por Konuco | Mar 4, 2026 | Destacadas, Judicial e Investigación
Momentos de tensión se vivieron en el departamento del Caquetá luego de que dos personas fueran capturadas el pasado 27 de febrero, señaladas de estar presuntamente distribuyendo panfletos extorsivos en varios sectores de Florencia.
Según información conocida, los implicados habrían sido sorprendidos cuando entregaban mensajes intimidatorios donde se exigía dinero a comerciantes bajo amenazas. La rápida reacción de las autoridades permitió su captura en flagrancia, lo que en su momento fue considerado un golpe importante contra este delito que tanto temor genera.
Pero en las últimas horas la situación dio un giro inesperado: un juez decidió dejarlos en libertad mientras continúa el proceso judicial, decisión que ha generado molestia e incertidumbre entre la ciudadanía.
“Uno trabaja con miedo”
Comerciantes expresaron su preocupación tras lo ocurrido:
“Uno trabaja honradamente y de un momento a otro le llega un panfleto exigiendo plata. Eso da miedo”, manifestó un comerciante afectado.
“Si no denunciamos, esto se sigue repitiendo. No podemos quedarnos callados”, señaló otro ciudadano.
La comunidad teme que este tipo de hechos se sigan presentando y afecten la tranquilidad y la economía local.
¡DENUNCIE! NO SE QUEDE EN SILENCIO
Las autoridades hacen un llamado urgente a la ciudadanía:
Línea 165 del GAULA de la Policía Nacional
Atención confidencial las 24 horas.
Si usted recibe amenazas, panfletos o exigencias de dinero, no pague, no negocie y denuncie inmediatamente. La lucha contra la extorsión necesita del valor y la denuncia de la comunidad.
por Konuco | Mar 4, 2026 | Destacadas, Región
La guerra no da tregua en el departamento del Caquetá. En las últimas horas se confirmó que tres soldados fueron asesinados y otro más resultó gravemente herido en medio de intensos combates contra las disidencias de las Farc en zona rural de Cartagena del Chairá.
Los enfrentamientos se registran en la vereda Santo Domingo, donde tropas de la Ejército Nacional de Colombia, adscritas a la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, desarrollan operaciones ofensivas contra la llamada Estructura Carolina Ramírez, grupo armado residual que mantiene fuerte presencia en el sur del país.
“Mi hijo solo quería servirle a la patria”
El dolor hoy invade a tres familias colombianas. Un familiar de uno de los uniformados caídos, entre lágrimas, expresó:
“Mi hijo solo quería servirle a la patria, ayudar a que hubiera paz. No merecía morir así, lejos de nosotros. Nos lo arrebataron”.
Mientras tanto, el soldado herido recibe atención médica, en medio de maniobras militares que continúan en la zona para recuperar el control y garantizar la seguridad.
Crisis humanitaria sin control
La situación en el oriente del departamento es cada vez más alarmante. La Defensoría del Pueblo ha emitido alertas urgentes por el recrudecimiento de la violencia en el sector del Bajo Caguán, donde se enfrentan estructuras armadas lideradas por alias Calarcá e Iván Mordisco, disputándose corredores estratégicos.
La población civil está en medio del fuego cruzado. Se reportan confinamientos, desplazamientos forzados, homicidios y reclutamiento de menores. Comunidades enteras viven bajo restricciones impuestas por grupos armados desde octubre de 2025.
El miedo vuelve a apoderarse de Caquetá.
por Konuco | Feb 26, 2026 | Región
A las 8:11 de la noche del 23 de febrero, tropas del Batallón de Infantería de Selva N.º 12 y del Batallón de Alta Montaña N.º 3 ingresaron a la vereda Remolinos, corregimiento Danubio, zona rural de Florencia, Caquetá.
La operación fue rápida y estratégica: inserción en terreno, aseguramiento del perímetro y control total del área. Allí ubicaron a tres adolescentes que, según el reporte oficial, integraban la estructura ‘Rodrigo Cadete’, del Bloque Jorge Suárez Briceño, facción de alias ‘Calarcá’.
No portaban armas. Eran menores de edad.
En el mismo lugar recibieron atención médica primaria y luego fueron trasladadas a una zona segura para activar la ruta de restablecimiento de derechos. El alto mando militar las señaló como víctimas de reclutamiento forzado.
Pero mientras se habla de éxito operacional, en el norte del Caquetá lo que se respira es dolor y furia.
Porque esto no es nuevo. No es un caso aislado.
Una mujer en Florencia, con rabia contenida, lo dijo sin titubeos:
“¡Que hagan eso con los menores no tiene perdón! A mi familiar también se lo llevaron… un niño de 12 años. Lo desaparecieron. Y aquí todo sigue igual.”
Tres fueron recuperadas.
¿Pero cuántos más siguen en la selva?
En el Caquetá la guerra no solo deja muertos… también se roba la infancia.
¿Hasta cuándo?
por Konuco | Oct 27, 2025 | Destacadas, Región
El Frente de Guerra Oriental «Comandante en Jefe Manuel Vásquez Castaño» del Ejército de Liberación Nacional (ELN) comunicó que someterá a un «juicio revolucionario» a cuatro agentes estatales secuestrados, tras el fracaso de gestiones para un canje de prisioneros con el Gobierno y la Fiscalía General de la Nación.
Los afectados son Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, y Yordin Fabián Pérez Mendoza y Franki Esley Hoyos Murcia, de la Dirección de Investigación Criminal INTERPOL (DIJIN) de la Policía Nacional, con sede en Bogotá.
En un comunicado, el ELN alega que los capturados fueron interceptados durante una «acción de control territorial» en Arauca y los acusa de espionaje y terrorismo estatal.
