por Konuco | Ene 13, 2025 | Destacadas, Región
El pasado domingo 12 de enero, un grupo de artistas, líderes sociales y organizaciones comunitarias se reunieron en Medellín para pintar un mural en el viaducto de la Terminal del Norte. Este acto simbólico buscaba rendir homenaje a las buscadoras de La Escombrera, un lugar emblemático en la Comuna 13 que ha sido testigo de una de las fosas comunes más grandes de América Latina. El mural, titulado «Las cuchas tienen razón», fue concebido como un reconocimiento a la lucha de las mujeres que, durante años, han buscado justicia y verdad para las víctimas de desaparición forzada en la ciudad.
La Memoria Pintada y Borrada
La obra fue realizada en el marco de una jornada comunitaria que incluyó una olla popular, música y mensajes de resistencia pacífica. En el mural se plasmó el rostro de Margarita Restrepo, vocera del colectivo Mujeres Caminando por la Verdad, quien lleva más de dos décadas buscando a su hija, desaparecida en el contexto de la violencia en la Comuna 13. El mensaje central de la obra hacía referencia a la valentía y persistencia de estas mujeres, quienes han impulsado el trabajo de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) y de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), logrando encontrar recientemente restos humanos en La Escombrera.
Sin embargo, apenas 24 horas después, el mural fue cubierto con pintura gris por empleados de la Alcaldía de Medellín, desatando una ola de indignación entre colectivos artísticos, líderes sociales y familiares de víctimas. El alcalde Federico Gutiérrez justificó la acción a través de sus redes sociales, afirmando que «el espacio público es de todos y debe mantenerse limpio y bonito». Su postura generó críticas de diversos sectores que consideran este acto como un intento de silenciar la memoria histórica.
Reacciones y Denuncias
El presidente Gustavo Petro se pronunció en contra de la acción, calificándola como un atentado contra la libertad de expresión y la memoria histórica. Por su parte, el doctor en Ciencias Humanas y Sociales, Max Yury Gil, señaló que borrar el mural constituye una «revictimización y una violación al derecho humano a la memoria».
La controversia también reavivó debates recientes en Medellín sobre el tratamiento de los murales urbanos. La semana pasada, otro mural emblemático con la frase «Nos están matando», dedicado a denunciar el asesinato de líderes sociales, fue borrado en dos ocasiones. Colectivos grafiteros restauraron la obra, mientras que el concejal del Centro Democrático, Andrés «El Gury» Rodríguez, lideró su eliminación argumentando que promovía «apología a la Primera Línea».
Memoria vs. Censura
La tensión entre el arte urbano como herramienta de denuncia y la supuesta necesidad de mantener el orden estético en la ciudad refleja un conflicto más profundo sobre el papel de la memoria histórica en Medellín. Organizaciones como Fuerza y Graffiti defendieron las acciones de los colectivos artísticos, señalando que estas intervenciones no responden a intereses partidistas, sino a la necesidad de visibilizar el sufrimiento de las víctimas y generar conciencia social.
En un comunicado, el colectivo afirmó: «La memoria no se borra. No permitiremos que el gris del olvido silencie las voces de quienes han luchado por la verdad y la justicia».
Una Ciudad Dividida por el Arte Urbano
En Medellín, los murales se han convertido en un campo de batalla simbólico entre colectivos artísticos y sectores políticos. Mientras algunos defienden el arte urbano como un medio legítimo para expresar la resistencia y recordar a las víctimas, otros, como el concejal Rodríguez, ven estas intervenciones como desordenadas y políticamente cargadas.
La eliminación del mural «Las cuchas tienen razón» no solo ha intensificado este debate, sino que ha puesto de manifiesto la necesidad de políticas públicas claras que reconozcan y protejan el arte urbano como parte fundamental del tejido cultural de la ciudad.
