por Konuco | Feb 18, 2025 | Política, Región
Durante una actuación especial de fiscalización realizada en el segundo semestre de 2024, la Contraloría General de la República reveló hallazgos fiscales por $160 mil millones en la gestión de la Agencia Nacional de Tierras (ANT). Los hallazgos se centran en el proceso de adquisición y adjudicación de predios del Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral (RRI), que tiene como objetivo beneficiar a las comunidades campesinas y étnicas del país.
Irregularidades identificadas en la compra de tierras
La auditoría, realizada por la Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario, abarcó el periodo entre 2022 y abril de 2024. Los resultados de esta investigación incluyeron 14 hallazgos administrativos, de los cuales 10 podrían tener implicaciones disciplinarias, y 6 tienen un posible alcance fiscal. También se solicitó la apertura de una indagación preliminar y un proceso administrativo sancionatorio, debido a la incongruencia en la información presentada por la ANT.
Una de las principales irregularidades detectadas es la compra de predios con suelos inadecuados para la producción agropecuaria. Algunos de los terrenos adquiridos están clasificados como clase VII, lo que los hace aptos solo para uso forestal, pero no para cultivos o ganadería. Más del 50% de la superficie de varios predios adquiridos presenta estas limitaciones, lo que viola la Ley 160 de 1994 y el Acuerdo 329 de 2014, que prohíbe la compra de tierras con más del 20% de su área en suelos de clase VII y VIII. Además, algunos de estos predios tienen un 30% de humedales, lo que agrava aún más su viabilidad para el desarrollo de proyectos productivos.
Ocupaciones ilegales y retrasos en la entrega de tierras
Otro hallazgo significativo fue la ocupación ilegal de varios de los predios adquiridos. La falta de control adecuado por parte de la ANT permitió que estas tierras fueran invadidas, lo que generó un posible detrimento patrimonial de $5.646 millones. La ausencia de diligencia para recibir materialmente las tierras adquiridas también afectó a las comunidades campesinas y étnicas que debían beneficiarse de ellas.
En cuanto a los retrasos en la entrega de los predios, se observó que solo el 18,5% de las tierras adquiridas al Fondo de Tierras han sido registradas y transferidas oficialmente. De los 205 predios, solo el 12,2% fueron entregados a las comunidades campesinas, el 5,3% a comunidades indígenas y solo el 1% a comunidades afrodescendientes. Este retraso ha afectado la implementación de proyectos productivos en las zonas rurales, incumpliendo las metas establecidas en la Reforma Rural Integral.
Impacto en el desarrollo rural
La falta de celeridad en la entrega de tierras ha generado costos adicionales para la ANT debido al mantenimiento de tierras adquiridas pero no entregadas. Además, este atraso obstaculiza el desarrollo rural y pone en riesgo el bienestar de las comunidades destinatarias, afectando gravemente el cumplimiento de los compromisos establecidos en el Acuerdo de Paz. Se calcula que el retraso ha generado un detrimento de $110.322 millones en recursos públicos.
Estas irregularidades evidencian la necesidad urgente de mejorar la gestión en la adquisición y distribución de tierras dentro del marco de la Reforma Rural Integral para asegurar que los recursos públicos sean utilizados de manera efectiva y beneficien a las comunidades más vulnerables.
por Konuco | Feb 17, 2025 | Política, Región
La reciente intervención de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) en las oficinas de Naturgas, que agrupa a empresas del sector gasífero en Colombia, ha generado un fuerte rechazo en la oposición. Los congresistas denunciaron que, durante la inspección, se extrajo el teléfono móvil de la presidenta del gremio, Luz Stella Murgas, con un interés particular en los mensajes de texto entre ella y algunos parlamentarios opositores al gobierno de Gustavo Petro. Este hecho ha sido interpretado como un intento de obtener información privada y como una amenaza a la libertad de expresión.
Los representantes Carolina Arbeláez, de Cambio Radical, y Juan Espinal, del Centro Democrático, fueron los encargados de hacer públicas las acusaciones. Según ellos, el procedimiento se desvió de su objetivo inicial al enfocarse en los chats entre Murgas y miembros de la oposición. Arbeláez expresó su preocupación por lo que considera una violación a la privacidad y una clara persecución por parte del gobierno, que, según ella, afecta no solo a la oposición, sino también a los medios de comunicación y las cortes.
Espinal anunció que llevarán la denuncia ante varias entidades, incluidas la Procuraduría General y la Fiscalía, además de organismos internacionales. Los congresistas consideran que lo ocurrido refleja un modelo de «expropiación» inspirado en el chavismo. En su opinión, el gobierno está utilizando la SIC como una herramienta para intimidar a los líderes gremiales y opositores. A su vez, cuestionaron la razón de ser de la inspección, ya que Naturgas no tiene injerencia en la regulación de las tarifas del gas natural.
