por Konuco | May 14, 2025 | Destacadas, Judicial e Investigación
La justicia cercó a Rainer Mauricio Urueña Tuirán, conocido como alias ‘Kener’, tras su captura en Sincelejo, Sucre. Las autoridades lo señalan de homicidio agravado y de porte ilegal de armas de fuego, tras su presunta participación en un crimen ocurrido en octubre de 2024.
El trabajo conjunto entre el CTI de la Fiscalía, la Policía y la Armada Nacional permitió ubicar y capturar al imputado el pasado 7 de mayo en Sincelejo. Las pruebas recaudadas por un fiscal de la Seccional Sucre lograron que un juez penal con funciones de control de garantías le dictara medida de aseguramiento en centro carcelario.
Los hechos ocurrieron el 9 de octubre de 2024, en la invasión El Poblado, donde alias ‘Kener’ habría disparado contra un ciudadano, causándole la muerte. Las investigaciones indican que el ataque obedecería a órdenes de un grupo armado organizado que delinque en la capital de Sucre y zonas vecinas.
Las imágenes de la captura muestran a alias ‘Kener’ vestido con suéter y bermuda negra, escoltado por miembros del CTI, Policía Nacional y Armada, en un operativo que refuerza el compromiso institucional con el combate frontal contra estructuras criminales.
Las autoridades reiteran su llamado a la ciudadanía para que continúe denunciando actividades delictivas que atenten contra la vida y seguridad en el departamento de Sucre.
por Konuco | May 13, 2025 | Destacadas, Judicial e Investigación
Inicia una nueva etapa dentro de la investigación por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La Fiscalía anunció que imputará a ocho presuntos involucrados en la reducción de 100.000 millones de pesos de un convenio entre la UNGRD y la Agencia Nacional de Tierras (ANT).
Entre los imputados está César Manrique Soacha, exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública, por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.
También serán imputados el abogado Édgar Riveros Rey; los contratistas Sonia Rocío Romeo Hernández y Óscar Enrique Cárdenas Angulo; el representante de ventas Édgar Echeverri Toro; el jefe de ventas, Francisco Javier Estupiñán Bravo; Jorge Aristizábal Rodríguez, funcionario del Departamento Administrativo de la Función Pública; y Ana María Riveros Barbosa, contratista de la UNGRD.
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La investigación apunta a que dentro de la UNGRD se creó una «organización criminal», como lo denomina la Fiscalía, que se aprovechó de las declaratorias de desastre nacional y de calamidad pública emitidos por el Gobierno, para direccionar contratos a cambio de coimas.
Todo dirigido por López, quien para ese momento era el director, y Pinilla, su subdirector. La mayoría de esos convenios terminaron en manos de Luis Eduardo López, conocido como «El pastuso», quien dirige más de 30 empresas, de las cuales fueron utilizadas: Brands SAS, Impoamericana Rogers SAS, Proyectos RML y Kalmo S.A.S. Todos ellos ya imputados.
De Colprensa para Nación Costeña.
por Konuco | May 13, 2025 | Destacadas, Judicial e Investigación
Después de 5 años de investigación, la Procuraduría reconoció la responsabilidad de miembros del Ejército en el perfilamiento y seguimiento ilegal de periodistas en una operación denunciada en su momento, mayo de 2020, por la revista Semana, a través de la publicación «Las carpetas secretas».
Según la Procuraduría, 9 miembros del Batallón de Ciberinteligencia Militar hicieron actividades ilegales de seguimiento, perfilamiento y recopilación de datos en contra de 130 personas, de los cuales al menos treinta eran periodistas.
De acuerdo con lo que reveló Semana en su momento y que ahora confirma la Procuraduría, los miembros del Batallón de Ciberinteligencia militar recolectaron datos sobre las fuentes, información de geolocalización y la vida privada y profesional de periodistas como María Alejandra Villamizar, periodista de Caracol Televisión; Nicholas Casey, de The New York Times; el fotógrafo Federico Ríos, y Andrea Aldana y Óscar Parra, de Rutas del Conflicto, entre otros.
Los periodistas, vinculados a medios nacionales e internacionales, estaban investigando asuntos de orden público como la posible reactivación de las ejecuciones extrajudiciales y el posible desvío de recursos económicos en el Ejército y la Policía.
María Alejandra Villamizar, periodista de Caracol Televisión, entrevistó a Pablo Beltrán, miembro del Comando Central del ELN, por lo cual, dentro de la operación ‘Habil’, que se adelantaba contra ese guerrillero, se autorizó hacer actividades de seguimiento contra ella.
