por Konuco | May 13, 2025 | Destacadas, Judicial e Investigación
Después de 5 años de investigación, la Procuraduría reconoció la responsabilidad de miembros del Ejército en el perfilamiento y seguimiento ilegal de periodistas en una operación denunciada en su momento, mayo de 2020, por la revista Semana, a través de la publicación «Las carpetas secretas».
Según la Procuraduría, 9 miembros del Batallón de Ciberinteligencia Militar hicieron actividades ilegales de seguimiento, perfilamiento y recopilación de datos en contra de 130 personas, de los cuales al menos treinta eran periodistas.
De acuerdo con lo que reveló Semana en su momento y que ahora confirma la Procuraduría, los miembros del Batallón de Ciberinteligencia militar recolectaron datos sobre las fuentes, información de geolocalización y la vida privada y profesional de periodistas como María Alejandra Villamizar, periodista de Caracol Televisión; Nicholas Casey, de The New York Times; el fotógrafo Federico Ríos, y Andrea Aldana y Óscar Parra, de Rutas del Conflicto, entre otros.
Los periodistas, vinculados a medios nacionales e internacionales, estaban investigando asuntos de orden público como la posible reactivación de las ejecuciones extrajudiciales y el posible desvío de recursos económicos en el Ejército y la Policía.
María Alejandra Villamizar, periodista de Caracol Televisión, entrevistó a Pablo Beltrán, miembro del Comando Central del ELN, por lo cual, dentro de la operación ‘Habil’, que se adelantaba contra ese guerrillero, se autorizó hacer actividades de seguimiento contra ella.
En una reunión, llevada a cabo en marzo del año 2019, con participación de altos mandos, incluyendo al Comandante de la Brigada de Inteligencia Militar 1, el coronel Juan Esteban Zapata Cifuentes, se autorizó al coronel Julio Tobías López Cuadros, jefe de Estado Mayor de la Brigada Inteligencia, requerir al comandante del Batallón de Inteligencia Militar Estratégica 4 información sobre ella.
En el caso de Nicholas Casey, de New York Times, el fotógrafo Federico Ríos, la periodista Andrea Aldana y medios como Rutas del Conflicto también se requirió información a través de actividades ilegales, por orden del brigadier general Gonzalo Ernesto García Luna, comandante del Comando de Apoyo de Combate de Contrainteligencia Militar.
Los datos recolectados evidenciaron que el Ejército vinculó injustificadamente a los periodistas Andrea Aldana y Óscar Parra, de Rutas del Conflicto, con grupos guerrilleros.
La Procuraduría señaló que el uso de herramientas de investigación por parte de agencias de inteligencia debe estar orientada a “la defensa de la soberanía, la seguridad nacional y el orden constitucional” y no para violar la privacidad, la libertad de expresión y la reserva de las fuentes periodísticas.
Los nueve miembros del Ejército sancionados son el brigadier general Gonzalo Ernesto García Luna, comandante del Comando de Apoyo Combate de Inteligencia Militar; el coronel Juan Esteban Zapata Cifuentes, comandante de la Brigada de Inteligencia Militar 1; el coronel Benjamín Andrés Ramírez Villalobos, jefe de Estado Mayor de la BRIMI1; el coronelJulio Tobías López Cuadros, oficial de operaciones de la BRIM11, el coronel Milton Eugenio Rozo Delgado, comandante del Batallón de Inteligencia Militar Estratégica 4; el coronel Hugo Armando Díaz Hernández, comandante del Batallón de Inteligencia Militar Estratégico 4; el mayor Mauricio Quintero Arias, comandante del Batallón Contrainteligencia de Seguridad de la Información; el mayor Eduardo de la Torre Díaz, segundo comandante del Batallón de Cibertinteligencia, y el teniente Luis Carlos Trujillo Perdomo, comandante de la Compañía «B» de Ciberexplotación.
La Fundación para la Libertad de Prensa, que ha sido parte del proceso, manifestó en un comunicado que «los seguimientos e interceptaciones ilegales de comunicaciones por parte de instituciones del Estado tuvieron efectos nocivos sobre el ejercicio periodístico. La vigilancia ilegal configuró una violación al derecho de la reserva de sus fuentes y generó un clima de miedo y autocensura en las víctimas, e hizo que varias de ellas se abstuvieran de continuar con investigaciones y reportajes sobre temas como el conflicto armado y la corrupción estatal».