Los argumentos de la SIC
Por otro lado, la superintendente Cielo Rusinque defendió la actuación de su entidad, asegurando que las visitas de inspección son parte de sus funciones de control. Rusinque explicó en una entrevista con Blu Radio que las investigaciones en curso responden a la necesidad de esclarecer posibles prácticas anticompetitivas en el mercado del gas natural, y que todas las acciones realizadas están dentro del marco legal y constitucional. Negó cualquier influencia política en su decisión, reiterando que no hay intenciones de perseguir a la oposición.
La inspección de la SIC se dio en un contexto complicado para el gobierno, tras el anuncio de aumentos en las tarifas de gas natural en todo el país, lo que generó un rechazo generalizado. A pesar de la justificación oficial, la oposición sigue viendo en estos procedimientos un intento de silenciar a aquellos que critican al gobierno, y alertan sobre las posibles implicaciones políticas de este tipo de acciones.
por Konuco | Feb 14, 2025 | Política, Región
La ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, aclaró que la decisión sobre la solicitud del presidente Gustavo Petro para que ‘Epa Colombia’, nombre de Daneidy Barrera Rojas, pueda salir de la cárcel bajo la ley de utilidad pública está en manos de los jueces, no del Gobierno. En una entrevista con La W, Buitrago destacó que el Ejecutivo no interviene en estos procesos judiciales y que, si se busca que la influencer sea beneficiada por esta ley, será necesario que lo soliciten directamente los interesados o su abogado.
“Es imposible hacerlo por vías diferentes a las que establece la ley. Si se quiere aplicar la ley de utilidad pública, eso solo lo decide un juez, el de conocimiento o el de ejecución de penas”, afirmó Buitrago, subrayando la separación de poderes entre el Ejecutivo y el Judicial.
El presidente Petro había manifestado su interés en gestionar ante el INPEC para que Barrera Rojas pudiera salir de prisión bajo esta ley, pero la ministra dejó claro que el Gobierno no tiene competencias para conceder ese beneficio. Según la ley, los requisitos básicos para acceder a este beneficio incluyen ser cabeza de hogar, haber cometido delitos como el hurto o el tráfico de estupefacientes, y haber actuado en condiciones de marginalidad, lo que, según el autor del proyecto, Rodrigo Lara, no cumpliría ‘Epa Colombia’.
Además, Buitrago señaló que el Código Penal establece una prohibición para conceder beneficios a personas condenadas por instigación a delinquir, como es el caso de Barrera Rojas, quien fue sentenciada por instigar actividades terroristas. La ministra citó el Artículo 68A del Código Penal, el cual impide otorgar sustituciones a quienes hayan cometido este tipo de delitos.
Sobre las críticas de que la solicitud del presidente podría violar la separación de poderes, Buitrago defendió el derecho de Petro a expresarse libremente. “Debemos respetar la libertad de expresión del presidente. Él tiene derecho a dar su opinión y manifestarse sobre estos temas”, explicó.
A pesar de las aclaraciones de la ministra, el futuro de ‘Epa Colombia’ sigue siendo incierto, ya que dependerá de lo que decidan los jueces, quienes evaluarán si cumple con los requisitos legales para recibir el beneficio de la ley de utilidad pública.
por Konuco | Feb 13, 2025 | Política, Región
Este jueves 13 de febrero comenzaron las sesiones extraordinarias en la Cámara de Representantes para acelerar la discusión sobre la reforma a la salud, pero el inicio estuvo marcado por controversias y denuncias de irregularidades. La incertidumbre sobre si habría quorum retrasó el inicio de la sesión, que estaba convocada para las 4:00 p.m. pero arrancó casi una hora después.
La controversia surgió cuando algunos representantes cuestionaron la legalidad de los decretos que respaldan la convocatoria a las sesiones extraordinarias. Lina María Garrido, segunda vicepresidenta de la Cámara y representante de la oposición por Cambio Radical, denunció que el decreto con el que se citó a las sesiones no cumplía con los requisitos legales. Según Garrido, el nombramiento del nuevo ministro del Interior, Gustavo García Figueroa, no estaba publicado en el Diario Oficial al momento de la convocatoria, lo que violaría las normativas que rigen los actos administrativos.
