Fundación alerta fractura institucional por decreto de consulta popular sin aval del Senado

Fundación alerta fractura institucional por decreto de consulta popular sin aval del Senado

La Fundación para el Estado de Derecho aseguró que la intención del Gobierno de convocar una consulta popular por decreto, sin el aval del Senado, representa una fractura institucional que podría desfigurar el régimen constitucional colombiano y afectar la estabilidad democrática del país.

La entidad señaló que esta medida viola tres principios fundamentales: primero, atenta contra un gobierno constitucional basado en la separación de poderes, al desconocer la función legislativa del Senado; segundo, contradice el principio de democracia representativa, que establece que las decisiones políticas deben pasar por los representantes elegidos por la ciudadanía; y tercero, infringe el principio de legalidad, al no cumplir con los procedimientos legales establecidos para la convocatoria de consultas populares.

Según la Fundación, el respeto a estos principios es esencial para garantizar el equilibrio entre las ramas del poder público y preservar la legitimidad de las instituciones colombianas.

Adicionalmente, la organización alertó sobre los riesgos que implica que el Ejecutivo adelante mecanismos de participación ciudadana sin seguir los cauces legales, lo que podría generar precedentes que debiliten el Estado de derecho y la confianza en la democracia colombiana.

El pronunciamiento surge en medio del anuncio del presidente, Gustavo Petro, quien denunció un plan para asesinarlo atribuido a una “junta del narcotráfico” que busca mantener control sobre las instituciones colombianas y anunció que firmará el decreto para convocar una consulta popular para que el pueblo decida sobre las reformas laboral y pensional.

Durante una alocución desde la Casa de Nariño, Petro aseguró que ha sido blanco de múltiples intentos de asesinato, señaló la existencia de armas de guerra y francotiradores cerca de la sede presidencial y afirmó que la organización criminal detrás de estos planes opera desde Dubái con integrantes de diversas nacionalidades.

El mandatario criticó la aprobación en el Congreso de lo que calificó como “neo esclavismo” en la contratación laboral por horas y defendió la reforma pensional respaldada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Insistió en que la consulta popular es necesaria porque considera que el Congreso ha bloqueado estas reformas.

Petro solicitó a la Corte Constitucional que avale la consulta y reiteró que el pueblo es “el único dueño del poder en Colombia”. Además, anunció auditorías para verificar el destino de recursos destinados a la contratación de docentes en áreas como arte e inteligencia artificial y denunció intentos de extorsión a un contrabandista para obtener información sobre vínculos políticos.

De Colprensa para Konuco

Procuraduría abre investigación contra presidente de Ecopetrol por presunto conflicto de intereses

La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, por presunto conflicto de intereses.

Según la entidad, Roa adquirió, de una manera aparentemente irregular, un apartamento a la empresa Princenton International Holding, cuyo representante legal para la época de los hechos era Serafino Lacono, quien tiene intereses en el sector petrolero.

Para el organismo, el funcionario “pudo estar incurso en un conflicto de intereses, dadas las gestiones adelantadas y la toma de decisiones que adoptaría la empresa de petróleos en el giro ordinario de sus negocios, que involucrarían los intereses de firmas, empresas o sociedades que han tenido vínculos directos o indirectos con el señor Serafino Lacono”.

Ricardo Roa ha estado inmerso en escándalos desde su posesión, no solo por las aparentes irregularidades que hubo en la compra del apartamento, sino por su labor como gerente de la campaña de Petro Presidente, por la cual está siendo investigado.

La Procuraduría solicitó además a Ecopetrol informar si Roa Barragán aportó, al momento de su posesión, una declaración de conflicto de intereses y si la ha actualizado periódicamente durante los años en los que ha desempeñado al frente de la entidad.

De Colprensa para Konuco.

