por Konuco | Oct 14, 2025 | Destacadas, Judicial e Investigación
La Procuraduría General de la Nación cuestionó el bajo avance de los compromisos incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 relacionados con la garantía de derechos de las mujeres indígenas. El organismo de control pidió a varias entidades del Gobierno entregar informes ejecutivos y cronogramas de trabajo que detallen los progresos reales en la ejecución de las metas pactadas en la Comisión Nacional de Mujeres Indígenas (CNMI).
Entre los compromisos sin cumplimiento efectivo se encuentran la consulta previa para actualizar la Ley de Mujer Rural, la creación de centros de formación para liderazgo indígena, y la implementación de programas comunitarios para prevenir la violencia sexual contra niños y adolescentes. También está pendiente la formulación de un plan de formación socioambiental intercultural, clave para la participación de las comunidades en la protección de sus territorios.
La Procuraduría advirtió que el estancamiento en estos proyectos vulnera directamente el Programa de Protección de los Derechos de las Mujeres Indígenas Desplazadas y en Riesgo, ordenado por la Corte Constitucional en el Auto 092 de 2008. Según el ente de control, la falta de ejecución afecta los derechos fundamentales de cientos de mujeres que enfrentan riesgos de violencia, despojo y exclusión institucional.
El Ministerio Público instó al Ejecutivo a cumplir los compromisos adquiridos y fortalecer la articulación con los pueblos indígenas para evitar que el Plan Nacional de Desarrollo quede en el papel.
por Konuco | Oct 10, 2025 | Destacadas, Judicial e Investigación
La Corte Constitucional estableció que los familiares de los líderes y defensores de derechos humanos amenazados en Colombia también deben ser destinatarios de medidas de protección por parte del Estado, al fallar una tutela a favor de una lideresa indígena a quien la Unidad Nacional de Protección (UNP) le redujo su esquema de seguridad de manera injustificada pese al asesinato de su esposo y a las constantes intimidaciones contra su núcleo familiar.
El pronunciamiento del alto tribunal (Sentencia T-335 de 2025) busca corregir las fallas en la valoración de riesgo que ponen en peligro no solo a los defensores, sino también a su entorno más cercano, en un contexto de violencia persistente contra esta población.
La Corte recordó que los líderes sociales son sujetos de especial protección constitucional y que su labor es fundamental para la democracia, advirtiendo sobre las alarmantes cifras de violencia, como los 1.557 asesinatos registrados por la Defensoría del Pueblo desde 2016 hasta abril de 2025.
Las fallas sistemáticas en la evaluación de riesgo
La decisión de la Corte se fundamentó en el caso de ‘Ana’, una mujer indígena, líder de su comunidad y miembro de la mesa de víctimas, quien ha sufrido desplazamientos forzados, hostigamientos y amenazas. A pesar del asesinato de su esposo en agosto de 2024, la UNP decidió modificar su esquema de protección, que inicialmente incluía un escolta y apoyo de transporte, para dejarla únicamente con un chaleco blindado y un medio de comunicación.
El tribunal identificó un patrón de deficiencias en el actuar de la UNP que vulneran el debido proceso y ponen en riesgo la vida de los protegidos. La Corte estableció que la entidad no puede basar sus decisiones en valoraciones “contradictorias y erradas” que desvirtúan el liderazgo de una persona, sobre todo cuando existen certificaciones oficiales que lo acreditan.
Asimismo, sentó como regla que la falta de avance en las investigaciones penales por parte de la Fiscalía General de la Nación no puede ser utilizada como argumento para disminuir el nivel de riesgo de una persona amenazada. Según la Corte, esto equivale a trasladar a la víctima las consecuencias de la ineficacia del sistema judicial.
El fallo también fue enfático en que cualquier reducción de un esquema de seguridad debe fundarse en una “disminución relevante y probada del nivel de riesgo”, y no en cambios insustanciales o arbitrarios. La UNP está obligada a presentar una motivación técnica detallada que justifique por qué las nuevas medidas son idóneas y eficaces.
Finalmente, la Corte exigió la aplicación obligatoria de un enfoque diferencial en todos los análisis. Explicó que se deben considerar los riesgos específicos que enfrentan las personas por su género, pertenencia étnica u orientación sexual, ya que la combinación de estas condiciones puede aumentar su vulnerabilidad.
Más allá de amparar a la líder indígena, la Corte emitió órdenes de alcance general. Dejó sin efectos las resoluciones que redujeron la protección de ‘Ana’ y ordenó a la UNP reestablecer su esquema original de forma inmediata, además de realizar una nueva valoración completa en un plazo de cinco días. Dicho estudio deberá incluir un análisis del riesgo de su núcleo familiar, compuesto por su hijo, su hija embarazada y su nieto de dos años.
También se le ordenó a la Fiscalía General de la Nación impulsar, en un término de tres meses, las investigaciones por los delitos cometidos contra la defensora y su familia, como un mecanismo para garantizar el derecho a la justicia efectiva y combatir la impunidad.
