por Konuco | Ago 4, 2025 | Destacadas, Región
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) estuvo a punto de dar un paso crucial en el proceso de justicia transicional en Colombia al imponer las primeras sanciones restaurativas contra exjefes de las FARC, en el contexto de los macrocasos que investigan violaciones graves de derechos humanos, como secuestros (Caso 01) y ejecuciones extrajudiciales (Caso 03).
Esta medida, que fue la primera de su tipo en la historia reciente del país, generó controversia debido a los impactos que tuvo tanto en las víctimas como en los comparecientes, quienes asumieron sanciones sin recurrir a la cárcel, pero con restricciones significativas a sus derechos.
«Nosotros tomamos el camino difícil: estructurar los proyectos primero para que no sea una sentencia imposible de cumplir«, señaló en su momento a Colprensa el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, quien indicó que esta fase, clave en la justicia transicional, implicó la verificación de las condiciones para que las sanciones, que incluyeron trabajos, obras y actividades con contenido reparador-restaurador (TOAR), fueran viables y ejecutables.
Estos proyectos, que según la JEP respondieron a las necesidades y expectativas de las víctimas, incluyeron acciones como la búsqueda de personas desaparecidas, el desminado en zonas afectadas y la reparación simbólica mediante la memoria histórica.
El modelo judicial que se aplicó en estos casos buscó romper con la justicia punitiva tradicional, apostando por un enfoque de reparación, reincorporación y no repetición. Pero, ¿qué se pudo esperar de estas penas? ¿Cómo operaron en la práctica y qué impacto tuvieron en las víctimas y los responsables?
Ramelli indicó en diversas intervenciones que el modelo de sanciones restaurativas «requirió estructurar proyectos viables antes de dictar sentencia«, pues el objetivo fue evitar que las decisiones judiciales se convirtieran en «promesas incumplidas para las víctimas«. Según el magistrado, este proceso fue «difícil«, pero permitió diseñar sanciones que no se quedaran en el papel.
Las sanciones que se prepararon incluyeron TOAR y fueron el resultado de un largo proceso de negociación y trabajo conjunto con las víctimas. Según el Tribunal de Paz, se consultó a más de 200 víctimas, representantes indígenas y autoridades étnicas, quienes aportaron sus ideas y demandas para que los proyectos fueran lo más pertinentes y efectivos posible.
Para garantizar que las sanciones fueran efectivas, la JEP enfrentó desafíos logísticos y financieros. «No basta con dictar sentencia, sino que hay que construir la infraestructura necesaria para que los proyectos sean viables«, destacó Ramelli.
El acuerdo firmado con la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) estableció una financiación de $50 mil millones para hacer realidad las sentencias. Sin embargo, esta financiación enfrentó desafíos adicionales, ya que la JEP debió coordinar el cumplimiento de los proyectos con diferentes actores del Estado y de la sociedad civil.
La JEP no solo tuvo la tarea de estructurar las sanciones, sino también de monitorear su cumplimiento. En este sentido, se diseñaron «bitácoras de seguimiento» que permitieron verificar, por ejemplo, si los excombatientes realmente estaban trabajando en el desminado de las zonas afectadas por las minas antipersonales, o si cumplían con las labores de reparación en las comunidades víctimas de secuestros y otras violaciones de derechos humanos.
LAS SANCIONES RESTAURATIVAS PILOTO
El Tribunal de Paz inició tres proyectos restaurativos anticipados con el fin de implementar sanciones en el marco de la justicia transicional. Estos proyectos, desarrollados en diversas regiones del país, involucraron a exintegrantes de las FARC y miembros de la Fuerza Pública, y buscaron reparar el daño a las víctimas y contribuir a la reconciliación.
“Nosotros ya realizamos tres proyectos anticipados (…) para medir todas las complejidades” de las Sanciones Propias de la JEP, aseguró Ramelli.
