Nueva Estrategia Nacional de Lucha contra el Tráfico de Migrantes se aprobó durante la VIII sesión de la Comisión Intersectorial de Lucha contra este delito

Nueva Estrategia Nacional de Lucha contra el Tráfico de Migrantes se aprobó durante la VIII sesión de la Comisión Intersectorial de Lucha contra este delito

Tras la aprobación de la Estrategia, iniciará el proceso legislativo para que Colombia se adhiera al Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire

La Comisión Intersectorial de Lucha contra el tráfico de migrantes está conformada por 11 entidades nacionales y es presidida por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

En la VIII Sesión de la Comisión, presidida por la Viceministra de Asuntos Multilaterales Laura Gil, se presentó y aprobó la nueva Estrategia Nacional de Lucha contra el Tráfico de Migrantes. Este documento nace del trabajo conjunto de las entidades parte de la Comisión Intersectorial, decididas a hacer frente a este delito que afecta a los ciudadanos más vulnerables.

La nueva Estrategia se rige por principios como la garantía de derechos humanos, la participación, la articulación interinstitucional, la acción sin daño y no revictimización, la confidencialidad, la no discriminación, y el interés superior del niño, niña o adolescente, entre otros. Así mismo el enfoque de género, estará presente en la formulación e implementación del Plan de acción de dicha estrategia.

En la reunión la Viceministra de Asuntos Multilaterales anunció el inicio del proceso legislativo para que Colombia se adhiera al Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.

Este Protocolo es el marco jurídico internacional en el que se basa la cooperación en el marco de Naciones Unidas contra este flagelo, al resaltar y promover la cooperación entre los países de origen, tránsito y destino para prevenir y luchar contra el tráfico ilícito de migrantes.

La Comisión Intersectorial de Lucha contra el tráfico de migrantes está conformada por 11 entidades nacionales y es presidida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, creada mediante el Decreto 1692 del 24 de octubre de 2016, la Comisión Intersectorial de Lucha contra el Tráfico de Migrantes es el mecanismo técnico y operativo encargado de coordinar y orientar las acciones que se adopten contra el delito de tráfico de migrantes en Colombia

Por medio de esta Comisión se busca, además de prevenir la comisión del delito y judicializar efectivamente a los criminales, proteger a las personas migrantes que están en una condición aún más grave de vulnerabilidad al estar sujetas a las redes de tráfico.

Fue impactada la organización delincuencial ‘Los Mijitos’ por tráfico de estupefacientes en Cauca, Caldas, Tolima y Cundinamarca

Fue impactada la organización delincuencial ‘Los Mijitos’ por tráfico de estupefacientes en Cauca, Caldas, Tolima y Cundinamarca

A la organización se le han incautado más de 800 kilos de marihuana durante los últimos meses. Fueron capturados en Soacha, Corinto, Chaparral e Ibagué. 

Cinco personas señaladas por la Fiscalía de integrar un grupo de delincuencia organizada dedicado al tráfico de marihuana desde el Cauca hacia los departamentos del Tolima, Cundinamarca y Caldas, fueron capturadas y enviadas a prisión como medida de aseguramiento preventiva, por los delitos de concierto para delinquir y tráfico, fabricación y porte de estupefacientes.

Sus capturas se hicieron efectivas este fin de semana en un trabajo articulado entre el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), e integrantes de la tercera y quinta división del Ejército, de manera simultánea en los municipios de Soacha (Cundinamarca), Corinto (Cauca) y Chaparral e Ibagué (Tolima). 

‘Los Mijitos’ se dedicarían al tráfico de sustancias estupefaciente en grandes cantidades las cuales transportaban desde el departamento del Cauca por vías de difícil acceso como trochas, en vehículos de carga pesada oculta bajo alimentos como plátano, maíz y otros víveres, para luego distribuirla en los municipios de Chaparral, El Espinal, Guamo, Saldaña, Rovira e Ibagué, con destino final Bogotá. 

La investigación 

Investigadores del CTI en cabeza de un fiscal especializado de la Unidad contra el Narcotráfico, los investigan desde hace un año y ocho meses. A lo largo de este proceso se les incautaron más de 800 kilos de marihuana y se logró la captura de varios de sus integrantes. 

Actividades investigativas dan cuenta que José Reinel Chinca Mosquera, de 37 años, en calidad de líder, se encargaba de coordinar toda la red desde Corinto y Toribio (Cauca), hasta el centro del país. Su captura se hizo efectiva en Soacha. 

Edwin González Agudelo, de la misma edad que el anterior, fue capturado en el casco urbano del municipio de Corinto. Este hombre sería el enlace de Chinca Mosquera, encargado de distribuir la sustancia en Cundinamarca. 

Fernando Morales, de 66 años, y quien fuera capturado en vía pública de Chaparral, también desempeñaría el rol de distribuidor en ese municipio y varias localidades del sur del Tolima. 

Por su parte, José Edinson Prieto Aguiar, de 29 años, era quien recibía la sustancia en Ibagué para distribuirla en diferentes expendios. Fue detenido en vía pública del sector de Boquerón de la capital tolimense.

