Capturan a red de extorsionadores de transportadores

Capturan a red de extorsionadores de transportadores

Labores investigativas adelantadas por la Fiscalía General de la Nación y el Gaula de la Policía Nacional permitieron judicializar a cuatro presuntos integrantes del grupo delincuencial Los
Caminantes. Los procesados, al parecer, contrataban servicios de transportadores para, supuestamente, realizar trasteos o movilizar mercancías. Una vez los conductores llegaban a los lugares acordados eran retenidos contra su voluntad y les hurtaban los automotores.

También se constató que las familias de las víctimas de los robos eran contactadas vía telefónica, al parecer, desde la cárcel La Tramacúa de Valledupar. En las llamadas los interlocutores exigían elevadas sumas de dinero para dejar en libertad a los camioneros. Las denuncias recibidas dan cuenta de que los detenidos, serían responsables de quitarles los objetos de valor a las víctimas; al igual que sus tarjetas bancarias para saquear las cuentas. La investigación determinó que esta organización venía delinquiendo principalmente en Cundinamarca, y se presume que lo propio hacían en otras regiones del país. Uno de los eventos documentados ocurrió el 22 de noviembre de 2022 cuando un hombre y su hijo fueron contactados para transportar una carga. Durante el recorrido en el municipio de Villapinzón (Cundinamarca) fueron abordados por personas armadas que les hurtaron sus pertenencias, sacaron ilegalmente 9 millones de pesos de sus cuentas y los retuvieron durante dos días. Por su liberación exigían el pago de 90 millones.

Una fiscal especializada adscrita al Gaula de la Seccional Cundinamarca imputó a los capturados, los delitos de secuestro extorsivo agravado, hurto calificado agravado; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego o accesorios. Ninguno de los cargos fue aceptado por los investigados quienes deberán cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario. Los procesados Uno de los presuntos integrantes de ‘Los Caminantes’ es Miguel Andrés Palacio González quien estaba cumpliendo medida privativa de la libertad en su lugar de residencia. Esta persona sería el enlace principal con detenidos en el centro penitenciario de máxima y mediana seguridad de Valledupar. Además, tiene investigaciones en curso por presuntas extorsiones en Armenia (Quindío), Cali (Valle del Cauca) y Sogamoso (Boyacá).
También están siendo judicializadas Diana Giesel Almonacid Salamanca, Ana María Céspedes Ticora y Nicol Natalia Castro Aguirre, quienes se encargarían de cobrar el dinero producto del secuestro de las víctimas.

Contratista del puente La Doctrina en Córdoba deberá responder legalmente por incumplimiento del contrato

Contratista del puente La Doctrina en Córdoba deberá responder legalmente por incumplimiento del contrato

Invías informo que iniciara proceso legal contra el contratista encargado de la construcción y entrega del puente La Doctrina en Córdoba. La entidad hará efectivas pólizas de cumplimiento del contrato de obra.

Asimismo, por medio de un comunicado de prensa el Instituto Nacional de Vías, Invías indico que debido al atraso del 90,72% en la ejecución del contrato de obra 2094-2021, que tiene por objeto realizar el mantenimiento del sector San Bernardo del Viento – Lorica, de 21 km de longitud, y la construcción del nuevo puente La Doctrina, de 280 m de longitud, a cargo del contratista Consorcio BCM, la entidad iniciará el proceso por presunto incumplimiento definitivo del mismo. En consecuencia, en el marco de este proceso, llamará a las aseguradoras que ampararon el cumplimiento de este contrato de obra y continuará adelante con los procesos administrativos sancionatorios de rigor interpuestos contra el contratista, que lo conminaban al cumplimiento del objeto pactado. Igualmente iniciará la estructura de un nuevo proceso licitatorio.

Cabe anotar que el Invías actuó con total diligencia para que la obra avanzara, adelantó todas las acciones legales correspondientes para garantizar la viabilidad técnica y económica del proyecto, así como la protección de los recursos destinados al mismo. Igualmente procuró, a través de las fuerzas armadas del Estado y la Policía Nacional, brindar seguridad a contratista cuando vio amenazada su integridad.

Ponencia de la reforma a la salud ya esta lista para ser debatida en el congreso

Ponencia de la reforma a la salud ya esta lista para ser debatida en el congreso

Luego de que no fuera aprobada la reforma a la salud propuesta por el gobierno actual de Colombia del Presidente Gustavo Petro, el comité gubernamental tuvo que realizar algunas modificaciones en lo puesto para el proyecto.

