por Konuco | Sep 19, 2024 | Destacadas, Política
El Sistema de Medios Públicos de Colombia, RTVC, ha presentado una demanda formal contra la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, debido a unas declaraciones en las que la congresista acusó a la entidad de ser «una caja de resonancia de las Farc» y de destinar recursos públicos para la promoción de propaganda terrorista. La demanda fue interpuesta ante la Corte Suprema de Justicia, en busca de protección para los periodistas y empleados de RTVC que han recibido amenazas tras las declaraciones de la senadora.
Hollman Morris, gerente de RTVC, fue el encargado de llevar el caso ante los tribunales, argumentando que las acusaciones de Cabal han desatado una serie de ataques e intimidaciones, principalmente contra los periodistas de las Emisoras de Paz, un proyecto que opera en las regiones afectadas por el conflicto armado. Morris señaló que este tipo de declaraciones no solo afectan la seguridad del equipo, sino que también ponen en riesgo la libertad de prensa.
Para enfrentar el proceso legal, RTVC ha contratado al exfiscal general Luis Eduardo Montealegre, quien ya ha expresado que las palabras de la senadora constituyen una agresión directa contra la integridad de los trabajadores de RTVC. Montealegre sostiene que Cabal está utilizando su posición pública para desacreditar un esfuerzo que ha sido clave en la construcción de paz en las zonas más golpeadas por la violencia en Colombia.
Por su parte, María Fernanda Cabal ha manifestado que sus declaraciones forman parte de su rol fiscalizador como congresista y que defiende su derecho a opinar sobre el manejo de los recursos públicos. Además, ha acusado a Hollman Morris de promover una persecución política en su contra y anunció que presentará una contrademanda.
El conflicto ha provocado una gran controversia sobre la libertad de expresión y los límites que esta debe tener cuando se trata de figuras públicas y medios de comunicación. RTVC, por su parte, reitera su compromiso con la protección de sus periodistas y la difusión de información veraz en las zonas más vulnerables del país.
por Konuco | Sep 9, 2024 | Destacadas, Política
- En el marco del Día Nacional de los Derechos Humanos, el Gobierno de Colombia busca sensibilizar a la población y proteger a los niños, niñas y adolescentes del reclutamiento forzado.
Bogotá, 9 de septiembre de 2024 – El Gobierno Nacional, a través de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, ha lanzado la campaña ‘Nadie más para la guerra’. La iniciativa busca prevenir el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes (NNA) por parte de grupos armados ilegales y generar entornos protectores para ellos en la familia, centros educativos y comunidades.
La campaña se lanzó en conmemoración del Día Nacional de los Derechos Humanos, y tiene como objetivo movilizar a la sociedad para sensibilizar y educar sobre el reclutamiento, la utilización de menores y la violencia sexual que estos grupos ejercen contra los NNA. Lourdes Castro, consejera presidencial para los Derechos Humanos, señaló la urgencia de combatir este flagelo: «No podemos, como gobierno ni como sociedad, permitir que nuestras nuevas generaciones se involucren en la guerra. Es momento de decir conjuntamente: dejen a nuestros niños en paz».
Cifras alarmantes del reclutamiento infantil en Colombia
Según la Defensoría del Pueblo, hasta agosto de 2024, 167 niños, niñas y adolescentes han sido víctimas de reclutamiento forzado por grupos armados ilegales. Estas cifras reflejan solo una parte de la problemática, ya que el subregistro es alto debido al temor de las comunidades a denunciar. Además, la violencia sexual y la presión ejercida sobre las familias dificultan el rescate de los menores.
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) reportó que entre enero y junio de 2024, 155 NNA fueron desvinculados de grupos armados, un aumento del 79,2% en comparación con el mismo período de 2023. De estos casos, el 32,6% fueron niñas y el 67,4% niños, con una preocupante representación de indígenas y afrocolombianos entre las víctimas.
Acciones del Gobierno contra el reclutamiento
El Gobierno, a través de la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento (CIPRUNNA), ha intensificado sus esfuerzos para contrarrestar esta problemática. Se han tomado medidas interinstitucionales, incluyendo la vigilancia de contenidos en internet relacionados con grupos armados, para prevenir que los menores sean expuestos a estos riesgos.
