por Konuco | Abr 12, 2024 | Destacadas, Región
Investigadores de la Universidad de Medellín crearon un sistema de tratamiento de agua potable para zonas rurales y que ya se implementó con éxito en veredas de El Peñol y Liborina, en Antioquia, y en el estado de Chiapas en México.
Entre las innovaciones se destaca que es más económico y pequeño frente otros de su tipo y ofrece varios procesos de tratamiento como la sedimentación, la filtración y además desinfección con radiación ultravioleta para que el agua sea muy potable.
“Está pensado para que sea instalado en viviendas en las que las personas buscan la quebrada que les queda más cerquita, toman el agua de esa quebrada y que la puedan tratar y es una garantía de calidad del agua que están consumiendo, nosotros lo llamamos agua que sea segura para su consumo”, explicó Luis Javier Montoya, Líder del Grupo de Investigación en Calidad del Agua y Modelación Hídrica de la UdeMedellín.
La implementación de este sistema se llevó a cabo en la vereda El Carmelo del municipio de El Peñol y en la vereda Curití del municipio de Liborina, en el departamento de Antioquia. Además de zonas rurales del estado de Chiapas, en México, debido a que este proyecto de investigación tuvo apoyo internacional.
“La recepción de la gente ha sido muy buena porque en este proyecto nosotros partimos de la premisa de que no queríamos construir algo como impuesto, que estos pilotos fueran pensando en las necesidades de la gente, cuánto es realmente la demanda que gasta en el campo, cómo son las características de las viviendas en la zona rural y que ellos mismos nos dijeran cuáles eran los sistemas que más se adecuaban a sus necesidades”, detalló Montoya, quien además es profesor de la Facultad de Ingenierías de la UdeMedellín.
Así funciona esta planta de tratamiento
Este sistema está diseñado para almacenar 150 litros de agua, cantidad determinada tras un estudio de consumo de viviendas en zonas rurales en el que se determinó que es suficiente para satisfacer un hogar durante un día.
Su funcionamiento pasa por varias etapas. El agua se toma de una quebrada y pasa por una manguera para que llegue a un tanque que se encargará de eliminar la sedimentación, luego el líquido pasa por un filtro para eliminar las partículas más gruesas y a continuación a otro para filtrar las partículas de tamaño más pequeño.
“Luego pasa a una lámpara que mediante radiación ultravioleta inactiva los microorganismos que están presentes en el agua, y después es impulsado al segundo tanque que es para el almacenamiento, con el agua lista para el consumo. Este tiene una salida y ya va el agua hacia la vivienda. Allí hay un medidor de flujo para mostrar cuánto está consumiendo la vivienda y sale el agua hacia la vivienda”, detalló el profesor.
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Esta planta, además, tiene un sistema inteligente que está en la caja de control que se encarga de vigilar los niveles de agua de los tanques.
¿Qué sigue?
Varias familias que participaron con este piloto decidieron continuar con el uso de esta planta de tratamiento. Además, esta innovación fue presentada, en 2023, a las alcaldías de los municipios participantes.
Por ahora, la Universidad de Medellín trabajan en el perfeccionamiento de este sistema, en la normatividad y transferencia para que sea adquirido por empresas o alcaldía que lo quieran implementar.
“Estamos pensando en seguir mejorando nuestro sistema, incluso ahora la Universidad está abriendo una convocatoria interna para darle continuidad a ciertos proyectos y esperamos que este sea uno de los proyectos beneficiados para que sea más compacto y reducir más aún los costos”, concluyó el docente.
por Konuco | Abr 12, 2024 | Destacadas, Judicial e Investigación
Bogotá, 12 de abril de 2024. La Mesa de Seguimiento a los autos 092 de 2008, 009 de 2015 y 515 de 2018 de la Corte Constitucional sobre el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado y el desplazamiento forzado presentó el octavo informe de seguimiento al estado de cumplimiento de las órdenes impartidas por la Corte Constitucional, en el que se destaca la persistencia de impunidad en casi la totalidad de los casos que conforman los Anexos Reservados.
Mediante estas decisiones, la Corte adoptó medidas tendientes a garantizar los derechos de las víctimas, y le ordenó a las entidades materializar acciones en cuatro componentes: el acceso a la justicia y a servicios de salud, acciones de protección y medidas de reparación.
La Mesa de seguimiento destacó en el documento que, pese a que han transcurrido 16 años desde el primero de los autos, ni siquiera hay claridad sobre el universo total de víctimas por parte de las entidades encargadas de cumplir las órdenes de la Corte, lo que evidencia la ausencia de información de calidad, poca efectividad y falta de articulación entre ellas para el trabajo de recopilación de datos; esto representa una importante afectación para las personas afectadas por estos delitos, pues no se puede concebir su acceso a la justicia y a la verdad sin un reporte adecuado. Las cifras totales de víctimas que maneja cada entidad son: Fiscalía 608, Unidad para las Víctimas 547, Procuraduría 620 y Ministerio de Salud 708. Por su parte, la Mesa de Seguimiento tiene conocimiento de un total de 768 casos.
