la muerte. Las investigaciones indican que el ataque obedecería a órdenes de un grupo armado organizado que delinque en la capital de Sucre y zonas vecinas.
Las imágenes de la captura muestran a alias ‘Kener’ vestido con suéter y bermuda negra, escoltado por miembros del CTI, Policía Nacional y Armada, en un operativo que refuerza el compromiso institucional con el combate frontal contra estructuras criminales.
Las autoridades reiteran su llamado a la ciudadanía para que continúe denunciando actividades delictivas que atenten contra la vida y seguridad en el departamento de Sucre.
por Konuco | May 13, 2025 | Destacadas, Política
Pese a que desde el petrismo se radicó hace dos meses la apelación para revivir el trámite de la reforma laboral, este miércoles los senadores del Pacto Histórico y sectores que le acompañan, acaban de anunciar que no van a votar por la apelación de la misma.
Así lo anunció el senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda, quien sostuvo en la plenaria que “no vamos a votar la apelación, nos vamos a salir, es una muy respetable treta para eludir la consulta de parte de la oposición”.
Su postura se dio luego de que la plenaria por 56 votos contra 44 ratificó el orden del día, en donde el primer punto está la votación de la apelación que presentó el senador Fabián Díaz, quien solicitó que la misma pasara a discutirse en otra comisión diferente a la séptima en donde se hundió.
Para el petrismo lo que está sucediendo este miércoles es que la oposición quiere imponer una jugadita para frenar el trámite de la consulta popular la cual quedaría sin fundamento porque el trámite de la ley se reviviría para poder dar su tercer y cuarto debate.
EL DEBATE
Con tensión arrancó la plenaria del Senado en donde se espera votar la convocatoria de la consulta popular que está citando el gobierno, y se está denunciando de parte del petrismo que la oposición tiene una jugadita para hundir la consulta al darle prioridad a la votación de la apelación al hundimiento de la reforma laboral.
Desde antes del inicio los ánimos se caldearon. El senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda, le reclamó al presidente Efraín Cepeda porque se cambió el orden del día, al poner como primer punto la votación de la apelación. Tras el inicio de la sesión Cepeda formalizó su crítica.
Luego el senador de la Alianza Verde, Inti Asprilla trató de tramposo a Cepeda por incorporar esa votación. “Escúcheme bien senador Cepeda, usted es un tipo que carece de toda honorabilidad en el trato parlamentario, pocas veces he visto una persona que recurre a la trampa de la voluntad popular, recurre a la trapisonda y la artimaña y torpedear un trámite en el Congreso”.
El senador Alex Flórez, dijo que ayer en la plenaria “se pactaron unas reglas de juego, es el tema más importante del día no se puede cambiar el orden del día, una jugadita de los sectores tradicionales de la política colombiana”
El senador de Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa, señaló que el petrismo se contradice en su postura porque hasta hace pocos días pedían votar el informe de la apelación y ahora que se hace se oponen.
El senador conservador Nicolás Albeiro Echeverry, sostuvo que las ofensas del senador Asprilla es lo que se puede esperar de los congresistas del petrismo por cuanto es el presidente Gustavo Petro es el que se ha costumbrado a tratar mal a los congresistas que no le acompañan en sus ideas.
El gobierno por intermedio de los ministros del Interior y Trabajo, Armando Benedetti y Antonio Sanguino han señalado que si se revive la reforma laboral con la apelación, la misma no le alcanzará el tiempo para que pueda ser tramitada en los dos debates que le restan.
En este momento sigue la polémica para saber si modifica el orden del día para que se vote primero la consulta popular.
El presidente del Senado, Efraín Cepeda, declaró que el afán legislativo del momento es votar la apelación de la reforma, porque la consulta popular aún tiene tiempo para que se apruebe.
De Colprensa para Konuco
por Konuco | May 13, 2025 | Destacadas, Judicial e Investigación
Inicia una nueva etapa dentro de la investigación por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La Fiscalía anunció que imputará a ocho presuntos involucrados en la reducción de 100.000 millones de pesos de un convenio entre la UNGRD y la Agencia Nacional de Tierras (ANT).
Entre los imputados está César Manrique Soacha, exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública, por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.
También serán imputados el abogado Édgar Riveros Rey; los contratistas Sonia Rocío Romeo Hernández y Óscar Enrique Cárdenas Angulo; el representante de ventas Édgar Echeverri Toro; el jefe de ventas, Francisco Javier Estupiñán Bravo; Jorge Aristizábal Rodríguez, funcionario del Departamento Administrativo de la Función Pública; y Ana María Riveros Barbosa, contratista de la UNGRD.
