La canciller Laura Sarabia informó que se declaró impedida para intervenir en los procesos disciplinarios abiertos contra el actual ministro del Interior, Armando Benedetti. Esta decisión fue comunicada durante una entrevista con Noticias RCN, donde explicó las razones de su solicitud ante el presidente Gustavo Petro y el Consejo de Ministros.
Según Sarabia, existe una denuncia penal contra Benedetti, lo que la coloca en una situación en la que no puede opinar sobre los procesos que lo involucran. «Yo tengo una denuncia penal contra el embajador, en lo cual estoy impedida para opinar sobre un proceso contra él», señaló la ministra. De esta forma, pidió que se le aceptara el impedimento en los próximos días para garantizar la imparcialidad de los procesos.
En la misma entrevista, la canciller explicó que, desde su llegada al Ministerio de Relaciones Exteriores, tomó la decisión de remitir los casos pendientes a la Procuraduría. Estos procesos, en los que Benedetti está involucrado, serán ahora estudiados por el procurador general, Gregorio Eljach, quien determinará si asume la investigación. Sarabia expresó que esta medida se tomó para asegurar la total independencia en el manejo de la situación.
Uno de los casos que enfrenta Benedetti tiene que ver con una presunta violencia intrafamiliar ocurrida mientras ocupaba el cargo de embajador ante la FAO en Madrid. Este hecho, que ha sido objeto de investigación desde su paso por la diplomacia, es uno de los que se encuentra bajo el escrutinio de las autoridades.
Asimismo, Benedetti enfrenta otro proceso relacionado con el presunto abandono de su cargo como embajador en Venezuela antes de su renuncia. Estos procesos fueron abiertos en su momento por la Cancillería, pero ahora están en manos de la Procuraduría, que debe decidir si los asume o no.
La ministra Sarabia subrayó que, en caso de que la Procuraduría decida no asumir la investigación, se podría nombrar un canciller Ad hoc para tomar las decisiones correspondientes en contra del ministro Benedetti. Esta medida garantizaría que se tomen decisiones sin interferencias políticas.
La situación es clave para la administración de Gustavo Petro, que se encuentra a la espera de una resolución de la Procuraduría sobre el futuro de estos procesos. Las cartas enviadas al presidente y a la Procuraduría, fechadas el 21 y 24 de febrero, deben ser analizadas para definir los próximos pasos en el caso. La decisión sobre si se investigará o no al ministro Benedetti está en manos del procurador general.