por Konuco | May 31, 2024 | Destacadas, Política
Foto: JAIME ACOSTA (REUTERS)
La Procuraduría General de la Nación ha emitido una advertencia urgente a la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, sobre los graves riesgos que enfrenta Colpensiones en caso de que se apruebe la reforma pensional. La principal preocupación de la Procuraduría radica en la falta de capacidad de Colpensiones para gestionar los nuevos afiliados y aportes que se derivarían de la reforma.
En una carta enviada el 30 de mayo, la procuradora delegada, Diana Margarita Ojeda, destacó que no existe claridad sobre cómo Colpensiones administraría la afluencia de nuevos afiliados y aportes. La Procuraduría ha señalado que, a lo largo de varios años y en diferentes mesas técnicas, se han evidenciado retrasos significativos en la atención de trámites y una gestión deficiente para ponerse al día.
Además, la Procuraduría notificó a la ministra Ramírez que al menos 45 temas estructurales del sistema requerirán una reglamentación posterior. Esto podría llevar a una alta judicialización y vulneración de los derechos de los afiliados, especialmente aquellos que soliciten prestaciones económicas y se vean afectados por las demoras en la reglamentación.
La Junta Directiva de Colpensiones informó que, al 31 de marzo de este año, se encontraban pendientes 48.833 trámites. La Procuraduría también recordó los problemas surgidos durante la transición del Instituto de Seguros Sociales (ISS) a Colpensiones, que llevó a la Corte Constitucional a declarar un Estado de Cosas Inconstitucional en 2013, una situación que solo se superó parcialmente en 2015.
El ente disciplinario subrayó que Colpensiones no cuenta con la capacidad técnica, administrativa ni operativa para implementar la reforma y gestionar aproximadamente 19 millones de nuevos afiliados. A pesar de los planes de contingencia, los atrasos en las decisiones sobre prestaciones económicas para la población afiliada actual no se han resuelto. La meta era reducir las solicitudes vencidas a 5.500 para el 31 de diciembre de 2023, pero el informe del 20 de octubre de 2023 reveló que había 8.609 trámites pendientes.
Por ello, la Procuraduría hace un llamado al Gobierno Nacional, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y al Congreso de la República para que consideren los estudios y análisis del costo fiscal que implicará la reforma para el Presupuesto General de la Nación. Se insiste en la necesidad de contar con estudios de impacto fiscal y de sostenibilidad financiera del sistema de Protección a la Vejez a mediano y largo plazo.
Esta advertencia ya había sido emitida en un documento previo durante el segundo debate de la reforma en el Senado, destacando los riesgos de sostenibilidad financiera del régimen pensional. En esa ocasión, la Procuraduría manifestó que la aprobación de la reforma no contó con los estudios técnicos y recomendaciones de diversos expertos.
por Konuco | May 30, 2024 | Destacadas, Judicial e Investigación
Este miércoles, el Consejo Superior de la Judicatura confirmó que seguirá ejerciendo sus funciones de gobierno y administración de la Rama Judicial, conforme a la sentencia sobre el proyecto de Ley que modifica la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, la cual fue parcialmente declarada exequible por la Corte Constitucional.
En consecuencia, el órgano de gobierno de la Rama Judicial seguirá tomando decisiones sobre políticas que aseguren la autonomía e independencia judicial, el acceso a la justicia, la eficiencia de la Rama Judicial y la tutela judicial efectiva.
Además, se informó que se declaró constitucional la competencia del Consejo Superior de la Judicatura para crear, modificar y eliminar despachos judiciales, considerando los territorios con relaciones funcionales, sociales, económicas y ambientales más allá de la organización política, así como la coordinación con autoridades administrativas y otros actores en la resolución de conflictos.
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Por otro lado, la Corte Constitucional declaró inconstitucionales las funciones de definición de políticas de la Rama Judicial, emisión de conceptos vinculantes y elección del director ejecutivo de administración judicial, asignadas en el trámite legislativo a la Comisión Interinstitucional, ya que estas competencias fueron otorgadas al Consejo Superior de la Judicatura por la Carta Política.
Sin embargo, la Corte aclaró que la administración y el gobierno de la Rama Judicial deben considerar y responder a las necesidades de las corporaciones, funcionarios, empleados judiciales y la ciudadanía.
La sentencia también establece que la Rama Judicial debe diseñar e implementar un plan estratégico para superar barreras y mejorar el acceso a la justicia, especialmente para poblaciones rurales, vulnerables y personas con discapacidad.
En cuanto a la conformación de listas del Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, el criterio de equidad de género del proyecto de ley garantizará al menos la paridad entre hombres y mujeres en estas instituciones.
El Consejo Superior de la Judicatura también deberá elaborar un Plan de Transformación Digital para la Rama Judicial cada cuatro años, identificando las necesidades en el uso de TIC y los cambios de modelo necesarios para asegurar el acceso a la justicia. Además, tendrá la responsabilidad de establecer lineamientos y contenidos mínimos para que las cortes, tribunales superiores y administrativos, y juzgados rindan cuentas a la ciudadanía y a los servidores judiciales, promoviendo así la rendición de cuentas y el seguimiento ciudadano de la gestión judicial.