La entidad apeló la decisión de la Procuraduría pues la entidad tipificó la conducta del Ejército como una falta disciplinaria grave y no gravísima, lo cual implica que los responsables sean sancionados con una pena menor, que incluye la suspensión de sus cargos y la inhabilidad para ejercer funciones públicas entre 3 y 6 meses.
A pesar de los avances en lo disciplinario, en lo penal no ha habido mayores avances, según la FLIP.
por Konuco | May 12, 2025 | Destacadas, Política
El Gobierno anunció oficialmente la ampliación de las gestorías de paz para varios de los ex jefes paramilitares.
“Prorrogar por dos (2) meses, a partir de la vigencia de la presente resolución, la calidad como gestores de paz y en las mismas condiciones de la Resolución 453 del 8 de noviembre de 2024”, señaló la resolución 152 firmada por el presidente, Gustavo Petro.
Esta medida cobija a reconocidos actores del conflicto armado en Colombia como Arnubio Triana Mahecha, Héctor José Buitrago Rodríguez, Ramiro Vanoy Murillo, Hernán Giraldo Serna, Luis Eduardo Cifuentes Galindo, Manuel de Jesús Pirabán, Juan Francisco Prada Márquez, José Baldomero Linares Moreno.
También se encuentran Salvatore Mancuso Gómez, Carlos Mario Jiménez Naranjo (alias «Macaco»), Diego Fernando Murillo Bejarano («Don Berna»), Rodrigo Tovar Pupo («Jorge 40»), Rodrigo Pérez Alzate, Fredy Rendón Herrera, Edwar Cobos Téllez y Héctor Germán Buitrago Parada.
Aunque inicialmente el mandatario señaló que eran 18 los ex jefes paramilitares beneficiados con esta medida, el documento confirmó el retiro de este rol como gestor de paz de Ramón María Isaza Arango y de Hebert Veloza García, reconocida el 8 de noviembre de 2024.
En el caso de Veloza García, conocido con el alias «HH» se tomó la decisión en razón a que él rechazó el nombramiento como gestor de paz, mientras que Isaza se debió a problemas de salud.
La resolución publicada advirtió que esta determinación se dio para que contribuyan “con su conocimiento y experiencia al desarrollo de actividades de construcción de paz y garantías de no repetición, estructuración de procesos de paz y estrategias de acercamientos con actores armados ilegales”.
Según explicó Petro en su momento, la decisión se tomó con la finalidad de cerrar el proceso de diálogo conocido como Ralito, que inició en el gobierno de Álvaro Uribe, además de finiquitar la entrega de bienes y tierras por parte de los ex paras.
Además, el documento enfatiza que se acordó el desarrollo de mesas técnicas y de actividades de construcción de paz y garantías de no repetición con actores armados ilegales. Sin embargo, seis meses después de publicada la resolución inicial, aún no se ven acciones al respecto, ni se ha resarcido a las víctimas.
por Konuco | May 12, 2025 | Destacadas, Judicial e Investigación
Los hallazgos de la Corte Suprema de Justicia sobre el escándalo en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), según los cuales congresistas habrían recibido dinero público para respaldar proyectos del Gobierno, podrían incidir en el análisis de validez formal que debe realizar la Corte Constitucional sobre la reforma pensional.
Si se confirma que el trámite legislativo fue viciado por sobornos, podría discutirse la exequibilidad de la Ley 2381 de 2024.
El abogado constitucionalista Juan Manuel Charry explicó a Colprensa que no existen antecedentes en los que la Corte Constitucional haya solicitado documentación penal sobre congresistas procesados por hechos relacionados con la aprobación de una ley.
Sin embargo, advirtió que “si hubo sobornos y delitos alrededor del trámite de la ley, hay que considerar el debido proceso y podría ser causal de una inexequibilidad”.