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En el municipio de Nariño, 13 excombatientes de las FARC colaboraron con la comunidad indígena Awá en la reconstrucción de la Casa de la Sabiduría Marcos Paí, un espacio cultural y espiritual para este pueblo. El proyecto consistió en la construcción de un camino hacia la Casa, en el marco de una minga, o trabajo colectivo, que involucró a ambos grupos en actividades de restauración. Este proyecto buscó fortalecer los lazos comunitarios y ofrecer reparación simbólica a las víctimas del conflicto armado en la región.
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El proyecto Horizontes Seguros, llevado a cabo en Dabeiba, Antioquia, involucró tanto a exintegrantes de las FARC como a miembros de la Fuerza Pública, investigados por ejecuciones extrajudiciales o los mal llamados “falsos positivos”. Estos comparecientes colaboraron en la educación de las comunidades sobre el riesgo de minas antipersona en cuatro municipios: Dabeiba, Mutatá, Frontino y Murindó.
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Tres máximos responsables del subcaso Huila, vinculados al Caso 03, participaron en el proceso de exhumación de posibles víctimas de ejecuciones extrajudiciales en el Cementerio Central de Neiva, en colaboración con la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD).
¿QUÉ SE PUDO ESPERAR DE LAS SANCIONES?
En la práctica, los responsables de crímenes graves como secuestros y ejecuciones extrajudiciales realizaron actividades directamente relacionadas con la reparación de los daños causados, tales como el desminado, la exhumación de víctimas y la construcción de proyectos comunitarios. Estas actividades fueron validadas tanto por la Secretaría Ejecutiva de la JEP como por las víctimas.
El impacto en las víctimas se reflejó en su participación activa en la definición y ejecución de los proyectos restaurativos. La JEP garantizó que las víctimas tuvieran voz en la creación de los TOAR, y que estos respondieran a sus necesidades y demandas.
También se promovió la participación de comunidades étnicas, con enfoques diferenciales y un respeto a sus valores culturales. En los casos de mujeres y personas LGTBI, los TOAR se diseñaron con enfoque de género y diversidad.
En cuanto a los responsables, el proceso se enfocó en su reintegración social mediante estas actividades reparadoras, con restricciones de libertad como limitación de residencia y movimiento, sin necesidad de recurrir a la prisión tradicional.
Para garantizar la efectividad, se estableció un sistema de monitoreo y verificación, en colaboración con organismos internacionales como la Misión de Verificación de la ONU y autoridades nacionales como el Ministerio de Defensa.
CAMBIAR EL PARADIGMA
El modelo de justicia restaurativa, aunque innovador, se enfrentó al reto de cambiar una mentalidad arraigada en la sociedad colombiana. Durante décadas, el conflicto armado se resolvió bajo un sistema de castigo y prisión. La transición hacia un enfoque de reparación y reconciliación exigió un cambio cultural profundo.
Según Ramelli, este cambio no fue fácil. Surgieron voces críticas que calificaron estas sanciones como una forma de impunidad, sobre todo en casos como los secuestros y las ejecuciones extrajudiciales.
Estos sectores defendieron que solo las penas de prisión garantizaban justicia. Por ello, el reto fue doble: implementar el modelo y convencer a la sociedad de que era un camino más efectivo hacia la paz.
«La verdad tiene un contenido terapéutico«, subrayó Ramelli, insistiendo en la importancia de la reparación emocional y social. «El primer paso para la reconciliación es el establecimiento de la verdad«, concluyó el presidente de la JEP.
por Konuco | Ago 4, 2025 | Destacadas, Política
La senadora y precandidata presidencial María José Pizarro, del Pacto Histórico, lanzó esta noche de manera oficial su campaña de cara al debate político que se avecina, justo el mismo día que su partido informó que son siete los candidatos que participarían en la consulta interna de octubre.
«Estoy lista para ser la candidata presidencial del Pacto Histórico; para cuidar, profundizar y llevar más allá este proyecto político que nació de la esperanza y para ser la primera mujer presidenta de Colombia«, afirmó la congresista, en trance de aspirante presidencial, al señalar que «soy el cambio que continúa. Soy la opción que suma«.