Finalmente, Emelina Salinas Manrique, de 42 años, fue capturada en medio de diligencia de registro y allanamiento en su casa en el barrio Santa Lucía de Chaparral. La mujer cumpliría el papel de distribuidora dentro de la organización delincuencial. Se le incautaron 8 kilos de marihuana. 

Su economía ilícita alcanzaría los 25 millones de pesos mensuales. Durante las diligencias de captura se les incautó, además, $3’435.000 en efectivo producto de la actividad ilícita y varios equipos de telefonía celular.

Fiscalía

La Policía Nacional Incautó más de una tonelada de Marihuana en carreteras de la Guajira

La Policía Nacional Incautó más de una tonelada de Marihuana en carreteras de la Guajira

En las últimas horas la seccional de tránsito y transporte incautó más de 1 tonelada de Marihuana en carreteras de la Guajira.

En la lucha frontal contra el narcotráfico y mediante los controles exhaustivos que realiza la Seccional de Tránsito y Transporte del Departamento de Policía de la Guajira, se incautaron 1.056 kilos de marihuana en la vía Río Palomino – Riohacha, avaluada en más de $3.000 millones de pesos, transportada en 24 costales, con 48 paquetes cada uno. Al momento de la incautación detuvieron al conductor que pasaba por el puesto de control cercano al peaje Ebanal.

La acción de la policía se presentó sobre el kilómetro 34, los policías le hicieron el requerimiento a una persona que se movilizaba en una camioneta Chevrolet Dimax. El conductor de esta camioneta omitió el pare y se dio a la fuga. Los policías comenzaron la persecución y cuando la camioneta transitaba por el kilómetro 24, en inmediaciones de la vereda Santa Rita, el conductor abandonó el carro y empezó a huir.

Al momento de realizar las actividades de inspección, los policías hallaron  24 costales con 48 paquetes cada uno, su peso fue de 1.056 kilogramos y la prueba de identificación con reactivos químicos arrojó positivo para marihuana. Esta incautación tenía como destino la Alta Guajira, donde sería transportada a las Islas del Caribe, en cuyo mercado exterior está avaluada en más de $3.000 millones de pesos.

Más de 530 mil niños y niñas no recibirían alimentación durante el inicio del calendario escolar

Más de 530 mil niños y niñas no recibirían alimentación durante el inicio del calendario escolar

9 Entidades Territoriales Certificadas (ETC) presentan posibles riesgos de cobertura, ya que proyectan iniciar la prestación del servicio de alimentación escolar, 30 días después del inicio del calendario escolar.

Se trata de Córdoba, Valledupar, Sucre, Yopal, Santa Marta, Quibdó, Buenaventura, Neiva y Ciénaga.

Desde diciembre del 2022, a estas 9 ETC les fueron asignados más de $124 mil millones para la vigencia 2023 destinados al Programa de Alimentación Escolar (PAE).

La Contraloría General de la República tiene especial atención sobre la ETC Ciénaga, debido al riesgo de suspensión del PAE en dos semanas por escasa planeación contractual.

Dados los resultados del seguimiento a la vigencia 2022, el acompañamiento preventivo y concomitante de la CGR para 2023 priorizará la evaluación al inicio oportuno y la modalidad de entrega del PAE.

Alrededor de 530.000 niños, niñas y adolescentes en el país están en riesgo de no recibir el servicio de alimentación escolar durante el primer mes del Calendario Escolar de la vigencia 2023, identificó la Contraloría General de la República en el marco del seguimiento alPrograma de Alimentación Escolar (PAE) en todo el país, que realiza a través de la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana y en articulación con el Ministerio de Educación Nacional y la Unidad de Alimentos Para Aprender (UAPA). Del total de 97 Entidades Territoriales Certificadas (ETC), 9 de ellas (Córdoba, Valledupar, Sucre, Yopal, Santa Marta, Quibdó, Buenaventura, Neiva y Ciénaga) presentan riesgo de incumplimiento en el inicio oportuno, debido a una ineficiente planeación para la realización de los procesos de contratación.

A corte del 23 de enero de 2023, Yopal y Neiva declararon desierto el proceso de contratación, Sucre planea iniciar el 15 de marzo, Córdoba está sin prórroga, Santa Marta no ha iniciado proceso de contratación, Valledupar recién empezó proceso de adjudicación, Buenaventura informó estar en rueda de negocio bursátil y Quibdó adjudicó ese mismo 23 de enero.

Deben acatarse principios de planeación en la contratación 

La Contraloría General de la República hace un llamado de atención a estas 9 ETC, ya que desde el 7 de diciembre de 2002 (a través de la Resolución No. 359) les fueron asignados más de 124 mil millones de pesos para ejecución del PAE vigencia 2023 en sus territorios. De igual manera, el organismo de control puso de relieve la situación de la ETC Ciénaga, que durante la vigencia 2022 entregó únicamente Ración Industrializada y en 2023 inició oportunamente su operación, pero corre el riesgo riesgo de suspensión del PAE por contar con sólo dos semanas de ejecución a través de recursos de vigencias futuras.

