Solucionar el problema del agua, prioridad del Presidente Petro para La Guajira

Solucionar el problema del agua, prioridad del Presidente Petro para La Guajira

La Consejera Presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz, aseguró que una de las prioridades del Presidente Gustavo Petro en la implementación de la campaña “Gobierno con el pueblo”, que inició desde este lunes desde La Guajira y que lo llevará junto con todo su gabinete a las regiones más apartadas del país, es solucionar el problema del agua en este departamento. “Que La Guajira tenga agua y para eso tenemos que maximizar los recursos y definir una estrategia para lograr esa meta”, enfatizó Ortiz.

El Primer Mandatario estará durante toda la semana despachando desde La Guajira y en la noche de este lunes lideró un consejo de seguridad en Riohacha. En la mañana de este martes, tras un consejo de ministros, se desplazará hasta el municipio de Nazareth, donde dialogará con la comunidad, y posteriormente a Uribia, donde entregará laboratorios de innovación y computadores de la mano del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

En diálogo con el informativo Colombia Hoy Radio, la consejera Ortiz calificó como “histórica” la presencia del Gobierno del Cambio en La Guajira, lo que ratifica que la intención es gobernar desde las regiones, salir del centralismo de Bogotá y llevar propuestas y resultados a todo el país. “La idea es mostrar resultados en las regiones, ejecutar, que se vean las obras (…) vienen buenas noticias y estamos convencidos de que este país cambia si cambia La Guajira”, agregó.

Asimismo, recalcó que, desde un comienzo, el Presidente Gustavo Petro impartió instrucciones a todo el equipo de gobierno para centrar su atención en La Guajira, ante las dificultades que padece y que fueron motivo de la Sentencia T-302 de 2017 de la Corte Constitucional, la cual declaró el Estado de Cosas Inconstitucionales frente a la protección especial de los derechos al agua, salud y alimentación para las comunidades indígenas wayuu de los municipios de Riohacha, Manaure, Uribia y Maicao.

“Queremos un cambio e iniciamos en el punto más débil, por una región que necesita la ayuda del Gobierno Nacional, que históricamente ha estado olvidada por el Estado. La primera instrucción fue concentrarnos en La Guajira, hacer presencia porque, nos dijo, hay una sentencia que tenemos que accionar. Queremos cambiar el país y ese cambio debe comenzar desde La Guajira (…) que ni un niño muera de desnutrición. Las comunidades y las autoridades wayuu tienen esperanza en el cambio, tienen esperanza en el presidente”, concluyó la consejera Ortiz, quien además reveló que la segunda jornada del llamado “Gobierno con el pueblo” de desarrollará en el departamento de Arauca.

Ganaderos de Nariño y Cauca, entre el fuego cruzado de grupos ilegales y la violencia narcotraficante: Lafaurie

Ganaderos de Nariño y Cauca, entre el fuego cruzado de grupos ilegales y la violencia narcotraficante: Lafaurie

El dirigente gremial hizo una completa radiografía de las principales problemáticas por las que atraviesan dos importantes cuencas lecheras del país: Cauca y Nariño. Propone la revisión de los TLC con EE. UU. y la Unión Europea además de incorporar la leche en el PAE y las compras públicas de alimentos; prohibir progresivamente la distribución de leche cruda y un subsidio a productos de bajo costo para incentivar consumo en sectores vulnerables.

Como “junio negro” calificó José Félix Lafaurie Rivera, presidente ejecutivo de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), la grave crisis por la que están pasando los productores de leche del país, pero en especial en dos de las zonas productoras más importantes del país: Cauca y Nariño.
El alto ejecutivo se refirió a la caída del precio al ganadero y a la situación en el suroccidente de Colombia por la salida de las compañías Alpina en Cauca y Alquería en Nariño, que no solo tiene que ver con la producción sino también con la violencia y los problemas de infraestructura vial.
En su columna semanal, expresó que estas situaciones confluyen en el tema “de la estructura de nuestra producción lechera, mayoritariamente minifundista, y al de su sensibilidad frente a la violencia rural y las situaciones de crisis”.

