por Konuco | Jul 12, 2024 | Destacadas, Judicial e Investigación
Bogotá, D.C., 12 de julio de 2024. La Rama Judicial, mediante un comunicado ha anunciado que el próximo lunes 15 de julio, declarado día cívico, sus servicios se prestarán con total normalidad. Esta decisión busca garantizar que el acceso a la justicia no se vea interrumpido, permitiendo que los ciudadanos puedan llevar a cabo sus trámites judiciales de manera habitual.
Continuidad en la atención judicial
A pesar de ser un día cívico, todas las oficinas, juzgados y tribunales operarán en sus horarios habituales. Los servicios estarán disponibles tanto de manera presencial como virtual, asegurando que los procesos en curso no sufran demoras y que los usuarios puedan gestionar sus asuntos judiciales sin inconvenientes.
Atención presencial y virtual
Los usuarios que necesiten realizar trámites presenciales podrán hacerlo siguiendo las medidas de bioseguridad establecidas. Además, la atención virtual seguirá estando disponible a través de las plataformas y correos electrónicos habilitados para tal fin, facilitando el acceso a los servicios judiciales sin necesidad de desplazamientos.
Compromiso con la eficiencia judicial
Esta medida reafirma el compromiso de la Rama Judicial con la eficiencia y la accesibilidad en la administración de justicia. Al mantener operativos los servicios el día 15 de julio, se busca evitar retrasos en los procesos judiciales y garantizar que los ciudadanos tengan a su disposición todos los recursos necesarios para resolver sus asuntos legales.
Para obtener más información sobre los horarios de atención y los servicios disponibles, se recomienda a los usuarios visitar el sitio web oficial de la Rama Judicial o comunicarse a través de los canales de atención habilitados.
por Konuco | Jul 11, 2024 | Destacadas, Judicial e Investigación
La Fiscalía General de la Nación ha radicado cargos contra varios implicados en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Entre los acusados se encuentra Olmedo López, exdirector de la entidad, quien ha estado cooperando con la justicia, proporcionando pruebas y detalles sobre la red de corrupción.
López ha entregado documentos y testimonios que revelan la implicación de altos funcionarios y congresistas en la malversación de fondos públicos destinados a contratos de emergencia, incluyendo los controversiales contratos de carrotanques para La Guajira. En reconocimiento a su cooperación, la Fiscalía ha implementado un esquema de protección para garantizar su seguridad, mientras continúa colaborando activamente con la investigación.
Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD, también ha recibido medidas de protección después de admitir su participación en el escándalo y pedir perdón públicamente. Pinilla ha prometido aportar más información sobre el flujo de dinero y los beneficiarios de los contratos ilícitos, lo que podría implicar a más figuras políticas y funcionarios públicos.
La investigación ha identificado a al menos 15 congresistas involucrados en la desviación de aproximadamente un billón de pesos a través de contratos amañados. La Fiscalía sigue adelante con las imputaciones y espera que la colaboración de López y Pinilla proporcione más pruebas para esclarecer todos los aspectos del caso.
Este avance en la investigación destaca el compromiso de la Fiscalía de combatir la corrupción y garantizar que todos los responsables enfrenten las consecuencias de sus acciones. La ciudadanía colombiana sigue de cerca el desarrollo de este caso, que promete revelar más detalles sobre la corrupción en las altas esferas del gobierno y la administración pública.
Foto: UNGRD
por Konuco | Jul 10, 2024 | Destacadas, Judicial e Investigación
El recién nombrado ministro de Educación, Daniel Rojas, enfrenta un arresto de diez días debido al desacato de una tutela mientras se desempeñaba como presidente de la Sociedad de Activos Especiales (SAE). Esta sanción fue emitida por el Juzgado Trece de Familia de Oralidad de Medellín justo después de su designación por el presidente Gustavo Petro.
La acción judicial fue iniciada por Juan Guillermo Salazar, quien interpuso una tutela contra la SAE. La sentencia original, emitida el 23 de febrero y ratificada por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, ordenaba a Rojas o a quien ocupara su puesto en la SAE responder a la petición del demandante en un plazo de 48 horas hábiles.
El medio digital El Expediente y el periodista Gustavo Rugeles dieron a conocer en primicia el fallo judicial, que establece: «Se adiciona el fallo para conceder el amparo de tutela frente al derecho fundamental de petición del señor Juan Guillermo Salazar Serna y en contra de la Sociedad de Activos Especiales S.A.E. y, para su restablecimiento, ordena al doctor José Daniel Rojas Medellín, en su calidad de presidente de esa sociedad, o quien haga sus veces, que dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas hábiles siguientes a la notificación de esta sentencia”.
En consecuencia, en el mismo día que se hizo pública su designación como ministro de Educación, Rojas fue sancionado con diez días de arresto domiciliario y una multa de diez salarios mínimos legales mensuales vigentes.
El documento judicial afirma: «Sancionar al doctor José Daniel Rojas Medellín en su calidad de presidente de la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. (SAE) y en calidad de persona natural, o quien haga sus veces, con 10 días de arresto domiciliario y multa de 10 SMLMV, por haber incurrido en desacato al fallo proferido por este Despacho el 23 de febrero de 2024, confirmado y adicionado por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín mediante sentencia del 12 de abril de 2024, dentro de la acción de tutela promovida por Juan Guillermo Salazar Serna”. El arresto se ejecutará en la residencia de Rojas Medellín y se notificó al comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, José Daniel Gualdrón. Además, Rojas deberá pagar la multa en los próximos diez días.