Lourdes Castro enfatizó que la campaña ‘Nadie más para la guerra’ es solo un componente de un esfuerzo más amplio para proteger los derechos de los niños y adolescentes. Además, recordó que el presidente Gustavo Petro respalda estas acciones con la directiva 07, que busca combatir la estigmatización y promover el respeto hacia los defensores de derechos humanos en Colombia.
Un llamado a la sociedad para proteger a las nuevas generaciones
En su declaración, Castro hizo un llamado a la acción: «Hoy no solo conmemoramos un día, hoy reafirmamos nuestro compromiso con la paz, la vida y la justicia social». La campaña ‘Nadie más para la guerra’ es un esfuerzo conjunto del Gobierno y la sociedad civil para proteger a los menores, generar entornos seguros y brindarles la oportunidad de crecer en paz y seguridad.
por Konuco | Sep 1, 2024 | Destacadas, Política
La reciente decisión de la Alcaldía de Medellín, liderada por Federico Gutiérrez, de arrendar 19 camionetas eléctricas de lujo por un monto superior a los 21 mil millones de pesos ha desatado una fuerte controversia. La medida, considerada más costosa que la compra directa, ha generado críticas sobre la gestión de los recursos públicos y la transparencia del proceso.
La Alcaldía de Medellín ha iniciado un contrato para el arrendamiento de 19 camionetas eléctricas de lujo, en un proceso que ha comenzado a partir de finales de abril de 2024. Este acuerdo, valorado en más de 21 mil millones de pesos, busca proveer transporte terrestre automotor de carga y especial de pasajeros a la ciudad. Sin embargo, el alto costo del arrendamiento, que supera ampliamente el valor de adquisición de los vehículos, ha generado inquietudes y cuestionamientos entre los ciudadanos y expertos en administración pública.
El contrato fue adjudicado a la Cooperativa de Transportadores Contratistas (COOMULTRANSCON), una empresa que, a pesar de no cumplir con uno de los requisitos financieros esenciales —un índice de liquidez mínimo de 2.5— recibió la concesión para proveer 30 camiones. COOMULTRANSCON solo presentó un índice de liquidez de 2.34, lo que ha sido criticado como una irregularidad en el proceso de adjudicación.
Esta situación ha planteado dudas sobre la transparencia y la coherencia en la gestión de los recursos de la Alcaldía. Federico Gutiérrez, conocido por su retórica sobre la prudencia fiscal y el buen uso de los fondos públicos, enfrenta ahora críticas por esta decisión. Los detractores argumentan que el arrendamiento es innecesariamente costoso y que la adjudicación a una empresa con deficiencias financieras plantea serias preguntas sobre el proceso de licitación.
En un contexto donde los ciudadanos de Medellín ya enfrentan una carga fiscal alta y la incertidumbre provocada por recientes avalúos catastrales, la elección de arrendar en lugar de comprar ha sido vista como una medida que podría agravar la percepción de mala gestión. Las críticas también se centran en la posible falta de transparencia en el proceso de adjudicación y el impacto financiero de esta decisión en el presupuesto de la ciudad.
La controversia sobre el arrendamiento de las camionetas de lujo plantea preguntas cruciales sobre la administración de los recursos públicos en Medellín. A medida que las críticas continúan, el alcalde Federico Gutiérrez deberá abordar las preocupaciones de los ciudadanos y justificar la elección de esta costosa modalidad de arrendamiento. La situación subraya la necesidad de una mayor transparencia y una gestión fiscal más rigurosa en la administración pública, mientras Medellín observa con atención el desenlace de esta polémica.
por Konuco | Ago 29, 2024 | Destacadas, Política
La Presidencia de la República de Colombia ha dado a conocer los 26 nombres que cumplen con los requisitos para integrar la terna que definirá al próximo Procurador General de la Nación. Este proceso forma parte de la responsabilidad que tiene el presidente Gustavo Petro de elegir un candidato, quien junto con los seleccionados por la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, conformará la terna de la que el Senado elegirá al sucesor de Margarita Cabello.