En una reunión, llevada a cabo en marzo del año 2019, con participación de altos mandos, incluyendo al Comandante de la Brigada de Inteligencia Militar 1, el coronel Juan Esteban Zapata Cifuentes, se autorizó al coronel Julio Tobías López Cuadros, jefe de Estado Mayor de la Brigada Inteligencia, requerir al comandante del Batallón de Inteligencia Militar Estratégica 4 información sobre ella.
En el caso de Nicholas Casey, de New York Times, el fotógrafo Federico Ríos, la periodista Andrea Aldana y medios como Rutas del Conflicto también se requirió información a través de actividades ilegales, por orden del brigadier general Gonzalo Ernesto García Luna, comandante del Comando de Apoyo de Combate de Contrainteligencia Militar.
Los datos recolectados evidenciaron que el Ejército vinculó injustificadamente a los periodistas Andrea Aldana y Óscar Parra, de Rutas del Conflicto, con grupos guerrilleros.
La Procuraduría señaló que el uso de herramientas de investigación por parte de agencias de inteligencia debe estar orientada a “la defensa de la soberanía, la seguridad nacional y el orden constitucional” y no para violar la privacidad, la libertad de expresión y la reserva de las fuentes periodísticas.
Los nueve miembros del Ejército sancionados son el brigadier general Gonzalo Ernesto García Luna, comandante del Comando de Apoyo Combate de Inteligencia Militar; el coronel Juan Esteban Zapata Cifuentes, comandante de la Brigada de Inteligencia Militar 1; el coronel Benjamín Andrés Ramírez Villalobos, jefe de Estado Mayor de la BRIMI1; el coronelJulio Tobías López Cuadros, oficial de operaciones de la BRIM11, el coronel Milton Eugenio Rozo Delgado, comandante del Batallón de Inteligencia Militar Estratégica 4; el coronel Hugo Armando Díaz Hernández, comandante del Batallón de Inteligencia Militar Estratégico 4; el mayor Mauricio Quintero Arias, comandante del Batallón Contrainteligencia de Seguridad de la Información; el mayor Eduardo de la Torre Díaz, segundo comandante del Batallón de Cibertinteligencia, y el teniente Luis Carlos Trujillo Perdomo, comandante de la Compañía «B» de Ciberexplotación.
La Fundación para la Libertad de Prensa, que ha sido parte del proceso, manifestó en un comunicado que «los seguimientos e interceptaciones ilegales de comunicaciones por parte de instituciones del Estado tuvieron efectos nocivos sobre el ejercicio periodístico. La vigilancia ilegal configuró una violación al derecho de la reserva de sus fuentes y generó un clima de miedo y autocensura en las víctimas, e hizo que varias de ellas se abstuvieran de continuar con investigaciones y reportajes sobre temas como el conflicto armado y la corrupción estatal».
La entidad apeló la decisión de la Procuraduría pues la entidad tipificó la conducta del Ejército como una falta disciplinaria grave y no gravísima, lo cual implica que los responsables sean sancionados con una pena menor, que incluye la suspensión de sus cargos y la inhabilidad para ejercer funciones públicas entre 3 y 6 meses.
A pesar de los avances en lo disciplinario, en lo penal no ha habido mayores avances, según la FLIP.
por Konuco | May 12, 2025 | Destacadas, Judicial e Investigación
Los hallazgos de la Corte Suprema de Justicia sobre el escándalo en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), según los cuales congresistas habrían recibido dinero público para respaldar proyectos del Gobierno, podrían incidir en el análisis de validez formal que debe realizar la Corte Constitucional sobre la reforma pensional.
Si se confirma que el trámite legislativo fue viciado por sobornos, podría discutirse la exequibilidad de la Ley 2381 de 2024.
El abogado constitucionalista Juan Manuel Charry explicó a Colprensa que no existen antecedentes en los que la Corte Constitucional haya solicitado documentación penal sobre congresistas procesados por hechos relacionados con la aprobación de una ley.
Sin embargo, advirtió que “si hubo sobornos y delitos alrededor del trámite de la ley, hay que considerar el debido proceso y podría ser causal de una inexequibilidad”.
La reforma pensional, aprobada por el Congreso entre 2023 y 2024, está actualmente en revisión por parte del alto tribunal para establecer si cumple con los requisitos constitucionales, tanto en el fondo como en la forma.
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La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema ordenó la semana pasada la captura de los congresistas Iván Name y Andrés Calle por presunto cohecho. El auto judicial señaló que ambos legisladores recibieron pagos entre octubre y noviembre de 2023 para respaldar iniciativas del Gobierno, entre ellas la reforma pensional y la reforma a la salud.
