por Konuco | Ago 28, 2024 | Destacadas, Política
En un esfuerzo por fortalecer la democracia y ampliar la participación política de los jóvenes en Colombia, el partido Cambio Radical ha presentado un ambicioso proyecto de ley ante el Congreso de la República. Esta iniciativa busca reformar el Estatuto de Ciudadanía Juvenil, modificando las leyes 1622 de 2013 y 1885 de 2018, con el objetivo de garantizar que las voces juveniles sean prioritariamente consideradas en la formulación de políticas públicas y en la toma de decisiones políticas.
Con el fin de empoderar a la juventud colombiana y asegurar que sus preocupaciones y necesidades se reflejen en las decisiones políticas, Cambio Radical ha propuesto una reforma que promete revolucionar la participación política de los jóvenes en el país. Esta propuesta incluye la implementación de listas abiertas en las elecciones de los Consejos de Juventud, un cambio que busca fomentar una mayor participación ciudadana y fortalecer la representación política juvenil.
El proyecto de ley, anunciado oficialmente el 27 de agosto de 2024, establece a los Consejos de Juventud como interlocutores obligatorios en cualquier decisión política que afecte a la juventud colombiana. Este cambio representa un avance significativo en la representación juvenil, asegurando que las políticas públicas reflejen mejor las inquietudes y necesidades de los jóvenes en el país.
Según Sebastián Rengifo, director de juventudes de Cambio Radical, “Esta reforma es un paso fundamental para empoderar a los jóvenes y asegurar que sus voces sean escuchadas en la política colombiana. Queremos una democracia más inclusiva donde todos tengan la oportunidad de participar y ser representados».
Entre los cambios propuestos, destaca la redistribución de curules dentro de los Consejos de Juventud, que asignará el 30% a jóvenes independientes, otro 30% a procesos organizativos, y el 40% restante a partidos políticos. Este enfoque busca un equilibrio entre representación política y participación ciudadana, fomentando la inclusión y diversidad en el ámbito político.
Además, la reforma pretende implementar listas abiertas en las elecciones de los Consejos de Juventud, permitiendo una mayor diversidad de opciones y asegurando que los jóvenes tengan un rol más activo y efectivo en el proceso electoral.
La implementación de estas reformas se considera crucial para el fortalecimiento de la democracia en Colombia. Al promover la participación activa de los jóvenes y fomentar la innovación política a través de nuevos liderazgos, Cambio Radical demuestra su compromiso con la renovación política y la construcción de un país más inclusivo y representativo. Este proyecto no solo busca garantizar que los jóvenes sean escuchados, sino también que tengan un papel central en la toma de decisiones que afectan su futuro.
por Konuco | Ago 28, 2024 | Destacadas, Política
La representante Dorina Hernández, miembro del Pacto Histórico, ha confirmado que en los próximos días se radicará un proyecto de ley en el Congreso que busca modificar el escudo de Colombia para incluir la frase «Libertad y Orden Justo». Esta iniciativa se enmarca dentro de la propuesta lanzada semanas atrás por el presidente Gustavo Petro, quien ha insistido en la necesidad de actualizar los símbolos nacionales para reflejar los valores de justicia social y equidad en la Colombia del siglo XXI.
Dorina Hernández, encargada de dar forma a esta propuesta, señaló que la modificación del escudo no es solo un cambio estético, sino un símbolo de la aspiración del país hacia una justicia social más inclusiva y equitativa. Según la representante, este cambio reflejará la democracia y la equidad que deben inspirar a la nación.
El presidente Petro ha sido un ferviente defensor de esta iniciativa, argumentando que el escudo debe reflejar un «orden justo» que permita alcanzar una verdadera libertad. Durante un evento en Bolívar, el mandatario instó a los congresistas de su bancada a presentar el proyecto, incluso sugiriendo que, aunque no se apruebe como ley, el escudo se modificará para incluir la nueva consigna.
