La Asociación Nacional de Alumbrado Público- ANAP alertó a la ciudadanía sobre un proyecto de decreto que busca modificar el reglamento único del sector de minas y energía, estableciendo políticas para la eficiencia tarifaria en el sector energético, según el Ministerio de Minas y Energía.
Esta medida podría comprometer el alumbrado público, ya que la reducción tarifaria implicaría en realidad la eliminación del cobro por este servicio.
Siendo la ANAP una entidad mixta que representa los procesos de innovación en sistemas de alumbrado público en Colombia desde hace más de 25 años, sentimos la responsabilidad de explicar la fórmula propuesta por el Ministerio (Ver adjunto). Esta fórmula, en lugar de disminuir el costo tarifario para los usuarios, busca dejar de recaudar los recursos necesarios para mantener el alumbrado público en más de mil municipios del país, lo que pone en riesgo la infraestructura eléctrica, como ocurrió en Venezuela.
«Una ciudad sin iluminación es aterradora y amenazante. El Gobierno Nacional, en conjunto con el Ministerio de Minas y Energía, ha presentado un proyecto de decreto que dejaría prácticamente sin recursos el servicio de alumbrado público en todo el territorio nacional.
La ANAP señala que no se realizó un estudio previo ni un análisis adecuado para justificar esta medida, lo que pone en peligro la prestación del servicio de alumbrado público en Colombia. Estos anuncios parecen improvisados y buscan la aprobación ciudadana desde una perspectiva populista, lo que terminará afectando a todos los colombianos», aseguró Armando Gutiérrez, Director Ejecutivo de la ANAP.
«Este supuesto ahorro para el ciudadano generará problemas graves para la ciudadanía y los municipios. Hemos visto lo que sucedió en Venezuela con los apagones. Por lo tanto, convocamos a las empresas del sector energético, entidades de la sociedad civil y sector público territorial para hacer seguimiento a esta problemática», añadió Gutiérrez.
Finalmente, la ANAP advierte que, de aprobarse el decreto, será impugnado ante las autoridades pertinentes por no cumplir con los requisitos legales.
