por Konuco | May 24, 2025 | Destacadas, Judicial e Investigación
La Procuraduría solicitó a los ministerios del Interior y de Defensa, información relacionada con una operación de la Armada que involucró a integrantes de la comunidad indígena Minitas – Mirolindo, en Barrancominas, Guainía.
Según la denuncia, cuando los pescadores y cazadores de la comunidad regresaban al resguardo con los alimentos recogidos, luego de sus tradicionales actividades de subsistencia, fueron interceptados y judicializados por integrantes de la Armada Nacional, un hecho interpretado por las autoridades ancestrales como un acto de persecución y atropello, en contravía de sus derechos territoriales, culturales y colectivos.
En tal sentido, la Procuraduría Delegada para Asuntos Étnicos solicitó a la Dirección de Asuntos Indígenas, Rrom y Minorías del Ministerio del Interior evaluar la posibilidad de propiciar un espacio de diálogo, escucha y construcción de soluciones entre la comunidad afectada y el Batallón de la Armada.
Al Ministerio de Defensa le pidió un informe sobre los hechos referidos, las acciones institucionales adoptadas y las medidas de relacionamiento desarrolladas con las autoridades del resguardo.
Por último, el ente de control requirió a la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente de la Amazonía reportar las medidas ambientales vigentes sobre el resguardo, así como las estrategias de relacionamiento establecidas con sus autoridades indígenas para armonizar la gestión ambiental con los usos tradicionales de los recursos naturales.
Foto y noticia: Colprensa
por Konuco | May 24, 2025 | Destacadas, Política
La Procuraduría General de la Nación expresó su preocupación al Ministerio del Interior por no realizar el diálogo intercultural previsto para el 7 de mayo en el que se discutiría la normatividad de las Entidades Territoriales Indígenas (ETIs) de la Amazonía.
Indicó que esta omisión afecta principios fundamentales de consulta previa y autonomía de los pueblos indígenas y representa un incumplimiento de compromisos establecidos.
En una comunicación oficial, la Procuraduría Delegada para Asuntos Étnicos recordó al Viceministerio para el Diálogo Social y a la Dirección de Asuntos Indígenas que la no realización del encuentro contraviene lo pactado con autoridades étnicas.
Además, señaló que la suspensión del espacio vulnera los compromisos adquiridos en la Mesa Regional Amazónica, el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, el Decreto Ley 632 de 2018 —que establece la creación y reglamentación progresiva de las Entidades Territoriales Indígenas mediante consulta y concertación— y la sentencia T-180 de 2024, que ordenó garantizar la participación efectiva de los pueblos indígenas y advirtió que omitir estos espacios vulnera derechos fundamentales como la autonomía y el autogobierno.
El organismo de control insistió en la necesidad de avanzar en la reglamentación de las ETIs y advirtió que las autoridades indígenas deben ser parte activa en este proceso. Afirmó que su exclusión afecta la garantía de derechos colectivos y los principios constitucionales de participación.
Ante este panorama, la Procuraduría instó al Ministerio del Interior a concertar nuevas fechas para el desarrollo del diálogo intercultural, asegurando la presencia efectiva de los delegados indígenas y de las entidades garantes involucradas en el proceso.
También subrayó que las Entidades Territoriales Indígenas representan una herramienta clave para el reconocimiento de la plurietnicidad y la multiculturalidad del Estado colombiano, y son esenciales para consolidar mecanismos de autonomía y gobernanza propia de los pueblos originarios.
El Ministerio del Interior no realizó el diálogo previsto con autoridades indígenas, lo que pone en riesgo la concertación de normas clave para las Entidades Territoriales Indígenas de la Amazonía.
La Procuraduría General de la Nación expresó su preocupación al Ministerio del Interior por no realizar el diálogo intercultural previsto para el 7 de mayo en el que se discutiría la normatividad de las Entidades Territoriales Indígenas (ETIs) de la Amazonía.
Indicó que esta omisión afecta principios fundamentales de consulta previa y autonomía de los pueblos indígenas y representa un incumplimiento de compromisos establecidos.
En una comunicación oficial, la Procuraduría Delegada para Asuntos Étnicos recordó al Viceministerio para el Diálogo Social y a la Dirección de Asuntos Indígenas que la no realización del encuentro contraviene lo pactado con autoridades étnicas.
Además, señaló que la suspensión del espacio vulnera los compromisos adquiridos en la Mesa Regional Amazónica, el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, el Decreto Ley 632 de 2018 —que establece la creación y reglamentación progresiva de las Entidades Territoriales Indígenas mediante consulta y concertación— y la sentencia T-180 de 2024, que ordenó garantizar la participación efectiva de los pueblos indígenas y advirtió que omitir estos espacios vulnera derechos fundamentales como la autonomía y el autogobierno.