Un Llamado a la Reflexión
Los actos de resistencia, como el mural en honor a las buscadoras de La Escombrera, representan mucho más que una expresión artística: son una lucha por mantener viva la memoria de las víctimas en un país donde la violencia y el olvido han sido recurrentes. Tal como señalaron los organizadores de la jornada: «Solo el pueblo salva al pueblo. La historia no debe ser olvidada, y mucho menos silenciada».
por Konuco | Oct 12, 2024 | Destacadas, Judicial e Investigación
Óscar Camargo Ríos, alias «Pichi», escapa por catorceava vez de su arresto domiciliario.
La reciente fuga de Óscar Camargo Ríos, conocido como «Pichi» y apodado el «Pablo Escobar de Santander», ha generado un fuerte debate sobre la eficacia del sistema judicial en Colombia. A pesar de múltiples violaciones a su arresto domiciliario, el narcotraficante logró escapar el 10 de octubre.
Óscar Camargo Ríos, alias «Pichi», es un reconocido narcotraficante con un extenso historial delictivo que ha marcado la historia del narcotráfico en Colombia. Su fuga el pasado 10 de octubre ha encendido alarmas no solo por la gravedad del acto, sino porque representa la catorceava vez que el delincuente evade las condiciones de su arresto domiciliario. Desde julio hasta agosto de 2024, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) notificó en varias ocasiones sus escapadas sin que se tomaran acciones efectivas.
A pesar de contar con informes sobre su incumplimiento, el juez tercero de ejecución de penas de Medellín no actuó de manera contundente, permitiendo que «Pichi» continuara disfrutando de su libertad en un inmueble en Medellín. Cuando se confirmó la revocación de su beneficio el 10 de octubre, las autoridades se encontraron con que el narcotraficante había desaparecido.
La fuga de «Pichi» revela las serias fallas en el sistema judicial colombiano y plantea interrogantes sobre el manejo de criminales de alto perfil. Conocido por su liderazgo en la banda Los San Rafa, «Pichi» ha estado en el centro de numerosas investigaciones por tráfico de drogas y violencia. Fue capturado por primera vez en 2015, y tras evadirse de la Penitenciaría de Palogordo, fue recapturado en 2018 en Medellín.
A pesar de su condena, recibió prisión domiciliaria en 2019, lo que le permitió seguir operando y generando ingresos anuales superiores a los 14 mil millones de pesos. Su influencia se mantuvo incluso durante su encarcelamiento en 2021, al continuar disputando el control del microtráfico en Bucaramanga.
La reciente liberación bajo arresto domiciliario en 2024 despertó las alarmas en las autoridades, que temían el impacto de su regreso a la libertad. Su fuga del 11 de octubre demuestra no solo la ineficacia del sistema penitenciario, sino también el desafío que representa su figura en el crimen organizado.
La fuga de Óscar Camargo Ríos pone de manifiesto la urgente necesidad de una reforma en el sistema judicial y penitenciario en Colombia. Las autoridades enfrentan el reto de gestionar a criminales que han demostrado su habilidad para evadir la justicia. La situación demanda una respuesta rápida y efectiva para garantizar la seguridad pública y la integridad del sistema judicial. Mientras la búsqueda de «Pichi» continúa, el debate sobre cómo prevenir futuras escapadas se intensifica, reflejando una preocupación mayor por la seguridad en el país.
por Konuco | Oct 10, 2024 | Destacadas, Judicial e Investigación
Las autoridades han iniciado una exhaustiva investigación para determinar las causas del naufragio que dejó tres víctimas fatales en el río Casanare.
Este trágico incidente ha suscitado preocupaciones sobre la seguridad de las embarcaciones que operan en la región, donde el transporte fluvial es esencial para la vida diaria de sus habitantes.
Uno de los puntos clave en la investigación es la posible sobrecarga de la embarcación, un factor que podría haber contribuido al desastre. Las condiciones de seguridad en el transporte fluvial son críticas, especialmente en regiones vulnerables como los Llanos, donde las comunidades dependen en gran medida de este medio para realizar actividades cotidianas, como ir de compras.
Contexto del accidente
En un trágico incidente ocurrido en el río Casanare, dos adultos y un niño perdieron la vida tras el naufragio de una embarcación que transportaba a 15 personas.