El nombramiento de Rojas ha generado críticas desde diversos sectores, principalmente por su comportamiento en redes sociales, donde ha sido acusado de usar un lenguaje ofensivo y atacar a la prensa. La senadora María Fernanda Cabal expresó en su cuenta de X: “Lo designaron ministro de Educación (eso de lo que carece) y hay una orden de arresto en su contra por un desacato de tutela. Solo pasa en este desgobierno de Petro”.
Foto: @sriosconto
por Konuco | Jul 9, 2024 | Destacadas, Judicial e Investigación
La Procuraduría General de la Nación ha sancionado con 10 meses de suspensión a César Manrique, director del Departamento Administrativo de la Función Pública, y a Arturo Luna, exministro de Ciencia, por su recomendación para nombrar a Moisés Ninco Daza como embajador en México. Según el organismo de control, Ninco Daza no contaba con la experiencia necesaria para desempeñar dicho cargo.
La Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento concluyó que la experiencia de Ninco Daza no alcanzaba el nivel sobresaliente requerido. Por esta razón, ambos funcionarios debieron recomendar no avalar su hoja de vida o justificar detalladamente su idoneidad para el cargo, lo cual no ocurrió.
La Procuraduría encontró que Luna y Manrique emitieron su voto favorable para que el presidente Gustavo Petro compensara excepcionalmente los requisitos necesarios para que Ninco Daza fuera nombrado embajador. Sin embargo, el ente de control destacó que al revisar la hoja de vida de Ninco Daza, se evidenció que no demostraba experiencia sobresaliente en ninguna disciplina o área, ni contaba con reconocimiento como líder juvenil o estudiantil.
La Sala Disciplinaria determinó que la conducta de los funcionarios vulneró los principios de moralidad e igualdad y constituyó una falta disciplinaria grave, cometida con dolo. El concejal de Bogotá, Daniel Briceño, criticó públicamente el nombramiento, señalando que los certificados presentados por Ninco Daza eran inadecuados y que su experiencia laboral era insuficiente para justificar su nombramiento como embajador.
Foto: Colprensa
por Konuco | Jul 3, 2024 | Destacadas, Judicial e Investigación
El presidente Gustavo Petro ha alertado sobre el uso de niños y adolescentes como escudos humanos por parte de grupos armados en Colombia. El pasado 26 de junio, durante combates entre un comando conjunto de la Policía, el Ejército y la Fuerza Aérea contra guerrilleros del ELN en Labranzagrande, Boyacá, fueron rescatados dos menores de edad que habían sido reclutados a la fuerza por este grupo armado.
Los menores, un niño de 13 años y una niña de 16, vestían ropa militar y portaban armas al momento de ser encontrados. Según el coronel Carlos Andrés Realpe, comandante de la XVI brigada del Ejército, los niños se entregaron a las tropas al finalizar los combates y fueron inmediatamente preparados para la recuperación de sus derechos.
«Recuperamos a los niños durante los combates. Vestían ropa militar y táctica. Desafortunadamente, estos grupos siguen utilizando menores en sus actividades delictivas», declaró Realpe. Los menores fueron entregados al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, donde están recibiendo atención médica y psicológica antes de ser reunidos con sus familias.
El Gobierno, que actualmente está en diálogos de paz con el ELN, condenó estos hechos y el secuestro y asesinato de un policía por parte del mismo grupo. «Nuestra delegación condena estos hechos como inadmisibles y violatorios del Derecho Internacional Humanitario y del cese al fuego. Informaremos al mecanismo de monitoreo y verificación y reiteramos que se debe fortalecer la protección de la población civil», afirmó en un comunicado emitido el 26 de junio.
Hasta la fecha, el ELN no ha respondido oficialmente a estos incidentes. El 21 de junio, Antonio García, comandante del ELN, expresó en redes sociales que esperan la reanudación de las actividades de la Mesa de diálogos, pero insistió en que el Gobierno debe cumplir todos los acuerdos firmados.
Este caso es solo uno de muchos que siguen ocurriendo en Colombia, incluso durante los diálogos de paz entre el Gobierno y varios grupos armados, incluido el ELN. En lo que va del año, al menos 116 niños han sido rescatados de grupos como las disidencias de las FARC, el ELN y bandas criminales, según cifras de las Fuerzas Militares.
«Los niños del Cauca se convierten en escudos de los armados contra el Estado. Van 350 niños reclutados de los grupos indígenas, un delito de lesa humanidad», afirmó el presidente Petro, refiriéndose a la grave situación en Cauca, donde la Fuerza Aérea no ha podido bombardear campamentos guerrilleros debido a la presencia de menores reclutados.
«Respetar la vida e integridad de la población civil, especialmente la de niños y adolescentes, es una obligación de los grupos armados ilegales», declaró Julio Balanta, Defensor del Pueblo. El reclutamiento forzado tiene un capítulo especial en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). El caso 07 investiga los crímenes de reclutamiento y utilización de menores cometidos por las FARC.
A principios de mayo, la JEP entregó a la familia los restos de un adolescente de 16 años que estuvo desaparecido por 22 años, pero había sido reclutado por las FARC y murió en combate. Su cuerpo fue encontrado en un cementerio de La Unión Peneya, Caquetá, donde la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas halló 47 cuerpos de víctimas del conflicto, incluidos menores reclutados a la fuerza.
«Uno recuerda jugar y ver muñequitos, y luego ver a mi mamá llorando, buscándolo. Fue duro no verlo ni hacerle un velorio. Mamá sufrió mucho», relató la hermana del menor a los investigadores.
Según la Defensoría del Pueblo, 184 niños entre 9 y 17 años fueron víctimas de reclutamiento forzado en Colombia en 2023, el 68.4% de ellos de comunidades indígenas, uno de los grupos más vulnerables en las zonas de conflicto armado.
Foto tomada de Semana
