Las autoridades indígenas del Consejo Territorial de Autoridades Indígenas del Oriente Caucano (COTAINDOC), que agrupa a 13 territorios en municipios como Piendamó, Morales, Silvia y Popayán, manifestaron su rechazo a la instalación de dos nuevos peajes en la vía Panamericana. La medida, anunciada por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el Consorcio Nuevo Cauca, afecta directamente a las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas de la región.
Los nuevos peajes se ubicarían en El Túnel (Cajibío) y Mondomo (Santander de Quilichao), lo que incrementaría los costos de transporte, pasajes, fletes y bienes de primera necesidad. La vía Panamericana, principal corredor de comercio para el Cauca, es esencial para las actividades económicas de la población, que ya enfrenta condiciones adversas por el desempleo, el conflicto armado y el deterioro de las vías terciarias.
En su comunicado, las comunidades recordaron el desmontaje del antiguo peaje de Tunía durante el estallido social de 2021, cuando este se resignificó como la “Nave de la Resistencia”. En ese momento, la ANI acordó con líderes indígenas, campesinos y afros no reinstalar peajes en el tramo de Piendamó. Sin embargo, las decisiones actuales contradicen estos compromisos.
Los líderes indígenas denuncian que los peajes en vías concesionadas benefician a privados y bancos, mientras las comunidades no ven mejoras en la infraestructura vial ni en sus condiciones económicas. Además, exigen el respeto al derecho a la Consulta Previa, Libre e Informada, que obliga a concertar con los pueblos indígenas cualquier proyecto que afecte sus territorios.
COTAINDOC solicitó al Gobierno Nacional, encabezado por el Ministerio de Transporte y la ANI, revisar la decisión e iniciar un diálogo participativo con los sectores sociales del Cauca. Buscan alternativas para el mantenimiento vial sin perjudicar a las comunidades, que ya enfrentan múltiples desafíos para su desarrollo y bienestar.
El rechazo a los nuevos peajes refleja la lucha de estas comunidades por la defensa de su autonomía, territorio y derechos económicos y sociales.