por Konuco | May 8, 2023 | Destacadas, Judicial e Investigación
Al parecer la mujer pretendía hacer compras con diferentes tarjetas de debito, que pertenecían a un ciudadano extranjero. Por otra parte la mujer fue capturada por las autoridades cuando vestía un uniforme de enfermera y de manera sospechosa pretendía hacer compras valorizadas en mas de 11.800.000 pesos, lo cual puso en alerta a la policía que momentos después efectuó la captura.
A través de las Zonas de Atención, Prevención y Mediación Policial seguimos atacando el accionar delictivo en los diferentes sectores, mediante la información suministrada por la ciudadanía se logró capturar una mujer que hacía compras en un establecimiento de comercio con tarjetas débito de otra persona. Mediante llamada telefónica a la línea de emergencia 123 informan que en un establecimiento comercial en la carrera 65 del Barrio Naranjal, una mujer se encontraba haciendo diferentes compras de electrodomésticos por un valor aproximado de 11.800.000 pesos, con tarjetas que no eran de su propiedad. De inmediato las patrullas del cuadrante hacen presencia en el lugar donde logran identificar a la mujer quien es sorprendida por los uniformados, a quien se le hallaron 11 tarjetas de diferentes entidades bancarias a nombre de otra persona. Por este motivo se realiza la captura en flagrancia por el delito de violación de datos personales y presentada ante la Fiscalía General de la Nación. Mientras los uniformados se encontraban en el proceso de judicialización, un ciudadano de nacionalidad puertorriqueña, se acerca a la Estación de Policía Laureles, manifestando identificar a la mujer que tenían capturada, donde a través de una red social la conoció y pactó una cita para compartir con ella, pero la mujer, aprovechando un descuido, en unos alimentos le suministró alguna sustancia que le hizo perder el conocimiento y al despertar, la mujer ya no estaba, evidenciando la falta de algunos objetos personales y sus tarjetas débito.
por Konuco | May 7, 2023 | Destacadas, Judicial e Investigación
Se trata de un técnico administrativo y una contratista que, a través de operaciones contables y bancarias, legalizaron la desviación de cerca de 2.000 millones de pesos en favor de terceros. La Fiscalía General de la Nación obtuvo condena contra el contador y técnico administrativo, Hugo Alejandro Melo Ruíz; y la contratista Andrea Milena Neuque García, dos extrabajadores de la Alcaldía de Cota (Cundinamarca) que participaron en un entramado de delincuencial que permitió la apropiación ilegal de recursos destinados a obras públicas y de infraestructura para el municipio.
Un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción estableció que estas personas facilitaron la emisión de órdenes de pago a nombre de contratistas por actividades que estaban ejecutadas y auspiciaron el desembolso de dineros por devolución de impuestos, entre otros conceptos. En la investigación se acreditó que, con soportes contables falsos, garantizaron la expedición de 28 cheques por valor de 1.949 millones de pesos, los cuales fueron endosados con firmas falsas a terceras personas.
Con relación a Melo Ruiz, se estableció que usó su cargo para manipular el software contable de la Alcaldía de Cota y generar el reconocimiento de los cobros ilegales; registró los pagos irregulares, emitió cheques y elaboró las notas bancarias para soportar cada operación fraudulenta que realizaba. De otra parte, a Neuque García le fueron endosados seis cheques por valor de 300’700.000 de pesos. Por esta actuación recibió una comisión de tres millones de pesos.
Ante la contundencia de las pruebas en su contra, estas dos personas aceptaron mediante preacuerdo los delitos de peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento
privado. En ese sentido, un juez penal de conocimiento sentenció a Melo Ruíz a cinco años y cinco meses de prisión; y a Neuque García a cuatro años de prisión.
por Konuco | May 5, 2023 | Destacadas, Judicial e Investigación
La búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el Pacífico nariñense tiene características geográficas y de persistencia del conflicto armado que la distinguen de procesos del mismo tipo en otras zonas del país. Condiciones de movilidad en el mar, en ríos y manglares, además de la presencia activa de grupos armados y minas antipersonal dificultan las labores de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) en el territorio y el avance de la investigación y los aportes a la verdad en el caso 02 de la JEP.
