NS alerta por casos de tos ferina en comunidades indígenas: tres menores han muerto

NS alerta por casos de tos ferina en comunidades indígenas: tres menores han muerto

El Instituto Nacional de Salud reconoció que es necesario fortalecer la vigilancia del comportamiento de la tos ferina, en especial en las comunidades indígenas, pues en lo que va corrido de este año se han presentado 59 casos, 3 de los cuales han terminado en muerte.

De acuerdo con el reporte hecho por la directora del Instituto Nacional de Salud, Diana Pava, en 2025 se han confirmado 427 casos de tos ferina, se han descartado 2.157 y siguen en estudio 527.

Los territorios con mayor número de casos han sido Bogotá, con 166; Antioquia, con 99; Cundinamarca, con 25, y Huila, con 22 casos.

De los casos registrados en comunidades indígenas, 28 se registraron en el municipio de Betulia (Antioquia), 8 en Bagadó (Chocó) y 6 en Bogotá.

El Instituto Nacional de Salud acompaña brotes en las comunidades indígenas de Tierralta (Córdoba), Tadó (Chocó) y Ciénaga (Magdalena).

De Colprensa

ONU alerta aumento del reclutamiento infantil y uso de redes sociales por grupos armados

ONU alerta aumento del reclutamiento infantil y uso de redes sociales por grupos armados

La Oficina del Alto comisionado para los Derechos Humanos en Colombia expresó su preocupación ante el aumento en las cifras de reclutamiento infantil en el país.

Estamos muy preocupados por la creciente tendencia del reclutamiento de niñas, niños y adolescentes que parece continuar y agravarse aún más en 2025, en un contexto preelectoral”, dijo Scott Campbell, representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos verificó 658 casos de graves violaciones de derechos humanos a la niñez en el marco del conflicto armado, entre los años 2022 y 2024.

En el 48,3% de los casos las víctimas pertenecen a Pueblos Indígenas, y en el 39,7% son mujeres, en estos casos se incluyen 474 reclutamientos y/o utilización de niñas, niños y adolescentes menores de 18 años y 89 casos de violencias basada en género.

Reiteramos nuestra condena al reclutamiento y/o utilización de niñas y niños menores de 18 años y exigimos a los grupos armados no estatales parar con este crimen. Observamos un recrudecimiento y la expansión territorial en las violencias contra niños y niñas por parte de estos grupos, debido al aumento de su presencia y por sus estrategias de control social y territorial”, dijo Scott Campbell.

Sin embargo, las cifras de este año 2025 tampoco son muy alentadoras, ya que solo en los primeros tres meses del año, la ONU recibió 118 alegaciones de reclutamiento o utilización de niños y niñas, de las que verificó 51 casos (28 niños -incluyendo seis indígenas y tres afrodescendientes- y 23 niñas -incluyendo seis indígenas y una afrodescendiente-).

El reclutamiento y/o utilización de la niñez provoca graves violaciones de derechos humanos, como violencia sexual, desapariciones, privaciones a la vida, violaciones a la integridad física o psicológica, desplazamientos forzados, y vulneraciones del derecho a la salud o educación. Recibimos reportes de castigos corporales y malos tratos, y conocimos testimonios de víctimas que fueron obligadas a asesinar a compañeros y compañeras”, advierte Scott Campbell.

Además del preocupante aumento de estas cifras, la ONU expresó su alerta ante las nuevas formas de reclutamiento que están utilizando los grupos criminales en Colombia: las redes sociales.

Según advirtieron, se verificaron casos en los que integrantes de grupos armados no estatales mantuvieron interacciones y conversaciones con niños y niñas, usando foros públicos de conversación y servicios de mensajería directa, que luego derivaron en su reclutamiento o utilización.

Esto incluye que, en algunas cuentas, miembros de grupos armados no estatales desarrollan contenido y canciones propias y comerciales para hacer apología de guerra, normalizan la violencia y promueven tanto la entrada al grupo, como el trabajo en cultivos de uso ilícito o en otras actividades criminales o ilícitas.

Los grupos ilegales utilizan las redes sociales para atraer personas, inclusive niñas y niños, y así potenciar la violencia y el narcotráfico. A través de mensajes, engañan a las niñas, los niños y los adolescentes sobre las ventajas de unirse al grupo, y les informan sobre los detalles logísticos de su entrada a la organización”, dijo Scott Campbell.

