por Konuco | Sep 9, 2024 | Destacadas, Judicial e Investigación
Se busca esclarecer si el concejal Julián Forero incurrió en comportamientos ofensivos y faltó a la moralidad durante un operativo policial en Bogotá.
Bogotá, 9 de septiembre de 2024 – La Procuraduría General de la Nación ha formulado pliego de cargos contra Julián Forero, concejal de Bogotá, por un presunto altercado con dos patrulleros de la Policía Metropolitana durante un operativo de control de tránsito. El incidente, que ocurrió el pasado 22 de febrero de 2024 en inmediaciones de la carrera 68 con calle 13, involucró a los patrulleros Cristian Naranjo Sandoval y Jorge Enrique Reyes, quienes detuvieron al funcionario para realizar un registro de personas y vehículos.
Según los reportes preliminares, Forero habría utilizado expresiones descalificantes y ofensivas contra los policías, incluidas palabras como “perro” y “gamín”, y les habría advertido: «usted no sabe a quién paró», lo que ha motivado la intervención de la Procuraduría para investigar la posible falta de respeto y rectitud por parte del concejal. El organismo de control busca confirmar si el concejal actuó de manera inapropiada y si vulneró el principio de moralidad pública al dirigirse con violencia verbal hacia los agentes.
La Procuraduría Primera Distrital ha calificado provisionalmente la conducta del concejal como una falta grave a título de dolo, lo que implica que, de confirmarse, Forero habría actuado con intencionalidad en sus acciones. De ser hallado responsable, el concejal podría enfrentar sanciones disciplinarias que afectarían su carrera política y su reputación pública.
El resultado de esta investigación será clave para determinar las consecuencias disciplinarias que enfrentará el concejal y enviará un mensaje sobre la responsabilidad ética en el ejercicio del poder.
por Konuco | Sep 8, 2024 | Destacadas, Judicial e Investigación
Andrés Alonso Hortua, rector de la Escuela Normal Distrital María Montessori en Bogotá, está siendo investigado por la Procuraduría General de la Nación debido a acusaciones de acoso escolar que involucran agresiones físicas y abuso sexual a un estudiante. La investigación también abarca a varios miembros del personal escolar.
La Escuela Normal Distrital María Montessori, ubicada en el sur de Bogotá y reconocida por su enfoque en la formación de docentes, enfrenta una crisis tras la denuncia de un caso grave de acoso escolar. La Procuraduría General de la Nación ha iniciado una investigación para determinar la responsabilidad del rector Andrés Alonso Hortua y otros funcionarios del colegio en relación con las agresiones y el supuesto abuso sexual que habría sufrido un estudiante.
La investigación se centra en verificar si Hortua y el personal educativo involucrado cumplieron con los protocolos establecidos para prevenir y manejar el acoso escolar. Según la Procuraduría, se está evaluando si los funcionarios actuaron adecuadamente al recibir las denuncias de la familia del menor, quien supuestamente sufrió agresiones físicas y abuso sexual por parte de sus compañeros.
Además del rector, están bajo investigación Ingrid Lissette Albarracín Tunjo, docente coordinadora; Karen Alexandra Cetina Silva y Elga Sánchez Aponte, docentes de básica primaria; y Ronald Jaramillo Palacio, orientador del centro educativo. La comunidad escolar está alarmada y exige respuestas sobre cómo el personal manejó las denuncias y protegió al estudiante afectado.
El caso ha generado una fuerte preocupación en la comunidad educativa y en los padres de familia, quienes claman por una revisión exhaustiva de las prácticas y medidas de protección en la Escuela Normal Distrital María Montessori. La institución, conocida por su papel en la formación de futuros educadores, está ahora en el centro de un escándalo que pone en duda su capacidad para garantizar un ambiente seguro para sus alumnos.
El Ministerio de Justicia ha recomendado a las víctimas y sus familias seguir varios pasos para denunciar el acoso escolar: informar a los docentes y directivos del colegio, acudir al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a través de las Defensorías de Familia o Comisarías de Familia, y contactar a la Policía de Infancia y Adolescencia en casos de amenazas o agresiones físicas graves.
La investigación en curso subraya la importancia de una respuesta rápida y efectiva ante las denuncias de acoso escolar. La Procuraduría General de la Nación está comprometida en esclarecer los hechos y asegurar que se implementen medidas adecuadas para proteger a los estudiantes. Mientras tanto, la Escuela Normal Distrital María Montessori enfrenta un desafío significativo para recuperar la confianza de la comunidad y garantizar un entorno educativo libre de violencia. Este caso destaca la necesidad de un enfoque riguroso en la prevención y manejo del acoso escolar para proteger el bienestar de todos los alumnos.
por Konuco | Ago 30, 2024 | Destacadas, Judicial e Investigación
Bogotá D.C., 30 de agosto de 2024 – En un fallo judicial contundente, una juez penal de conocimiento condenó a la coronel en retiro del Ejército Nacional, Martha Leonor Guío Vanegas, a cinco años y cuatro meses de prisión. La sentencia, resultado de una investigación minuciosa liderada por la Fiscalía General de la Nación, revela una red de corrupción en la Cuarta Brigada, con sede en Medellín, que operó entre 2016 y 2018.