Sin embargo, la UBPD en articulación con el despacho del Caso 02 de la JEP, ha logrado avanzar en su mandato a través de estrategias conjuntas encaminadas a: i) la consolidación del universo de personas dadas por desaparecidas del macrocaso 02; ii) La sistematización y análisis de la información del expediente del macrocaso 02; iii) el apoyo técnico, metodológico y de recolección de información en las diligencia de construcción dialógica de la verdad entre víctimas y comparecientes convocadas por la Sala de Reconocimiento de Verdad para abordar la temática relacionada con ubicación e identificación de lugares de inhumación de cuerpos en el territorio priorizado del Caso 02 y iv) la construcción e implementación de rutas de trabajo para la búsqueda de desaparecidos con once comparecientes. Esto ha contribuido a establecer el paradero de 31 personas dadas por desaparecidas en la región y a formular quince hipótesis de localización.
El tratamiento de los datos personales y de contacto de las víctimas, así como la información aportada por los comparecientes, se realiza bajo el mandato humanitario y extrajudicial de la UBPD y bajo precisas órdenes judiciales proferidas por el despacho relator del Caso 02 de la JEP, que imponen el deber de guardar la confidencialidad tanto de la información recolectada como de las personas, lugares y comunidades donde se desarrollan las acciones humanitarias de búsqueda y de información que se obtiene como aporte al esclarecimiento de la verdad por parte de los comparecientes en las múltiples diligencias judiciales ordenadas por el despacho relator del Caso 02 desde 2019 hasta la fecha, sobre personas desaparecidas y lugares de inhumación, con el fin de evitar poner en situación de riesgo a víctimas, comparecientes, autoridades y organizaciones étnico-territoriales.
Con este contexto, en 2021 la UBPD inició sus labores de recuperación forense y ha logrado recuperar cinco cuerpos en la zona rural de Tumaco quienes, según hipótesis de los hechos relacionados con la desaparición, habrían fallecido entre 2009 y 2012 en el marco y en razón del conflicto armado interno.
La recuperación de estos cinco cuerpos se realizó en el marco de la investigación humanitaria y extrajudicial denominada “desaparición forzada atribuida a la columna Móvil Daniel Aldana de las FARC-EP en el período 2000-2016” y contó con el aporte de información de los comparecientes del Caso 02 de la JEP Luis Eduardo Carvajal Pérez, Diego Alberto González Castillo y José Geiden Castro Chillambo recluidos en la cárcel ´La Picota´. No obstante, lo anterior, la UBPD cuenta con información aportada por otros once comparecientes del Caso 02, que podría conducir a la prospección y recuperación de personas dadas por desaparecidas en el marco y en razón del conflicto armado en el territorio de cobertura del PRB del Pacífico nariñense.
Por su parte, el despacho relator del Caso 02 de la JEP, que atiende la situación territorial en los municipios de Ricaurte, Tumaco y Barbacoas (Nariño), que incluye hechos presuntamente cometidos por miembros de las Farc-EP y la fuerza pública, entre el 1 de enero de 1990 y antes del 1 de diciembre de 2016, en desarrollo de múltiples diligencias de versiones voluntarias y de construcción dialógica de la verdad con comparecientes, ha obtenido información sobre posibles lugares de inhumación de cuerpos de personas dadas por desaparecidas en el marco y en razón del conflicto armado interno, la cual ha sido trasladada en su integridad a la UBPD.
Tumaco y su zona rural ha sido, desde finales de la década del noventa del siglo pasado, un territorio en disputa por diversos grupos armados, debido a la ubicación estratégica para el control de rutas del narcotráfico y del territorio. El periodo entre 1998 y 2014 es la época con mayores desapariciones forzadas, desapariciones por reclutamiento y desapariciones por participación en las hostilidades.
San Andrés de Tumaco, así como Barbacoas, El Charco, Francisco Pizarro, La Tola, Magüi, Mallama, Mosquera, Olaya Herrera, Ricaurte, Roberto Payán y Santa Bárbara hacen parte de los municipios de cobertura del Plan Regional de Búsqueda Pacífico Nariñense, que tiene un universo preliminar de 1.478 personas dadas por desaparecidas hasta el 1 de diciembre de 2016. De ellas, la UBPD logró consolidar, conjuntamente con la JEP, un universo de desaparecidos en razón del conflicto armado, correspondiente a los municipios de Barbacoas, Cumbitara, El Charco, Magüi Payán, Policarpa, Ricaurte, San Andrés de Tumaco y Santa Bárbara de Iscuandé, que asciende 290 casos, de los cuales 274 serían atribuidos a las Farc-EP donde predomina la desaparición forzada (117), seguida de los consejos de guerra (94), las muertes en combate (31) y los reclutamientos e ingresos (22).