Desde la ONU reportaron que desde las apps de Facebook y Tiktok, no solo las utilizan para reclutar menores, sino que también se han encontrado imágenes y videos de niños con uniformes, portando y haciendo uso de armas de fuego que generan riesgos de estigmatización y revictimización.

Ante esta situación, la ONU Derechos Humanos hizo un llamado al Estado colombiano a tomar todas las medidas apropiadas, razonables y necesarias, para garantizar que todos los actores empresariales cumplan con su deber de respetar los derechos de niños y niñas.

La organización internacional urge al Estado a tomar todas las medidas necesarias para reforzar la protección de los derechos humanos de los niños y niñas, atendiendo de manera prioritaria las condiciones estructurales que generan vulnerabilidad en niños y niñas, y asegurando la reparación y el rápido restablecimiento de derechos de la niñez víctima del conflicto armado.

Finalmente, la Oficina urge al Estado incluir como un punto central en los diálogos y/o negociaciones con actores armados no estatales el cese de la violencia basada en género, incluida la violencia sexual, y el reclutamiento y utilización de personas menores de 18 años, así como la liberación inmediata e incondicional de los niños y niñas que estén en los grupos armados no estatales.

De Colprensa

Rechazo a la violencia debe ser igual para indígenas, líderes sociales y opositores

Rechazo a la violencia debe ser igual para indígenas, líderes sociales y opositores

En 1948, cuando en Colombia la violencia partidista había escalado el más alto nivel de barbarie en esa modalidad, el jefe del Partido Liberal de entonces, Jorge Eliécer Gaitán, convocó a una llamada “marcha del silencio”, como expresión pública de rechazo a tantos actos homicidas. Era la causa de la paz o no violencia. Se llevó a cabo en la Plaza Bolívar de Bogotá el 7 de febrero del año señalado. Fue caudalosa y cubría todo el escenario escogido. La solemnidad de esa manifestación no tuvo grietas. Nadie le hizo disidencia al orden acordado. Con tono resonante pero armónico, en demanda de la paz, Gaitán pronunció uno de sus más relevantes discursos.

Dijo Gaitán: “Señor Presidente: Aquí están presentes todos los hombres que han desfilado y demuestran una fuerza y un poderío no igualados y sin embargo, no hay un solo grito”. En esa oración sustentó la capacidad popular para rechazar la ofensiva criminal y promover la paz.

La manifestación del silencio de 1948 y la oración por la paz de Gaitán hacen parte del legado histórico en defensa del derecho a vivir en condiciones de protección.

Frente a los desatinos criminales, como el atentado de que fue víctima el precandidato Miguel Uribe Turbay, lo procedente es rechazar esa agresión sin incurrir en narrativas de estigmatización dictadas por el odio y la fijación con señalamientos mentirosos.

La marcha del silencio que se organizó como repudio al atentado criminal contra Miguel Uribe debió cumplir esa legítima finalidad, pero muchos de sus participantes se salieron del orden acordado y se dedicaron al insulto. Convirtieron el silencio en agresión, como si con ese extravío repararan tan criminal acción. No fue como la manifestación de Gaitán, que sigue siendo una lección de sustentación democrática.

Tampoco es aceptable que el atentado contra Uribe Turbay pretenda ser explotado con fines electorales sucios.

Ante la consumación del atentado contra Miguel Uribe Turbay debe ser activo el rechazo nacional, con sentido de solidaridad contra la violencia, como también debiera ser en los casos de asesinatos de líderes sociales, defensores de derechos humanos, promotores de las marchas de protesta ciudadana, campesinos o representantes de comunidades afros o indígenas.

La recurrente violencia en Colombia debe parar y no tener repetición. El exterminio de la Unión Patriótica, la ejecución perversa en la operación de los “falsos positivos”, los homicidios contra candidatos a la Presidencia y otros linchamientos de finalidad política son golpes contra la democracia, con los cuales se busca el debilitamiento de las posibilidades de superar las brechas que la codicia excluyente ha impuesto.

Se impone que la justicia, administrada con transparencia y certezas, ponga al descubierto a los actores de la ofensiva criminal y desmonte los desvíos mediante los cuales los responsables de los delitos cometidos se cubren con la impunidad y siguen alargando la cadena de esa carnicería letal a sangre y fuego.

