por Konuco | May 5, 2023 | Destacadas, Judicial e Investigación
La búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el Pacífico nariñense tiene características geográficas y de persistencia del conflicto armado que la distinguen de procesos del mismo tipo en otras zonas del país. Condiciones de movilidad en el mar, en ríos y manglares, además de la presencia activa de grupos armados y minas antipersonal dificultan las labores de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) en el territorio y el avance de la investigación y los aportes a la verdad en el caso 02 de la JEP.
Sin embargo, la UBPD en articulación con el despacho del Caso 02 de la JEP, ha logrado avanzar en su mandato a través de estrategias conjuntas encaminadas a: i) la consolidación del universo de personas dadas por desaparecidas del macrocaso 02; ii) La sistematización y análisis de la información del expediente del macrocaso 02; iii) el apoyo técnico, metodológico y de recolección de información en las diligencia de construcción dialógica de la verdad entre víctimas y comparecientes convocadas por la Sala de Reconocimiento de Verdad para abordar la temática relacionada con ubicación e identificación de lugares de inhumación de cuerpos en el territorio priorizado del Caso 02 y iv) la construcción e implementación de rutas de trabajo para la búsqueda de desaparecidos con once comparecientes. Esto ha contribuido a establecer el paradero de 31 personas dadas por desaparecidas en la región y a formular quince hipótesis de localización.
El tratamiento de los datos personales y de contacto de las víctimas, así como la información aportada por los comparecientes, se realiza bajo el mandato humanitario y extrajudicial de la UBPD y bajo precisas órdenes judiciales proferidas por el despacho relator del Caso 02 de la JEP, que imponen el deber de guardar la confidencialidad tanto de la información recolectada como de las personas, lugares y comunidades donde se desarrollan las acciones humanitarias de búsqueda y de información que se obtiene como aporte al esclarecimiento de la verdad por parte de los comparecientes en las múltiples diligencias judiciales ordenadas por el despacho relator del Caso 02 desde 2019 hasta la fecha, sobre personas desaparecidas y lugares de inhumación, con el fin de evitar poner en situación de riesgo a víctimas, comparecientes, autoridades y organizaciones étnico-territoriales.
Con este contexto, en 2021 la UBPD inició sus labores de recuperación forense y ha logrado recuperar cinco cuerpos en la zona rural de Tumaco quienes, según hipótesis de los hechos relacionados con la desaparición, habrían fallecido entre 2009 y 2012 en el marco y en razón del conflicto armado interno.
La recuperación de estos cinco cuerpos se realizó en el marco de la investigación humanitaria y extrajudicial denominada “desaparición forzada atribuida a la columna Móvil Daniel Aldana de las FARC-EP en el período 2000-2016” y contó con el aporte de información de los comparecientes del Caso 02 de la JEP Luis Eduardo Carvajal Pérez, Diego Alberto González Castillo y José Geiden Castro Chillambo recluidos en la cárcel ´La Picota´. No obstante, lo anterior, la UBPD cuenta con información aportada por otros once comparecientes del Caso 02, que podría conducir a la prospección y recuperación de personas dadas por desaparecidas en el marco y en razón del conflicto armado en el territorio de cobertura del PRB del Pacífico nariñense.
Por su parte, el despacho relator del Caso 02 de la JEP, que atiende la situación territorial en los municipios de Ricaurte, Tumaco y Barbacoas (Nariño), que incluye hechos presuntamente cometidos por miembros de las Farc-EP y la fuerza pública, entre el 1 de enero de 1990 y antes del 1 de diciembre de 2016, en desarrollo de múltiples diligencias de versiones voluntarias y de construcción dialógica de la verdad con comparecientes, ha obtenido información sobre posibles lugares de inhumación de cuerpos de personas dadas por desaparecidas en el marco y en razón del conflicto armado interno, la cual ha sido trasladada en su integridad a la UBPD.
Tumaco y su zona rural ha sido, desde finales de la década del noventa del siglo pasado, un territorio en disputa por diversos grupos armados, debido a la ubicación estratégica para el control de rutas del narcotráfico y del territorio. El periodo entre 1998 y 2014 es la época con mayores desapariciones forzadas, desapariciones por reclutamiento y desapariciones por participación en las hostilidades.
San Andrés de Tumaco, así como Barbacoas, El Charco, Francisco Pizarro, La Tola, Magüi, Mallama, Mosquera, Olaya Herrera, Ricaurte, Roberto Payán y Santa Bárbara hacen parte de los municipios de cobertura del Plan Regional de Búsqueda Pacífico Nariñense, que tiene un universo preliminar de 1.478 personas dadas por desaparecidas hasta el 1 de diciembre de 2016. De ellas, la UBPD logró consolidar, conjuntamente con la JEP, un universo de desaparecidos en razón del conflicto armado, correspondiente a los municipios de Barbacoas, Cumbitara, El Charco, Magüi Payán, Policarpa, Ricaurte, San Andrés de Tumaco y Santa Bárbara de Iscuandé, que asciende 290 casos, de los cuales 274 serían atribuidos a las Farc-EP donde predomina la desaparición forzada (117), seguida de los consejos de guerra (94), las muertes en combate (31) y los reclutamientos e ingresos (22).