Petro insiste en consulta pese a negativa del Senado y advertencia de demanda

Petro insiste en consulta pese a negativa del Senado y advertencia de demanda

El presidente del Senado, Efraín Cepeda, aseguró que si el presidente, Gustavo Petro, firma el decreto para convocar la consulta popular sobre las reformas laboral y pensional será demandado inmediatamente, al tiempo que informó que enviarán una certificación a la Registraduría que confirma que la plenaria del Senado negó la realización de esa consulta popular, por lo que afirmó que no existen posibilidades legales para que se cite dicha consulta ni para que el registrador Hernán Penagos acepte convocarla.

Cepeda señaló que el Senado votó en contra de la convocatoria de la consulta popular y explicó que el proyecto para realizarla no fue aprobado. Además, recordó que el Consejo de Estado también ha expresado que el procedimiento para llamar a la consulta popular no ha sido cumplido y que convocarla sería violar la justicia y las leyes colombianas.

Señaló que se está enviando una comunicación formal al registrador del Estado Civil para certificar que la plenaria del Senado se pronunció en contra de la consulta y que esa certificación es fundamental para que el Registrador no acepte la convocatoria.

El presidente Petro anunció que firmará el decreto para convocar una consulta popular con el fin de que la ciudadanía decida sobre las reformas laboral y pensional, señalando que dichas reformas son indispensables para cambiar lo que calificó como “neo esclavismo” y aumentar la cobertura pensional.

Petro denunció, además, un supuesto plan para atentar contra su vida y acusó a una red internacional de narcotráfico de estar detrás de esos hechos. Según él, esas organizaciones buscan mantener el control sobre instituciones colombianas.

Cepeda calificó como “despropósito” la convocatoria de la consulta y afirmó que el presidente violaría la ley si decide firmar el decreto. Enfatizó que la votación en el Senado es clara y que el Congreso es una de las ramas independientes del poder público, por lo que el llamado a la consulta popular sin el aval legislativo carecería de validez.

De Colprensa para Konuco

Partidos y gremios advierten ruptura institucional por decreto presidencial de Petro

Partidos y gremios advierten ruptura institucional por decreto presidencial de Petro

El país sigue conociendo diversas posturas de partidos políticos, gremios económicos y sectores de juristas, tras el anuncio del presidente Gustavo Petro, de convocar la consulta popular de la reforma laboral por vía decreto debido a que en su concepto el Senado actuó de forma fraudulenta al votar la convocatoria de la misma.

La presidente del Partido Conservador, senadora Nadia Blel, indicó que “el anuncio del presidente Petro de convocar vía decreto la consulta popular no solo atenta contra una decisión legítima del Senado de la República, sino que es un duro golpe contra nuestra democracia y el estado de derecho. Por eso desde los partidos queremos hacer un llamado a todas las instituciones, a todas las ramas del poder público, a la Contraloría, a la Procuraduría, a la Registraduría pero especialmente a las altas cortes para que actúen con total determinación frente a estos abusos por parte del ejecutivo de sus competencias constitucionales”.

A su turno el director del Partido de La U, Alexander Vega, declaró que “si el Gobierno convoca la consulta popular por decreto, la Registraduría no puede expedir un calendario electoral porque le faltaría el concepto favorable del Senado”.

Desde el Centro Democrático, la senadora María Fernanda Cabal, sostuvo frente a la polémica que: “Estoy lista para presentar la respectiva demanda contra el decreto con el que Petro pretende adelantar un golpe de Estado. Petro no puede usar mecanismos de participación ciudadana para sustituir competencias del Congreso, especialmente cuando ya hay una decisión tomada. Esto sería una violación del principio de separación de poderes y del Estado de derecho”.

El exministro del Interior de este gobierno, Juan Fernando Cristo, consideró que “la decisión sobre la validez jurídica de la votación de la plenaria del Senado que negó la consulta popular no corresponde al Gobierno Nacional, sino a la justicia, que ya la revisa en el Consejo de Estado. Se comete una grave equivocación al convocar la consulta”.