Sugerencias: Nueve altos mandos del Ejército sancionados por espiar a periodistas, según la Procuraduría
La investigación apunta a que dentro de la UNGRD se creó una «organización criminal», como lo denomina la Fiscalía, que se aprovechó de las declaratorias de desastre nacional y de calamidad pública emitidos por el Gobierno, para direccionar contratos a cambio de coimas.
Todo dirigido por López, quien para ese momento era el director, y Pinilla, su subdirector. La mayoría de esos convenios terminaron en manos de Luis Eduardo López, conocido como «El pastuso», quien dirige más de 30 empresas, de las cuales fueron utilizadas: Brands SAS, Impoamericana Rogers SAS, Proyectos RML y Kalmo S.A.S. Todos ellos ya imputados.
De Colprensa para Nación Costeña.
por Konuco | May 13, 2025 | Destacadas, Política
Después de mucho tire y a floje, de duros comentarios en especial del presidente Gustavo Petro en contra de los congresistas, este martes se dará inicio en la plenaria del Senado a la discusión de la petición del gobierno para convocar una consulta popular de 12 preguntas sobre la reforma laboral.
La mesa directiva ya citó a los 105 senadores activos a la plenaria para las 2 de la tarde del 13 de mayo. “Consulta Popular de carácter nacional presentada por el señor Presidente de la República, doctor GUSTAVO PETRO URREGO y sus Ministros el 01 de mayo de 2025, publicado en la Gaceta del Congreso número 604 de 2025”, señala el orden día respectivo.
Según lo informó el presidente del Senado, Efraín Cepeda, el primero que intervendrá en la plenaria será el gobierno, que lo hará por intermedio de los ministros del Interior, Armando Benedetti y de Trabajo, Antonio Sanguino. Hasta el lunes se calculaba que los dos intervendrían hasta por 30 minutos.
Sugerencias: Petro extiende el rol de gestores de paz a exparamilitares pese a falta de resultados visibles
Luego del gobierno hablarán los voceros de todos los partidos políticos, que lo harían hasta por 20 minutos, se calcula que sus discursos se estarían terminando pasadas las seis de la tarde. Para dar mayores garantías, como desde ya las ha reclamado el Pacto Histórico, el presidente Cepeda dejará que hablen los senadores que así lo dispongan, que se ha proyectado al menos 30 más y que intervendrían por cinco minutos.
Por lo largo que será la lista de los intervinientes, la plenaria volverá a ser citada para continuar con el tema el miércoles, por lo que se estima que ese día terminan de hablar y se hace la votación para saber si es acogida o no la consulta popular de las 12 preguntas de la reforma laboral.
Aunque no hay claridad sobre cómo quedaría la votación, los que apoyen el sí estarían imponiéndose. Se conoció que en el Partido Liberal en donde había la incertidumbre de al menos 10 de sus 13 senadores si apoyarán al gobierno, esto tras el anuncio que Diana Morales, la actual secretaria de la Comisión Cuarta de la Cámara será la ministra de Comercio Exterior.
La votación también se conoció se moverá en favor de los votos del no porque el senador uribista Ciro Ramírez, alcanzará a retomar sus funciones luego de haber quedado en libertad por orden de la Corte Suprema al no vincularlo como uno de los favorecidos del llamado Cartel de las Marionetas.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, expresó que está optimista en que se aprobará la convocatoria, porque la misma tiene como objetivo es garantizar que el pueblo colombiano pueda pronunciarse libremente sobre los derechos laborales y las condiciones dignas de trabajo en el país.
Benedetti, sostuvo que “soy optimista porque alguien que es elegido por el pueblo no puede negarle que se pronuncie”. “Hoy no existe un trabajo digno ni un sueldo decente para la clase obrera en este país. Eso es lo que está en juego”, complementó en su declaración el jefe de la cartera política.
Finalmente consideró que “el Senado no se puede oponer a eso. La voluntad popular debe ser escuchada”.
De Colprensa para Konuco.
por Konuco | May 13, 2025 | Destacadas, Judicial e Investigación
Después de 5 años de investigación, la Procuraduría reconoció la responsabilidad de miembros del Ejército en el perfilamiento y seguimiento ilegal de periodistas en una operación denunciada en su momento, mayo de 2020, por la revista Semana, a través de la publicación «Las carpetas secretas».
