por Konuco | Jun 4, 2025 | Destacadas, Judicial e Investigación
La Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ) rechazó este miércoles el anuncio del presidente, Gustavo Petro, de convocar por decreto la consulta popular sobre las reformas laboral y pensional.
La organización consideró que esta decisión representa una forma de abuso del poder presidencial y advirtió que pone en riesgo las reglas del Estado Social de Derecho, en particular la independencia del poder Legislativo.
“Valerse de interpretaciones amañadas de la Constitución Política de Colombia y, más grave aún, atribuir a la norma superior aquello que no dice ni pretende decir, es una forma de abuso del poder presidencial y pone en serio riesgo las reglas del Estado Social de Derecho, en particular la independencia inherente al poder Legislativo”, sentenció la entidad.
La CEJ cuestionó el fundamento jurídico esgrimido por el mandatario para justificar la consulta sin intervención previa del Senado. Señaló que “valerse de interpretaciones amañadas de la Constitución Política de Colombia” y atribuirle a la norma superior competencias que no contempla constituye un desconocimiento de las decisiones legítimas del Congreso de la República.
La Corporación recordó que el Presidente de la República tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir la Constitución, y reiteró que su rol no incluye revisar ni juzgar la forma en que el poder Legislativo adopta sus decisiones. En ese sentido, advirtió que, de expedirse el decreto anunciado, este podría ser considerado ilegal.
La CEJ instó al respeto por la autonomía del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, instancias competentes para definir la legalidad del eventual decreto de convocatoria. Indicó que será en esos escenarios donde se deben examinar todos los aspectos asociados a lo que calificó como un asunto de alta sensibilidad institucional.
“El Presidente de la República no es juez del Senado”, enfatizó la entidad, y recordó que la institucionalidad judicial es el pilar sobre el que se sostiene la vida democrática del país. Reiteró la necesidad de preservar la separación de poderes y la independencia de las ramas del Estado.
Petro anunció el martes que firmará esta semana el decreto para convocar a una consulta popular, argumentando que el Congreso ha bloqueado las reformas. Aseguró que la votación en el Legislativo que negó el trámite de consulta sobre la reforma laboral fue ilegítima, al no haberse discutido el concepto favorable o negativo sobre la iniciativa.
Durante su intervención, el mandatario defendió la reforma laboral como una herramienta para eliminar lo que calificó como “neo esclavismo”, al referirse a la contratación por horas aprobada en la Comisión Cuarta del Senado. También defendió la reforma pensional, ya aprobada por el Congreso y ahora en manos de la Corte Constitucional, destacando el respaldo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Petro afirmó que el actual sistema pensional excluye al 80% de los afiliados a fondos privados, y prometió aumentar la cobertura del 24% al 52% antes de finalizar el año. Reiteró que “el pueblo es el único dueño del poder en Colombia” y pidió a la Corte Constitucional avalar el proceso de consulta.
De Colprensa para Konuco.
por Konuco | Jun 3, 2025 | Destacadas, Judicial e Investigación
La Fundación para el Estado de Derecho aseguró que la intención del Gobierno de convocar una consulta popular por decreto, sin el aval del Senado, representa una fractura institucional que podría desfigurar el régimen constitucional colombiano y afectar la estabilidad democrática del país.
La entidad señaló que esta medida viola tres principios fundamentales: primero, atenta contra un gobierno constitucional basado en la separación de poderes, al desconocer la función legislativa del Senado; segundo, contradice el principio de democracia representativa, que establece que las decisiones políticas deben pasar por los representantes elegidos por la ciudadanía; y tercero, infringe el principio de legalidad, al no cumplir con los procedimientos legales establecidos para la convocatoria de consultas populares.
Según la Fundación, el respeto a estos principios es esencial para garantizar el equilibrio entre las ramas del poder público y preservar la legitimidad de las instituciones colombianas.
Adicionalmente, la organización alertó sobre los riesgos que implica que el Ejecutivo adelante mecanismos de participación ciudadana sin seguir los cauces legales, lo que podría generar precedentes que debiliten el Estado de derecho y la confianza en la democracia colombiana.
El pronunciamiento surge en medio del anuncio del presidente, Gustavo Petro, quien denunció un plan para asesinarlo atribuido a una “junta del narcotráfico” que busca mantener control sobre las instituciones colombianas y anunció que firmará el decreto para convocar una consulta popular para que el pueblo decida sobre las reformas laboral y pensional.
Durante una alocución desde la Casa de Nariño, Petro aseguró que ha sido blanco de múltiples intentos de asesinato, señaló la existencia de armas de guerra y francotiradores cerca de la sede presidencial y afirmó que la organización criminal detrás de estos planes opera desde Dubái con integrantes de diversas nacionalidades.
El mandatario criticó la aprobación en el Congreso de lo que calificó como “neo esclavismo” en la contratación laboral por horas y defendió la reforma pensional respaldada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Insistió en que la consulta popular es necesaria porque considera que el Congreso ha bloqueado estas reformas.
Petro solicitó a la Corte Constitucional que avale la consulta y reiteró que el pueblo es “el único dueño del poder en Colombia”. Además, anunció auditorías para verificar el destino de recursos destinados a la contratación de docentes en áreas como arte e inteligencia artificial y denunció intentos de extorsión a un contrabandista para obtener información sobre vínculos políticos.
De Colprensa para Konuco
por Konuco | Jun 3, 2025 | Destacadas, Judicial e Investigación
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, por presunto conflicto de intereses.