El organismo de control insistió en la necesidad de avanzar en la reglamentación de las ETIs y advirtió que las autoridades indígenas deben ser parte activa en este proceso. Afirmó que su exclusión afecta la garantía de derechos colectivos y los principios constitucionales de participación.
Ante este panorama, la Procuraduría instó al Ministerio del Interior a concertar nuevas fechas para el desarrollo del diálogo intercultural, asegurando la presencia efectiva de los delegados indígenas y de las entidades garantes involucradas en el proceso.
También subrayó que las Entidades Territoriales Indígenas representan una herramienta clave para el reconocimiento de la plurietnicidad y la multiculturalidad del Estado colombiano, y son esenciales para consolidar mecanismos de autonomía y gobernanza propia de los pueblos originarios.
Foto y noticia: Colprensa
por Konuco | May 23, 2025 | Destacadas, Judicial e Investigación
La Alcaldía de Bogotá anunció este lunes que acudirá a las instancias judiciales para se le obligue al Gobierno a cumplir con la orden de retorno de la comunidad indígena embera asentada en el borde del Parque Nacional y además presentará una acción de tutela para que se les restablezcan los derechos de unos 220 niños que acompañan a sus padres en las protestas y estás expuestos a la violencia.
«Vamos a actuar con las herramientas que tenemos a disposición, herramientas que tiene que ver por ejemplo con la presentación de una acción para que se identifique el desacato a la decisión judicial del retorno. Nosotros consideramos que ahí hay una acción de desacato que se puede presentar y vamos a trabajar para que eso suceda», afirmó el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.
El mandatario sostuvo que en el 2023 se emitió una orden judicial para que el Gobierno atendiera la situación y garantizara el retorno de los grupos aborígenes que estuvieron asentados ese año en el Parque Nacional y quienes accedieron a abandonarlo, tras acuerdos con la administración de Gustavo Petro, que a la fecha ha incumplido, de ahí la decisión de un grupo de emberas de intentar volver a instalarse en el parque, en protestas a los incumplimientos.
Además de ello, Galán denunció que los más de 200 niños que están con sus padres en los andenes del Parque Nacional no están yendo a la escuela ni sus mayores les permiten recibir ayuda del Distrito.
«Vamos a presentar una acción de tutela para que se restablezcan los derechos de estos niños y que se les permita recibir la atención que el Distrito les está ofreciendo», avisó el Alcalde, al denunciar que los menores de edad han sido «instrumentalizados» por sus adultos y utilizados en el bloqueo de vías y otras acciones de hecho, poniendo en riesgo la integridad de los menores.
Frente a este tema el secretario de Gobierno de la capital, Gustavo Quintero, le envió un «mensaje claro» a los emberas en protestas, «en Bogotá los derechos de las niñas y los niños están por encima de todo. Esta es una condición esencial para garantizar la permanencia de cualquier comunidad en el territorio».
El mandatario aseguró que toda esta situación crítica se deriva de las promesas incumplidas del Gobierno, que dejó a su suerte a este grupo de indígenas que ahora reclaman lo que les anunciaron.
Galán enumeró los incumplimientos del Ejecutivo con los indígenas, al tiempo que señaló que la ciudad ha invertido unos $22.000 millones para atender a esta población.
Foto y noticia: Colprensa
por Konuco | May 23, 2025 | Destacadas, Política
Un choque de trenes entre el Gobierno y la Alcaldía de Bogotá ha generado la atención de los indígenas emberá que se encuentran en la ronda del Parque Nacional, en protesta por la falta de ayudas y los incumplimientos para el retorno.
Este martes, el Ejecutivo cuestionó directamente a las autoridades distritales por la desatención de los indígenas, cuestionando directamente su responsabilidad en su atención y recibimiento.
“Bogotá estaba comprometida a hacer fumigaciones en los albergues, a arreglar las baterías sanitarias, a condicionar los lugares de la alimentación, a tener la recolección de las basuras, al suministro de agua. Eso es lo básico. Bogotá incumplió”, afirmó Gloria Cuartas, directora encargada de la Unidad de Víctimas.
La funcionaria resaltó que la Alcaldía es el primer responsable y quien debe garantizarle a los embera unos albergues y toda la atención requerida porque “la unidad para las víctimas no debe pagar albergues, Bogotá debe cumplir lo acordado”.
En su mensaje, la directora encargada señaló que tanto la Unidad para las Víctimas y el Ministerio del Interior, “han asumido con plena responsabilidad su rol frente a la situación de esta comunidad indígena”, pero hizo un llamado a la Alcaldía de Carlos Fernando Galán a cumplir con las acciones de protección acordadas.