Desenmascarar a los autores de las violencias que tantas víctimas le dejan a Colombia es una tarea prioritaria de jueces y veedores de los desvíos que se le imponen a los colombianos desde esferas que tienen manejo del poder en diferentes instancias.

Puntada

La aprobación por el Congreso de una reforma laboral es el resultado de la participación popular en defensa de los derechos sociales que algunos “padres de la patria” insisten en abolir. Hay que seguir en esa lucha.

Por Cicerón Flórez Moya

De Colprensa

Corte protege a mujeres indígenas en política frente a violencia de género digital

Corte protege a mujeres indígenas en política frente a violencia de género digital

La Corte Constitucional concluyó que los discursos que configuran violencia de género contra mujeres que participan en política no están protegidos por la libertad de expresión y explicó que, aunque esta libertad es esencial para la democracia, no ampara expresiones que refuercen patrones discriminatorios o agresiones contra mujeres en espacios públicos o digitales.

La Sala Segunda de Revisión estudió una tutela presentada por un periodista que fue bloqueado en las redes sociales de una representante indígena a la Cámara. El comunicador alegó que esa acción vulneró sus derechos a la libertad de expresión, acceso a información pública y participación política.

Por su parte, la congresista argumentó que el bloqueo respondió a reiteradas publicaciones en las que el periodista ejercía violencia de género digital contra ella.

La Corte evaluó el caso y encontró que existía una tensión entre los derechos fundamentales del accionante y los de la mujer servidora pública, específicamente su derecho a una vida libre de violencia, su dignidad y la garantía de no discriminación.

Aunque el tribunal concluyó que el bloqueo de las cuentas del periodista fue una medida desproporcionada, ya que impedía el acceso a toda la información compartida en canales de naturaleza pública, también dejó claro que no todas las expresiones están amparadas por la libertad de expresión.

La Sala señaló que ese tipo de medidas pueden constituir formas de censura previa, que resultan incompatibles con los principios de una democracia digital. No obstante, precisó que las publicaciones que configuran violencia de género, especialmente contra mujeres indígenas en política, no tienen amparo constitucional como ejercicio libre de expresión.

El fallo también reconoció que las mujeres indígenas enfrentan una forma interseccional de discriminación en escenarios públicos, debido a condiciones históricas de exclusión y violencia. Por esa razón, la Corte recordó que sus derechos deben ser especialmente protegidos en el debate público, tanto en escenarios físicos como digitales.

Además, advirtió que periodistas y medios de comunicación, aun cuando ejercen un rol crucial en la democracia, deben abstenerse de realizar publicaciones que normalicen agresiones, refuercen estereotipos o vulneren derechos fundamentales de mujeres, sobre todo si ocupan cargos públicos.

Como parte del fallo, la Corte ordenó al periodista abstenerse de realizar nuevas publicaciones en redes sociales contra la representante que constituyan violencia de género digital. Igualmente, le exigió eliminar los contenidos previamente identificados como agresiones por parte del tribunal.

De Colprensa

 

Estado de salud de Miguel Uribe sigue siendo grave; Fundación Santa Fe mantiene pronóstico reservado

Estado de salud de Miguel Uribe sigue siendo grave; Fundación Santa Fe mantiene pronóstico reservado

El senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, que ya completó dos semanas internado luego de recibir dos disparos en la cabeza, será sometido a una nueva intervención quirúrgica, según informó su esposa, María Claudia Tarazona, en sus redes.

Aunque no precisó de qué intervención se trata, hizo público un mensaje para su esposo en el que muestra su confianza de que todo saldrá bien en el procedimiento.

Estaré esperando a que salgas de tu procedimiento con la certeza que me da la entrega a Dios, que será un pequeño paso más, que nos acerca a estar con nuestras manos unidas de nuevo”, escribió.

Desde hace varios días, la Fundación Santa Fe, en donde se encuentra recluido el dirigente político, no ha emitido nuevos partes médicos acerca de su situación. Después de publicarlos a diario por cerca de 10 días, el centro médico aseguró que solo informará cuando haya cambios significativos en el estado de salud de Uribe.

En todos los partes médicos, la Fundación ha señalado que la situación de Uribe es de extrema gravedad y que su pronóstico neurológico es reservado.

De Colprensa