El proceso de selección, que comenzó con la apertura de la convocatoria, ha recibido un total de 45 postulaciones. Sin embargo, solo 26 de estas cumplieron con los requisitos establecidos en la invitación pública, destacando la importancia de criterios como la experiencia, la formación académica, y el compromiso con la justicia y el Estado de Derecho.
Entre los candidatos que han pasado a la siguiente etapa se encuentran figuras notables del ámbito jurídico colombiano. Alejandro Meza Cardales, reconocido por su trayectoria en el sector público y privado, Amelia Rocío Cotes Cortés, quien ha desempeñado roles significativos en la administración de justicia, y Jorge Fernando Perdomo Torres, exfiscal general encargado, son algunos de los nombres que se destacan en esta lista. Estos candidatos representan una diversidad de enfoques y trayectorias que podrían influir significativamente en el futuro de la Procuraduría General de la Nación.
La transparencia del proceso es un aspecto fundamental que ha sido resaltado por la Presidencia. Para ello, se ha habilitado una consulta ciudadana en la que los colombianos pueden expresar sus comentarios y observaciones sobre las hojas de vida de los postulados. Este mecanismo estará abierto hasta el 3 de septiembre de 2024, y se espera que la participación ciudadana contribuya a una elección que refleje las necesidades y expectativas de la sociedad colombiana.
El siguiente paso en el proceso es la evaluación de los comentarios recibidos y la selección final del candidato que representará al presidente Gustavo Petro en la terna. Este proceso es crucial, ya que el Procurador General de la Nación juega un papel central en la supervisión de la función pública y en la protección de los derechos humanos en Colombia.
por Konuco | Ago 28, 2024 | Destacadas, Política
En un esfuerzo por fortalecer la democracia y ampliar la participación política de los jóvenes en Colombia, el partido Cambio Radical ha presentado un ambicioso proyecto de ley ante el Congreso de la República. Esta iniciativa busca reformar el Estatuto de Ciudadanía Juvenil, modificando las leyes 1622 de 2013 y 1885 de 2018, con el objetivo de garantizar que las voces juveniles sean prioritariamente consideradas en la formulación de políticas públicas y en la toma de decisiones políticas.
Con el fin de empoderar a la juventud colombiana y asegurar que sus preocupaciones y necesidades se reflejen en las decisiones políticas, Cambio Radical ha propuesto una reforma que promete revolucionar la participación política de los jóvenes en el país. Esta propuesta incluye la implementación de listas abiertas en las elecciones de los Consejos de Juventud, un cambio que busca fomentar una mayor participación ciudadana y fortalecer la representación política juvenil.
El proyecto de ley, anunciado oficialmente el 27 de agosto de 2024, establece a los Consejos de Juventud como interlocutores obligatorios en cualquier decisión política que afecte a la juventud colombiana. Este cambio representa un avance significativo en la representación juvenil, asegurando que las políticas públicas reflejen mejor las inquietudes y necesidades de los jóvenes en el país.
Según Sebastián Rengifo, director de juventudes de Cambio Radical, “Esta reforma es un paso fundamental para empoderar a los jóvenes y asegurar que sus voces sean escuchadas en la política colombiana. Queremos una democracia más inclusiva donde todos tengan la oportunidad de participar y ser representados».
Entre los cambios propuestos, destaca la redistribución de curules dentro de los Consejos de Juventud, que asignará el 30% a jóvenes independientes, otro 30% a procesos organizativos, y el 40% restante a partidos políticos. Este enfoque busca un equilibrio entre representación política y participación ciudadana, fomentando la inclusión y diversidad en el ámbito político.
Además, la reforma pretende implementar listas abiertas en las elecciones de los Consejos de Juventud, permitiendo una mayor diversidad de opciones y asegurando que los jóvenes tengan un rol más activo y efectivo en el proceso electoral.
La implementación de estas reformas se considera crucial para el fortalecimiento de la democracia en Colombia. Al promover la participación activa de los jóvenes y fomentar la innovación política a través de nuevos liderazgos, Cambio Radical demuestra su compromiso con la renovación política y la construcción de un país más inclusivo y representativo. Este proyecto no solo busca garantizar que los jóvenes sean escuchados, sino también que tengan un papel central en la toma de decisiones que afectan su futuro.