Cauca y Nariño
Con cifras concretas, explicó que en Cauca, de acuerdo con cifras de vacunación contra fiebre aftosa, 18.000 productores suman un total de 228.737 animales, con un promedio de 12 por ganadero, mientras en Nariño, con 35.000 productores, ese promedio es de 8 animales.
“Si hablamos de lechería, no todas las vacas están en ordeño al mismo tiempo y, entonces, con la producción de 3 o 4, si no menos, se deben asumir costos altos y, además…, vivir, algo difícil cuando los precios caen o no se vende la leche”, manifestó.
El dirigente gremial sostuvo que esa es la radiografía de miles de pequeños productores en todo el país, agravada por situaciones estructurales. “Alpina se vio forzada a suspender el acopio en Cauca por la violencia de movimientos indígenas ideologizados y por el fuego cruzado de grupos ilegales por el control territorial del narcotráfico”.
“Nariño sufre también la peor de las violencias, la del abandono y la pobreza rural, de la cual se deriva la violencia narcotraficante. De ese departamento salió Alquería, no solo por la violencia, sino por las deficientes vías terciarias -un mal nacional-, que convierten el acopio de leche en proeza logística, a la que se suman los sobrecostos derivados del colapso de la Panamericana, aún sin solución”, dijo en su columna semanal.

Importancia de la producción lechera para la paz
Según Lafaurie, su análisis no se refiere al ejercicio estéril de las responsabilidades, sino de entender la relación estrecha entre minifundio lechero y pobreza; entre pobreza y violencia y, por ende, de comprender la importancia de la producción lechera para la paz en muchas regiones y en estos departamentos específicamente.
“Se trata de entender la racionalidad de la producción empresarial, pero también de acudir a la Responsabilidad Social Empresarial y a la solidaridad como factores constructores de paz”, agregó.
Ahora bien, dijo, hay una problemática estructural de la cadena láctea. Recordó que el país produce más de 7000 millones de litros al año a partir de una lechería mayoritariamente minifundista. La industria formal acopia la mitad, cuando mucho, y el resto se coloca en la informalidad, lo cual le da a la industria una posición dominante, agravada por las importaciones crecientes, que lo serán aún más con dólar a la baja.

Propuestas de Fedegán
Por ello, añadió, es necesario romper esas disfunciones estructurales de la cadena, pues se trata de la supervivencia de más de 554.000 productores en todo el país.
Estas son las propuestas de Fedegán ante la crisis de los productores lecheros:

– Revisión de los TLC con Estados Unidos y la Unión Europea
– Incorporación de la leche en el PAE y las compras públicas de alimentos.
– Prohibición progresiva de la distribución de leche cruda.
– Subsidio a productos de bajo costo para incentivar consumo en sectores vulnerables.
– Control al precio de los insumos.
– Vías que disminuyan el costo del acopio.

Asociatividad, crédito y asistencia técnica
El presidente ejecutivo de Fedegán sumó factores como la asociatividad, que debe ser promovida por el Estado; el crédito de verdadero fomento; y la asistencia técnica, para que esos pequeños productores no queden solos frente a los mercados.
“Son transformaciones que afectan positivamente la realidad rural y que son otro nombre para la paz, que se puede firmar en una mesa, pero solo se construye con decisiones de política pública y con la participación de toda la sociedad y del sector privado, como parte de la solución y no del problema”, concluyó Lafaurie Rivera.

Defensoría del Pueblo solicita fortalecer rutas de atención debido a muertes de niñas y niños por desnutrición en el país

Defensoría del Pueblo solicita fortalecer rutas de atención debido a muertes de niñas y niños por desnutrición en el país

Es una vergüenza que como Estado sigamos registrando muertes de niñas y niños por desnutrición sin que se logre una estrategia que ponga fin a esta situación tan dolorosa, lo que muestra indolencia, indiferencia y desidia de los gobiernos nacional, departamentales y municipales”, reclamó el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.

Entre el 1 de enero y el 17 de junio de este año, el Instituto Nacional de Salud reportó un total de 141 muertes por desnutrición y causas asociadas en menores de 5 años en el país. “La Guajira es el departamento con más casos, 39; seguido de Chocó, con 17, y Cesar, con 10″, indicó Carlos Camargo Assis.

Ante este panorama preocupante, hizo un llamado a las entidades competentes: “El Sistema Nacional de Bienestar Familiar, la Comisión Intersectorial para la Primera Infancia y la Comisión Intersectorial para la Seguridad Alimentaria y Nutrición deben desarrollar acciones reales y efectivas. En La Guajira, por ejemplo, cada cierto tiempo las entidades aparecen con ‘paños de agua tibia’ y a las pocas semanas todo sigue igual. No puede seguir sucediendo”, aseguró el Defensor del Pueblo.

Además, pidió a las autoridades departamentales fortalecer las rutas de atención, en especial, las encaminadas a hacerles seguimiento a los casos identificados y su evolución, para frenar la vulneración de los derechos de niñas y niños y evitar desenlaces mortales.

«Instamos a que todas las medidas adoptadas se hagan de manera oportuna e integral, de forma que permitan descentralizar la operación de la vigilancia en salud pública y generar un acercamiento con las entidades territoriales que presentan graves cifras de atención en salud en el país», dijo Camargo Assis.

