La comisión de empalme del presidente electo Gustavo Petro divulgó este lunes el informe final de las reuniones efectuadas con funcionarios del gobierno de Iván Duque, tras las cuales existe preocupación por el riesgo de presupuesto de algunos sectores.

Los primeros en aparecer durante la jornada fueron los coordinadores de esta comisión, Mauricio Lizcano y Daniel Rojas, quienes puntualizaron que durante este proceso trabajaron 2.853 personas durante cinco semanas, se enfatizó en los 23 sectores y 190 entidades del ejecutivo, en 11 mesas trasversales.

Para los voceros de la comisión de empalme, es importante priorizar en la ampliación del recaudo de la nación, según Rojas. «Colombia es uno de los países de Latinoamérica con el menor índice de recaudo de impuestos», indicó.

Además, al final de su intervención, el coordinador del proceso de empalme afirmó que durante los primeros 100 días de gobierno se dejarán las bases claras sobre el plan de desarrollo territorial.

Las principales ‘alertas críticas’ visibilizadas en el informe de empalme son las siguientes:

    • Irregularidades en el sistema Ingreso solidario: Según este informe final, las cuentas del Departamento de Prosperidad Social (DPS) no cuadran, pues argumentan que ha habido recortes a su presupuesto que le restan cerca de 10 billones de pesos. Estos recursos, que pasaron de un lado a otro, corresponden a las entregas monetarias a los ciudadanos priorizados durante la pandemia. Es decir, estaría desfinanciado.
    • Endeudamiento al sector salud: Según la ministra designada, Carolina Corcho, existe insostenibilidad en el sistema, pues las EPS acumulan deudas hasta por 20 billones de pesos, con un déficit de 6,4 billones en el presupuesto de 2022, y de 4,6 billones en 2023. En total, según este informe, hay 14 EPS en riego de liquidación, y altos índices de corrupción ​​​​​​​​​​​​​​​de la Administradora de ​los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES).
    • Economía Naranja: Durante el gobierno Petro, la propuesta bandera del presidente Iván Duque, la economía naranja, no irá más. Según Rojas, uno de los coordinadores del empalme entre el gobierno saliente y el entrante, tras cuatro años del actual mandato todavía no está claro a qué se refiere el actual mandatario con este concepto.
    • Licencias de Cultivos de cannabis: Según el equipo de empalme del ministerio de Justicia, encontraron irregularidades a la hora de adjudicar contratos para pequeños y medianos cultivadores, pues no se cumplen las políticas de otorgamiento de licencias y estarían favoreciendo a empresas multinacionales. El enfoque que pretende este nuevo gobierno es priorizar a las organizaciones campesinas a obtener estas licencias sin costo alguno, eliminando la dirección de políticas de drogas adscritas al Viceministerio de Política Criminal, para trasladar así estas funciones a una alta instancia presidencial especializada en Derechos Humanos.
    • Problemas en restitución de tierras: Según este informe, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) no ha llevado a cabo acciones algunas para lograr recuperar y restituir las tierras en todo el territorio nacional; pues solamente 18.000 hectáreas se han verificado de los 1,9 millones de hectáreas que fueron incorporadas al Fondo Nacional de Tierras. Uno de los temas que priorizaron los coordinadores del ministerio de Agricultura se trata sobre la descapitalización del Banco Agrario, por 700.000 millones de pesos.

Por otro lado, Lizcano elevó sus preocupaciones frente al nombramiento de nuevas personas en cargos en la Comisión de Regulación de Energías, Gas y Combustibles. Adicionalmente, se pronunció frente a la posible adjudicación del contrato del canal de Dique, comprometiendo vigencias futuras.

Finalmente, el equipo de empalme continuará con algunas políticas públicas del gobierno del presidente actual, como en la profundización en la jornada única en todos los colegios públicos del país.

Esto pese a la alerta del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, ya que hasta el 30 de octubre vencen los contratos de 10 operadores por 8 billones de pesos y continuar con el proceso de los esquemas de vacunación en todo el territorio nacional. Priorizando, eso sí, en los municipios donde no llega cobertura.

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