El fatal suceso tuvo lugar el 6 de octubre, alrededor de las 4:30 de la tarde, en la vereda Santa María, en el sector La Cruces de Hato Corozal.
La embarcación, que regresaba de un viaje de compras a Puerto Rondón, se hundió en aguas turbulentas, resultando en la desaparición de tres de sus ocupantes, mientras que doce lograron llegar a la orilla sanos y salvos.
Foto: Prensa Libre de Casanare
Búsqueda y Rescate
Apenas se reportó el naufragio, las autoridades locales y los organismos de socorro iniciaron una intensa búsqueda para localizar a los desaparecidos.
Tras 38 horas de esfuerzos ininterrumpidos, los cuerpos de los tres fallecidos fueron recuperados en la madrugada del martes.
Según informó el comandante del Cuerpo de Bomberos de Hato Corozal, Obder Gutiérrez, los cuerpos fueron encontrados en un área un kilómetro aguas abajo del lugar del accidente.
Las víctimas han sido identificadas como Luis Camejo y Erinson Tabaco, entre otros. Los cuerpos fueron trasladados al municipio de Paz de Ariporo, donde sus familias dieron su último adiós.
La Urgencia de Revisar Normativas
Este incidente trágico pone de manifiesto la necesidad urgente de revisar y reforzar las normativas de seguridad en el transporte fluvial.
Las autoridades están bajo presión para implementar medidas que no solo investiguen lo sucedido, sino que también establezcan protocolos que prevengan futuros accidentes.
La falta de regulaciones estrictas ha llevado a situaciones de riesgo, poniendo en peligro la vida de quienes dependen de estos servicios.
A medida que avanza la investigación, se espera que se tomen decisiones que prioricen la seguridad de todos aquellos que utilizan este medio de transporte. Las comunidades locales claman por soluciones efectivas que garanticen su bienestar y protección.
Memoria y Responsabilidad
La tragedia en el río Casanare resalta la fragilidad de la vida en estas comunidades. La memoria de los que perdieron la vida en este accidente permanecerá en el corazón de todos, recordándonos la importancia de la seguridad y la responsabilidad en el transporte.
Es imperativo que las autoridades actúen con diligencia y compromiso, asegurando que tales tragedias no se repitan.
Este lamentable suceso es una llamada de atención para todos: la seguridad en el transporte fluvial no debe ser una opción, sino una prioridad. Las familias de las víctimas y la comunidad en su conjunto merecen respuestas y, sobre todo, medidas que garanticen un futuro más seguro para todos.
NACIÓN LLANERA – Judicial e Investigación
por Konuco | Oct 9, 2024 | Destacadas, Región
En un operativo policial exitoso, la Policía Nacional detuvo a cuatro personas en el sector de Pipiral, en la vía que conecta Bogotá con Villavicencio, y confiscó más de 700 kilogramos de marihuana «creepy», valorada en aproximadamente 90 millones de pesos.
Detalles del Operativo
El hallazgo se produjo durante planes de registro y control implementados por las autoridades. La sustancia alucinógena fue descubierta oculta dentro de varias láminas de drywall que eran transportadas en un camión.
El teniente coronel Ferley Puerto Sánchez, comandante de la Policía del Meta, explicó que “un leve reflejo de luz” llamó la atención de los uniformados, lo que llevó a la inspección de las láminas y al descubrimiento de un compartimento diseñado para ocultar la droga. Además, fue incautado un segundo vehículo que escoltaba al camión.
Impacto del Hallazgo
Las autoridades están investigando la procedencia y el destino de esta marihuana, que se presume estaba destinada a grupos delincuenciales o armados que operan al margen de la ley.
En total, se encontraron 550 paneles rectangulares sellados con cinta plástica, lo que podría producir casi un millón y medio de dosis, generando ganancias de hasta tres veces su valor inicial.
Este operativo representa un golpe significativo a las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico en la región, siendo el mayor registro de este año. Durante 2024, la Policía Nacional ha incautado más de 874 kilos de marihuana, además de 3 kilogramos de base de coca y 196 papeletas de cocaína rosada “Tusi” en el corredor vial que une la región de la Orinoquía con la capital.