Según la entidad, Roa adquirió, de una manera aparentemente irregular, un apartamento a la empresa Princenton International Holding, cuyo representante legal para la época de los hechos era Serafino Lacono, quien tiene intereses en el sector petrolero.
Para el organismo, el funcionario “pudo estar incurso en un conflicto de intereses, dadas las gestiones adelantadas y la toma de decisiones que adoptaría la empresa de petróleos en el giro ordinario de sus negocios, que involucrarían los intereses de firmas, empresas o sociedades que han tenido vínculos directos o indirectos con el señor Serafino Lacono”.
Ricardo Roa ha estado inmerso en escándalos desde su posesión, no solo por las aparentes irregularidades que hubo en la compra del apartamento, sino por su labor como gerente de la campaña de Petro Presidente, por la cual está siendo investigado.
La Procuraduría solicitó además a Ecopetrol informar si Roa Barragán aportó, al momento de su posesión, una declaración de conflicto de intereses y si la ha actualizado periódicamente durante los años en los que ha desempeñado al frente de la entidad.
De Colprensa para Konuco.
por Konuco | Jun 2, 2025 | Destacadas, Judicial e Investigación
La Corte Constitucional reiteró este viernes su exhorto al Congreso de la República y al Gobierno Nacional para que expidan, sin más dilaciones, un estatuto de educación para las comunidades indígenas. Según concluyó la Sala Sexta de Revisión, persiste un vacío normativo que afecta el ejercicio pleno de los derechos a la participación y a la identidad cultural de estos pueblos.
La decisión se dio al revisar una tutela presentada por la comunidad indígena Totarco, ubicada en el sur del Tolima, la cual alegó vulneración de sus derechos por parte de la Secretaría de Educación Departamental al no concertar las reglas del proceso para seleccionar el personal administrativo de una institución educativa.
Es decir, la comunidad indígena Totarco presentó esta tutela porque la Secretaría de Educación Departamental designó personal administrativo sin consultar ni acordar con la comunidad, lo que consideraron una violación de sus derechos.
El problema principal radica en que en Colombia no existe una ley o reglamento claro que establezca cómo deben seleccionarse las personas que trabajan en las escuelas indígenas, no solo docentes y directivos, sino también el personal administrativo.
Esta falta de regulación impide que las comunidades indígenas participen activamente en la elección de estos empleados y que se respeten criterios que garanticen su identidad cultural y formas propias de organización.
La Corte concluyó que, además del vacío normativo en la designación de docentes y directivos docentes en contextos indígenas, también existe una falta de regulación en cuanto al nombramiento del personal administrativo. Indicó que, aunque su naturaleza es distinta, su designación también debe garantizar el acceso a los cargos públicos con enfoque étnico y concertación previa con las autoridades indígenas.
La Sala, integrada por el magistrado Miguel Polo Rosero, la magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera y la exmagistrada Cristina Pardo Schlesinger, recordó que el exhorto para crear un estatuto de etnoeducación se formuló por primera vez hace más de diez años y fue reiterado en 2021, sin que hasta ahora se haya dado respuesta normativa.
Según explicó el tribunal, la ausencia de este marco legal impide establecer reglas claras y concertadas para procesos de selección en instituciones educativas indígenas, lo que termina afectando el derecho a preservar y fortalecer la identidad cultural de los pueblos originarios.
En este caso concreto, la Corte ordenó al departamento del Tolima adelantar una nueva convocatoria pública para cubrir el cargo de auxiliar administrativo en la institución educativa Totarco Dinde. El proceso deberá concertarse previamente con las autoridades de la comunidad y garantizar criterios de mérito, preferencia por personas pertenecientes a la comunidad y conocimientos básicos sobre su cultura.
De Colprensa para Konuco.
por Konuco | Jun 1, 2025 | Destacadas, Judicial e Investigación
Al menos 34 dragas, tres balsas cargadas con combustible, cuatro botes y unos 10.000 galones de combustible atribuidos a los disidentes de los Comandos de Frontera fueron destruidas en una operación conjunta entre las fuerzas militares de Colombia y Brasil, en el río Puré, territorio indígena de Tarapacá, departamento del Amazonas, en la frontera común.
«¡Golpe binacional a la economía criminal en la Amazonía: $5 millones de dólares neutralizados! No hay lugar donde no podamos llegar para proteger lo nuestro», afirmó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, desde su cuenta de X.
El Ejército aseguró que el operativo se realizó sobre ocho unidades de producción minera ilegal, ubicadas sobre el río Puré y cuya actividad estaría generando «un grave impacto sobre la flora y fauna de la Amazonía«.
Las tropas estimaron que la destrucción de estos focos de minería ilegal le resta unos 25 millones de dólares anuales a esa estructura criminal, de manera que se afectan directamente las finanzas de esa organización.
En el operativo participaron la XXVI Brigada de Selva del Ejército, la División de Asalto Aéreo, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Fiscalía General, mientras que Brasil apoyó las labores con hombres de la Marina de ese país.
«Aquí no solo protegemos la soberanía y la seguridad: defendemos la vida, el agua y los derechos de la naturaleza. El río Puré, es patrimonio de todos los colombianos. El compromiso binacional es claro y firme: Colombia y Brasil suman capacidades militares, tecnológicas y judiciales para cerrar el paso a las economías ilícitas que amenazan la Amazonía«, afirmó Sánchez.
De Colprensa para Konuco.