El Caso 02 tiene competencia territorial en tres de los municipios señalados (Tumaco, Ricaurte y Barbacoas), por lo que este universo provisional para esos municipios se alimentó en gran medida de lo recaudado en el Caso 02, particularmente de las más de 200 versiones voluntarias realizadas a los comparecientes, los 47 informes presentados por las víctimas y las más de 240 solicitudes de acreditaciones de víctimas radicadas, algunas de ellas por desaparición forzada.
por Konuco | May 4, 2023 | Destacadas, Judicial e Investigación
La Fiscalía General de la Nación presentó ante un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, con función de control de garantías, al exgobernador de Amazonas, Carlos Arturo Rodríguez Celis, como presunto responsable de varias irregularidades detectadas en el trámite y contratación de un proyecto de generación alternativa de energía. En marzo del 2015, el entonces mandatario acudió ante el Órgano Colegiado de
Administración y Decisión (OCAD) Centro – Sur para que la iniciativa fuera aprobada y cubrir su ejecución con recursos del Sistema General de Regalías.
Ante esta instancia habría desconocido varios requisitos esenciales para lograr la autorización. Por ejemplo, la propuesta no estaba contenida ni soportada presupuestalmente en el Plan de Desarrollo de Amazonas 2012 – 2015, como lo exige la ley; ni tenía el respaldo técnico de la Empresa de Energía para el Amazonas (ENAM), que era la entidad concesionaria encargada de la generación y prestación del servicio de energía en el departamento. El material de prueba da cuenta de que, para subsanar estas anomalías, la Gobernación presentó dos certificaciones. Una con información falsa que pretendía justificar la presencia del proyecto en el plan de desarrollo, sin que en realidad existiera mención alguna en él; y otra suscrita por una empresa que tuvo a su cargo el suministro de energía, antes que ENAM, y que no podía certificar ni dar viabilidad técnica al proyecto.
De esta manera, los funcionarios del OCAD fueron inducidos a error y autorizaron el plan de inversión de generación alternativa de energía. Posteriormente, el Ministerio de Minas y Energía y ENAM alertaron al exgobernador sobre la inconveniencia de continuar con la licitación del proceso contractual por las deficiencias previas detectadas. Lejos de atender cualquier advertencia, el entonces mandatario celebró el contrato No. 955 del 21 de septiembre de 2015, con el objeto de desarrollar soluciones energéticas híbridas para el abastecimiento de energía eléctrica en las comunidades indígenas de Puerto Nariño, Macedonia y San Martín de Amacayacu (Amazonas), y su contrato de interventoría 957 de 21 de septiembre de 2015, por un valor superior a 26.869 millones de pesos En las investigaciones se constató que las poblaciones a beneficiar ya tenían servicio de energía; además, una de ellas no era la misma que fue incluida en el proyecto inicial que presentó la Gobernación de Amazonas ante el OCAD para que fuera aprobado el uso de
regalías. De otra parte, se conoció que la finalidad prevista en el contrato de obra no se cumplió.
por Konuco | May 3, 2023 | Judicial e Investigación
Más de 1.800 personas fueron atendidas en la jornada, que buscaba compartir con la población herramientas para prevenir los delitos que más afectan a la infancia y a la adolescencia en ese departamento.
La Fiscalía General de la Nación, a través del Grupo de Trabajo Nacional de Violencia de Género y el programa de Prevención del Delito Futuro Colombia, llevó la ‘Ruta de Esclarecimiento Itinerante’ a Maicao y Dibulla (La Guajira), con el propósito de escuchar a las mujeres, niñas, niños y adolescentes; e impulsar las acciones investigativas relacionadas con los delitos que más los afectan.
Durante la semana que duró la jornada fueron atendidas 1.800 personas, quienes recibieron orientación y conocieron de primera mano los canales y servicios que tiene dispuestos la Fiscalía, como el chat de comunicación ciudadana e interinstitucional para facilitar el acceso a la justicia penal. La ‘Ruta Itinerante’ contó con el apoyo de los ministerios de Trabajo y de Interior, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, y representantes de organismos internacionales como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACHNUR), Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).
En cifras Gracias a estas actividades de atención ciudadana y a la priorización de los delitos que afectan la integridad y la vida de las mujeres y los menores de edad, la Fiscalía ha resuelto en La Guajira más del 80% de los hechos de violencia intrafamiliar conocidos en 2023. En ese sentido, hay resultados en 108 casos. De otra parte, en violencia intrafamiliar se alcanza una tasa de esclarecimiento del 83%, con una respuesta investigativa y judicial importante en 35 de 42 casos denunciados.
por Konuco | Abr 19, 2023 | Judicial e Investigación
Siguen los avances por parte de la Policía Nacional en el país, aunque en su mayoría son pocos los ciudadanos que le tienen fe a esta entidad colombianas, ellos siguen dando golpes a delincuentes que solo buscan dañar la integridad a los ciudadanos.
