por Konuco | Jul 1, 2026 | Política
Gustavo Petro reactivó la extradición de “Chiquito Malo” y pidió que, si lo capturan, lo envíen “de inmediato” para que se ejecute la medida. El pronunciamiento del presidente insiste en que la entrega se tramite con urgencia, pero queda condicionada a que las autoridades logren ubicarlo y detenerlo.
La instrucción presidencial: “de inmediato” tras una captura
El presidente reiteró su solicitud de reactivar la orden de extradición y dejó explícita la prioridad que, a su juicio, debe tener el caso en el momento en que se produzca una eventual captura. En su mensaje, Petro planteó que el traslado no se dilate y que se proceda con rapidez una vez se concrete el arresto.
El alcance inmediato del anuncio es político y operativo: marca una directriz de urgencia para el trámite y la ejecución, sin que ello signifique que la captura ya se haya producido. La petición presidencial está formulada en condicional y depende del desarrollo de las acciones de búsqueda y detención.
Qué implica reactivar la extradición de “Chiquito Malo”
La decisión de Petro apunta a poner nuevamente en marcha el proceso para que, una vez haya captura, avance el procedimiento de entrega. En términos prácticos, el mensaje presidencial busca evitar esperas entre la detención y el envío, y mantener la medida lista para ejecutarse cuando se cumplan los pasos correspondientes.
Sin embargo, la reactivación de la orden no equivale a un resultado consumado. La extradición, en este caso, sigue atada a un hecho previo: la captura del señalado. Por eso, el anuncio no confirma un traslado, sino una instrucción para que ocurra con rapidez si se concreta el arresto.
El caso “Chiquito Malo” vuelve al centro del mensaje del Gobierno
Al reactivar la medida, Petro coloca el caso de “Chiquito Malo” en un lugar de alta prioridad dentro de sus mensajes sobre seguridad y justicia. El presidente también enmarca su solicitud en la idea de acelerar decisiones que, en su criterio, no deberían postergarse cuando haya una captura.
Por ahora, el punto decisivo permanece intacto: la extradición solo puede ejecutarse después de una detención. Con su pronunciamiento, el jefe de Estado busca que, si ese momento llega, la respuesta institucional sea inmediata y la reactivación no se quede en una señal política sin efectos prácticos.
por Konuco | Jun 30, 2026 | Política
Las cartas de felicitación a De la Espriella enviadas por Japón y Francia abrieron una primera línea de acercamiento diplomático con el presidente electo de Colombia tras las elecciones del 21 de junio. En mensajes oficiales, Tokio y París plantearon ampliar el trabajo bilateral, con énfasis en cooperación en seguridad, economía y cooperación.
El mensaje de Japón y el peso de una relación de más de un siglo
Según informó la oficina de prensa del presidente electo, la primera ministra de Japón, Takaichi Sanae, remitió una carta oficial en nombre del Gobierno y del pueblo japonés para felicitar a Abelardo de la Espriella por su victoria electoral.
En ese mensaje, Takaichi destacó el carácter estratégico del vínculo bilateral y señaló que Colombia es un socio importante para Japón, con el que comparte valores y principios. También recordó que ambos países completan más de 110 años de relaciones diplomáticas y expresó su interés en seguir fortaleciendo la cooperación durante el nuevo gobierno.
De la Espriella, de acuerdo con el comunicado de su equipo, recibió la carta “con gratitud” y reiteró su compromiso de trabajar conjuntamente para fortalecer la relación entre los dos países.
La carta de Macron: lucha contra el narcotráfico y vínculos económicos
Francia también envió un mensaje formal de felicitación. En una carta oficial, el presidente Emmanuel Macron deseó éxito al nuevo Gobierno colombiano y reafirmó la disposición de su país para trabajar con Colombia en varios frentes, en particular en materia de seguridad y economía, según indicó el entorno del mandatario electo.
Entre los puntos que resaltó la comunicación, Macron planteó la importancia de enfrentar de manera conjunta desafíos como las organizaciones criminales y la lucha contra el narcotráfico, un asunto que ubicó como prioritario dentro de la agenda bilateral.
En el componente económico, el presidente francés expresó el interés de empresas de su país en participar en el desarrollo económico de Colombia y mencionó la expectativa de recibir nuevos inversionistas colombianos, con el objetivo de fortalecer las relaciones comerciales y económicas entre ambas naciones.