La reforma pensional, aprobada por el Congreso entre 2023 y 2024, está actualmente en revisión por parte del alto tribunal para establecer si cumple con los requisitos constitucionales, tanto en el fondo como en la forma.
Sugerencias: Medidas de aseguramiento a dos hombres por agresiones intrafamiliares en Yopal
La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema ordenó la semana pasada la captura de los congresistas Iván Name y Andrés Calle por presunto cohecho. El auto judicial señaló que ambos legisladores recibieron pagos entre octubre y noviembre de 2023 para respaldar iniciativas del Gobierno, entre ellas la reforma pensional y la reforma a la salud.
Según el alto tribunal, Name habría recibido $3.000 millones, mientras que Calle recibió $1.000 millones. Los recursos provenían, según la investigación, de un anticipo girado desde la UNGRD para la compra de carrotanques destinados al abastecimiento de agua potable en La Guajira.
La Corte Suprema concluyó que los congresistas conocían que el dinero recibido tenía un vínculo funcional con recursos públicos desviados. Estos habrían sido utilizados para financiar campañas locales en las elecciones del 29 de octubre de 2023.
El penalista Francisco Bernate explicó que el proceso contra Name y Calle, regido por la Ley 600, no permite negociaciones ni preacuerdos. Afirmó que los delitos imputados, como peculado por apropiación y cohecho, podrían acarrear penas de hasta 33 años de prisión.
Bernate también señaló que el escándalo afecta gravemente la legitimidad de las reformas del Gobierno, al involucrar simultáneamente a actores de los poderes Ejecutivo y Legislativo. Advirtió que, si se prueba injerencia en la elección de magistrados, podría comprometer incluso la independencia del poder judicial.
Aunque la Corte Constitucional no suele intervenir sobre investigaciones penales que afectan el trámite de las leyes, Charry considera que este caso podría abrir una discusión sobre los efectos del delito en el procedimiento legislativo.
En este escenario, el alto tribunal podría evaluar si el proceso de aprobación de la reforma pensional conservó la integridad exigida por la Carta Política o si el vicio de procedimiento compromete su exigibilidad.
Por ahora, la decisión está en manos de los magistrados constitucionales, quienes deberán deliberar si la reforma, promulgada como Ley 2381 del 16 de julio de 2024, puede mantenerse vigente pese a las graves irregularidades denunciadas en su trámite.
De Colprensa para Konuco.
por Konuco | May 12, 2025 | Destacadas, Política
El distanciamiento entre el presidente, Gustavo Petro, y uno de sus colaboradores más cercanos, Gustavo Bolívar, se está haciendo cada vez más evidente.
Luego del regaño público que Petro le dio a Bolívar por participar el viernes en un acto público en el Catatumbo, a pesar de que ya presentó su renuncia para evaluar una posible candidatura presidencial, Bolívar reconoció este lunes que el mandatario le ha dicho que no es un buen candidato para el Pacto Histórico porque no convoca a otros sectores políticos.
En entrevista con BluRadio, Bolívar admitió que hubo un malestar entre él y el presidente el pasado viernes, que atribuyó a una confusión por la fecha en que se debe llevar a cabo su renuncia, y reveló que desde que le presentó la carta al presidente para evaluar el lanzamiento de su eventual candidatura, se ha dado un distanciamiento cada vez mayor con él.
Bolívar justificó su presencia el pasado viernes en Tibú en el hecho de que su renuncia solo se hace efectiva el próximo viernes, 16 de mayo. «Hasta ese día me están pagando», dijo.
Explicó que fue invitado a Tibú por el DAPRE para hablar de los subsidios que se están entregando a la población mayor. «Yo ni siquiera pedí que me invitaran», señaló. Y añadió que estando allá, le informaron que debía hacer una intervención mientras llegaba el presidente, lo cual terminó molestando al mandatario.
Sugerencias: Medidas de aseguramiento a dos hombres por agresiones intrafamiliares en Yopal
«Me hubieran podido frenar ahí, antes de hablar», aseguró.
Sobre su distanciamiento con el presidente, Bolívar señaló que empezó desde una reunión que tuvieron en la que le manifestó su intención de renunciar para lanzar su candidatura presidencial.