Guío Vanegas aceptó su participación en el entramado delictivo mediante un preacuerdo con las autoridades judiciales. Durante su gestión como directora de la Central Administrativa y Contable del Ejército Nacional (CENAC), la oficial dirigió ilegalmente nueve contratos a cambio de sobornos, favoreciendo a contratistas específicos a cambio de 94 millones de pesos. La sentencia también incluye una multa de 2.299 salarios mínimos mensuales legales vigentes y una inhabilidad de 54 meses para ejercer cargos públicos.
El esquema corrupto funcionaba mediante la exigencia del 10% del valor total de los contratos a los oferentes seleccionados. A cambio, Guío Vanegas les proporcionaba información privilegiada sobre precios y condiciones de las licitaciones, permitiéndoles ajustar sus ofertas para asegurar la adjudicación de los contratos. Estos contratos estaban relacionados con la adquisición de diversos bienes y servicios, vitales para el funcionamiento de la Cuarta Brigada.
A pesar de haber reintegrado los 94 millones de pesos como parte de su negociación judicial, la condena establece que Guío Vanegas deberá cumplir su pena en un establecimiento carcelario, subrayando la gravedad de sus acciones y el impacto que tuvieron en la confianza pública en las instituciones de seguridad nacional.
por Konuco | Ago 22, 2024 | Destacadas, Judicial e Investigación
La Red de Veedurías de Colombia ha presentado una queja formal ante la Procuraduría General de la Nación y la Comisión de Disciplina Judicial contra Fabio Andrés Humar Jaramillo, abogado de Helicol. Según informes, Humar no solo defendía a Helicol, sino que también habría asesorado al juez en el caso y actuado como contraparte de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), de la cual también recibía pagos.
El caso se remonta a marzo de 2023, cuando se destapó un escándalo que implicaba presuntas irregularidades en la contratación de servicios de transporte aéreo y la compra de vehículos blindados para Ecopetrol.
Pablo Bustos, presidente de la Red de Veedurías, calificó estas acciones como una clara violación ética y pidió a las autoridades que investiguen a fondo para garantizar la transparencia en el proceso.
Hay que contar que el escándalo de Helicol salió a la luz pública a finales de marzo de 2023, cuando la Superintendencia de Industria y Comercio -en la cual según fuentes, el citado abogado asesoraba desde el 2009 y hasta el 2013- irrumpió por solicitud del mismo profesional del derecho ya actuando como apoderado de Helicol, en las oficinas de Ecopetrol – y dos de sus filiales.
Allí al parecer buscaba detectar presuntas irregularidades, que apuntaban a un posible direccionamiento de contratos hacia empresas que en ese momento operaban en la Orinoquía, evidenciándose también ejecución de órdenes de compra de vehículos blindados, así como prácticas restrictivas a la libre competencia en la contratación del servicio de transporte de personas y carga en helicópteros y aeronaves de la compañía Helistar, para atender las operaciones y mantenimientos solicitados por la petrolera estatal Ecopetrol.
«Este ya no es el caso de la silla giratoria sino de la hélice giratoria, y por eso la Red de Veedurías de Colombia presentó queja formal ante la Procuraduría General de la Nación y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá», señaló Pablo Bustos.
Para la Red de Veedurías de Colombia, llama la atención el hecho de que al parecer se llevaran algunos elementos claves como pruebas:
«El abogado habría actuado para que se adelantaran estas diligencias administrativas a entidades públicas, en las que se llevaron información de computadores y teléfonos celulares, proceso que terminó incluso en la Fiscalía mediante decreto de archivo, toda vez que esta corroboró la inviabilidad jurídica de la denuncia del abogado Humar», afirmó el Presidente de la Red de Veedurías de Colombia, Pablo Bustos.
Finalmente, Bustos cuestionó las acciones del abogado y pidió que se tomen medidas:
«Estas acciones rayan contra la ética y el buen decoro y además generan un eventual conflicto de intereses. Es una clara violación de un régimen legal aplicable a los abogados y a las restricciones propias de los contratistas de las entidades públicas», puntualizó Bustos.
por Konuco | Ago 16, 2024 | Destacadas, Judicial e Investigación
El Gobierno Nacional ha tomado medidas inmediatas para reforzar la seguridad en las Altas Cortes, luego de que la Policía Nacional emitiera una alerta sobre posibles riesgos para la Corte Suprema de Justicia. La respuesta ha sido coordinada y efectiva, con la participación conjunta de la Policía Nacional y el Ejército.
Desde que se conoció la situación, se han implementado acciones adicionales para proteger el Palacio de Justicia en Bogotá. Estas medidas incluyen la instalación de sistemas avanzados de vigilancia, la disposición de equipos antiexplosivos, el uso de drones para monitoreo continuo y la intervención de unidades especializadas en seguridad. Estas acciones buscan asegurar la integridad de la institución y de sus miembros.
El 15 de agosto, el presidente de la República convocó un Consejo de Seguridad extraordinario para evaluar la situación en detalle. Como resultado de esta reunión, se decidió no solo aumentar las medidas de protección en el Palacio de Justicia, sino también extender estas acciones a otras sedes judiciales en todo el país. Esta decisión fue tomada en coordinación con el general William Salamanca, director de la Policía Nacional, y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, quienes están supervisando personalmente la implementación de las medidas.
El Gobierno Nacional ha reafirmado su compromiso con la defensa de las instituciones judiciales y la protección del Estado de Derecho en Colombia. Se continuará monitoreando la situación de cerca para garantizar que se adopten todas las medidas necesarias para prevenir cualquier amenaza contra la Corte Suprema y otras instancias judiciales del país.
