por Konuco | Abr 13, 2024 | Destacadas, Judicial e Investigación
Pamplona (Norte de Santander), 13 de abril de 2024. La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de cuatro hombres y una mujer, que fueron capturados en situación de flagrancia por transportar armas de fuego, explosivos y munición, entre otros elementos, en el corregimiento La Laguna, en zona rural de Mutiscua (Norte de Santander).
El oficial en retiro, conocido como ‘Zeus’, se presentó ante las autoridades como integrante de la Unidad Nacional de Protección (UNP).
El pasado 10 de abril, unidades de la Policía Nacional interceptaron tres camionetas de gama alta que se movilizaban a gran velocidad. Al registrar los vehículos, los uniformados encontraron 15 morteros, 32 granadas de fragmentación, dos pistolas, 17.000 cartuchos de diferentes calibres, cinco proveedores, barras de explosivo C4, un chaleco antibalas y equipos de comunicación.
Ante el hallazgo, los ocupantes de los automotores fueron detenidos. Uno de ellos era el mayor en retiro del Ejército Nacional Juan Carlos Rodríguez Agudelo, conocido como ‘Zeus’, quien se presentó como integrante de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Los demás fueron identificados como: Juan Pablo Cardona Rodríguez, Marino Alberto Mendoza, Luis Alberto Camargo Pinzón y Yuliana Andrea Parra Betancourt.
Durante el procedimiento fueron aprehendidas dos adolescentes de 17 años, que fueron dejadas a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para el restablecimiento de sus derechos.
Un fiscal de la Seccional Norte de Santander imputó a los capturados los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos. Los cargos no fueron aceptados.
Por disposición del juez de control de garantías, los cuatro hombres recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario; mientras que la mujer seguirá vinculada a la investigación.
por Konuco | Abr 12, 2024 | Destacadas, Judicial e Investigación
Bogotá, 12 de abril de 2024. La Mesa de Seguimiento a los autos 092 de 2008, 009 de 2015 y 515 de 2018 de la Corte Constitucional sobre el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado y el desplazamiento forzado presentó el octavo informe de seguimiento al estado de cumplimiento de las órdenes impartidas por la Corte Constitucional, en el que se destaca la persistencia de impunidad en casi la totalidad de los casos que conforman los Anexos Reservados.
Mediante estas decisiones, la Corte adoptó medidas tendientes a garantizar los derechos de las víctimas, y le ordenó a las entidades materializar acciones en cuatro componentes: el acceso a la justicia y a servicios de salud, acciones de protección y medidas de reparación.
La Mesa de seguimiento destacó en el documento que, pese a que han transcurrido 16 años desde el primero de los autos, ni siquiera hay claridad sobre el universo total de víctimas por parte de las entidades encargadas de cumplir las órdenes de la Corte, lo que evidencia la ausencia de información de calidad, poca efectividad y falta de articulación entre ellas para el trabajo de recopilación de datos; esto representa una importante afectación para las personas afectadas por estos delitos, pues no se puede concebir su acceso a la justicia y a la verdad sin un reporte adecuado. Las cifras totales de víctimas que maneja cada entidad son: Fiscalía 608, Unidad para las Víctimas 547, Procuraduría 620 y Ministerio de Salud 708. Por su parte, la Mesa de Seguimiento tiene conocimiento de un total de 768 casos.
Para la Mesa de Seguimiento la ineficiencia de los modelos y estrategias de investigación y judicialización de los responsables son la principal causa del estado de impunidad en el que se encuentran los casos de las mujeres víctimas de violencia sexual. Resalta también que, hasta el momento, ni la justicia ordinaria, ni la justicia transicional han logrado ofrecer una respuesta efectiva para las víctimas, debido a que el foco ha permanecido en los perpetradores y no en los hechos victimizantes.
El informe presentado por la Mesa señala que la estrategia de la Fiscalía General de la Nación no funciona, pues en el 53 % de los casos no hubo avances en etapas procesales, solo hay un 2% de casos con sentencias condenatorias, un 1% con fallos cuyo sentido se desconoce, y solo el 15.6 % tuvo un avance, principalmente en Justicia y Paz. Por otra parte, el 47.5 % de los casos están inactivos en la justicia ordinaria. Estos datos reflejan un panorama de impunidad en el 97 % de los casos.