“Hacemos un llamado urgente a la Alcaldía de Bogotá para comprender que esta no es una situación simplista. Se trata de un proceso estructural de retorno, reubicación e integración local, que requiere una articulación real y efectiva entre autoridades del orden nacional, distrital y territorial”, planteó Cuartas.
Invitó además a Galán a «abrir un diálogo directo con sus secretarías de despacho y a sumarse de manera efectiva a la colaboración armónica entre niveles de Gobierno, que es la única vía posible para garantizar derechos y soluciones duraderas”.
El viceministro para el Diálogo Social y los Derechos Humanos del Ministerio del Interior, Gabriel Rondón, anunció que «el Gobierno nacional cita mañana a todas las entidades que hacen parte del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV) para abordar el retorno de los Emberá y la posibilidad de que algunas de estas comunidades se quieran quedar a vivir en Bogotá”.
En sus declaraciones, los funcionarios señalaron que el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) se encargará de hacer una articulación con el Ministerio del Interior, alcaldes y gobernadores del Chocó y Risaralda, para definir una ruta clara y consensuada de retorno y reubicación.
Al respecto se detalló que, desde el año 2021, la entidad ha invertido $3.743 millones en la atención de esta población. Desde el 7 de enero de 2023 la Unidad ha entregado más de 3.428 kits de alimentos a los embera asentados en la UPI La Rioja. Esta atención ha representado una inversión superior a $1.816 millones en alimentación.
Desde la Alcaldía de Bogotá han reiterado que el Gobierno es el responsable de los incumplimientos a este grupo indígena, por lo cual es necesario reunirse con este grupo para cumplir sus solicitudes en medio de las manifestaciones que se han realizado en el centro de la ciudad.
Incluso el alcalde Galán anunció en la víspera que acudirá a instancias judiciales para se obligue al Gobierno a cumplir con la orden de retorno de esta comunidad indígena y avisó que presentará una acción de tutela para que se les restablezcan los derechos de unos 220 niños que acompañan a sus padres en las protestas y estás expuestos a la violencia.
Foto y noticia: Colprensa
por Konuco | May 23, 2025 | Destacadas, Región
La Procuraduría General de la Nación solicitó medidas urgentes para proteger a la comunidad indígena de Geando, desplazada en el Chocó, y a los habitantes de al menos diez veredas del Guaviare, luego de advertencias sobre posibles convocatorias armadas por parte de integrantes de las disidencias del Estado Mayor Central que, según el organismo, estarían poniendo en riesgo a la población civil.
La Procuraduría dirigió un oficio al comandante del Batallón Fluvial de Infantería de Marina N.º 32 para que informe sobre las acciones emprendidas tras conocerse un audio en el que alias “Miller Nariño”, presunto integrante del Bloque Jorge Suárez Briceño de esa disidencia, convocó a pescadores, comerciantes y residentes de varias veredas del municipio de Mapiripán, a una reunión el pasado 13 de mayo en Barranco Colorado.
Las zonas mencionadas incluyen Barranco Colorado, Caño Minas, Caño Negro, Mapiripán, Nare, El Mielón, Puerto Limón, Casa Roja, Los Cámbulos y San José del Guaviare. Según el Ministerio Público, esta convocatoria representa una violación a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario, al involucrar a la población civil en medio de un contexto de conflicto armado.
La Procuraduría recordó que el 17 de abril fue expedido un decreto presidencial que ordenó la suspensión de operaciones ofensivas contra frentes del Estado Mayor Central, incluyendo el bloque señalado. Por ello, solicitó que se adelanten medidas que salvaguarden la vida de los habitantes y el cumplimiento del orden constitucional en la región.
En paralelo, la Procuraduría Delegada para Asuntos Étnicos pidió la intervención inmediata del Estado ante la crítica situación que vive la comunidad indígena de Geando, desplazada desde hace cuatro años y asentada actualmente en la Casa Humanitaria del municipio de Pizarro, Chocó.
El ente de control alertó que niños, niñas y adolescentes están en riesgo de reclutamiento forzado y otras formas de violencia, mientras que problemas graves de salud y nutrición ya habrían causado la muerte de dos menores de cinco años y una adulta mayor.
La Procuraduría subrayó que esta población es sujeto de especial protección constitucional y urgió a las autoridades a adoptar medidas administrativas con enfoque diferencial. Entre las entidades requeridas se encuentran los ministerios del Interior, Defensa y Salud, la Unidad para las Víctimas, el ICBF, la Unidad Nacional de Protección, la Gobernación del Chocó y la Alcaldía de Pizarro.
El organismo enfatizó que sus actuaciones preventivas respetan plenamente la autonomía de las entidades involucradas, pero reiteró su obligación de actuar ante situaciones que comprometen la seguridad, dignidad y derechos fundamentales de poblaciones vulnerables.
Foto y noticia: Colprensa