Desde el Teatro Panorama en Bogotá, Pizarro aseguró ser la mujer capaz de unir a su partido y al progresismo del país en torno a un único proyecto, que sintetizó en cinco propuestas: reformas a la educación y la justicia, una segunda parte de la reforma agraria, un «modelo económico con justicia fiscal y crecimiento desde el bienestar«, además de una política exterior de cuidado de los migrantes, ambiental y multilateral.
Sugerencias: Gobierno implementó decreto de salud y enfrenta demandas ante el Consejo de Estado
Pizarro reconoció los «avances» del gobierno de Gustavo Petro en materia de educación, salud, laboral y recuperación de tierras, entre otras.
Durante el lanzamiento de su postulación, se emitieron mensajes de respaldo de personalidades como el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, además de Pablo Iglesias, cofundador del partido Podemos, y de la exministra Irene Montero, ambos de España; así como de la exministra argentina Elizabeth Gómez Alcorta y del exministro ecuatoriano Andrés Arauz.
A la senadora la acompañaron en su presentación Clara López, Gloria Flórez, Heráclito Landinez, David Racero, Tamara Argote y León Fredy Muñoz, entre otros.
«Nuestro país ha abierto una puerta y sabemos que tenemos que gobernar para una generación completa. No nos faltan ganas ni pueblo, aún no hemos alcanzado la meta, apenas hemos abierto las compuertas de la historia«, aseguró la congresista, que acudió a la frase «Palabra que sí«, que solía usar su padre, Carlos Pizarro, el exguerrillero del M-19 asesinado en abril de 1990, tras ser amnistiado y durante su campaña a la Presidencia.
De Colprensa
por Konuco | Ago 1, 2025 | Destacadas, Política
Tras considerarlo como “el líder que salvó a Colombia”, el Centro Democrático convocó a una marcha en solidaridad con Álvaro Uribe tras su condena a 12 años de prisión. En un comunicado, se informó que: “Desde el Centro Democrático respetamos las instituciones y creemos en la justicia, pero también estamos convencidos de que hoy se está condenando a un hombre inocente: el presidente Álvaro Uribe Vélez, el líder que salvó a Colombia. Por eso, los invitamos el próximo 7 de agosto a movilizarnos en una gran marcha en todos los rincones del país”.
Precisan que “marcharemos por Álvaro Uribe Vélez, por la democracia y las libertades en Colombia. También para decirle al país que ya falta poco: estamos a poco más de un año de poner fin a la noche oscura. ¡Ojo con el 26”.
Una de las primeras en reaccionar fue la senadora y precandidata María Fernanda Cabal, quien declaró sobre la condena que “quiero desde la distancia, con todo mi corazón, mandarle un saludo al mejor presidente de los últimos 100 años, Álvaro Uribe Vélez. Lo que no es posible es que condenar a Uribe es condenar su legado, mientras tenemos un presidente que es un guerrillero indultado”.
A su turno, la senadora Paloma Valencia manifestó que “¿Empieza a materializarse un golpe político para sacarlo de la contienda electoral cuando su popularidad se dispara? Así como a Miguel lo sacaron con un atentado. Uribe ha demostrado su absoluto respeto por la justicia, ha comparecido siempre, hasta la juez así lo ha reconocido. Uribe no representa una amenaza ni para las ‘víctimas’, ni se va a fugar, de haber querido lo habría podido hacer, ni puede intervenir en la decisión de la justicia, menos cuando ya está en manos de instancias superiores y cuerpos colegiados”.
El representante uribista Cristian Garcés, por su parte, señaló que “quieren silenciar a nuestro líder máximo Álvaro Uribe, el hombre que contiene la avanzada socialista en Suramérica. ¡No nos van a derrotar!”. El también congresista del Centro Democrático sostuvo que “la decisión de imponer prisión a Álvaro Uribe viola de frente la presunción de inocencia. El presidente tiene derecho a apelar, y lo hará. La batalla por la verdad continúa, porque si el fallo hubiese respetado la ley y las pruebas, el veredicto sería uno solo: absolutorio”.