Afirma que, de acuerdo con su «Código de Guerra«, aplicará penas de tres a siete años de prisión, permitiendo correspondencia familiar, y diferenciando responsabilidades entre ideólogos y operadores.
El grupo guerrillero sostiene que ha propuesto un canje de prisioneros durante semanas, pero ante la falta de acuerdo, procederá con el juicio, del que informará resultados públicos. Insiste en su disposición a acuerdos humanitarios y critica la «justicia de clase» del régimen colombiano, contrastándola con su enfoque «diferenciado» que preserva vidas.
por Konuco | Oct 21, 2025 | Destacadas, Política
El Tribunal Superior de Bogotá, con ponencia del magistrado Manuel Antonio Merchán Gutiérrez, revocó la condena en contra del expresidente Álvaro Uribe, en el caso en su contra por supuesto soborno de testigos y fraude procesal.
Previamente, el tribunal declaró ilegales la interceptación al celular del expresidente, que se produjo supuestamente por error porque se confundió con el celular de otro congresista. Esa interceptación había sido avalada en múltiples instancias judiciales, incluso por la Corte Suprema de Justicia.
Con esa decisión, el magistrado le dio la razón al defensor de Uribe, Jaime Granados. El abogado decía que esas interceptaciones fueron ilegales, porque en 2018 la Corte Suprema ordenó escuchar una línea telefónica que se creía pertenecía al congresista Nilton Córdoba Manyoma, dentro de la investigación por el escándalo del “Cartel de la Toga”, pero que en realidad era del abogado Diego Cadena, lo que significó que se escucharon conversaciones sin orden judicial. Pero que también se violó el secreto profesional.
“Cualquier intento de convalidarla la ilicitud fomenta prácticas arbitrarias y abre la puerta a pesquizas indiscriminadas. El sistema penal no puede priorizar resultados sobre legalidad”, dijo el magistrado.
En ese contexto, determinó también que no existe ninguna prueba, ni ningún testigo que permita comprobar que el expresidente Uribe indujo a terceros, entre ellos al abogado Cadena, a conseguir testigos y retractaciones a su favor. Lo que contradice el fallo emitido por la jueza Sandra Liliana Heredia, que sostiene que Uribe buscó la manipulación de al menos tres testigos: Juan Guillermo Monsalve; Carlos Enrique Vélez, alias ‘Víctor’; y Euridice Cortés alias ‘Diana’, a través del abogado Cadena. Por eso fue sentenciado por el delito de soborno en actuación penal.
Para el magistrado no se trata de presiones para incriminar a Cepeda y que no hay ninguna prueba en contra de Uribe, dijo que se aplicó rigor desigual descalificando testigos afines a la defensa.Agregó que Cadena actuó solo “no hay instrucciones del acusado”. Esa declaración la hizo sobre Juan Guillermo Monsalve; Carlos Enrique Vélez, alias ‘Víctor’; y Euridice Cortés alias ‘Diana’. Además, ordenó compulsar que se investigue a Carlos Enrique Vélez.
Concretamente, sobre el testigo estrella, es decir, Juan Guillermo Monsalve, el magistrado dijo que no practicó prueba que permitiera darle prueba a su declaración, porque para el magistrado ha entregado varias versiones.
Agregó que su declaración está motivada a buscar beneficios jurídicos.
“No puede asumirse que la retractación buscaba alterar una versión auténtica ni que la primera declaración representara una verdad judicial. El interés del testigo exige escrutinio riguroso”, dijo el magistrado.
Agregó que tampoco se le puede dar credibilidad a Deyanira Gómez, exesposa de Juan Guillermo Monsalve, y quien llevó el reloj con el que se grabaron las supuestas presiones a favor de Monsalve. Por eso, reiteró que no hay pruebas que indiquen que Uribe haya ordenado nada.
“No se demostró su intervención directa ni la existencia de un determinador intermediario. Las pruebas no vinculan al acusado con el actuar final”, dijo el magistrado, que agregó que el hecho de que estuviera informado no es un delito.
El magistrado dijo también que no hay pruebas de que Cadena le hubiera informado sobre el contenido de las cartas o las declaraciones con las que buscaba retractaciones.
«Las conversaciones entre Cadena y el expresidente reflejan que el expresidente fue informado sobre las gestiones del abogado, quien reiteró que no ofreció prebendas ni garantías y que Monsalve quería retractarse«.
Sobre el caso de fraude procesal, el magistrado desestimó la intervención de Uribe en la elaboración y envío, a través de su abogado Diego Cadena, de un conjunto de cartas firmadas por exparamilitares recluidos en la cárcel de Cómbita (Boyacá), con el propósito de que la Corte Suprema de Justicia reabriera una investigación ya archivada contra el senador Iván Cepeda.
En esas cartas se afirmaba que Iván Cepeda los había contactado en 2012 para ofrecerles beneficios a cambio de declarar que Uribe tenía vínculos con grupos paramilitares.
El proceso judicial contra Uribe se remonta a 2012, cuando él mismo denunció al entonces senador Iván Cepeda, a quien acusó de ofrecer prebendas a exjefes paramilitares para que declararan en su contra, señalándolo como presunto fundador del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y de haber participado en crímenes como la masacre de El Aro.
Sin embargo, el 16 de febrero de 2018, la Corte Suprema de Justicia determinó que no existían motivos suficientes para procesar a Cepeda y, por el contrario, abrió una investigación contra Uribe al encontrar indicios de que habría intentado manipular testigos a su favor mediante terceros, entre ellos el abogado Diego Cadena.
Esa decisión dio origen a un expediente que, tras dos intentos fallidos de preclusión, terminó con la histórica condena de 12 años contra el exmandatario.
(Colprensa)
Foto: Colprensa – Cristian Bayona