Tras la radicación de la ponencia, la reforma a la salud ya está lista para comenzar a ser debatida en el Congreso de la República. Se trata de un proyecto que pone el dedo en la yaga de los problemas que impiden a millones de colombianos contar con una atención en salud digna y oportuna. Entre las novedades están mecanismos para ponerle orden y control a los recursos públicos que se destinan a la atención en salud, creando un sistema de gestión de riesgos financieros, que impida el despilfarro y optimice las inversiones en cuidar la salud de los pacientes y usuarios. El texto de la ponencia, cuyo fundamento es resolver los problemas cotidianos de usuarios y pacientes que padecen las barreras de acceso y reducir la mortalidad, recoge propuestas planteadas en las reuniones con sectores políticos como los partidos Liberal, Consevador y de la U, entre otros. Así mismo, incluye las preocupaciones y aportes de diversas organizaciones de la sociedad civil, de los gremios del sector y del talento humano en salud, para garantizar un acceso real a servicios, medicamentos y tratamientos. Restructuración del sistema de seguridad social en salud En el documento de la ponencia se establecen mecanismos para “ordenar las fuentes de financiamiento, agrupando recursos financieros del sistema de salud de forma solidaria, con criterios de equidad, con un sistema de gestión de riesgos financieros y de salud, dirigido y controlado por el Estado”.

Creación del Consejo Nacional de Salud

En el artículo octavo de la ponencia se establece la creación de una nueva instancia asesora y adscrita al Ministerio de Salud y Protección Social, que tendrá a cargo la concertación de la política pública de salud. También deberá presentar iniciativas normativas, así como evaluar y generar informes periódicos sobre el funcionamiento del Sistema.

Se prohíbe negar el servicio de salud

En la ponencia de la reforma a la salud se desarrollan principios de cobertura establecidos en la Ley estatutaria de la salud expedida en 2015 y de la Constitución Política de 1991. En consecuencia, “se prohíbe la negación de prestación de servicios de salud a quien lo solicite”, según el texto de ponencia.

Se crean las Instituciones de Salud del Estado

De acuerdo con el artículo 18 del proyecto, la prestación de servicios de salud por la Nación y por las entidades territoriales será de carácter social, a través de Instituciones de Salud del Estado– ISE. Estas instituciones constituyen una categoría especial de entidad pública descentralizada, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa.

Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS)

El proyecto establece que “el Centro de Atención Primaria en Salud (CAPS) es la unidad polifuncional de base territorial de las Redes Integrales e Integradas de Servicios de Salud, en los que se establece el primer contacto de la población con el sistema

Entre otras atenciones que tiene previstas el gobierno para atender las necesidades médicas de los colombianos priorizando su bienestar y seguridad.

Dos integrantes del Ejército Nacional fueron capturados por vender ilegalmente armas y municiones militares

Dos integrantes del Ejército Nacional fueron capturados por vender ilegalmente armas y municiones militares

La Fiscalía General de la Nación informo ante un juez de control de garantías los implicados en la venta de armamento, uniformes y municiones del Ejército Nacional, quienes además pertenecía a la entidad de la estado, se trata de a los sargentos Edison Steven Rodríguez Lancheros y Jorge Alberto Angulo Lozano, quienes al parecer son los principales responsables de los hechos.

La investigación da cuenta de que los funcionarios, al parecer, se valieron de su posición y cargos para obtener de manera irregular material de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, y ponerlo a disposición de particulares. En ese sentido, se estableció que el sargento Rodríguez Lancheros, mientras se desempeñó como bodeguero en una sede militar de Medellín (Antioquia), entre 2021 y 2022, habría desviado armas y munición para fusil de manera sistemática. Para evitar ser descubierto, presuntamente, modificó los documentos de inventario y alteró las cantidades de material que eran despachadas a las distintas unidades. La Fiscalía conoció un evento en el que, al parecer, extrajo una ametralladora M249 y la reemplazó por una réplica inservible para intentar subsanar la ausencia del arma. A finales de 2022, este suboficial fue trasladado a un batallón en Chocó, donde hay indicios de que continuó con la actividad ilegal hasta el día de su captura, en un inmueble de Medellín. En las diligencias los investigadores del CTI y del Gaula Militar encontraron 300 cartuchos para fusil, vainillas de proyectiles percutidos, uniformes y un casco del Ejército Nacional. Por estos hechos, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales le imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, utilización ilegal de uniformes e insignias; y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos. De otra parte, el sargento Angulo Lozano, en su condición de almacenista de un batallón de apoyo y servicio del Ejército Nacional en Medellín, también es señalado de contribuir a la desviación de armamento y munición para fusil, y la adulteración de los inventarios para tratar de ocultar la salida de estos elementos a manos de terceras personas.

