por Konuco | Sep 10, 2023 | Destacadas, Judicial e Investigación
La situación de orden público en el departamento de Arauca se ha agravado debido a enfrentamientos armadas entre el ELN y una facción disidente de las FARC. La Defensoría del Pueblo ha expresado su preocupación y ha solicitado a todas las instituciones del Estado hacer presencia en la vereda Siberia 1, en Tame, Arauca, para garantizar los derechos de la comunidad que se ha visto atrapada en medio de estos enfrentamientos.
Una misión humanitaria, compuesta por funcionarios de la Defensoría del Pueblo, representantes de la Misión de Verificación de la ONU, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA, el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Iglesia Católica, visitó la zona y documentó graves afectaciones a los derechos humanos de familias campesinas y de la comunidad indígena del resguardo La Esperanza.
Los enfrentamientos han sumido a los habitantes de la zona en un ambiente de constante temor y zozobra. La población enfrenta restricciones a la movilidad, limitaciones en el acceso a la educación y actividades tradicionales, desabastecimiento de alimentos, falta de energía eléctrica y agua potable. Además, se han reportado daños en viviendas y bienes, así como artefactos sin explotar que las autoridades están desactivando.
Por medio de un comunicado de prensa la Defensoría del Pueblo informo que en, » una misión humanitaria de la entidad, conformada por funcionarios de su Regional Arauca y representantes de la Misión de Verificación de la ONU, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA, el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Iglesia Católica, evidenció en el lugar la grave afectación a los derechos humanos de familias campesinas y de la comunidad indígena del resguardo La Esperanza.
Esta situación viola el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y pone en grave riesgo los derechos de quienes viven en la zona afectada por los combates. La Defensoría del Pueblo hace un llamado a las autoridades para que tomen urgentes y efectivas que permitan proteger acciones a la comunidad y activar rutas de atención y protección.
La Defensoría del Pueblo también ha instalado a los grupos armados en conflicto a cesar todas las acciones que puedan afectar a la población civil ya buscar soluciones pacíficas. La confrontación entre actores armados ilegales en la región ha generado una crisis humanitaria que requiere una respuesta inmediata y eficaz por parte de las autoridades y la comunidad internacional.
por Konuco | Sep 8, 2023 | Destacadas, Judicial e Investigación
Florida y Pradera presentan altas probabilidades de que se presenten situaciones de orden público y amenazas a líderes sociales por encontrarse tan cerca del departamento del Cauca, teniendo en cuenta que como lo ha emitido la Defensoría del Pueblo, es uno de los departamentos con riesgo extremo de violencia, en este sentido y para proteger la integridad de líderes y lideresas sociales el gobierno de Florida Valle del Cauca dio inicio a un plan de acción para atender las recomendaciones de este ente de control y proteger la vida de los líderes del municipio. “Revisamos si ya tienen un plan de acción y matrices de seguimiento y cuales son las acciones que se han adelantado a la fecha desde que salió la alerta temprana para su atención y con este conocimiento hemos dado unos lineamientos para que se haga la implementación de estrategias para la atención de las recomendaciones”, señaló Ronald Cuesta Murillo, Personero de Florida Valle.
Con estas reuniones con las diferentes autoridades buscan disminuir los riesgos, así como atender inquietudes de los líderes comunales. Desde el momento de la notificación de la alerta temprana, la administración municipal ha realizado varias acciones tendientes a disminuir los riesgos y atender las recomendaciones señaladas por la Defensoría del Pueblo. “Ya hemos realizado un consejo de seguridad en donde se socializó la alerta temprana y sus recomendaciones con todas las entidades a las que le compete la seguridad y con el fin de diseñar por parte de la Fiscalía, la Policía, el CTI, el Ejército el plan de acción que permita minimizar los riesgos de los líderes del municipio”, aseguró la secretaria de Gobierno Jenny Córdoba Duarte. “Es muy importante que se realice este tipo de reuniones y se nos hagan recomendaciones, porque en este momento político en el que estamos se aumentan los riesgos para los líderes sociales y políticos y sobre todo para nosotros los líderes comunales de la zona rural en donde corremos más riesgos”, dijo Arturo de Jesús Álvarez, presidente de la Asociación de Juntas de Acción Comunal del municipio. Importante resaltar que según Indepaz en lo corrido del 2023 se han registrado 119 asesinatos de líderes sociales.
por Konuco | Sep 6, 2023 | Destacadas, Judicial e Investigación
La Red de Veedurías de Colombia denuncia presunta defraudación al municipio de Melgar, Tolima, por millonarios honorarios profesionales no prestados, ascendiendo a $4.200 millones, con embargos del municipio por $4.800 millones ordenados por el Tribunal Administrativo del Tolima. Melgar, Tolima, 6 de septiembre de 2023 – La Red de Veedurías de Colombia ha presentado una denuncia penal contra varias personas, incluyendo abogados, peritos y árbitros, por su presunta implicación en una defraudación al municipio de Melgar, Tolima, relacionada con el pago de honorarios profesionales no prestados, que ascienden a la asombrosa suma de $4.200 millones. Estos hechos han resultado en embargos por un total de $4.800 millones, conforme a las órdenes emitidas por el Tribunal Administrativo del Tolima.