Para la Mesa de Seguimiento la ineficiencia de los modelos y estrategias de investigación y judicialización de los responsables son la principal causa del estado de impunidad en el que se encuentran los casos de las mujeres víctimas de violencia sexual. Resalta también que, hasta el momento, ni la justicia ordinaria, ni la justicia transicional han logrado ofrecer una respuesta efectiva para las víctimas, debido a que el foco ha permanecido en los perpetradores y no en los hechos victimizantes.
El informe presentado por la Mesa señala que la estrategia de la Fiscalía General de la Nación no funciona, pues en el 53 % de los casos no hubo avances en etapas procesales, solo hay un 2% de casos con sentencias condenatorias, un 1% con fallos cuyo sentido se desconoce, y solo el 15.6 % tuvo un avance, principalmente en Justicia y Paz. Por otra parte, el 47.5 % de los casos están inactivos en la justicia ordinaria. Estos datos reflejan un panorama de impunidad en el 97 % de los casos.
De otro lado, sobre los casos incluidos en el Auto 515 de 2018, el informe de la Mesa de Seguimiento señala que, aunque la Fiscalía reporta 167 procesos, solo 57 de estos se adelantan por delitos sexuales y el 66 % están inactivos o en fases preliminares de investigación.
La Mesa de Seguimiento manifestó su preocupación en cuanto a la identificación de autores de los hechos victimizantes, pues reportes de la Fiscalía señalan que en el 82.6 % de los casos no se han determinado. En este punto, el informe resaltó inconsistencias respecto a casos atribuidos a la Fuerza Pública y que en la actualidad, según las respuestas de la Fiscalía, se encuentran en la categoría de “autor indeterminado”.
El informe también destacó los obstáculos en el acceso a reparación, asistencia, atención, protección y problemas estructurales de las políticas públicas encargadas de estos procesos. Además, la Mesa de Seguimiento advirtió las dificultades que tuvo para acceder a la información, por negativas de las mismas entidades.
Para la Mesa estos hallazgos son síntoma de un problema estructural: la falta de políticas para el acceso a la justicia, incluyendo una política criminal que aborde la violencia sexual en el conflicto de manera adecuada y la persistente renuencia a elaborar una política integral de derechos para estas víctimas. En comparación con otros delitos, la violencia sexual sigue estando fuera de las prioridades del Estado.
por Konuco | Abr 11, 2024 | Destacadas, Política
Bogotá, D.C., 11 de abril de 2024. Hoy se avanzó en la discusión, votación y aprobación del 86 % del articulado del proyecto de Ley Estatutaria de Educación en la plenaria de la Cámara de Representantes, quedando sólo a seis artículos para que inicie su trámite en el Senado.
Este miércoles, la iniciativa legislativa llegó al 86 % de aprobación del articulado. El próximo debate será el lunes 15 de abril.
Entre los artículos aprobados está la ampliación del derecho a la educación inicial, que incluye el acceso progresivo a los tres grados del preescolar (prejardín, jardín y transición); la obligatoriedad en la educación media (grados 10 y 11) y el que reconoce la educación superior como derecho fundamental.
Otro de los logros alcanzados durante la plenaria fue la aprobación del bloque de artículos que recoge los elementos esenciales del derecho, según la jurisprudencia de la Corte Constitucional, y las obligaciones de todos los responsables de la garantía.
«Nos genera esperanza ver cómo esta iniciativa logra los consensos que requiere hoy la educación para reducir las desigualdades en los territorios, reconocer y dignificar la labor de los maestros y maestras; apostarle a la construcción de la paz y a los desafíos del siglo XXI, a través de la formación integral, y conseguir acuerdos ambiciosos para consolidar una sociedad justa, equitativa y digna para todas y todos los colombianos», afirmó la ministra de Educación, Aurora Vergara Figueroa.
Por su parte, el viceministro de Educación Preescolar, Básica y Media, Óscar Sánchez, afirmó que «hoy por hoy, se necesita otra perspectiva en educación. Una formación integral que involucre las artes, la ciencia, la cultura, los deportes y la tecnología. Esta ley entiende eso, que la educación es multisectorial y que debemos formar en el estudiante el saber, pero también el ser».
por Konuco | Abr 11, 2024 | Destacadas, Región
Medellín, 10 de abril de 2024. La directora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Astrid Cáceres, denunció que se ha encontrado en algunos barrios de Medellín «cierta permisividad, cierta instrumentalización de las niñas» ante el delito de explotación sexual.
Señaló que «uno de estos casos es preocupante porque las familias no pueden estar pensando que esto es un ingreso o que esto es un trabajo; esto es un delito, y la manera como se ha naturalizado en ciertos barrios nos preocupa”.