Aunque en Colombia, presenta un alto índice de delincuencia ya sea a mano de grupos armados, como a delincuentes callejeros que siempre están a la espera de que sus victimas estén al ruedo para cometer su fechoría. Pero han sido tan descarado los procederes de estos delincuentes que no solo les basta quitarte las pertenecías; sino que se encargan de quitarle la vida a sus víctimas, en algunas ocasiones porque muestra resistencia, pero en otras solo porque les genera placer ese proceder.
Mientras tanto, Cartago Fue capturado alias “Pantera” quien se encontraba en el cartel de los más buscados del Valle del Cauca, el sujeto quien es señalado de cometer homicidio y extorsión agravada fue capturado en el municipio de Cartago.
Con esta captura, la fuerza pública demuestra que esta trabajando por el bienestar a de todos los ciudadanos, tanto así, que en Cali se logró capturar a Desiderio Aguirre Silva por el delito de secuestro extorsivo los hechos por los que se vinculan a Aguirre, tienen ocurrencia el mes de enero del presente año, cuando un comerciante, fue secuestrado en la vía Rozo – Cali.
Por otro lado, esta captura está relacionada con la de una mujer presuntamente perteneciente a la misma banda capturada en flagrancia por extorsión en el mes de enero en la recta Cali – Palmira, momentos en que la mencionada recibía una fuerte suma de dinero, producto de una exigencia realizada a la víctima después de su liberación.
Finalmente, con este golpe la Policía Nacional sigue garantizando que sus principios institucionales siempre estarán a cargo de la comunidad, mostrando que siempre estarán dispuesto a disminuir la violencia, los hurto, y los homicidios en el país. Con esto también buscan hacerle sentir a los delincuentes que, aunque los procesos sean lentos siempre estarán tras la pista de cada uno de ellos.
por Konuco | Abr 12, 2023 | Judicial e Investigación
Hablar de historias terroríficas en el país es hablar de las víctimas que dejó la violencia durante muchos años, pero también es importante hablar de las maniobras más bajas que utilizo el gobierno para resaltar el compromiso que tenía la fuerza armada del país.
Es por eso, y que después de tantos años de solo dudas, hoy la Sección de Primera Instancia para Casos de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad del Tribunal para la Paz de la JEP asume la competencia del subcaso Costa Caribe, Batallón La Popa, del Caso 03: ‘Asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por agentes del Estado’, antiguamente conocidos como ‘falsos positivos’.
Y si, falsos positivos que durante mucho tiempo n o ha dejado de resonar en muchas familias colombianas, ya que en su mayoría fueron las mismas familias quienes fueron víctimas de este flagelo. la sección asume así el estudio de la Resolución de Conclusiones No. 3 de 2022, expedida por la Sala de Reconocimiento de la JEP el 7 de diciembre de 2022, para iniciar el proceso que conduce a la emisión de una sentencia e imposición de una sanción propia en contra de los exintegrantes del Ejército que reconocieron su participación en los crímenes de guerra y de lesa humanidad que les fueron imputados.
Por eso, en esta etapa procesal tan importante tendrá una especial preponderancia la participación de las víctimas en el componente reparador y restaurador de las sanciones propias, que serán impuestas a los comparecientes si se comprueba que se superó el umbral de verdad y de reconocimiento que hubo en la justicia ordinaria.
Por otra parte, el Tribunal para la Paz conocerá los casos del mayor (r) Guillermo Gutiérrez Riveros, quien fue comandante encargado de batería y oficial de operaciones vinculado al Batallón de Artillería No. 2 La Popa; el teniente coronel (r) Heber Hernán Gómez Naranjo, quien fue responsable de la sección de operaciones y segundo comandante del batallón; los sargentos primero (r) Efraín Andrade Perea, quien estuvo al frente de la Sección Segunda, y Manuel Valentín Padilla Espitia, agente de inteligencia externa de la Sección de Inteligencia; y el teniente (r) Carlos Andrés Lora Cabrales, quien, además de haber sido comandante de batería, fue comandante del grupo especial Trueno de este batallón.
Finalmente, esta etapa procesal también incluye al subteniente (r) Eduart Gustavo Álvarez Mejía, quien comandó varios pelotones, incluido Zarpazo; al sargento viceprimero (r) José de Jesús Rueda Quintero, quien fue comandante de pelotón; al subteniente (r) Elkin Leonardo Burgos Suárez, quien fue comandante de un pelotón de soldados regulares; al cabo tercero (r) Elkin Rojas, quien fue comandante de escuadra; y a los soldados profesionales Juan Carlos Soto Sepúlveda, quien fue parte del pelotón Albardón 3; y a Yeris Andrés Gómez Coronel y Alex José Mercado Sierra, quienes fueron integrantes del grupo especial Zarpazo.