El Defensor del Pueblo explicó que estas medidas apuntan a brindar una atención en salud, partiendo del conocimiento de la realidad de las comunidades: «La importancia de las acciones y las políticas públicas radica en lograr la materialización de los resultados, medir el impacto y cambiar la situación de riesgo. Ello requiere persistencia y mantenimiento de la ejecución para lograr resultados que pongan fin a las muertes de niñas y niños por desnutrición”.

Sobre la llegada del fenómeno de El Niño, solicitó acciones preventivas. “Hay que prender las alarmas frente a la llegada de este evento climático, de manera particular, en la región Caribe. Cuando hay escasez de agua pueden aumentarse las tasas de mortalidad infantil en los departamentos de la zona norte del país, especialmente en La Guajira”, expresó el Defensor del Pueblo.

Finalmente, hizo un llamado al Gobierno Nacional a que, en cumplimiento de la Ley 2294, por medio de la cual se sancionó el Plan Nacional de Desarrollo, se pongan en marcha acciones que permitan cumplir con el eje transformador del derecho humano a la alimentación.

Fiscalía logra la judicialización de los presuntos responsables de homicidios de líderes sociales en Antioquia

Fiscalía logra la judicialización de los presuntos responsables de homicidios de líderes sociales en Antioquia

La contundencia del material probatorio presentado por fiscales de la Unidad Especial de Investigación (UEI) permitió la judicialización de dos personas que habrían participado en los homicidios de una defensora de derechos humanos y un líder comunal en Antioquia. Crimen defensora de derechos humanos Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Juan David López García, por su presunta
responsabilidad en el crimen de la defensora de derechos humanos María Elvia Gómez De Gil.

El crimen ocurrió en abril de 2022, en la vereda La Magdalena, en El Peñol (Antioquia). Tres hombres llegaron a la vivienda de la mujer de 62 años y la pusieron en estado de indefensión para robarle las pertenencias. La víctima murió por estrangulamiento. Por estos hechos, López García fue imputado por los delitos de homicidio agravado, y hurto calificado y agravado. Judicialización de ‘Mamarón’ La Fiscalía presentó ante un juez de control de garantías a Edwin de Jesús Chavarría Monsalve, alias Mamarón, como posible determinador del asesinato del líder comunal Francisco Javier Posada Posada, perpetrado el 8 de agosto de 2021, en Toledo (Antioquia).

Alias Mamarón, en su condición de cabecilla de la estructura disidente de las Farc autodenominada como ‘Frente 5’, habría ordenado a un grupo armado atacar a la víctima mientras departía en un establecimiento de comercio. En ese sentido, fue imputado por los delitos de homicidio agravado; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Chavarría Monsalve fue capturado y judicializado por otros hechos criminales en enero de 2022, desde entonces permanece en centro carcelario.

Fiscalía imputo cargos a tres policías por alijio de cocaína

Fiscalía imputo cargos a tres policías por alijio de cocaína

La Fiscalía General de la Nación identificó un entramado ilegal en el que integrantes de la Policía Nacional y particulares habrían acordado quedarse con parte de un cargamento de
clorhidrato de cocaína que debía destruirse. El 8 de junio de 2020, dos uniformados recibieron la instrucción de quemar 987 kilogramos de estupefaciente en una ladrillera ubicada en San Pedro (Valle del Cauca). Los procesados, al parecer, pactaron con el dueño del establecimiento incinerar la mayor cantidad de los bloques de cocaína y dejar por fuera 97 kilogramos para posteriormente comercializarlos.

De acuerdo con los elementos de prueba, para evitar ser descubiertos fueron acondicionados los hornos de tal manera que parte del alcaloide no se quemara. En los registros fílmicos y fotográficos del procedimiento, y en las actas correspondientes quedó acreditada la supuesta destrucción de toda la sustancia ilícita.

La acción ilegal quedó en evidencia con la llegada de una patrulla de Tránsito y Trasporte de la Policía Nacional a la ladrillera, justo en el momento en el que los policías intentaban llevarse varios kilogramos de cocaína en un vehículo. En el afán de escapar dejaron abandonados unos bloques de estupefaciente y una motocicleta.

Por estos hechos, un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputó a:

• Patrullero en retiro Osley Antonio Triviño Noreña los delitos de tráfico, fabricación o
porte de estupefacientes; y falsedad ideológica en documento privado.

• Patrullero (r) Hernán Soto Borrero y al intendente (r) Alexander Sánchez Ramírez el
delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

• Juan Ramón Torres Echeverry, dueño de la ladrillera; y Pedro José Lozano Fuentes,
trabajador de la ladrillera, el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.