Indicó que “las niñas sienten que el esquema de protección integral les daña esas nociones de futuro. Hemos encontrado que muchas de ellas en algunos barrios de Medellín están pensando que eso es el futuro, que la entrada de dólares americanos a sus familias es la salvación”.
Cáceres argumentó que no es bueno estigmatizar barrios o sectores de la sociedad, pero “el delito está; los ojos de las comunidades tienen que estar abiertos”, sostuvo Cáceres. Agregó que “no vamos a decir nombres de barrios, pero los procesos de investigación nos están arrojando rutas donde la información de las niñas es que es mejor estar en estas redes que estar en el estudio”.
Caso de turista norteamericano
La directora del ICBF se refirió este miércoles a la situación de las niñas presuntamente víctimas de explotación sexual en Medellín, por parte del ciudadano estadounidense Timothy Alan Livingston, una de las cuales se habría fugado del centro de protección en el que se encontraba.
La directora del ICBF anunció hoy que, además de la campaña contra la explotación sexual que se inició en el aeropuerto de Medellín, José María Córdova, y el encuentro con el equipo de investigadores norteamericanos que siguen el caso de Livingston, se va a trabajar con los colegios de los sectores para la prevención de este tipo de delitos.
Frente a una de las dos niñas que se evadió y cuyo paradero sigue aun siendo desconocido, la funcionaria explicó que se está adelantado el proceso de búsqueda, con todas las entidades.
Maltrato infantil
Otra situación alertada por la ciudadanía esta semana fue el caso de presunto maltrato al interior de un jardín infantil en la zona nororiental de Medellín, el cual se financia con recursos de la administración local.
“El ICBF tiene una herramienta que ha usado con otras entidades, incluso con el sector privado, que es el aseguramiento a la calidad. Ese equipo lo constituimos, lo hemos utilizado y vamos a mirar en el caso de Medellín para que vengan a hablar y revisen las interacciones con los niños”, agregó.
La funcionaria también recordó que el bienestar no solamente está en las paredes o en la alimentación, sino en la interacción que tengan las maestras con los niños y niñas. Según ella, 70 % del cuidado está en esa interacción del cuidador con los pequeños.
Vigilancia ciudadana
Durante un encuentro realizado en Medellín con entidades del orden nacional y territorial el martes, la subdirectora general del ICBF, Adriana Velázquez, insistió en la necesidad de generar acciones de prevención y denunciar en la línea 141 cualquier gesto, hecho o situación que genere sospecha de una posible vulneración de derechos a la niñez y la adolescencia.
Frente a la situación de violencia sexual que enfrentan niños, niñas y adolescentes en el país,
la subdirectora del ICBF reiteró que es crucial dar la misma importancia a cada uno de los 331 casos de explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes registrados entre 2023 y lo que va de 2024 para responder como sociedad a esta forma de violencia.
El llamado general del ICBF es a consolidar como sociedad estrategias y acciones intersectoriales e interinstitucionales que permitan, no solamente avanzar en favor de la prevención de estas violencias, sino lograr la erradicación de la explotación sexual comercial en todo el territorio nacional.
Turismo que cuide la belleza natural, cultural y personal
A la llegada de turistas “sexuales” y otro tipo de visitantes que afectan de distintas maneras al país, el presidente
Gustavo Petro Urrego, se refirió, durante la 42° Vitrina de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), en Bogotá, el pasado mes de febrero. «No nos sirven esos dólares porque nos destruye nuestra propia sociedad; que incluso para volverla a recuperar podría costarnos mucho más que lo que deja el turismo. Por eso, el estilo de comunicación de lo que queremos entregarle al mundo como el país de la belleza es el que debe atraer un tipo de turismo que cuide la belleza natural, cultural y personal”, aseguró el mandatario.
por Konuco | Abr 11, 2024 | Destacadas, Judicial e Investigación
Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia radicó escrito de acusación en contra del exgobernador de Amazonas, Carlos Arturo Rodríguez Celis, como posible responsable de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación y prevaricato por omisión.
Los hechos que se le atribuyen están relacionados con irregularidades detectadas en el trámite, celebración y ejecución del contrato de obra N°1181 de octubre de 2013, el cual ascendió a $597’038.414 y contemplaba la construcción de vías peatonales en comunidades indígenas de Leticia y Puerto Nariño (Amazonas).
Los elementos de prueba indican que los pliegos de condiciones definidos fueron ambiguos o confusos, y no coincidían con lo señalado en los estudios previos. De esta manera, habría sido beneficiado un único proponente, que sin tener la idoneidad y la capacidad económica y técnica fue seleccionado.
Finalmente, el objeto del contrato no se cumplió completamente, lo que causó un detrimento patrimonial a las finanzas del departamento por $297’311.789. Estos recursos quedaron en manos del contratista y no se ejercieron acciones por parte del entonces gobernador para recuperarlos.
Se constató que las obras quedaron abandonadas y las estructuras en evidente deterioro, lo que generó gran impacto social en los territorios que supuestamente serían beneficiados.