En relación con el acceso a la carrera judicial, se estipula la realización de concursos de ascenso para funcionarios o empleados escalafonados en el grado salarial inferior, siempre que cumplan con los requisitos y condiciones para los cargos convocados.
Finalmente, sobre el presupuesto de la Rama Judicial, la sentencia declaró constitucional el mandato de que este sea equivalente al 3% del presupuesto de rentas y recursos de capital del tesoro nacional, entendiéndose como una realización gradual e incremental.
por Konuco | May 30, 2024 | Destacadas, Política
Luego de los recientes ataques en el departamento del Cauca, del aumento en los indicadores de violencia en diferentes regiones del país, así como la falta de gestión en los programas sociales y la falta de criterio para la toma de decisiones en cuanto a garantizar la seguridad energética para los colombianos, Cambio Radical y el Centro Democrático, acompañados de representantes de otros partidos radicaron ante la mesa directiva de la Cámara de Representantes moción de censura a los ministros de las carteras de Defensa, Igualdad y Minas y Energía.
“Colombia no aguanta una masacre más, un ataque a la población civil, más desplazamientos, hemos retrocedido 21 años en cifras de violencia. Tampoco es justo que se dilapiden los recursos en una cartera que no ha ejecutado sino el 1% de sus programas, como en el caso del Ministerio de la igualdad con tantas problemáticas que hay que resolver. Peor aún que en pleno fenómeno de El Niño no se hayan tomado decisiones con criterio, sino con una absoluta irresponsabilidad poniendo en riesgo el suministro de energía para los colombianos. Desde la oposición estamos en el deber de exigirle a este gobierno, a estos ministros que no pueden seguir pasando de agache, gastando recursos y poniendo en juego la vida misma de los colombianos”, expresó la representante de Cambio Radical, Carolina Arbeláez.
Así las cosas, y de acuerdo con las mociones radicadas, se han expuesto graves hechos de estas tres carteras por los cuales se cita al debate de moción de censura, entre los que se cuentan: En cuanto al ministerio de la Igualdad, en cabeza de la vicepresidenta Francia Elena Márquez Mina, se argumenta que hay denuncias relacionadas con la gestión y decisiones tomadas por la ministra en el ejercicio de sus funciones, además de la percepción de una ineficiente administración de los recursos asignados al Ministerio de Igualdad, así como la falta de resultados concretos en la implementación de políticas públicas dirigidas a reducir las brechas de desigualdad en el país.
En ese sentido se resalta el cuestionamiento a la transparencia en la ejecución de proyectos y programas financiados con fondos públicos como el decreto 1649 de jóvenes en paz cuya inversión es de $1.5 billones, y las constantes denuncias de organizaciones sociales sobre la ineficacia de las medidas adoptadas por el Ministerio para proteger los derechos de las poblaciones más vulnerables como afrodescendientes, indígenas y mujeres, quienes continúan enfrentando altos niveles de discriminación y violencia en el país.
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En cuanto a la cartera de Minas y Energía, liderada por Omar Andrés Camacho Morales, se argumenta la deficiente gestión que ha puesto en riesgo la seguridad energética del país, llevándolo a una crisis energética. De igual forma, en los últimos 20 meses la operatividad de la Comisión de Regulación de Energía y Gas ha sido cuestionada ya que en algunos periodos no ha tenido el número de comisionados requeridos para validar quórum en la toma de decisiones, situación que fue critica durante el fenómeno de El Niño, donde se requirieron decisiones regulatorias para garantizar el abastecimiento.
En ese sentido el documento también afirma que el Ministerio, con la decisión de no asignar más áreas de exploración, está poniendo en riesgo la seguridad energética del país. También hace referencia a que el informe de reservas de gas, al día de hoy, refleja que estas se han reducido en 6 años situación de gran importancia para los hogares en Colombia.
Finalmente, en la cartera de Defensa a cargo de Iván Velásquez Gómez, la citación hace un recuento detallado de cómo durante el año 2024 el departamento del Cauca ha sido escenario de múltiples atentados y ataques perpetrados por grupos armados, especialmente por el Estado Mayor Central, EMC, y disidencias de las Farc. La intensidad del conflicto armado en el Cauca ha llevado a medidas extremas en las escuelas donde se enseña a los niños cómo protegerse durante ataques armados.
Otros importantes señalamientos se presentan frente a la fallida política de Paz Total del gobierno Petro en la que, durante 2023 se registraron 94 masacres, 189 líderes sociales asesinados y 42 firmantes de paz asesinados, y en lo que va corrido de 2024 las cifras siguen en aumento con 14 masacres, 36 líderes sociales y 9 firmantes de paz asesinados, ello sin contar que las extorsiones, asesinatos y secuestros en aumento. Otras cifras del aumento de la violencia en los últimos 2 años.