El concejal de Bogotá, Humberto Amín, sostuvo que “es injusta la sentencia para el presidente Álvaro Uribe Vélez. Los 12 años y la ejecución inmediata de la pena da cuenta de la sevicia hacia él. Confiamos en la segunda instancia, pero no cabe duda de que la instrumentalización de la justicia es evidente»
De Colprensa
por Konuco | Ago 1, 2025 | Destacadas, Judicial e Investigación
Más de 6.000 adolescentes fueron ingresados al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) en 2024, con un predominio de jóvenes varones, la mayoría entre los 14 y 17 años. De acuerdo con cifras del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), el hurto es el delito más frecuente en estos casos, con 1.482 incidentes registrados, seguido por el tráfico de estupefacientes, violencia intrafamiliar y otros crímenes.
El panorama se agrava cuando se observa el contexto familiar y social de los jóvenes. Un alto porcentaje proviene de hogares monoparentales, donde las madres son las principales proveedoras, lo que, según expertos, puede generar un desarraigo emocional en los adolescentes.
Según la última encuesta del ICBF (2019), el 58,2 % de los adolescentes en el SRPA vivieron en familias monoparentales, siendo el 86,3 % de estos hogares encabezados por mujeres. Además, el 51,1 % de los jóvenes involucrados en el sistema tenía, o había tenido, algún familiar privado de la libertad.
En el conversatorio «Más allá del delito: historias, derechos, futuro», organizado por la coalición NiñezYA, varios jóvenes que han sido parte del sistema penal compartieron sus vivencias. María Fernanda, una de las participantes, relató que muchos de ellos nunca consideraron la posibilidad de llegar a la universidad. «Nunca contemplamos estar en la universidad. Eso es para personas millonarias. Y si es en la universidad pública, pues es para los que son muy inteligentes», expresó.
Carlos, Johan y Dairon también compartieron sus historias de vida. En sus barrios predominan hogares donde las madres son las únicas proveedoras y, debido a ello, los jóvenes quedan al cuidado de sus hermanos mayores, lo que a menudo los empuja hacia las calles. “Vengo de una cadena de droga, violencia y delincuencia”, señaló Carlos. Johan explicó que a pesar de ser testigo del daño causado por las drogas y el encarcelamiento de sus familiares, también vio en ello una forma de aprendizaje sobre los errores que podía evitar.
El proceso de reintegración y restauración en el SRPA es clave para evitar que los jóvenes reincidan en conductas delictivas, aunque no siempre resulta efectivo. Durante el conversatorio, los jóvenes compartieron cómo, en algunos casos, el proceso de justicia restaurativa les permitió transformar sus relaciones familiares. “Yo no tenía una buena relación con mi papá. No me decía ni feliz cumpleaños. No había confianza para hablar, pero con el proceso logré tener vínculos con él”, relató Johan.
Por otro lado, Dairon indicó que la justicia restaurativa lo ayudó a reconocer el daño que causaba a su familia y a otros. “En algún momento llegó el arrepentimiento. Pensé: ¿además de dañar a mi familia, por qué lastimar a otra que nunca me hizo nada? No conocía la justicia restaurativa, pero la estaba viviendo”, expresó.
A pesar de los avances, los jóvenes enfrentan grandes desafíos una vez egresan del sistema penal. Según Johan, al salir, es difícil aplicar lo aprendido debido a las barreras sociales y el estigma que siguen enfrentando. «Cuando egreso, un reto difícil es poner en práctica todo lo que me enseñaron durante el proceso y más porque me fui a vivir solo y a otra ciudad», señaló.
Carlos también compartió su frustración por la falta de apoyo luego de cumplir con su proceso. «Yo tenía a la defensora en un pedestal, pero se me cayó cuando le dije que quería ser psicólogo y me contestó: ya no tiene problemas con la ley y se fue», comentó.