Plantea además que “se desconoce la independencia de los poderes; el Gobierno se atribuye competencias que no tiene y se pone en riesgo la estabilidad institucional del país. Hasta ahora, a pesar de duros enfrentamientos, el Gobierno ha utilizado los instrumentos que le otorgan la Constitución y la ley para tramitar sus diferencias con las otras ramas del poder”.

Por su parte el Consejo Gremial Nacional acusó a Petro de vulnerar la Constitución al insistir en convocar por decreto una consulta popular que fue archivada por el Senado. Para los gremios es una acción que rompe la institucionalidad, desconoce la separación de poderes y amenaza la estabilidad democrática del país.

El abogado Iván Cancino, en claro rechazo a lo dicho por el exfiscal Eduardo Montealegre que sí es legal usar ese decreto para la consulta, sostuvo que “los vicios de inconstitucionalidad no los decide el presidente, los vicios en el trámite tampoco , o bien la Corte Constitucional o el Consejo de Estado, cualquier autoridad que dé trámite a una consulta popular vía decreto le está fallando a la constitución misma, al pueblo, al país y por ende está prevaricando, con dolo”.

Corte exige estatuto educativo para pueblos indígenas tras tutela de comunidad Totarco

Corte exige estatuto educativo para pueblos indígenas tras tutela de comunidad Totarco

La Corte Constitucional reiteró este viernes su exhorto al Congreso de la República y al Gobierno Nacional para que expidan, sin más dilaciones, un estatuto de educación para las comunidades indígenas. Según concluyó la Sala Sexta de Revisión, persiste un vacío normativo que afecta el ejercicio pleno de los derechos a la participación y a la identidad cultural de estos pueblos.

La decisión se dio al revisar una tutela presentada por la comunidad indígena Totarco, ubicada en el sur del Tolima, la cual alegó vulneración de sus derechos por parte de la Secretaría de Educación Departamental al no concertar las reglas del proceso para seleccionar el personal administrativo de una institución educativa.

Es decir, la comunidad indígena Totarco presentó esta tutela porque la Secretaría de Educación Departamental designó personal administrativo sin consultar ni acordar con la comunidad, lo que consideraron una violación de sus derechos.

El problema principal radica en que en Colombia no existe una ley o reglamento claro que establezca cómo deben seleccionarse las personas que trabajan en las escuelas indígenas, no solo docentes y directivos, sino también el personal administrativo.

Esta falta de regulación impide que las comunidades indígenas participen activamente en la elección de estos empleados y que se respeten criterios que garanticen su identidad cultural y formas propias de organización.

La Corte concluyó que, además del vacío normativo en la designación de docentes y directivos docentes en contextos indígenas, también existe una falta de regulación en cuanto al nombramiento del personal administrativo. Indicó que, aunque su naturaleza es distinta, su designación también debe garantizar el acceso a los cargos públicos con enfoque étnico y concertación previa con las autoridades indígenas.

La Sala, integrada por el magistrado Miguel Polo Rosero, la magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera y la exmagistrada Cristina Pardo Schlesinger, recordó que el exhorto para crear un estatuto de etnoeducación se formuló por primera vez hace más de diez años y fue reiterado en 2021, sin que hasta ahora se haya dado respuesta normativa.

Según explicó el tribunal, la ausencia de este marco legal impide establecer reglas claras y concertadas para procesos de selección en instituciones educativas indígenas, lo que termina afectando el derecho a preservar y fortalecer la identidad cultural de los pueblos originarios.

En este caso concreto, la Corte ordenó al departamento del Tolima adelantar una nueva convocatoria pública para cubrir el cargo de auxiliar administrativo en la institución educativa Totarco Dinde. El proceso deberá concertarse previamente con las autoridades de la comunidad y garantizar criterios de mérito, preferencia por personas pertenecientes a la comunidad y conocimientos básicos sobre su cultura.

De Colprensa para Konuco.