Expansión de grupos armados:
- ELN: de 4000 a 5000 integrantes
- AGC: de 10.000 a 13.000 integrantes, un incremento del 30%
- Según la defensoría, FARC-EMC y Segunda Marquetalia aumentaron su control de 230 a 299 municipios en 2023.
- Los departamentos más afectados son Antioquia, Guaviare, Meta, Caquetá, Cauca y Nariño
Desplazamiento forzado 2023:
- 58 eventos en Nariño afectaron a casi 24000 personas
- 215 confinamientos afectaron a más de 18.000 familias un aumento del 63% comparado con 2022
El Ministerio de Defensa ha mostrado una falta de acción efectiva, con una fuerza pública ausente en muchas regiones. Los enfrentamientos entre grupos armados han aumentado, siendo la principal fuente de violencia. Varios alcaldes han abandonado sus municipios y han tenido que continuar con sus funciones desde lugares más seguros. Describen un panorama desolador donde la violencia afecta tanto su capacidad para gobernar como la vida de sus familias. Las amenazas y extorsiones de los grupos armados, sumadas a la insuficiente respuesta estatal, han llevado a una situación de inseguridad extrema. Estos grupos, que han evolucionado de campamentarios a milicianos con redes de apoyo en las comunidades, ejercen un control significativo en las regiones.
por Konuco | May 30, 2024 | Destacadas, Política
La Comisión de expertos ha propuesto un Proyecto de Ley para la inclusión de afrodescendientes en las Altas Cortes, como parte de la reforma a la justicia en Colombia. Esta iniciativa, liderada por el comisionado Alí Bantú Ashanti, busca garantizar la representación de la comunidad afrodescendiente y se perfila como un paso significativo hacia la inclusión y la igualdad en el sistema judicial colombiano.
Asimismo, el proyecto de ley no solo aborda la representación afrodescendiente, sino que también se enfoca en la igualdad de género y etnias, proponiendo medidas concretas para asegurar la paridad en los cargos públicos. La iniciativa subraya la importancia de reflejar la diversidad de la sociedad colombiana en sus instituciones más altas, garantizando que todas las voces sean escuchadas y representadas en el ámbito judicial.
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La propuesta ha sido recibida con interés y apoyo dentro de la comisión e incluso del Ministerio de Justicia. En donde, el comisionado Alí Bantú Ashanti ha destacado la necesidad de esta reforma como un componente esencial del gran proyecto de justicia que se está gestando en Colombia.
«Es imperativo que nuestras altas cortes reflejen la riqueza y diversidad de nuestro país. Esta propuesta es un paso decisivo hacia una justicia más inclusiva y equitativa. En ese mismo sentido, también trabajamos desde el colectivo Justicia Racial.» afirmó Alí Bantú Ashanti, comisionado.
En tal sentido, se trabaja en los detalles de esta propuesta, buscando establecer un marco legal robusto que garantice una verdadera equidad. La reforma judicial en curso promete ser transformadora, colocando a Colombia a la vanguardia de la inclusión y la justicia social en la región.
“Este proyecto de ley representa un avance significativo en la lucha por la igualdad y la justicia en Colombia, reafirmando el compromiso del país con la construcción de un sistema judicial que refleje y respete la diversidad de su población” señaló Alí Bantú Ashanti, comisionado.
por Konuco | May 30, 2024 | Destacadas, Región
Foto: Gobernación de Cundinamarca
Soacha, Cundinamarca – La Gobernación de Cundinamarca ha declarado la entrada de Soacha a la Región Metropolitana como un momento histórico para el municipio. Este anuncio se realizó durante una reunión en Soacha con la presencia del gobernador Jorge Emilio Rey, el alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán, y el alcalde de Soacha Víctor Julián Sánchez.
El gobernador Jorge Emilio Rey expresó su agradecimiento al alcalde de Soacha por recibirlos y facilitar la reunión. “Esta reunión envía un mensaje claro: la institucionalidad territorial puede unirse para construir un futuro en el que intenciones, proyectos estratégicos y recursos converjan para mejorar la calidad de vida de esta población que tanto lo necesita”, dijo Rey.
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El gobernador también agradeció al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, por su compromiso con la integración regional. “Bogotá ha decidido apoyar este esquema de integración, trabajando junto a los municipios de Cundinamarca en un esquema de confianza compartida, donde todos aportamos y las decisiones se toman de manera unánime”, añadió Rey.
Por su parte, el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, destacó la relevancia de la colaboración entre autoridades para resolver los problemas de los ciudadanos, sin importar las divisiones políticas. “Es una fecha histórica. Nuestro compromiso es demostrar con hechos que esta integración respeta y garantiza la autonomía y los derechos de todos sus miembros. Juntos podemos enfrentar los problemas de manera más efectiva”, afirmó Galán.
La integración de Soacha en la Región Metropolitana se refleja en proyectos clave como la tercera línea del Metro que comenzará en el municipio y la conexión de Soacha y Bogotá a través del puente Tibanica y las avenidas Ciudad de Cali y Terreros.