La violencia en cifras
El fallo de la Corte Constitucional se produce en medio de un panorama de violencia sostenida contra los defensores de derechos humanos en Colombia. Según cifras de la Defensoría del Pueblo citadas en la sentencia, entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2025 se confirmaron los asesinatos de 81 líderes y defensores en el país. La cifra acumulada de homicidios desde enero de 2016 asciende a 1.569 casos.
Otras organizaciones como Indepaz y Somos Defensores mantienen registros paralelos que, aunque presentan ligeras diferencias, coinciden en la alarmante tendencia. Indepaz reportó 173 asesinatos de líderes en 2024 y, para finales de septiembre de 2025, ya contabilizaba 150 casos, lo que representa un aumento del 19 % frente al mismo periodo del año anterior. Los liderazgos comunales e indígenas siguen siendo los más afectados.
El programa Somos Defensores verificó la ocurrencia de 727 agresiones individuales dirigidas contra esta población durante 2024, que incluyen 404 amenazas, 157 asesinatos, 62 detenciones, 44 desplazamientos forzados y 24 secuestros.
Este contexto de riesgo se agrava para ciertos grupos, como los líderes indígenas y defensores ambientales. El informe anual de 2024 de la Misión de Observación Electoral (MOE) señaló que los asesinatos y atentados representaron el 41,9 % de las agresiones contra líderes ese año.
De Colprensa
por Konuco | Ago 15, 2025 | Destacadas, Judicial e Investigación
La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el expresidente de la Nueva EPS, José Fernando Cardona Uribe, por destinar presuntamente de manera irregular los recursos que hacen parte de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).
Según la entidad, Cardona habría autorizado la constitución de un plan de ahorro voluntario, denominado ‘Plan Semilla’, por un valor superior a los $1.000 millones de pesos, con cargo a los recursos de la UPC, lo cual no está permitido.
De acuerdo con la Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública, los dineros utilizados en la vigencia 2020, legal y constitucionalmente, solo podían destinarse al aseguramiento en salud, pero Cardona autorizó que se manejaran dentro del rubro de gastos administrativos.
Para la Procuraduría, Cardona Uribe habría quebrantado el principio de moralidad que rige la función pública, por lo que, de manera provisional, calificó su supuesta conducta como falta disciplinaria gravísima cometida a título de culpa gravísima.
De Colprensa
por Konuco | Ago 14, 2025 | Destacadas, Judicial e Investigación
La Procuraduría General de la Nación formuló cargos al exgerente del Hospital de Sitionuevo del departamento de Magdalena, Jesús Enrique Rebolledo, por presunta participación irregular en un contrato que iría en detrimento del patrimonio público.
El ente de control informó que hay una investigación en curso para determinar si el entonces ordenador del gasto y supervisor del bilateral habría efectuado el pago correspondiente al contrato de prestación de servicios celebrado entre la Empresa Social del Estado (ESE) y un particular, con el objeto de capacitar al personal asistencial para fortalecer sus competencias en el área de urgencias y consulta externa, sin que este se hubiese ejecutado.
La Procuraduría aseguró que las acciones del exgerente desconocían el principio de responsabilidad.
El Ministerio Público calificó provisionalmente la falta como gravísima a título de dolo, y recordó que el daño patrimonial al Estado es “la lesión del patrimonio público, representada en el (…) perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz (…) e inoportuna (…)”.
De Colprensa
por Konuco | Ago 12, 2025 | Destacadas, Judicial e Investigación
Tropas del Ejército y de la Armada fueron blanco de un ataque perpetrado con drones que lanzaron explosivos en un puesto de control ubicado en el río Naya, sector Pastico, en el municipio de Buenaventura, Valle del Cauca, acción que, según las primeras informaciones, dejó tres uniformados muertos y cuatro heridos. El ataque fue atribuido a las disidencias de las Farc Jaime Martínez.
El Comando de la Brigada 29, adscrito a la Tercera División del Ejército, informó que el ataque indiscriminado iba dirigido contra soldados del Batallón de Infantería N.° 56 y personal del Batallón Fluvial de Infantería de Marina N.° 24 de la Fuerza Naval del Pacífico, en medio de operaciones de control territorial para brindar seguridad a la población civil.
Como resultado del ataque, el sargento segundo Wilmar Rivas Moreno, y los soldados profesionales Darío Estrada Pacheco y Andrés Estrada Muñoz, perdieron la vida. Además, dos soldados profesionales y dos infantes de marina resultaron heridos y fueron trasladados a centros hospitalarios de Buenaventura para recibir atención médica.
El Ejército lamentó la pérdida de los tres militares y dispuso de un equipo especializado de la Dirección de Familia para acompañar y brindar apoyo a los allegados de las víctimas.
La institución militar coordinó con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación para realizar los actos urgentes. Adicionalmente, señaló que intensificará las operaciones ofensivas en la zona para ubicar, judicializar y capturar a los responsables del acto criminal.
Las autoridades reforzarán los dispositivos de seguridad para salvaguardar la vida, la tranquilidad y la libertad de las comunidades del litoral pacífico caucano y vallecaucano.
De Colprensa
