por Konuco | Abr 4, 2023 | Judicial e Investigación
Labores investigativas adelantadas por la Fiscalía General de la Nación y el Gaula de la Policía Nacional permitieron judicializar a cuatro presuntos integrantes del grupo delincuencial Los
Caminantes. Los procesados, al parecer, contrataban servicios de transportadores para, supuestamente, realizar trasteos o movilizar mercancías. Una vez los conductores llegaban a los lugares acordados eran retenidos contra su voluntad y les hurtaban los automotores.
También se constató que las familias de las víctimas de los robos eran contactadas vía telefónica, al parecer, desde la cárcel La Tramacúa de Valledupar. En las llamadas los interlocutores exigían elevadas sumas de dinero para dejar en libertad a los camioneros. Las denuncias recibidas dan cuenta de que los detenidos, serían responsables de quitarles los objetos de valor a las víctimas; al igual que sus tarjetas bancarias para saquear las cuentas. La investigación determinó que esta organización venía delinquiendo principalmente en Cundinamarca, y se presume que lo propio hacían en otras regiones del país. Uno de los eventos documentados ocurrió el 22 de noviembre de 2022 cuando un hombre y su hijo fueron contactados para transportar una carga. Durante el recorrido en el municipio de Villapinzón (Cundinamarca) fueron abordados por personas armadas que les hurtaron sus pertenencias, sacaron ilegalmente 9 millones de pesos de sus cuentas y los retuvieron durante dos días. Por su liberación exigían el pago de 90 millones.
Una fiscal especializada adscrita al Gaula de la Seccional Cundinamarca imputó a los capturados, los delitos de secuestro extorsivo agravado, hurto calificado agravado; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego o accesorios. Ninguno de los cargos fue aceptado por los investigados quienes deberán cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario. Los procesados Uno de los presuntos integrantes de ‘Los Caminantes’ es Miguel Andrés Palacio González quien estaba cumpliendo medida privativa de la libertad en su lugar de residencia. Esta persona sería el enlace principal con detenidos en el centro penitenciario de máxima y mediana seguridad de Valledupar. Además, tiene investigaciones en curso por presuntas extorsiones en Armenia (Quindío), Cali (Valle del Cauca) y Sogamoso (Boyacá).
También están siendo judicializadas Diana Giesel Almonacid Salamanca, Ana María Céspedes Ticora y Nicol Natalia Castro Aguirre, quienes se encargarían de cobrar el dinero producto del secuestro de las víctimas.
por Konuco | Abr 3, 2023 | Judicial e Investigación
La Fiscalía General de la Nación informo ante un juez de control de garantías los implicados en la venta de armamento, uniformes y municiones del Ejército Nacional, quienes además pertenecía a la entidad de la estado, se trata de a los sargentos Edison Steven Rodríguez Lancheros y Jorge Alberto Angulo Lozano, quienes al parecer son los principales responsables de los hechos.
La investigación da cuenta de que los funcionarios, al parecer, se valieron de su posición y cargos para obtener de manera irregular material de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, y ponerlo a disposición de particulares. En ese sentido, se estableció que el sargento Rodríguez Lancheros, mientras se desempeñó como bodeguero en una sede militar de Medellín (Antioquia), entre 2021 y 2022, habría desviado armas y munición para fusil de manera sistemática. Para evitar ser descubierto, presuntamente, modificó los documentos de inventario y alteró las cantidades de material que eran despachadas a las distintas unidades. La Fiscalía conoció un evento en el que, al parecer, extrajo una ametralladora M249 y la reemplazó por una réplica inservible para intentar subsanar la ausencia del arma. A finales de 2022, este suboficial fue trasladado a un batallón en Chocó, donde hay indicios de que continuó con la actividad ilegal hasta el día de su captura, en un inmueble de Medellín. En las diligencias los investigadores del CTI y del Gaula Militar encontraron 300 cartuchos para fusil, vainillas de proyectiles percutidos, uniformes y un casco del Ejército Nacional. Por estos hechos, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales le imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, utilización ilegal de uniformes e insignias; y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos. De otra parte, el sargento Angulo Lozano, en su condición de almacenista de un batallón de apoyo y servicio del Ejército Nacional en Medellín, también es señalado de contribuir a la desviación de armamento y munición para fusil, y la adulteración de los inventarios para tratar de ocultar la salida de estos elementos a manos de terceras personas.
En una inspección realizada al almacén a cargo de este funcionario, se constató un faltante de 28.000 cartuchos calibre 5.56. Posterior a esta situación, el uniformado, presuntamente, logró su traslado al Fuerte Militar de Tolemaida (Tolima) en enero del año en curso; donde posiblemente continuaba con los actos ilegales. A este suboficial la Fiscalía le imputó los delitos de concierto para delinquir agravado; y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos. Los dos procesados no aceptaron los cargos y deberán cumplir medida de aseguramiento intramural.
por Konuco | Mar 31, 2023 | Judicial e Investigación
Los hechos al parecer se presentaron luego de que un oficial de policía realizara un procedimiento irregular, lo cual dejo un menor de edad muerto y a un transeúnte herido. Asimismo, habría participado en la falsificación de varios documentos para sustentar la supuesta captura en flagrancia de un mototaxista y su posterior judicialización por el porte ilegal de un arma de fuego, que nunca tuvo en su poder.