Según la Procuraduría, 9 miembros del Batallón de Ciberinteligencia Militar hicieron actividades ilegales de seguimiento, perfilamiento y recopilación de datos en contra de 130 personas, de los cuales al menos treinta eran periodistas.
De acuerdo con lo que reveló Semana en su momento y que ahora confirma la Procuraduría, los miembros del Batallón de Ciberinteligencia militar recolectaron datos sobre las fuentes, información de geolocalización y la vida privada y profesional de periodistas como María Alejandra Villamizar, periodista de Caracol Televisión; Nicholas Casey, de The New York Times; el fotógrafo Federico Ríos, y Andrea Aldana y Óscar Parra, de Rutas del Conflicto, entre otros.
Los periodistas, vinculados a medios nacionales e internacionales, estaban investigando asuntos de orden público como la posible reactivación de las ejecuciones extrajudiciales y el posible desvío de recursos económicos en el Ejército y la Policía.
María Alejandra Villamizar, periodista de Caracol Televisión, entrevistó a Pablo Beltrán, miembro del Comando Central del ELN, por lo cual, dentro de la operación ‘Habil’, que se adelantaba contra ese guerrillero, se autorizó hacer actividades de seguimiento contra ella.
En una reunión, llevada a cabo en marzo del año 2019, con participación de altos mandos, incluyendo al Comandante de la Brigada de Inteligencia Militar 1, el coronel Juan Esteban Zapata Cifuentes, se autorizó al coronel Julio Tobías López Cuadros, jefe de Estado Mayor de la Brigada Inteligencia, requerir al comandante del Batallón de Inteligencia Militar Estratégica 4 información sobre ella.
En el caso de Nicholas Casey, de New York Times, el fotógrafo Federico Ríos, la periodista Andrea Aldana y medios como Rutas del Conflicto también se requirió información a través de actividades ilegales, por orden del brigadier general Gonzalo Ernesto García Luna, comandante del Comando de Apoyo de Combate de Contrainteligencia Militar.
Los datos recolectados evidenciaron que el Ejército vinculó injustificadamente a los periodistas Andrea Aldana y Óscar Parra, de Rutas del Conflicto, con grupos guerrilleros.
La Procuraduría señaló que el uso de herramientas de investigación por parte de agencias de inteligencia debe estar orientada a “la defensa de la soberanía, la seguridad nacional y el orden constitucional” y no para violar la privacidad, la libertad de expresión y la reserva de las fuentes periodísticas.
Los nueve miembros del Ejército sancionados son el brigadier general Gonzalo Ernesto García Luna, comandante del Comando de Apoyo Combate de Inteligencia Militar; el coronel Juan Esteban Zapata Cifuentes, comandante de la Brigada de Inteligencia Militar 1; el coronel Benjamín Andrés Ramírez Villalobos, jefe de Estado Mayor de la BRIMI1; el coronelJulio Tobías López Cuadros, oficial de operaciones de la BRIM11, el coronel Milton Eugenio Rozo Delgado, comandante del Batallón de Inteligencia Militar Estratégica 4; el coronel Hugo Armando Díaz Hernández, comandante del Batallón de Inteligencia Militar Estratégico 4; el mayor Mauricio Quintero Arias, comandante del Batallón Contrainteligencia de Seguridad de la Información; el mayor Eduardo de la Torre Díaz, segundo comandante del Batallón de Cibertinteligencia, y el teniente Luis Carlos Trujillo Perdomo, comandante de la Compañía «B» de Ciberexplotación.
La Fundación para la Libertad de Prensa, que ha sido parte del proceso, manifestó en un comunicado que «los seguimientos e interceptaciones ilegales de comunicaciones por parte de instituciones del Estado tuvieron efectos nocivos sobre el ejercicio periodístico. La vigilancia ilegal configuró una violación al derecho de la reserva de sus fuentes y generó un clima de miedo y autocensura en las víctimas, e hizo que varias de ellas se abstuvieran de continuar con investigaciones y reportajes sobre temas como el conflicto armado y la corrupción estatal».
La entidad apeló la decisión de la Procuraduría pues la entidad tipificó la conducta del Ejército como una falta disciplinaria grave y no gravísima, lo cual implica que los responsables sean sancionados con una pena menor, que incluye la suspensión de sus cargos y la inhabilidad para ejercer funciones públicas entre 3 y 6 meses.
A pesar de los avances en lo disciplinario, en lo penal no ha habido mayores avances, según la FLIP.