Bolívar contó que Petro le dijo que lo pensara bien porque el Pacto Histórico debía «tener un candidato más convocante», a lo que Bolívar le respondió que él estaría dispuesto a retirarse si fuera necesario, pero le pidió a Petro que no lo dejara por fuera de la posibilidad de ser candidato.
Bolívar es el candidato que lidera las encuestas entre los aspirantes del Pacto Histórico, pero, según él, a Petro no le gusta su candidatura porque no está dispuesto a hacer alianzas con políticos tradicionales, que son necesarias para ganar la Presidencia. «Le preocupa que yo le pueda decir no a ciertas personas», dijo.
“Siéntase orgulloso de que alguien de las entrañas del gobierno está encabezando las encuestas porque eso demuestra que su gobierno no es un fiasco como mucha gente lo dice”, contó Bolívar que le dijo a Petro.
Bolívar dijo, sin embargo, que no va a ser un obstáculo para el Pacto Histórico: “Si pierdo, cargaré la maleta del que gane». Si gano, espero que hagan lo mismo conmigo”.
De Colprensa para Konuco.
por Konuco | May 12, 2025 | Destacadas, Judicial e Investigación
La jueza del caso Uribe fue enfática este lunes en afirmar que no permitiría que el proceso prescriba, lo cual podría ocurrir si no se emite un fallo antes de mediados de octubre.
Lo hizo al cuestionar la actuación de la defensa del expresidente, quien no agendó más testigos a la diligencia de juicio lo que hizo que tuviera que suspenderse más temprano.
“Por favor, no sean solamente cinco testigos, porque si no, nos va a dar acá la Navidad señalando y señalando fechas y fijando simplemente unas audiencias de dos y tres horas (…). La idea es evacuar y poderle resolver esta situación jurídica al señor procesado, ¿en qué momento vamos a hacer alegatos de cierre y en qué momento vamos a adoptar la decisión?”, puntualizó la juez.
Durante la audiencia de este lunes solo comparecieron tres testigos. Entre ellos, el exsenador Mario Uribe quién aseguró que exparamilitares tenían planeado involucrar al expresidente y su hermano Santiago Uribe en una masacre registrada en 2003.
Sugerencias: Medidas de aseguramiento a dos hombres por agresiones intrafamiliares en Yopal
Según el exsenador, se enteró que Carlos Enrique Vélez tenía planeado involucrar a ambos en una masacre de indígenas registrada el 8 de junio de 2003.
También declaró sobre su relación relación con Diego Cadena, a quien conoció en febrero de 2017 en una cafetería en Bogotá, presentado por José Manuel Rodríguez Torres y Hugo Ramírez.
«Cuando llegué a Medellín, llamé a Uribe y me dijo tráigalo. Llamé a Cadena y le dije el señor expresidente lo recibe, organice su viaje y me avisa cuando vaya a venir. Luego, lo recogí en mi carro en el aeropuerto, almorzamos y fuimos a la casa de Uribe», señaló Mario Uribe.
La lista de testigos por parte de la defensa también incluye a su hermano Santiago, a su exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, a los abogados Juan Felipe Amaya Mejía y Franklin Geovani Guevara Bernal, al ex senador y primo del expresidente, Mario Uribe Escobar, y al exfiscal general Néstor Humberto Martínez, entre otros.
En la lista también aparecen el exministro Fabio Valencia Cossio, el abogado Diego Cadena y al ex representante Álvaro Hernán Prada, quienes también son investigados por este caso.
En el juicio y por parte de la Fiscalía, ya declararon el senador Iván Cepeda, el condenado Juan Guillermo Monsalve y su exesposa, Deyanira Gómez. Además del abogado Héctor Romero, señalado de ser el responsable de meter el reloj espía a la cárcel para entregarlo a Monsalve y que sirvió para grabar las supuestas presiones a favor de Uribe.
También lo hizo Pablo Hernán Sierra, exmiembro del Bloque Metro de las Autodefensas, quien contó los orígenes del Bloque Metro a mediados de la década de 1990, y afirmó que cuando quiso declarar sobre la participación de los hermanos Uribe en ese grupo fue excluido del sistema de Justicia y Paz.
De Colprensa para Konuco.