Sin embargo, esta propuesta ha generado debate no solo por su significado, sino también por sus implicaciones prácticas. Un cambio en el escudo nacional implicaría modificaciones en el manual de marca de la Presidencia, la papelería oficial, identificadores, banderas y otros elementos visuales utilizados por las entidades del Estado. El representante Cristian Avendaño, de la Alianza Verde, ha expresado preocupaciones sobre los costos asociados y ha instado al Ministerio de Cultura a realizar un estudio completo sobre la conveniencia del cambio, tanto desde una perspectiva identitaria como financiera.
Mientras tanto, la representante María del Mar Pizarro, también del Pacto Histórico, ha sugerido que podría ser el momento de discutir cambios en otros símbolos nacionales, como el himno nacional, lo que amplía aún más el alcance de este debate.
Este proyecto de ley promete ser un tema de discusión significativo en el Congreso en los próximos meses, mientras se evalúan tanto sus méritos simbólicos como sus posibles impactos prácticos y financieros.
por Konuco | Ago 23, 2024 | Destacadas, Región
Sahagún, Córdoba, 23 de agosto de 2024. La Sociedad de Activos Especiales (SAE) realizó el día de ayer una significativa entrega de terrenos en Sahagún, Córdoba, que promete transformar la vida de 300 campesinos de la región.
Un total de cinco fincas, que suman 1.378 hectáreas, fueron oficialmente transferidas a diversas organizaciones y agencias gubernamentales con el objetivo de rehabilitar estas tierras previamente vinculadas con actividades ilegales.
Entre las propiedades entregadas destaca la Finca Nuevo México, una extensión de 497 hectáreas, que ha sido asignada a la Agencia Nacional de Tierras (ANT). Esta acción es parte de una estrategia integral del Gobierno Nacional destinada a mejorar la calidad de vida de los campesinos en Sahagún.
La Finca Tucunare, con 17 hectáreas, también ha sido entregada a la ANT, facilitando así la distribución de tierras y fortaleciendo el apoyo a los agricultores locales.
La Finca Maragón, que cuenta con 710 hectáreas, ha sido cedida a la organización Los Laureles. Esta propiedad es especialmente prometedora para la producción de alimentos, lo que contribuirá al desarrollo económico y la seguridad alimentaria en la región.
Por otro lado, la Finca Tengo Amores, de 40 hectáreas, ha sido asignada a sus nuevos ocupantes que planean implementar proyectos agrícolas y piscícolas, diversificando así las actividades económicas de la zona.
La Finca Las Monitas, con 114 hectáreas, fue entregada a la Asociación Rosmug, que se encargará de la producción de cultivos de pancoger y avicultura, este terreno beneficiará directamente a 18 personas, quienes podrán generar ingresos y mejorar su bienestar mediante actividades agrícolas sostenibles.
Estos terrenos estaban anteriormente asociados con delitos como lavado de activos, narcotráfico y corrupción. La transferencia de estas fincas es parte de un esfuerzo continuo del Gobierno Nacional para restituir tierras a comunidades que las necesitan, promoviendo un desarrollo rural inclusivo y sostenible.
La SAE, junto con la ANT y otras organizaciones locales, busca convertir estos espacios en motores de progreso económico y social, impulsando así la economía popular y el bienestar de las comunidades campesinas en Sahagún.
Con esta entrega, el Gobierno reafirma su compromiso con la justicia social y el desarrollo integral de las regiones afectadas por conflictos y actividades ilícitas, dando un nuevo propósito a las tierras que una vez fueron símbolos de problemas y ahora se transforman en oportunidades para el crecimiento y la prosperidad local.
por Konuco | Ago 22, 2024 | Destacadas, Política
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia ha iniciado acercamientos con la empresa Thomas Greg & Sons para explorar la posibilidad de prorrogar temporalmente el contrato para la expedición de pasaportes, el cual está programado para vencer el próximo 2 de octubre. Según fuentes cercanas al proceso, estas conversaciones se han estado llevando a cabo durante la última semana, con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio y evitar posibles interrupciones en la expedición de pasaportes.