En una inspección realizada al almacén a cargo de este funcionario, se constató un faltante de 28.000 cartuchos calibre 5.56. Posterior a esta situación, el uniformado, presuntamente, logró su traslado al Fuerte Militar de Tolemaida (Tolima) en enero del año en curso; donde posiblemente continuaba con los actos ilegales. A este suboficial la Fiscalía le imputó los delitos de concierto para delinquir agravado; y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos. Los dos procesados no aceptaron los cargos y deberán cumplir medida de aseguramiento intramural.

Gobierno continua en diálogos con comunidades del Cauca por Distrito Minero

Gobierno continua en diálogos con comunidades del Cauca por Distrito Minero

El Viceministro del Interior, Gustavo García, lideró la instalación de una serie de mesas técnicas de diálogo, trabajo y concertación para abordar las propuestas del Distrito Minero que se tiene contemplado establecer en la región del Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño. En los municipios de Caucasia, Cáceres, El Bagre, Nechí, Tarazá y Zaragoza se escuchó a las comunidades para avanzar en la conformación del Distrito Minero, productivo y de transformación económica en beneficio de los habitantes y la región en aspectos sostenibles y de ingresos.

Las jornadas desarrolladas los días jueves 30 y viernes 31 de marzo –en articulación con los ministerios del Interior, Ambiente y Desarrollo Sostenible, y Minas y Energía, y el acompañamiento de autoridades departamentales y locales–, se plantearon y despejaron iniciativas en el marco del respeto por el ecosistema y el fortalecimiento del aparato productivo, así como de garantías laborales y de seguridad para aquellas personas que se desempeñan en la explotación minera ancestral y artesanal dentro del marco que establece la ley.

En las mesas instaladas participaron alrededor de 2.250 personas, entre las que se destacan representantes de diferentes sectores económicos y sociales, como mineros, pescadores, apicultores, comerciantes, profesores, indígenas, afros, mujeres, jóvenes, personas en condición de discapacidad, adultos mayores, Juntas de Acción de Comunal, organizaciones comunitarias, líderes y lideresas, defensores de derechos humanos, ambientalistas y delegados de distintas iglesias.

Temáticas del diálogo y entrega de ayudas humanitarias

En estas jornadas se establecieron temáticas como situación humanitaria y Paz Total, Distrito minero y productivo, agropecuaria y pesquera, socioambiental, educativo y restauración ecológica, y de enfoque diferencial. “Lideramos la apropiación de la ciudadanía del proyecto de distrito minero y productivo del Bajo Cauca, buscamos soluciones efectivas nacidas desde el territorio para una transición rápida y sostenible”, indicó el Viceministro García en sus redes sociales.

En medio de estas sesiones de construcción participativa, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), con apoyo de las Fuerzas Militares, entregó ayudas humanitarias y kits de aseo que aliviarán a cerca de 400 mil personas que se vieron afectadas por los bloqueos y movilizaciones del paro minero realizado en esta región de Antioquia. En este sentido, se entregaron 4.500 kits de ayudas humanitarias a las comunidades de los municipios de Caucasia, Tarazá, Cáceres, El Bagre, Zaragoza y Nechí. De estos, 2.470 por intermedio de las alcaldías y 2.030 a través de las parroquias.

El Bajo Cauca es prioridad para el Gobierno del Cambio

Sobre este ejercicio de diálogo, el Ministerio de Minas y Energía indicó a través de su cuenta de Twitter: “Las problemáticas de la comunidad minera en el Bajo Cauca son prioridad para el Gobierno del Cambio. Hemos adelantado en el último mes 5 jornadas, junto con MinAmbiente, Mininterior, autoridades locales y representantes de la comunidad, para buscar soluciones conjuntas”.

Agregó que conscientes de las necesidades urgentes de la comunidad, el Gobierno Nacional ha propuesto una medida de transición con apoyos y subsidios, que permitan adelantar la caracterización y el proceso de formalización minera por una transición energética justa. Destacó que, por eso, se busca la transformación progresiva del Bajo Cauca, ya que “los recursos minerales son finitos”, de modo que “lograr transiciones económicas, ambientales y culturales que involucren a todos los sectores productivos y a las víctimas será el objetivo”.

Asimismo, el Ministerio de Minas reiteró que dentro de los acuerdos se establece que la población tendrá una respuesta humanitaria de emergencia, que está empezando a llegar a la región.

Además, el Gobierno del Cambio trabaja en mejorar la educación y se ha propuesto la construcción de una universidad en el territorio. En cuanto a la diversificación económica, se proyecta una estrategia de restauración ecológica en municipios del Bajo Cauca, que sea fuente de trabajo para su población.