De otro lado, sobre los casos incluidos en el Auto 515 de 2018, el informe de la Mesa de Seguimiento señala que, aunque la Fiscalía reporta 167 procesos, solo 57 de estos se adelantan por delitos sexuales y el 66 % están inactivos o en fases preliminares de investigación.
La Mesa de Seguimiento manifestó su preocupación en cuanto a la identificación de autores de los hechos victimizantes, pues reportes de la Fiscalía señalan que en el 82.6 % de los casos no se han determinado. En este punto, el informe resaltó inconsistencias respecto a casos atribuidos a la Fuerza Pública y que en la actualidad, según las respuestas de la Fiscalía, se encuentran en la categoría de “autor indeterminado”.
El informe también destacó los obstáculos en el acceso a reparación, asistencia, atención, protección y problemas estructurales de las políticas públicas encargadas de estos procesos. Además, la Mesa de Seguimiento advirtió las dificultades que tuvo para acceder a la información, por negativas de las mismas entidades.
Para la Mesa estos hallazgos son síntoma de un problema estructural: la falta de políticas para el acceso a la justicia, incluyendo una política criminal que aborde la violencia sexual en el conflicto de manera adecuada y la persistente renuencia a elaborar una política integral de derechos para estas víctimas. En comparación con otros delitos, la violencia sexual sigue estando fuera de las prioridades del Estado.
por Konuco | Abr 11, 2024 | Destacadas, Judicial e Investigación
Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia radicó escrito de acusación en contra del exgobernador de Amazonas, Carlos Arturo Rodríguez Celis, como posible responsable de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación y prevaricato por omisión.
Los hechos que se le atribuyen están relacionados con irregularidades detectadas en el trámite, celebración y ejecución del contrato de obra N°1181 de octubre de 2013, el cual ascendió a $597’038.414 y contemplaba la construcción de vías peatonales en comunidades indígenas de Leticia y Puerto Nariño (Amazonas).
Los elementos de prueba indican que los pliegos de condiciones definidos fueron ambiguos o confusos, y no coincidían con lo señalado en los estudios previos. De esta manera, habría sido beneficiado un único proponente, que sin tener la idoneidad y la capacidad económica y técnica fue seleccionado.
Finalmente, el objeto del contrato no se cumplió completamente, lo que causó un detrimento patrimonial a las finanzas del departamento por $297’311.789. Estos recursos quedaron en manos del contratista y no se ejercieron acciones por parte del entonces gobernador para recuperarlos.
Se constató que las obras quedaron abandonadas y las estructuras en evidente deterioro, lo que generó gran impacto social en los territorios que supuestamente serían beneficiados.
por Konuco | Abr 10, 2024 | Destacadas, Judicial e Investigación
por Konuco | Abr 8, 2024 | Destacadas, Judicial e Investigación
Bogotá D.C., 8 de abril de 2024. La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a Andrés Felipe Tobar, alias Pícoro, presunto cabecilla de una red armada de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc, que delinque en Valle del Cauca.
Este hombre sería el responsable de diferentes conductas delictivas, como homicidios selectivos, reclutamiento de menores de edad, y ataques en contra de la fuerza pública y la población civil. Estaría involucrado en homicidios selectivos, reclutamiento ilícito, ataques armados y otras conductas delictivas.
En ese sentido, estaría involucrado en el asesinato de un hombre que, junto a su compañera sentimental (una menor de edad), había sido obligado a vincularse al grupo ilegal, pero semanas después escapó de una zona campamentaria. Los elementos de prueba indican que la víctima fue citada al corregimiento de Villa Colombia, en Jamundí (Valle del Cauca), para supuestamente cotizar una obras; sin embargo, su cuerpo fue encontrado con varios impactos de arma de fuego.
Alias Pícoro fue capturado en una acción conjunta de la Fiscalía, la Policía Nacional y el Ejército Nacional en un inmueble del corregimiento Timba, en Jamundí. En el procedimiento fueron incautados 6 armas de fuego, 1 granada de fragmentación, 134 cartuchos de distintos calibres, 7 celulares, 3 proveedores para fusil y pistola, 2 radios de comunicaciones y 1 chaleco balístico.
Una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales le imputó los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos; desaparición forzada, desplazamiento forzado, reclutamiento ilícito y uso de menores. Los cargos no fueron aceptados.