Garrido presentó pruebas, como pantallazos, que mostraban que el nombramiento de García no aparecía en el Diario Oficial el 11 de febrero, pero sí el 12 de febrero, lo que la congresista calificó como un intento de manipulación del documento oficial. “Se configuraría falsedad en documento público y fraude procesal”, advirtió la representante. En respuesta, radicó una acción de nulidad contra los decretos y presentó una tutela para suspender la convocatoria mientras un juez decide sobre la legalidad del acto.
La denuncia de Garrido se sumó a la preocupación de otros congresistas, como Andrés Forero, del Centro Democrático, quien afirmó que el decreto para convocar a las sesiones extraordinarias era nulo porque quien firmó la convocatoria, el ministro Gustavo García, aún no estaba posesionado oficialmente en el cargo. Forero calificó la situación como una “usurpación de funciones” y añadió que las sesiones podrían estar viciadas desde su inicio.
Además, el presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca, reconoció que el inicio de las sesiones debió haberse pospuesto hasta este miércoles 12 de febrero debido a los problemas con la publicación de los decretos. Salamanca, cercano al gobierno del presidente Gustavo Petro, se vio obligado a convocar a las sesiones una vez que los decretos fueron corregidos y finalmente publicados.
El debate por la reforma a la salud comienza en un contexto de desconfianza y dudas legales que podrían marcar el curso de la discusión. Si las acciones legales de la oposición prosperan, podrían interrumpir el avance de esta controversial reforma que busca modificar profundamente el sistema de salud en Colombia.
por Konuco | Feb 12, 2025 | Política, Región
Este miércoles, durante una Sala Plena, el Consejo Nacional Electoral (CNE) rechazó la solicitud de nulidad presentada por la defensa del presidente Gustavo Petro y otros involucrados en el caso que investiga la presunta violación de los topes electorales en su campaña presidencial de 2022. Con esta decisión, el proceso investigativo se reanuda y continúa su curso, lo que implica nuevos pasos para determinar la responsabilidad de los implicados.
El caso había quedado en suspenso mientras el CNE evaluaba si la solicitud de nulidad era procedente. En su argumentación, los abogados de Petro sostenían que, por cuestiones de competencia, el caso debería ser trasladado a la Comisión de Acusación de la Cámara. Sin embargo, la mayoría de los magistrados (seis) votaron en contra de la nulidad, mientras que tres magistrados, cercanos al Pacto Histórico, salvaron su voto: Altus Baquero (afín al Partido Liberal), Alba Lucía Velásquez y Fabiola Márquez.
El CNE Actúa Tras Meses de Aplazamientos y Recusaciones
El pasado mes de octubre, tras un largo periodo de aplazamientos, recusaciones y una revisión exhaustiva del expediente, el CNE decidió abrir oficialmente la investigación sobre la campaña presidencial de Gustavo Petro. La sospecha principal es que la campaña de primera y segunda vuelta superó los topes de gastos establecidos por la ley electoral, lo que llevó a la autoridad electoral a iniciar un proceso formal.
Con la decisión tomada, comienza una fase clave del proceso: la práctica de pruebas. Según la ley, después de que los investigados presenten sus descargos, el CNE tendrá tres meses para recolectar pruebas. En algunos casos, esta etapa podría extenderse por otros dos meses. Posteriormente, se darán los alegatos finales y, tras ellos, el ponente del caso dispondrá de dos meses para emitir su fallo definitivo, lo que podría ocurrir a finales de junio de este año.
Un Caso Que Podría Largar Más Tiempo Si Se Apelan Decisiones
Si el CNE determinara que la campaña presidencial de Petro violó los topes de gastos, la defensa aún podría interponer una demanda ante el Consejo de Estado. Esta acción prolongaría aún más el proceso y permitiría que la discusión continúe en una instancia superior.
Los Números de la Investigación: Exceso de Gastos en la Campaña de Petro
La investigación sostiene que durante la primera vuelta electoral, la campaña del presidente Petro habría excedido el límite de gastos en aproximadamente $3.709 millones, mientras que en la segunda vuelta el exceso fue de $1.646 millones. En total, se sospecha que los topes fueron violados por un monto cercano a los $5.355 millones. Aunque en las declaraciones oficiales la campaña reportó gastos de transporte por $4.155 millones en la primera vuelta y $1.330 millones en la segunda, los investigadores concluyen que hubo gastos adicionales, especialmente por los servicios contratados con la Sociedad Aérea de Ibagué (SADI), lo que llevó a cuestionar la veracidad de los informes presentados.
Este caso sigue siendo uno de los más seguidos en la política colombiana y podría tener un impacto importante en la imagen del presidente Petro, dependiendo de cómo avance la investigación en el CNE.
