por Konuco | Jul 29, 2024 | Destacadas, Judicial e Investigación
La Procuraduría General de la Nación ha iniciado una inspección disciplinaria en la Unidad Nacional de Protección (UNP) debido al escándalo por el uso indebido de camionetas de la entidad para transportar disidentes de las FARC con órdenes de captura vigentes. El ente de control evaluará si se violaron los protocolos de los esquemas de protección y revisará los contratos celebrados con empresas tercerizadas para prestar servicios de seguridad.
El equipo liderado por la Directora Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría, Lucila Mercedes Vidal Luque, recaudó pruebas documentales para identificar las responsabilidades de los agentes de protección involucrados. Este procedimiento se desencadenó después de que en un retén militar, cerca de Bello, Antioquia, se detuviera una caravana que transportaba a disidentes de las FARC. En los vehículos se encontraron armas de fuego, municiones, dinero y otros elementos.
«Vinimos a corroborar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron estos hechos», señaló Vidal Luque. Añadió que, aunque aparentemente el esquema de protección colectivo era prestado por tercerizados, no se descarta indagar sobre los procesos de contratación y los manuales de funciones de los partícipes.
La Directora Nacional advirtió que esta situación podría derivar en conductas disciplinarias relevantes que involucran a servidores del nivel directivo y otros. Anunció que se realizará una inspección disciplinaria a las oficinas de la Alta Consejería para la Paz y en la Unidad Militar del municipio de Bello para continuar con la investigación.
Este caso ha generado una profunda preocupación sobre la integridad de los esquemas de protección y la transparencia en la contratación de servicios de seguridad, y se espera que las investigaciones de la Procuraduría arrojen claridad sobre las responsabilidades y posibles sanciones.
por Konuco | Jul 25, 2024 | Destacadas, Judicial e Investigación
Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirector y exsubdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), enfrentan cargos por corrupción y malversación de fondos públicos.
La Fiscalía General de la Nación imputó cargos a los exfuncionarios por concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado. Estos cargos surgen de una investigación que reveló cómo López y Pinilla, junto con varios congresistas, se apropiaron de fondos públicos para beneficio personal.
Durante la audiencia, que fue pública a solicitud de la Fiscalía, se presentaron pruebas que detallan la magnitud del desvío de recursos y la participación de los implicados en el entramado de corrupción. La Fiscalía también solicitó medidas de aseguramiento contra los exfuncionarios, argumentando la gravedad de los delitos y su impacto en la gestión pública.
López y Pinilla han aceptado colaborar con la justicia en un intento por obtener beneficios en sus penas. A través de sus abogados, manifestaron su disposición para entregar pruebas y detalles sobre otros implicados en la red de corrupción, incluyendo a varios congresistas y altos funcionarios del gobierno. Esta cooperación podría ser clave para desmantelar completamente el entramado y llevar a la justicia a todos los responsables.
El escándalo ha generado un gran revuelo debido a la implicación de altos funcionarios y legisladores, así como al impacto negativo en las comunidades que dependían de los recursos desviados para su acceso a agua potable. Este caso subraya la necesidad de transparencia y rendición de cuentas en la gestión pública y marca un paso importante en la lucha contra la corrupción en Colombia.
Foto: Redes sociales
por Konuco | Jul 24, 2024 | Destacadas, Judicial e Investigación
La reciente decisión de la Fiscalía General de la Nación ha generado una gran polémica y un profundo malestar en diversos sectores de la sociedad colombiana. La suspensión de órdenes de captura, tal como se dispone en la Resolución 0282, ahora también se extiende a situaciones de flagrancia. Esta medida, emitida en la noche del pasado martes mediante la directriz 0069, ordena la libertad de Erlinson Echavarría Escobar, argumentando que, en virtud de esa decisión, no puede ser capturado.
El polémico documento, firmado por la Fiscal General Luz Adriana Camargo el 23 de julio, establece que las órdenes de captura contra Echavarría Escobar han estado suspendidas desde el 4 de julio. A pesar de que Echavarría fue detenido con armamento y dinero en efectivo, la resolución se mantiene vigente, lo que ha suscitado críticas por permitir la libertad de un individuo involucrado en actividades ilícitas. La directriz señala que la suspensión de las órdenes de captura se otorga por cuarenta y cinco días hábiles a partir de la fecha de expedición de la resolución, un plazo que aún no ha concluido. Además, se especifica que esta suspensión se extiende incluso a situaciones de flagrancia, ordenando así la libertad inmediata de Echavarría Escobar.
Esta decisión ha sido fuertemente cuestionada por varios sectores políticos y sociales. El senador del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, criticó duramente la medida, argumentando que no se pueden otorgar salvoconductos para cometer delitos. «Los criminales del EMC fueron capturados en flagrancia con armas y dinero. Petro nos lleva por un pésimo camino, pero de este mal momento vamos a salir», afirmó Uribe Turbay.
La congresista Paloma Valencia también expresó su indignación, señalando que alias Firu, otro disidente que operaba en Antioquia en camionetas blindadas de la UNP, fue liberado a pesar de tener órdenes de captura vigentes. Valencia destacó que alias Firu no estaba en la lista de criminales con órdenes de captura suspendidas y calificó la situación como una clara irregularidad en los procedimientos judiciales.