El conflicto se origina en un contrato de honorarios profesionales firmado en 2004 por el entonces alcalde de Melgar, Moisés Carreño, en beneficio del abogado Wilyan Jair Galarraga Guzmán. Este contrato se relacionaba con la recuperación de bienes que, en realidad, nunca pertenecieron al municipio, sino a una entidad descentralizada, Empumelgar, y a la liquidada Hydros Melgar S.C.A., E.S.P., una empresa de servicios domiciliarios. El abogado Galarraga inició una acción popular que llevó a que se le investigara disciplinariamente, dado que actuaba como demandante y demandado del mismo municipio. En otras palabras, el abogado que debía defender los intereses del municipio terminó demandándolo y, no obstante, busca hoy el cobro de más de $4.200 millones en honorarios por su supuesta labor profesional.
Sin embargo, Galarraga demandó al municipio por el pago de estos honorarios y, en el proceso, Juan Pablo García Peñalosa, árbitro único del Tribunal de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Ibagué, condenó al municipio de Melgar a pagar la astronómica suma de $2.643’537.162.75, correspondiente al 15% de la valoración de las redes de acueducto y alcantarillado, que en realidad eran propiedad del municipio. Además, nombró como perito para determinar estos honorarios a Ángel Augusto Zarta, quien fue sancionado en 2010 con 10 años de suspensión y excluido de la lista de auxiliares de la justicia en 2011. No poseía título de contador, como lo exige la ley, ni ningún título profesional relevante. Curiosamente, los contadores públicos designados posteriormente para la misma tarea por el Tribunal Administrativo del Tolima reemplazaron a Zarta.
Una perito judicial internacional en lingüística forense, Sheila Queralt, con sede en Barcelona, analizó el dictamen de honorarios del perito Zarta y concluyó que podría haber sido elaborado por el propio abogado Galarraga, ya que existen similitudes tipográficas con el escrito de la demanda.
por Konuco | Sep 6, 2023 | Destacadas, Judicial e Investigación
La Fiscalía General de la Nación ha logrado obtener una condena significativa contra Alirio Castaño Pérez, quien fue hallado culpable de ordenar el asesinato de dos individuos, uno de los cuales era Bonargen Silva Niño, un reincorporado. El material probatorio presentado por un fiscal adscrito a la Unidad Especial de Investigación (UEI) fue determinante en el proceso judicial.
Los trágicos hechos tuvieron lugar el 12 de noviembre de 2017 en la vereda Guadalajara del municipio de Solano, Caquetá. En esa fecha, hombres armados llevaron a cabo el doble asesinato siguiendo instrucciones de Castaño Pérez. La Fiscalía ha concluido que el motivo detrás de este crimen fue un conflicto de tierras.
La investigación ha revelado que Castaño Pérez pagó 400 mil pesos para que tres individuos perpetraran el doble homicidio. Como resultado, ha sido condenado por los delitos de homicidio agravado, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.
En otro caso relacionado, la Fiscalía logró que un juez de control de garantías impusiera medida de aseguramiento en centro carcelario contra Juan Arturo Ramos Calderón. Se le acusa de su presunta participación en el homicidio de dos personas, incluyendo al reincorporado Carlos Cortés Henao. Los eventos tuvieron lugar el pasado 16 de abril en la vereda Los Molinos de Florencia, Caquetá, donde varias personas armadas sacaron a las víctimas de una vivienda por la fuerza y las obligaron a subir a motocicletas, tras lo cual sus cuerpos fueron encontrados con impactos de bala.
Según la investigación, Ramos Calderón estaría vinculado a la organización ilegal conocida como «Ismael Ruíz,» que opera en Huila y Caquetá. Un fiscal adscrito a la UEI presentó cargos contra el procesado por homicidio, concierto para delinquir agravado, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, cargos que fueron aceptados. Ambos casos demuestran el compromiso de la Fiscalía en la lucha contra la impunidad y el crimen en la región.
por Konuco | Sep 5, 2023 | Destacadas, Judicial e Investigación
Como parte de la estrategia ‘Argenta’ diseñada por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, con el propósito de golpear las estructuras delincuenciales en su base financiera, la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio ha tomado medidas cautelares sobre 23 bienes que se presume tienen vínculos con redes dedicadas a la falsificación de libros. Entre los activos incautados se encuentran 16 propiedades urbanas y 7 establecimientos de comercio, ubicados en las localidades de Santa Fe, Candelaria, Ciudad Bolívar, Rafael Uribe Uribe, Puente Aranda y San Cristóbal, en el centro y sur de Bogotá. El valor total de estos bienes supera los 27.911 millones de pesos.
Estas propiedades presuntamente habrían sido utilizadas para llevar a cabo actividades ilegales, incluyendo la producción, almacenamiento y venta de obras literarias y títulos falsificados. También se han relacionado con la usurpación del derecho de propiedad industrial y la violación de los derechos patrimoniales de los autores. Como parte de las diligencias previas a los procedimientos de extinción del derecho de dominio, se confiscaron en estos inmuebles varios libros falsos, así como impresoras, carátulas, discos duros y torres de cómputo, entre otros dispositivos utilizados para la creación de réplicas no autorizadas.
Estas acciones de la Fiscalía buscan impactar a las estructuras criminales que causan pérdidas al gremio de editores, distribuidores y libreros. Los bienes afectados, sujetos a medidas cautelares que incluyen la suspensión del poder dispositivo, el embargo, el secuestro y la toma de posesión, han sido entregados a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su administración.