A este mismo corte, de las 97 Entidades Territoriales Certificadas, 60 iniciaron calendario escolar el pasado 16 de enero, y sólo 45 de estas dieron inicio a la prestación del servicio PAE, por lo que desde las competencias preventivas que tiene la Contraloría, se hace igualmente un llamado de atención a las 15 Entidades Territoriales Certificadas que no cumplieron con este criterio. La Contralora Delegada para la Participación Ciudadana, Alexandra Rodríguez Vela, recordó que “El acatamiento a los principios de planeación en los procesos de contratación deben prevalecer en el territorio nacional para garantizar que el servicio de alimentación escolar se brinde desde el primer día y sin interrupción durante el calendario escolar, como se determina en la Ley 2167 de 2021”.

Asi funciona el proyecto de Ley 108 sobre tratamiento penal alternativo para la seguridad

Asi funciona el proyecto de Ley 108 sobre tratamiento penal alternativo para la seguridad

Explicamos en detalle los pormenores del proyecto de ley 108 de 2022, que tiene como objetivo crear un régimen de tratamiento penal alternativo para la seguridad y la convivencia ciudadana.

¿De dónde nace la construcción de este Proyecto de Ley? 

Nace de la necesidad de implementar en el país la justicia restaurativa a partir de los efectos ocasionados por la pandemia del COVID-19 y las afectaciones a la seguridad ciudadana.

¿Quién y cuándo se presentó?

Se presentó el 3 de agosto de 2022 y el ponente es el honorable Representante a la Cámara Juan Sebastián Gómez González por iniciativa de la Alcaldía Mayor de Bogotá.

¿Quiénes son los proponentes del Proyecto de Ley?

Las propuestas nacen desde la Alcaldía Mayor de Bogotá y los proponentes son:

Juan Sebastián Gómez González

Representante a la Cámara por Caldas – Nuevo Liberalismo

Angélica Lozano Correa

Senadora de la República – Partido Alianza Verde

Katherine Miranda

Representante a la Cámara – Partido Alianza Verde

Olga Lucía Velásquez

Representante a la Cámara – Partido Alianza Verde

Juan Carlos García Gómez

Senador de la República – Partido Conservador Colombiano

Nadia Georgette Blel Scaff

Senadora de la República – Partido Conservador Colombiano

Carolina Giraldo Botero

Representante a la Cámara por Risaralda – Partido Alianza Verde

CAROLINA ESPITIA JEREZ

Senadora de la República – Partido Alianza Verde

¿Cuándo se realizaron las propuestas para integrar al texto del Proyecto de Ley?

En septiembre de 2021 en una reunión sostenida en la Alcaldía Mayor de Bogotá.

¿Quiénes realizaron las propuestas para integrar al texto del Proyecto de Ley?

La alcaldesa mayor de Bogotá Claudia López, el fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa y representantes de la rama judicial.

¿Qué es el principio de Justicia Restaurativa?

La justicia restaurativa es una forma alternativa de abordar la criminalidad centrada en la reparación de la relación entre víctima, victimario y sociedad, a través de la utilización de mecanismos dialógicos de conciliación y mediación que promuevan la reparación integral de los daños causados.

¿Sobre el principio de Justicia Restaurativa qué mecanismos se propusieron de restauración para la víctima?

Con el objeto de garantizar justicia restaurativa, se propuso principalmente que el victimario proceda a reparar integralmente a sus víctimas y a la sociedad, a través de la imposición de trabajo social no remunerado.

¿Qué tipo de mecanismos transformadores se plantearon para los condenados?

Para garantizar la NO repetición de las conductas, la alternatividad penal propuesta en este proyecto se basa, además de la privación real de la libertad, en la utilización de estos espacios para la realización de actividades que permitan otorgar a los procesados las herramientas reales para no volver a incurrir en conductas delictivas, tales como participación obligatoria en programas de instrucción en artes, oficios o educación formal; programas con contenido social reparador; programas de tratamiento y rehabilitación de adicciones; y trabajo social no remunerado.

¿Qué se propuso sobre el tipo de sanciones efectivas?

• Habrá garantía de privación real de la libertad en Centros de Retención para la Trasformación Social y la Seguridad Ciudadana –CERTS-.

• El proyecto propone un giro en la política criminal basado principalmente en el cumplimiento de sanciones reales y no simplemente en el efecto simbólico de penas muy altas.

• También se propone un procedimiento rápido y eficiente que cuenta con fiscales y jueces propios cuya duración no deberá ser superior a cinco (5) meses o cuatro (4) meses en casos de flagrancia.

• Se proponen sanciones alternativas consistentes en trabajo social no remunerado y privación transformadora de la libertad en Centros Especializados.

¿Cuál es la diferencia con el proyecto que propone el Gobierno Nacional?

La principal diferencia consiste en reconocer primero los derechos de los ciudadanos víctimas, combatiendo la impunidad, pero con sanciones efectivas que contribuyan realmente a la resocialización de los infractores de la Ley.

 ¿En qué etapa va?

Actualmente, el Proyecto está con ponencia favorable para primer debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.