Además de la prórroga del contrato, el Gobierno también estaría buscando la retirada de la demanda que Thomas Greg & Sons presentó contra el Estado colombiano. Esta demanda, que supera los $100.000 millones, se originó por el incumplimiento de un contrato vigente y la revocatoria del mismo durante la administración del entonces canciller Álvaro Leyva.
Según información, las negociaciones entre el Gobierno y la multinacional aún se encuentran en una fase inicial, y se espera que las discusiones continúen en las próximas semanas. Estas mesas de trabajo contarán con la participación de organismos de control como la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General, quienes supervisarán el proceso para garantizar la transparencia y legalidad del mismo.
A pesar de la incertidumbre generada por la posible expiración del contrato, el canciller Luis Gilberto Murillo aseguró el pasado 20 de agosto que no habrá ninguna afectación en la expedición de pasaportes. El Ministerio de Relaciones Exteriores se comprometió a trabajar conjuntamente para asegurar que el servicio continúe sin interrupciones, tranquilizando así a los ciudadanos colombianos preocupados por la situación.
Los detalles financieros y la duración exacta de un nuevo acuerdo con Thomas Greg & Sons aún no se han revelado, pero se espera que se tomen decisiones en las próximas semanas para resolver este tema crucial.
por Konuco | Ago 22, 2024 | Destacadas, Judicial e Investigación
La Red de Veedurías de Colombia ha presentado una queja formal ante la Procuraduría General de la Nación y la Comisión de Disciplina Judicial contra Fabio Andrés Humar Jaramillo, abogado de Helicol. Según informes, Humar no solo defendía a Helicol, sino que también habría asesorado al juez en el caso y actuado como contraparte de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), de la cual también recibía pagos.
El caso se remonta a marzo de 2023, cuando se destapó un escándalo que implicaba presuntas irregularidades en la contratación de servicios de transporte aéreo y la compra de vehículos blindados para Ecopetrol.
Pablo Bustos, presidente de la Red de Veedurías, calificó estas acciones como una clara violación ética y pidió a las autoridades que investiguen a fondo para garantizar la transparencia en el proceso.
Hay que contar que el escándalo de Helicol salió a la luz pública a finales de marzo de 2023, cuando la Superintendencia de Industria y Comercio -en la cual según fuentes, el citado abogado asesoraba desde el 2009 y hasta el 2013- irrumpió por solicitud del mismo profesional del derecho ya actuando como apoderado de Helicol, en las oficinas de Ecopetrol – y dos de sus filiales.
Allí al parecer buscaba detectar presuntas irregularidades, que apuntaban a un posible direccionamiento de contratos hacia empresas que en ese momento operaban en la Orinoquía, evidenciándose también ejecución de órdenes de compra de vehículos blindados, así como prácticas restrictivas a la libre competencia en la contratación del servicio de transporte de personas y carga en helicópteros y aeronaves de la compañía Helistar, para atender las operaciones y mantenimientos solicitados por la petrolera estatal Ecopetrol.
«Este ya no es el caso de la silla giratoria sino de la hélice giratoria, y por eso la Red de Veedurías de Colombia presentó queja formal ante la Procuraduría General de la Nación y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá», señaló Pablo Bustos.
Para la Red de Veedurías de Colombia, llama la atención el hecho de que al parecer se llevaran algunos elementos claves como pruebas:
«El abogado habría actuado para que se adelantaran estas diligencias administrativas a entidades públicas, en las que se llevaron información de computadores y teléfonos celulares, proceso que terminó incluso en la Fiscalía mediante decreto de archivo, toda vez que esta corroboró la inviabilidad jurídica de la denuncia del abogado Humar», afirmó el Presidente de la Red de Veedurías de Colombia, Pablo Bustos.
Finalmente, Bustos cuestionó las acciones del abogado y pidió que se tomen medidas:
«Estas acciones rayan contra la ética y el buen decoro y además generan un eventual conflicto de intereses. Es una clara violación de un régimen legal aplicable a los abogados y a las restricciones propias de los contratistas de las entidades públicas», puntualizó Bustos.