Consecuencias Legales
Los cuatro capturados, junto con el cargamento de droga, fueron puestos a disposición de la Fiscalía Especializada No. 69 contra el Narcotráfico en Bogotá, donde se determinará su situación jurídica y penal por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.
Golpe contundente
La captura de estos individuos y la incautación de una cantidad tan significativa de marihuana subrayan el compromiso de las autoridades en la lucha contra el narcotráfico en Colombia.
La Policía Nacional continúa su trabajo ofensivo en la región, priorizando la seguridad y el bienestar de las comunidades afectadas por el flagelo de las drogas. La colaboración entre las diferentes instituciones es crucial para desmantelar las redes de narcotráfico y garantizar un futuro más seguro para los ciudadanos.
NACIÓN LLANERA – Judicial – Región
Frank Portilla Ramírez
por Konuco | Oct 9, 2024 | Destacadas, Política
En un llamado urgente al Gobierno nacional, las Gobernadoras de Meta, Chocó, Valle del Cauca, Sucre y Tolima instaron a una mejor colaboración en temas de seguridad durante la Primera Cumbre de Gobernadoras por la Paz y la Seguridad, celebrada en Villavicencio.
Este encuentro se centró en los desafíos que enfrentan estas regiones, especialmente en el contexto de la violencia y el conflicto armado.
La necesidad de diálogo y articulación
Las gobernadoras destacaron la importancia de una articulación efectiva entre el gobierno nacional y las autoridades regionales y locales. “Los procesos de construcción de paz y la seguridad necesitan mejor coordinación”, enfatizaron, refiriéndose a las conversaciones en curso con varios grupos armados en sus departamentos.
Este reclamo surge en un momento crítico, donde la cohesión entre diferentes instancias del Gobierno, como la Oficina del Consejero Comisionado de Paz, se vuelve esencial para enfrentar la situación de inseguridad.
Las líderes políticas también señalaron la necesidad de un discurso unificado entre los ministerios y agencias del sector, para garantizar que las acciones en los territorios sean coherentes y efectivas en el fortalecimiento de la paz y la seguridad.
En el encuentro estaban la gobernadora del departamento anfitrión Meta, Rafaela Cortés Zambrano; del Chocó, Nubia Carolina Córdoba;del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro; de Sucre, Lucy García Montes; y del Tolima, Adriana Magali Matiz.
Enfoque en la Inclusión y la Inversión Social
Otro aspecto importante abordado en la cumbre fue el rol de la mujer en la construcción de paz. Las gobernadoras manifestaron que, como representantes de sus comunidades, tienen una sensibilidad especial hacia los problemas que enfrentan las mujeres y los jóvenes.
“Le apostamos a la construcción de paz y al fortalecimiento de la seguridad como pilares fundamentales para la transformación territorial”, afirmaron, destacando la relevancia del apoyo a líderes sociales, especialmente aquellas que han sido víctimas de la violencia.
Llamado a la Acción
Las gobernadoras hicieron un llamado directo a los grupos armados para que renuncien a prácticas como el reclutamiento de menores y el uso de violencia basada en género. “Exigimos que los procesos en curso no afecten la seguridad ni los derechos de las comunidades, especialmente de las víctimas del conflicto”, subrayaron, pidiendo también la desvinculación inmediata de menores de edad.
Además, solicitaron al Gobierno acelerar los procesos de transformación territorial en las zonas PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial ) y asegurar la entrega de recursos comprometidos para ayudar a los municipios afectados por el conflicto.
Importancia de la Cumbre
Este encuentro no solo resalta la urgencia de una mejor colaboración en temas de seguridad, sino que también pone de relieve la voz y el papel crucial de las mujeres en la construcción de una paz sostenible en Colombia.
La articulación entre el Gobierno nacional y las autoridades locales es fundamental para enfrentar los desafíos del conflicto armado y garantizar la seguridad y el bienestar de las comunidades. Con una estrategia sólida y un compromiso claro, se espera que se logren avances significativos en este frente.
NACIÓN LLANERA – Regi