Reconocimiento internacional tras la proclamación del presidente electo
El reconocimiento de Japón y Francia se produjo después de que el Consejo Nacional Electoral declarara a De la Espriella presidente electo para el período 2026-2030 tras el escrutinio nacional de la segunda vuelta. Según la información divulgada, el candidato fue proclamado con 12.960.166 votos frente a los 12.708.312 obtenidos por Iván Cepeda Castro, tras concluir el conteo en los 32 departamentos, el Distrito Capital y la circunscripción del exterior.
En paralelo, el gobierno entrante también reportó otros contactos. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció un respaldo de 60 millones de dólares en cooperación no reembolsable para fortalecer el proceso de transición de gobierno, tras una comunicación telefónica entre De la Espriella y el presidente del organismo, Ilan Goldfajn.
Además, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, expresó en su cuenta de X su disposición de colaborar con el presidente electo y de profundizar la relación bilateral en temas como crimen organizado y lucha contra las drogas. En la región, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, también lo felicitó y señaló coincidencias en la necesidad de seguridad y gobiernos que enfrenten al crimen. La posesión de De la Espriella está prevista para el 7 de agosto.
por Konuco | May 6, 2026 | Destacadas, Política
Colombia entra en cuenta regresiva para las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026, y con ello llega una responsabilidad que muchos quieren evitar, pero pocos pueden ignorar: ser jurado de votación.
La Registraduría Nacional del Estado Civil designará cerca de 850.000 ciudadanos en todo el país mediante un sorteo electrónico que cruza datos de empresas, entidades públicas y universidades. Desde el 7 de mayo, cualquier persona podrá consultar si fue seleccionada ingresando a la página oficial.
Y aquí viene lo importante: este no es un llamado opcional. Según el Decreto 2241 de 1986, ser jurado es de obligatoria aceptación. No asistir puede salir muy caro: multas de hasta 10 salarios mínimos (más de 17 millones de pesos) para ciudadanos del común, y hasta la destitución si se trata de funcionarios públicos.
El servicio comienza desde las 7:30 de la mañana y termina solo cuando se haya contado el último voto. Es una jornada larga, exigente y clave para la democracia del país.
Pero no todo está perdido. La ley contempla excepciones. Enfermedades graves, la muerte de un familiar cercano, no vivir en el municipio asignado, tener más de 60 años o viajes programados antes del sorteo son algunas de las razones válidas para pedir exoneración, siempre y cuando se demuestren con documentos.
Eso sí, el proceso no es automático. La persona debe acudir directamente a la Registraduría donde fue asignada, presentar una excusa formal por escrito y adjuntar las pruebas necesarias. Hacerlo a tiempo puede evitar sanciones.
En medio de la molestia que genera esta obligación, hay un pequeño alivio: quienes cumplan como jurados recibirán un día de descanso remunerado dentro de los 45 días siguientes.
La pregunta ahora es inevitable: ¿ya revisó si le tocó? Porque en estas elecciones, ignorar el llamado no solo es irresponsable… puede salirle muy caro.
por Konuco | Oct 21, 2025 | Destacadas, Política
El Tribunal Superior de Bogotá, con ponencia del magistrado Manuel Antonio Merchán Gutiérrez, revocó la condena en contra del expresidente Álvaro Uribe, en el caso en su contra por supuesto soborno de testigos y fraude procesal.
Previamente, el tribunal declaró ilegales la interceptación al celular del expresidente, que se produjo supuestamente por error porque se confundió con el celular de otro congresista. Esa interceptación había sido avalada en múltiples instancias judiciales, incluso por la Corte Suprema de Justicia.
Con esa decisión, el magistrado le dio la razón al defensor de Uribe, Jaime Granados. El abogado decía que esas interceptaciones fueron ilegales, porque en 2018 la Corte Suprema ordenó escuchar una línea telefónica que se creía pertenecía al congresista Nilton Córdoba Manyoma, dentro de la investigación por el escándalo del “Cartel de la Toga”, pero que en realidad era del abogado Diego Cadena, lo que significó que se escucharon conversaciones sin orden judicial. Pero que también se violó el secreto profesional.