La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías al patrullero Cenen Valencia Montenegro, como presunto responsable de un procedimiento irregular en el que murió un adolescente de 15 años, resultó herido un transeúnte, y fue capturado y judicializado, en medio de posibles falsedades, un hombre en Buenaventura (Valle del Cauca). El 23 de noviembre de 2021, se presentó un choque entre un taxi y una motocicleta, el cual había sido solucionado rápidamente entre las partes. Sin embargo, el uniformado llegó al lugar, intervino y le dijo al motociclista que le inmovilizaría el vehículo, utilizado como mototaxi, porque no llevaba los documentos de propiedad. Esta situación generó un forcejeo en el que el funcionario, presuntamente, realizó un disparo en contra del mototaxista. El proyectil impactó a un peatón, que quedó gravemente herido; y, posteriormente, alcanzó a un menor de edad, ocasionándole la muerte.
El mototaxista fue trasladado a una estación. Luego de cuatro horas, le informaron que iba a ser capturado por portar un arma de fuego y unos cartuchos para la misma, elementos que nunca tuvo en su poder. El material de prueba indica que el patrullero Valencia Montenegro, al parecer, usó documentación falsa y tuvo en cuenta hechos inexistentes para sustentar una supuesta detención en estado de flagrancia y una incautación que no ocurrió. De esta manera, se indujo a error a una fiscal que judicializó al trasportador informal. De otra parte, se estableció en la investigación que la motocicleta involucrada en lo sucedido no ha sido devuelta a su propietario y a la fecha se desconoce su paradero. Por estas actuaciones, el patrullero Valencia Montenegro fue imputado por los delitos homicidio con dolo eventual, tentativa de homicidio, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal. El procesado no aceptó los cargos y deberá cumplir medida de aseguramiento intramural.
por Konuco | Mar 30, 2023 | Judicial e Investigación
De igual manera fue sentenciado el exrepresentante de una empresa dedicada a la obtención de material de arrastre, quien vendió los bienes a sabiendas de que estaban afectados con medidas cautelares con fines de extinción del derecho de dominio.
La contundencia de las pruebas aportadas por un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos fue determinante para que un juez penal de conocimiento condenara al exvicepresidente de Planeación de la cementera Cemex, Édgar Ramírez Martínez; y al exrepresentante C.I. Calizas y Minerales, Eugenio Correa Díaz, por la compra irregular de varios predios en los que operaba una mina de caliza, en zona rural de Maceo (Antioquia). La investigación demostró que Ramírez Martínez autorizó la negociación y el pago indebido por los bienes y derechos para aprovechamiento suyo y de Eugenio Correa, por más 40.000 millones de pesos. En ese sentido, suscribió varios otrosíes de memorandos de entendimiento. De otra parte, quedó acreditado que Correa Díazfue el beneficiario de los pagos por los predios, sobre los cuales había medidas cautelares con fines de extinción de dominio que impedían la comercialización.
También se vio favorecido con estos dineros Édgar Ramírez, quien adquirió un apartamento en un exclusivo sector de Bogotá. Por estos hechos el exdirectivo de la multinacional fue sentenciado a 15 años y un mes de prisión por los delitos de administración desleal agravada, falsedad en documento privado y enriquecimiento ilícito; mientras que el exrepresentante de la empresa minera fue condenado a 21 años de prisión por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y falsedad en documento privado. Los dos afectados con el fallo recibieron inhabilidad para desempeñar funciones públicas y ejercer la profesión de administradores durante el mismo tiempo de la pena. Asimismo, deberán pagar multas que superan los 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, para cada uno de los procesados.
por Konuco | Mar 27, 2023 | Judicial e Investigación
Luego de que la Fiscalía General de la Nación, lograra identificar los principales puntos de tráfico de cargamento de la estructura criminal, en conjunto con la Dirección Especializada contra el Narcotráfico, y en un trabajo articulado con la Policía Nacional y la agencia estadounidense DEA, debido al trabajo en conjunto de las entidades se logró identificar el modo de mecanismo de distribución del cargamento que utilizaba la estructura criminal, quienes enviaban cocaína a España.
Por su parte la Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico, y en un trabajo articulado con la Policía Nacional y la agencia estadounidense DEA, identificó a cinco presuntos integrantes de una red dedicada a enviar clorhidrato de cocaína a España. En diligencias realizadas de manera simultánea en Cali y Tuluá (Valle del Cauca) fueron capturados cuatro hombres, y uno más fue notificado en el lugar donde permanece privado de la libertad por otro proceso. De acuerdo con la investigación, estarían involucrados en el camuflaje de diversas cantidades de estupefaciente en contenedores que salían del puerto de Cartagena (Bolívar) rumbo a las terminales marítimas de España.
Los detenidos son: Jeison Baquero Durango, quien sería uno de los inversionistas del andamiaje ilegal; y Jorge Hernán Doria Medina Sinisterra principal coordinador de las actividades de transporte, logísticas y financieras, junto a Pedro Alberto Bermúdez Prado y Jesús Antonio Rivera Larrota, alias Larrota. La Fiscalía los presentó ante un juez de control de garantías y les imputó los delitos tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado; y concierto para delinquir agravado con fines de narcotráfico. Los procesados no aceptaron los cargos y deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.
Por ultimo, este grupo ilegal sería el responsable de enviar 266 kilogramos de cocaína, los cuales fueron decomisados en Barcelona (España) en 2021, junto con la captura de 8 personas en dicho país. En su momento, se estableció que por el alijo habrían sido pagados más de 1.308 millones de pesos para gastos logísticos, dinero que también fue incautado.