La falta de acompañamiento adecuado después de la salida del SRPA es un problema recurrente. Gracy Pelacani, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, concluyó que más allá de superar los prejuicios hacia los adolescentes del sistema penal, la sociedad debe hacer un esfuerzo por conocer más y escuchar las historias de quienes han estado en el sistema. “Más allá de superar los prejuicios sobre los adolescentes del SRPA, la sociedad tiene que conocer más y escuchar a quienes estuvieron en el sistema”, concluyó.
Según un informe del ICBF, el 73 % de los adolescentes en el SRPA reportaron haber sufrido algún tipo de agresión antes de su ingreso, con el 38 % de ellos habiendo experimentado agresiones físicas. Además, el 51,1 % de estos jóvenes proviene de familias con antecedentes de privación de libertad, lo que refleja un ciclo intergeneracional de violencia y exclusión social.
Durante el conversatorio, los jóvenes coincidieron en que la clave para prevenir la reincidencia no está en aumentar las sanciones, sino en crear un entorno de apoyo y prevención. María Fernanda resumió este sentimiento al señalar: “Es triste que se deba pasar por esto para que un joven tenga oportunidades. Si las tuviera antes, ¿no sería prevenir?”
De acuerdo con una caracterización realizada por el ICBF al SRPA en 2019, el 73 % de los adolescentes en el sistema fueron víctimas de agresiones antes de ingresar, mientras que el 12 % vivió con familiares que habían pertenecido a grupos armados o habían enfrentado sanciones penales.
De Colprensa
por Konuco | Jul 13, 2025 | Destacadas, Política
El presidente, Gustavo Petro, ha recibido 44 amenazas directas desde que inició su Gobierno en 2022, según el general en retiro Humberto Guatibonza, jefe de Seguridad de la Casa de Nariño, quien además responsabilizó a grupos armados ilegales que se apartaron del proyecto de paz total impulsado por el Ejecutivo.
Guatibonza explicó que de esas 44 amenazas, al menos cinco están siendo investigadas formalmente por la Fiscalía General de la Nación. “El presidente siempre ha sido objetivo para algunos grupos ilegales y para personas que, desafortunadamente con el tema de tanta polarización, adquieren odios que se convierten en probables amenazas”, indicó.
El general, en entrevista con el periódico Vida, señaló que los principales responsables serían actores armados que se alejaron del proceso de paz propuesto por el Gobierno. “Algunos de los grupos que han rechazado la oferta de paz total. Y son ahora enemigos potenciales del señor presidente y tienen interés en hacerle daño. Así de sencillo. Hay gente de las disidencias de las Farc, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Clan del Golfo, a los que este Gobierno ha golpeado bastante”, afirmó.
El esquema de seguridad incluye a la familia del presidente. Guatibonza aseguró que están articulados con todas las entidades del Estado para anticiparse a cualquier riesgo. También mencionó que realizan labores de inteligencia en redes sociales, en espacios públicos y a través de informantes del mundo delictivo.
Sin embargo, aclaró que no cuentan con detalles sobre la identidad de integrantes de la llamada “Junta del Narcotráfico”, mencionada de forma reiterada por Petro, ni sobre posibles planes de adquisición de misiles por parte de grupos ilegales en el país.
Guatibonza reveló que, pese a las tensiones diplomáticas entre los gobiernos de Gustavo Petro y Donald Trump, ha sostenido contactos con autoridades estadounidenses sobre la seguridad del mandatario. Según relató, funcionarios norteamericanos le dijeron: “Independientemente de la relación entre los presidentes, a nosotros nos interesa la democracia. Y esta consiste en que una persona elegida democráticamente cumpla con el período para el que fue elegida”.
El jefe de seguridad también se refirió al cambio de itinerario en el regreso del jefe de Estado desde España el pasado 2 de julio. Según confirmó, la modificación de la ruta se debió a una amenaza contra el avión presidencial.
Tres fuentes de alto nivel de la Casa de Nariño indicaron a Blu Radio que la amenaza obligó a que la aeronave, que transportaba al jefe de Estado y su delegación, no aterrizara en Bogotá sino en Pereira.
De Colprensa