“Cualquier intento de convalidarla la ilicitud fomenta prácticas arbitrarias y abre la puerta a pesquizas indiscriminadas. El sistema penal no puede priorizar resultados sobre legalidad”, dijo el magistrado.
En ese contexto, determinó también que no existe ninguna prueba, ni ningún testigo que permita comprobar que el expresidente Uribe indujo a terceros, entre ellos al abogado Cadena, a conseguir testigos y retractaciones a su favor. Lo que contradice el fallo emitido por la jueza Sandra Liliana Heredia, que sostiene que Uribe buscó la manipulación de al menos tres testigos: Juan Guillermo Monsalve; Carlos Enrique Vélez, alias ‘Víctor’; y Euridice Cortés alias ‘Diana’, a través del abogado Cadena. Por eso fue sentenciado por el delito de soborno en actuación penal.
Para el magistrado no se trata de presiones para incriminar a Cepeda y que no hay ninguna prueba en contra de Uribe, dijo que se aplicó rigor desigual descalificando testigos afines a la defensa.Agregó que Cadena actuó solo “no hay instrucciones del acusado”. Esa declaración la hizo sobre Juan Guillermo Monsalve; Carlos Enrique Vélez, alias ‘Víctor’; y Euridice Cortés alias ‘Diana’. Además, ordenó compulsar que se investigue a Carlos Enrique Vélez.
Concretamente, sobre el testigo estrella, es decir, Juan Guillermo Monsalve, el magistrado dijo que no practicó prueba que permitiera darle prueba a su declaración, porque para el magistrado ha entregado varias versiones.
Agregó que su declaración está motivada a buscar beneficios jurídicos.
“No puede asumirse que la retractación buscaba alterar una versión auténtica ni que la primera declaración representara una verdad judicial. El interés del testigo exige escrutinio riguroso”, dijo el magistrado.
Agregó que tampoco se le puede dar credibilidad a Deyanira Gómez, exesposa de Juan Guillermo Monsalve, y quien llevó el reloj con el que se grabaron las supuestas presiones a favor de Monsalve. Por eso, reiteró que no hay pruebas que indiquen que Uribe haya ordenado nada.
“No se demostró su intervención directa ni la existencia de un determinador intermediario. Las pruebas no vinculan al acusado con el actuar final”, dijo el magistrado, que agregó que el hecho de que estuviera informado no es un delito.
El magistrado dijo también que no hay pruebas de que Cadena le hubiera informado sobre el contenido de las cartas o las declaraciones con las que buscaba retractaciones.
«Las conversaciones entre Cadena y el expresidente reflejan que el expresidente fue informado sobre las gestiones del abogado, quien reiteró que no ofreció prebendas ni garantías y que Monsalve quería retractarse«.
Sobre el caso de fraude procesal, el magistrado desestimó la intervención de Uribe en la elaboración y envío, a través de su abogado Diego Cadena, de un conjunto de cartas firmadas por exparamilitares recluidos en la cárcel de Cómbita (Boyacá), con el propósito de que la Corte Suprema de Justicia reabriera una investigación ya archivada contra el senador Iván Cepeda.
En esas cartas se afirmaba que Iván Cepeda los había contactado en 2012 para ofrecerles beneficios a cambio de declarar que Uribe tenía vínculos con grupos paramilitares.
El proceso judicial contra Uribe se remonta a 2012, cuando él mismo denunció al entonces senador Iván Cepeda, a quien acusó de ofrecer prebendas a exjefes paramilitares para que declararan en su contra, señalándolo como presunto fundador del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y de haber participado en crímenes como la masacre de El Aro.
Sin embargo, el 16 de febrero de 2018, la Corte Suprema de Justicia determinó que no existían motivos suficientes para procesar a Cepeda y, por el contrario, abrió una investigación contra Uribe al encontrar indicios de que habría intentado manipular testigos a su favor mediante terceros, entre ellos el abogado Diego Cadena.
Esa decisión dio origen a un expediente que, tras dos intentos fallidos de preclusión, terminó con la histórica condena de 12 años contra el exmandatario.
(Colprensa)
Foto: Colprensa – Cristian Bayona
por Konuco | Oct 16, 2025 | Destacadas, Política
La marea política al interior del Pacto Histórico no para, sumado a las decisiones de los dos máximos organismos electorales de no permitir el logo del partido y no reimprimir los tarjetones, los ánimos políticos al interior de sus filas siguen al rojo.
