por Konuco | Abr 8, 2023 | Judicial e Investigación
Desde la fiscalía se siguen realizando grandes golpes a las bandas en el país. Uno de ellos fue el respectivo diligenciamiento ejecutada en el Valle del Cauca, Putumayo y Nariño fueron ocupados bienes avaluados en más de 11.400 millones de pesos.
A través de una reciente desarticulación de una red vinculada de elaborar semisumergibles para exportar toneladas de cocaína por el Pacífico colombiano con un destino principal Estados Unidos y varios países de Europa, es así que los fiscales de la Dirección Especializada de extinción del Derecho de Dominio intervinieron y dañaron el patrimonio principal ilícito de esa gran organización.
Asimismo, se les impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargos ñ, secuestro y toma de bienes sobre predios en zonas rurales y urbanas, al mismo tiempo que un Centro de Diagnóstico , logrando superar los 11.400 millones de pesos.
Los procesos de ocupación se llevaron a cabo de manera simultánea en la ciudad de Cali y Tuluá (Valle del Cauca); Pasto entre otros.
Con los elementos de prueba recaudados por parte de la fiscalía de la Dirección Especializada contra Narcotraficantes, quienes lograron poner en evidencia a este grupo ilegal y hace 15 y días se pudo realizar la judicialización de 12 de sus integrantes, una parte de los efectivos obtenidos al parecer ilegalmente habría sido destinado para comprar grandes predios y poner en el funcionamiento de establecimientos comerciales.
La elaboración de los sumergibles se realizaban presuntamente en zonas de la parte costera de Buenaventura y San Pedro del Naya pertenecientes al (Valle del Cauca), puerto Saija (Cauca) y Tumaco (Nariño).
Por último los bienes afectados con fines de extinción de dominio quedaron a la disposición de la (SAE)
Sin duda, el compromiso de la Fiscalía de la Dirección Especializada contra Narcotraficantes, es dar como previo aviso a los grupos ilegales que si se está trabajando para acabar con dichas bandas.
por Konuco | Abr 7, 2023 | Judicial e Investigación
La Fiscalía General de la Nación obtuvo condena de ocho años y tres meses de prisión contra Cruz Alejandra Londoño, alias Lorena, cabecilla de una red de trata de personas que contactaba a jóvenes en ciudades del Eje Cafetero y Valle del Cauca, y con falsas ofertas laborales en China las convencía de viajar a ese país para someterlas a tratos crueles e inhumanos y explotarlas sexualmente.
En el curso de la investigación, la Fiscalía obtuvo de la declaración de, por lo menos, tres víctimas de 19 y 20 años, quienes fueron captadas con el supuesto de que trabajarían como comerciantes en territorio asiático. Posteriormente, la organización criminal les tramitó la visa y les compró tiquetes aéreos para trasladarlas al exterior.
Una vez las mujeres llegaron a Guangzhou (China), alias Lorena las ubicó en un inmueble y, mediante el uso de la fuerza, la violencia y múltiples vejámenes, les quitó los pasaporte y las obligó a realizar actividades sexuales en discotecas y clubes nocturnos. Para evitar que escaparan, a cada una de las afectadas les impuso cuotas de dinero que debían cubrir accediendo a los propósitos de los hombres que visitaban los establecimientos de comercio y las amenazó con tomar represalias en Colombia contra sus familiares.
La Fiscalía determinó que esta estructura inició su actuar ilegal en 2016 y se prolongó hasta finales de 2022.
Ante la contundencia de las pruebas en su contra, alias Lorena aceptó mediante preacuerdo su participación en la actividad ilegal. En ese sentido, un juez penal especializado de Pereira (Risaralda) la declaró responsable de los delitos de trata de personas y concierto para delinquir; y libró orden de captura para que cumpla la pena en centro carcelario.
De igual manera, la decisión estableció que la sentenciada deberá pagar una multa equivalente a 625 salarios mínimos mensuales vigentes y cumplir una inhabilidad para el ejercicio de funciones y derechos públicos por 99 meses.
por Konuco | Abr 5, 2023 | Judicial e Investigación
La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a Jorge Eliecer Díaz Collazos, alias Castor o Dientes, presunto cabecilla de la estructura delincuencial autodenominada ‘Los Costeños’. Esta persona habría creado este grupo ilegal en 2012, y desde entonces, presuntamente, determinó homicidios selectivos, controló las actividades relacionadas con la venta de estupefacientes al menudeo y el cobro de extorsiones, entre otras conductas delictivas realizadas en Barranquilla (Atlántico) y municipios del área metropolitana.
Los elementos de prueba indican que alias Castor sería el responsable de un asesinato ocurrido en Galapa (Atlántico), en marzo de 2018; y otros dos sucedidos en Barranquilla. Una de las víctimas, señalado integrante de ‘Los Costeños’, fue desmembrada y abandonada en un inmueble.
Asimismo, se conoció que el 18 de abril de 2019, al parecer, dispuso de un grupo de sicarios para que ejecutara un ataque armado en el barrio Villa María, en Soledad (Atlántico). Producto de esta acción una persona resultó herida, a su vez la Fiscalía también estableció que Díaz Collazos estaría involucrado en la instrumentalización de niños y adolescentes para cobrar extorsiones a transportadores y comerciantes informales, movilizar las armas usadas para cometer homicidios y distribuir estupefacientes en lugares públicos.