Según el alto tribunal, Name habría recibido $3.000 millones, mientras que Calle recibió $1.000 millones. Los recursos provenían, según la investigación, de un anticipo girado desde la UNGRD para la compra de carrotanques destinados al abastecimiento de agua potable en La Guajira.
La Corte Suprema concluyó que los congresistas conocían que el dinero recibido tenía un vínculo funcional con recursos públicos desviados. Estos habrían sido utilizados para financiar campañas locales en las elecciones del 29 de octubre de 2023.
El penalista Francisco Bernate explicó que el proceso contra Name y Calle, regido por la Ley 600, no permite negociaciones ni preacuerdos. Afirmó que los delitos imputados, como peculado por apropiación y cohecho, podrían acarrear penas de hasta 33 años de prisión.
Bernate también señaló que el escándalo afecta gravemente la legitimidad de las reformas del Gobierno, al involucrar simultáneamente a actores de los poderes Ejecutivo y Legislativo. Advirtió que, si se prueba injerencia en la elección de magistrados, podría comprometer incluso la independencia del poder judicial.
Aunque la Corte Constitucional no suele intervenir sobre investigaciones penales que afectan el trámite de las leyes, Charry considera que este caso podría abrir una discusión sobre los efectos del delito en el procedimiento legislativo.
En este escenario, el alto tribunal podría evaluar si el proceso de aprobación de la reforma pensional conservó la integridad exigida por la Carta Política o si el vicio de procedimiento compromete su exigibilidad.
Por ahora, la decisión está en manos de los magistrados constitucionales, quienes deberán deliberar si la reforma, promulgada como Ley 2381 del 16 de julio de 2024, puede mantenerse vigente pese a las graves irregularidades denunciadas en su trámite.
De Colprensa para Konuco.
por Konuco | May 12, 2025 | Destacadas, Judicial e Investigación
La jueza del caso Uribe fue enfática este lunes en afirmar que no permitiría que el proceso prescriba, lo cual podría ocurrir si no se emite un fallo antes de mediados de octubre.
Lo hizo al cuestionar la actuación de la defensa del expresidente, quien no agendó más testigos a la diligencia de juicio lo que hizo que tuviera que suspenderse más temprano.
“Por favor, no sean solamente cinco testigos, porque si no, nos va a dar acá la Navidad señalando y señalando fechas y fijando simplemente unas audiencias de dos y tres horas (…). La idea es evacuar y poderle resolver esta situación jurídica al señor procesado, ¿en qué momento vamos a hacer alegatos de cierre y en qué momento vamos a adoptar la decisión?”, puntualizó la juez.
Durante la audiencia de este lunes solo comparecieron tres testigos. Entre ellos, el exsenador Mario Uribe quién aseguró que exparamilitares tenían planeado involucrar al expresidente y su hermano Santiago Uribe en una masacre registrada en 2003.
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Según el exsenador, se enteró que Carlos Enrique Vélez tenía planeado involucrar a ambos en una masacre de indígenas registrada el 8 de junio de 2003.
También declaró sobre su relación relación con Diego Cadena, a quien conoció en febrero de 2017 en una cafetería en Bogotá, presentado por José Manuel Rodríguez Torres y Hugo Ramírez.
«Cuando llegué a Medellín, llamé a Uribe y me dijo tráigalo. Llamé a Cadena y le dije el señor expresidente lo recibe, organice su viaje y me avisa cuando vaya a venir. Luego, lo recogí en mi carro en el aeropuerto, almorzamos y fuimos a la casa de Uribe», señaló Mario Uribe.
La lista de testigos por parte de la defensa también incluye a su hermano Santiago, a su exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, a los abogados Juan Felipe Amaya Mejía y Franklin Geovani Guevara Bernal, al ex senador y primo del expresidente, Mario Uribe Escobar, y al exfiscal general Néstor Humberto Martínez, entre otros.
En la lista también aparecen el exministro Fabio Valencia Cossio, el abogado Diego Cadena y al ex representante Álvaro Hernán Prada, quienes también son investigados por este caso.
En el juicio y por parte de la Fiscalía, ya declararon el senador Iván Cepeda, el condenado Juan Guillermo Monsalve y su exesposa, Deyanira Gómez. Además del abogado Héctor Romero, señalado de ser el responsable de meter el reloj espía a la cárcel para entregarlo a Monsalve y que sirvió para grabar las supuestas presiones a favor de Uribe.
También lo hizo Pablo Hernán Sierra, exmiembro del Bloque Metro de las Autodefensas, quien contó los orígenes del Bloque Metro a mediados de la década de 1990, y afirmó que cuando quiso declarar sobre la participación de los hermanos Uribe en ese grupo fue excluido del sistema de Justicia y Paz.
De Colprensa para Konuco.