El Caso 02 tiene competencia territorial en tres de los municipios señalados (Tumaco, Ricaurte y Barbacoas), por lo que este universo provisional para esos municipios se alimentó en gran medida de lo recaudado en el Caso 02, particularmente de las más de 200 versiones voluntarias realizadas a los comparecientes, los 47 informes presentados por las víctimas y las más de 240 solicitudes de acreditaciones de víctimas radicadas, algunas de ellas por desaparición forzada.
por Konuco | May 4, 2023 | Destacadas, Judicial e Investigación
La Fiscalía General de la Nación presentó ante un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, con función de control de garantías, al exgobernador de Amazonas, Carlos Arturo Rodríguez Celis, como presunto responsable de varias irregularidades detectadas en el trámite y contratación de un proyecto de generación alternativa de energía. En marzo del 2015, el entonces mandatario acudió ante el Órgano Colegiado de
Administración y Decisión (OCAD) Centro – Sur para que la iniciativa fuera aprobada y cubrir su ejecución con recursos del Sistema General de Regalías.
Ante esta instancia habría desconocido varios requisitos esenciales para lograr la autorización. Por ejemplo, la propuesta no estaba contenida ni soportada presupuestalmente en el Plan de Desarrollo de Amazonas 2012 – 2015, como lo exige la ley; ni tenía el respaldo técnico de la Empresa de Energía para el Amazonas (ENAM), que era la entidad concesionaria encargada de la generación y prestación del servicio de energía en el departamento. El material de prueba da cuenta de que, para subsanar estas anomalías, la Gobernación presentó dos certificaciones. Una con información falsa que pretendía justificar la presencia del proyecto en el plan de desarrollo, sin que en realidad existiera mención alguna en él; y otra suscrita por una empresa que tuvo a su cargo el suministro de energía, antes que ENAM, y que no podía certificar ni dar viabilidad técnica al proyecto.
De esta manera, los funcionarios del OCAD fueron inducidos a error y autorizaron el plan de inversión de generación alternativa de energía. Posteriormente, el Ministerio de Minas y Energía y ENAM alertaron al exgobernador sobre la inconveniencia de continuar con la licitación del proceso contractual por las deficiencias previas detectadas. Lejos de atender cualquier advertencia, el entonces mandatario celebró el contrato No. 955 del 21 de septiembre de 2015, con el objeto de desarrollar soluciones energéticas híbridas para el abastecimiento de energía eléctrica en las comunidades indígenas de Puerto Nariño, Macedonia y San Martín de Amacayacu (Amazonas), y su contrato de interventoría 957 de 21 de septiembre de 2015, por un valor superior a 26.869 millones de pesos En las investigaciones se constató que las poblaciones a beneficiar ya tenían servicio de energía; además, una de ellas no era la misma que fue incluida en el proyecto inicial que presentó la Gobernación de Amazonas ante el OCAD para que fuera aprobado el uso de
regalías. De otra parte, se conoció que la finalidad prevista en el contrato de obra no se cumplió.
por Konuco | May 3, 2023 | Judicial e Investigación
Más de 1.800 personas fueron atendidas en la jornada, que buscaba compartir con la población herramientas para prevenir los delitos que más afectan a la infancia y a la adolescencia en ese departamento.
La Fiscalía General de la Nación, a través del Grupo de Trabajo Nacional de Violencia de Género y el programa de Prevención del Delito Futuro Colombia, llevó la ‘Ruta de Esclarecimiento Itinerante’ a Maicao y Dibulla (La Guajira), con el propósito de escuchar a las mujeres, niñas, niños y adolescentes; e impulsar las acciones investigativas relacionadas con los delitos que más los afectan.
Durante la semana que duró la jornada fueron atendidas 1.800 personas, quienes recibieron orientación y conocieron de primera mano los canales y servicios que tiene dispuestos la Fiscalía, como el chat de comunicación ciudadana e interinstitucional para facilitar el acceso a la justicia penal. La ‘Ruta Itinerante’ contó con el apoyo de los ministerios de Trabajo y de Interior, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, y representantes de organismos internacionales como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACHNUR), Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).
En cifras Gracias a estas actividades de atención ciudadana y a la priorización de los delitos que afectan la integridad y la vida de las mujeres y los menores de edad, la Fiscalía ha resuelto en La Guajira más del 80% de los hechos de violencia intrafamiliar conocidos en 2023. En ese sentido, hay resultados en 108 casos. De otra parte, en violencia intrafamiliar se alcanza una tasa de esclarecimiento del 83%, con una respuesta investigativa y judicial importante en 35 de 42 casos denunciados.