Por estos hechos, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales le imputó los delitos de: homicidio agravado; tentativa de homicidio agravado, uso de menores de edad para la comisión de delitos; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego; y concierto para delinquir agravado. Los cargos no fueron aceptados por el procesado, que deberá cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.
por Konuco | Abr 4, 2023 | Judicial e Investigación
Labores investigativas adelantadas por la Fiscalía General de la Nación y el Gaula de la Policía Nacional permitieron judicializar a cuatro presuntos integrantes del grupo delincuencial Los
Caminantes. Los procesados, al parecer, contrataban servicios de transportadores para, supuestamente, realizar trasteos o movilizar mercancías. Una vez los conductores llegaban a los lugares acordados eran retenidos contra su voluntad y les hurtaban los automotores.
También se constató que las familias de las víctimas de los robos eran contactadas vía telefónica, al parecer, desde la cárcel La Tramacúa de Valledupar. En las llamadas los interlocutores exigían elevadas sumas de dinero para dejar en libertad a los camioneros. Las denuncias recibidas dan cuenta de que los detenidos, serían responsables de quitarles los objetos de valor a las víctimas; al igual que sus tarjetas bancarias para saquear las cuentas. La investigación determinó que esta organización venía delinquiendo principalmente en Cundinamarca, y se presume que lo propio hacían en otras regiones del país. Uno de los eventos documentados ocurrió el 22 de noviembre de 2022 cuando un hombre y su hijo fueron contactados para transportar una carga. Durante el recorrido en el municipio de Villapinzón (Cundinamarca) fueron abordados por personas armadas que les hurtaron sus pertenencias, sacaron ilegalmente 9 millones de pesos de sus cuentas y los retuvieron durante dos días. Por su liberación exigían el pago de 90 millones.
Una fiscal especializada adscrita al Gaula de la Seccional Cundinamarca imputó a los capturados, los delitos de secuestro extorsivo agravado, hurto calificado agravado; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego o accesorios. Ninguno de los cargos fue aceptado por los investigados quienes deberán cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario. Los procesados Uno de los presuntos integrantes de ‘Los Caminantes’ es Miguel Andrés Palacio González quien estaba cumpliendo medida privativa de la libertad en su lugar de residencia. Esta persona sería el enlace principal con detenidos en el centro penitenciario de máxima y mediana seguridad de Valledupar. Además, tiene investigaciones en curso por presuntas extorsiones en Armenia (Quindío), Cali (Valle del Cauca) y Sogamoso (Boyacá).
También están siendo judicializadas Diana Giesel Almonacid Salamanca, Ana María Céspedes Ticora y Nicol Natalia Castro Aguirre, quienes se encargarían de cobrar el dinero producto del secuestro de las víctimas.
por Konuco | Abr 3, 2023 | Judicial e Investigación
La Fiscalía General de la Nación informo ante un juez de control de garantías los implicados en la venta de armamento, uniformes y municiones del Ejército Nacional, quienes además pertenecía a la entidad de la estado, se trata de a los sargentos Edison Steven Rodríguez Lancheros y Jorge Alberto Angulo Lozano, quienes al parecer son los principales responsables de los hechos.
La investigación da cuenta de que los funcionarios, al parecer, se valieron de su posición y cargos para obtener de manera irregular material de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, y ponerlo a disposición de particulares. En ese sentido, se estableció que el sargento Rodríguez Lancheros, mientras se desempeñó como bodeguero en una sede militar de Medellín (Antioquia), entre 2021 y 2022, habría desviado armas y munición para fusil de manera sistemática. Para evitar ser descubierto, presuntamente, modificó los documentos de inventario y alteró las cantidades de material que eran despachadas a las distintas unidades. La Fiscalía conoció un evento en el que, al parecer, extrajo una ametralladora M249 y la reemplazó por una réplica inservible para intentar subsanar la ausencia del arma. A finales de 2022, este suboficial fue trasladado a un batallón en Chocó, donde hay indicios de que continuó con la actividad ilegal hasta el día de su captura, en un inmueble de Medellín. En las diligencias los investigadores del CTI y del Gaula Militar encontraron 300 cartuchos para fusil, vainillas de proyectiles percutidos, uniformes y un casco del Ejército Nacional. Por estos hechos, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales le imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, utilización ilegal de uniformes e insignias; y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos. De otra parte, el sargento Angulo Lozano, en su condición de almacenista de un batallón de apoyo y servicio del Ejército Nacional en Medellín, también es señalado de contribuir a la desviación de armamento y munición para fusil, y la adulteración de los inventarios para tratar de ocultar la salida de estos elementos a manos de terceras personas.
En una inspección realizada al almacén a cargo de este funcionario, se constató un faltante de 28.000 cartuchos calibre 5.56. Posterior a esta situación, el uniformado, presuntamente, logró su traslado al Fuerte Militar de Tolemaida (Tolima) en enero del año en curso; donde posiblemente continuaba con los actos ilegales. A este suboficial la Fiscalía le imputó los delitos de concierto para delinquir agravado; y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos. Los dos procesados no aceptaron los cargos y deberán cumplir medida de aseguramiento intramural.