En lo político, el ambiente sigue caldeado. El exprecandidato presidencial Daniel Quintero vaticinó que, si la consulta del 26 de octubre sigue en firme, el que sea su ganador quedará impedido por mandato de la ley para ir en marzo a la llamada consulta del Frente Amplio, es decir, la consulta interpartidista de la izquierda.
Según Quintero, “participar en la consulta del 26 de octubre me habría impedido participar en las elecciones que vamos a realizar en marzo del 2026. Las razones son varias: al no ser una consulta partidista, la ley no permite que después de ganar la consulta pueda participar en otra consulta interpartidista como la que vamos a realizar el próximo año y con la que vamos a construir un gran frente amplio para ganar en primera vuelta”.
Precisa además que “esto se agrava porque redactaron mal la pregunta ‘VOTO PARA CANDIDATOS A PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA’. Al ganar la consulta, quedaba obligado a cumplir lo estipulado en el tarjetón como si fuera un contrato. Es decir, tenía que ir directamente a mayo o me tocaría pagar los más de 200 mil millones que vale la consulta”.
Cuestiona que “la decisión del CNE de pedir la reimpresión de los tarjetones sin el logo del Pacto Histórico, y la negativa de la Registraduría a hacerlo, hacen que los tarjetones sean ilegales. Mantenerse implicaría soportar una cascada de demandas a mi elección que contaminarían la campaña”.
Respecto a las críticas que le han hecho a él porque se retiró pese a que no podría, Quintero manifestó que “dado que la consulta ahora es entre tres partidos: el Polo, Comunistas y la UP, a los que no estoy afiliado, y que nunca autoricé participar en una consulta de ninguno de estos tres partidos, quedo en libertad para aspirar en marzo o en mayo del próximo año en las elecciones presidenciales”.
Sin embargo, lo dicho por el excandidato lo rechaza la directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, quien considera que, al haberse inscrito oficialmente como precandidato presidencial en la consulta de esos tres partidos, eso le genera consecuencias jurídicas que no se pueden desconocer tras su decisión de no participar el 26 de octubre en la misma.
Para Barrios, “de acuerdo con la Ley 1475, él no podría ser candidato a la Presidencia en 2026. Sin embargo, es una decisión definitiva que toma la autoridad electoral. Pero si la autoridad electoral se remite a la ley, él ya es precandidato de una consulta, así se retire, y ese resultado es de obligatorio cumplimiento para él y no podrá inscribirse por ninguna otra organización política”.
Barrios recordó que “esa inscripción ya había quedado en firme. Se hicieron reuniones para aprobar las tarjetas electorales, definir los puestos y las mesas de votación. Todo estaba listo para seguir adelante. Legítimamente un candidato puede retirarse, pero eso no significa que no tenga que cumplir con las reglas de la consulta.”
Lo dicho por Barrios va en tono con el planteamiento de la Registraduría Nacional sobre la consulta. “La Registraduría Nacional cumple una labor de organización y dirección del proceso electoral, de manera que no le corresponde decidir sobre inhabilidades, incompatibilidades, conflictos de intereses y, en general, sobre las condiciones jurídicas de los candidatos para participar o no de los diferentes procesos electorales”, indicó una declaración de la entidad.
Tras recordar un cronograma que se cumplió paso a paso para las consultas, la Registraduría indicó también que “finalizado el periodo de modificaciones (3 de octubre), la Registraduría socializó y remitió a las agrupaciones políticas las tarjetas definitivas. La entidad no recibió objeción alguna. El 100 % del material electoral se encuentra impreso y en etapa de alistamiento y distribución nacional. Razones materiales, presupuestales y de calendario no permiten modificar o reimprimir las tarjetas, ya que los plazos del calendario electoral (Resolución 7958 del 8 de julio de 2025) y los cortos tiempos para el despliegue de los kits electorales lo imposibilitan. Por lo tanto, es imposible su envío a cada una de las cerca de 20.000 mesas de votación dispuestas para la citada consulta”.
De esa manera, la entidad le respondió a la candidata Carolina Corcho, quien pidió reimprimir los tarjetones, como también a las acusaciones de Quintero, quien reclama que no ha habido garantías suficientes en el proceso electoral.
De Colprensa