«Es momento de preguntarnos si el gobierno Petro está combatiendo los grupos ilegales o haciéndoles la vida fácil. Es muy grave lo ocurrido en Antioquia, donde una caravana de siete camionetas, presuntamente inscritas en la UNP, fue detenida. En ella encontraron a «Firu», uno de los cabecillas más buscados de las disidencias de las FARC. ¿Por qué viajan en camionetas financiadas con el presupuesto nacional?, señaló la senadora.
Ante esta controversia, desde el Congreso no se descarta citar a la Fiscal General para que explique los motivos que la llevaron a firmar esta directriz y ordenar la libertad de estos peligrosos disidentes. También se solicitará una respuesta inmediata al director de la UNP, Augusto Rodríguez Ballesteros, para que aclare su posición sobre estas liberaciones y las medidas que se están tomando al respecto.
por Konuco | Jul 23, 2024 | Destacadas, Judicial e Investigación
En la mañana de este martes, 23 de julio de 2024, tropas del Ejército Nacional interceptaron una caravana de vehículos de alta gama en la vía que comunica a Medellín con el municipio de Anorí. En los vehículos se movilizaban presuntos jefes de las disidencias de las FARC, lo que generó un fuerte operativo de seguridad en la región.
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, informó a través de sus redes sociales que tres cabecillas de las disidencias fueron detenidos y se negaron a descender de los vehículos. «Tres cabecillas de las disidencias de las FARC están detenidos y se niegan a descender de los vehículos. Reconocimiento a los uniformados por su valor y a la espera de la captura de estos delincuentes», afirmó el mandatario.
Entre los detenidos se encuentra alias Calarcá, mientras que la identidad de los otros dos cabecillas no ha sido confirmada. Algunos de estos líderes tienen órdenes de captura vigentes y participan en procesos de paz con el Gobierno, lo que complica la situación. Se ha mencionado que los detenidos son miembros del Estado Mayor Central, y que la Unidad Nacional de Protección (UNP) estaba proporcionando seguridad a estos individuos como parte de un esquema colectivo debido a su participación en las negociaciones de paz.
En un video divulgado, se observa un fuerte cruce entre las autoridades y los hombres de las disidencias. Los ocupantes de los vehículos, armados y vestidos de civil, apuntaron a un funcionario que les pedía explicaciones y se negaron a bajarse del carro. A pesar de los intentos de las autoridades para trasladarlos al batallón de Bello, la caravana permaneció detenida en el nordeste de Antioquia hasta el mediodía, esperando la intervención de miembros de la ONU para mediar en la situación.
Horas después, la Fiscalía General de la Nación ordenó el registro de los vehículos de la UNP en los que se transportaban los disidentes de las FARC, el ELN y el EMC. Entre los ocupantes se encontraba Édgar Orrego Arango, alias ‘Firu’, quien tiene una orden de captura vigente por ocho delitos, incluyendo terrorismo y homicidio agravado. La presencia de un funcionario de la UNP, quien afirmó estar acompañando el proceso de negociación entre el gobierno y las guerrillas, complicó aún más la situación.
Los vehículos detenidos incluyen tres Toyota 4Runner, una Toyota Hilux y tres camionetas Mitsubishi, que fueron llevados a una guarnición militar para su inspección. La situación sigue desarrollándose, con la intervención de organismos internacionales y nacionales para resolver el conflicto.
Este incidente pone de manifiesto las tensiones y desafíos en los procesos de paz en Colombia, y la necesidad de una supervisión rigurosa y transparente en la implementación de los acuerdos de cese al fuego y protección de los involucrados en las negociaciones.
Imágenes de redes sociales
por Konuco | Jul 22, 2024 | Destacadas, Judicial e Investigación
La Procuraduría General de la Nación inhabilitó por nueve años al exalcalde de Cartagena, William Dau, debido a irregularidades en la contratación de pruebas rápidas para la detección de COVID-19 en 2020. Estas irregularidades comprometen la ética y la legalidad en el manejo de recursos públicos.
El fallo determina que Dau no podrá ejercer cargos públicos durante este periodo, buscando garantizar transparencia y rendición de cuentas en la administración pública. La decisión se basa en denuncias sobre la adquisición de 10,000 pruebas rápidas, las cuales presentaron inconsistencias en su contratación.
La Procuraduría encontró que la administración de Dau cometió faltas graves que justifican esta medida, orientada a prevenir actos de corrupción y promover una gestión pública responsable. Esta decisión también incluye al exdirector del Departamento Administrativo Distrital de Salud, Álvaro José Fortich, quien estuvo involucrado en la firma del contrato con Ventas, Marketing y Distribución Ltda., una empresa que no tenía la capacidad para cumplir con el contrato, lo que llevó a su incumplimiento.
El fallo destaca que, aunque la entidad no estaba obligada a realizar estudios previos, sí tenía la responsabilidad de proteger los intereses de la población beneficiaria de las pruebas COVID-19. Los kits adquiridos por $72,500 tenían precios significativamente mayores comparados con otros laboratorios acreditados, que ofrecían precios desde $21,500.
Además, la Procuraduría ratificó en segunda instancia la sanción contra Dau por llamar «nido de ratas» y «malandrines» a los directivos de la Universidad de Cartagena durante el proceso de selección del contralor distrital en 2020.
Esta sanción forma parte de un esfuerzo más amplio por parte de la Procuraduría para asegurar que los funcionarios públicos en Colombia cumplan con los estándares éticos y legales en su gestión.
