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COP3 del Acuerdo de Escazú aprueba en Chile un plan para proteger a defensores ambientales

COP3 del Acuerdo de Escazú aprueba en Chile un plan para proteger a defensores ambientales

por | Abr 25, 2024 | Destacadas, Internacional

Santiago de Chile, 25 abril de 2024 (EFE).- La Tercera Conferencia de las Partes (COP3) del Acuerdo de Escazú concluyó este miércoles en Chile con la aprobación de un plan para concretar la promoción y la seguridad de los defensores ambientales en la región.

«Para nuestro país es imprescindible garantizar un entorno seguro y propicio para quienes promueven y defienden el medioambiente, garantizar sus derechos y contar con medidas de respuesta (…) Este es, sin dudas, el principal hito de esta COP”, dijo el subsecretario chileno de Medio Ambiente, Maximiliano Proaño.

El acuerdo permite ampliar y materializar las medidas contempladas en el Artículo N°9 del Acuerdo de Escazú, que trata específicamente de la protección de las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales en la región más mortífera para este tipo de activismo.

Plazo de seis meses

Según explicaron expertos y participantes de la COP3 a EFE, tras el encuentro que tuvo lugar en la sede en Santiago de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), se solicitó a la dirección del espacio un plazo de seis meses para elaborar un plan de implementación, estableciendo responsables e instando a cada estado a generar las bajadas del Acuerdo a su realidad territorial específica.

«Este es un paso importante (…) en Argentina existen lamentablemente muchos conflictos ambientales que tienen que ver generalmente con el extractivismo, que sucede tanto con los combustibles fósiles en nuestra Patagonia como con todo lo que tiene que ver los minerales críticos para la transición, el litio, el borato», detalló el abogado de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y docente de la Universidad de Buenos Aires, Cristian Fernández.

Comentó que además se avanza con proyectos de manera sistemática, sin analizar impactos acumulativos y sin convocar a las comunidades a brindar su opinión, por lo que entienden que el Artículo 9 es fundamental que se implemente en estos territorios y la aprobación del Plan de Acción les da un paraguas para ello.

Aspectos aún pendientes

Pese a que las cuentas son en general positivas, quedan aspectos pendientes, como el acceso a la información que para la integrante de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica) y representante awajún, Elaine Sabían Shawit, es aún un obstáculo en Perú, donde el tratado no ha sido ratificado.

«No es posible seguir contando cuántos muertos, sino implementar el Acuerdo, cómo los pueblos indígenas nos protegemos en nuestro territorio, porque el papel aguanta todo, a nosotros nos asesinan con bala. Pedimos a todos los países que han ratificado también implementar, proteger a los defensores territoriales», acusó.

Reconocido a nivel global como un tratado pionero que consolida la democracia ambiental, el Acuerdo de Escazú, adoptado en marzo de 2018 en Costa Rica y vigente desde abril de 2021, solo ha sido ratificado por 15 Estados de los 24 países de América Latina y el Caribe que lo firmaron originalmente, de un total de 33 en la región.

Pese a que Latinoamérica contribuye solo con un 9 % de las emisiones globales, es una de las regiones más vulnerables a los efectos de la crisis climática.

Latinoamérica es también la zona más peligrosa del mundo para los defensores ambientales y donde existe una mayor impunidad. 2020 fue el año más mortífero para los ambientalistas desde que hay registros y tres de cada cuatro ataques sucedieron en la región, según el último informe de la ONG Global Witness, en el que Colombia y México lideran las estadísticas. EFE

Esta información sobre temas forestales y uso del suelo cuenta con el apoyo en parte de Climate and Land Use Alliance. EFE mantiene completa independencia editorial y es el único responsable del contenido.

Foto Cortesía: Personas de distintas nacionalidades participan de la tercera reunión de la Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú, este miércoles en Santiago (Chile). EFE/ Elvis González

Presidente sanciona ley de acuerdo de Escazú

Presidente sanciona ley de acuerdo de Escazú

por | Nov 5, 2022 | Política

El Jefe de Estado firmó esta norma ambiental, luego de su paso por el Congreso de la República en este período de la Legislatura, y su aprobación final el pasado 11 de octubre.

Gustavo Petro sancionó este sábado la Ley de Escazú, por la cual Colombia se suma a este acuerdo internacional en defensa del medio ambiente, de los defensores ambientales, y que permitirá a los ciudadanos tener acceso a información de este sector como un derecho fundamental.

“Y fundamentalmente le garantiza hoy a cualquier ciudadano de Colombia, cualquier ciudadana, acceso a la información, en primer lugar, sobre proyectos, sobre iniciativas del Estado; o privadas, que tengan que ver con afectaciones al medio ambiente. Toda la información ambiental que es un derecho fundamental”, indico, Petro.

Explicó que con esta Ley de la República se establecen unos criterios de protección para los activistas y para los defensores del medio ambiente en el país.

Añadió, que la norma contiene mecanismos de participación de la sociedad en las decisiones, en donde también, se afecta al medio ambiente.

“Esta es una ley, y un tratado internacional que básicamente le da poder a la ciudadanía, en función de la defensa de la naturaleza, de la defensa del planeta, de la defensa de la vida”, añadió el Mandatario.

El Acuerdo de Escazú fue firmado por 24 países latinoamericanos, en Costa Rica y en 2018. Es el primer acuerdo regional ambiental y hasta el momento 14 de esos países firmantes lo han ratificado, incluido Colombia.

Sus tres pilares son los del Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales.

En cuanto a Acceso a la información la norma busca que todos los ciudadanos puedan pedir libremente información a los Gobiernos, sobre cualquier proyecto de desarrollo que afecte al medio ambiente. El Gobierno consultado tendrá 30 días de plazo para dar respuesta y contar con todas las plataformas tecnológicas y de comunicación que sean fáciles de utilizar por los ciudadanos.

En el segundo pilar, el de Participación Pública, se busca dar voz a los ciudadanos, y ciudadanas, en la toma de decisiones medioambientales.

Y en Justicia en Asuntos Ambientales, permitirá a los colombianos y colombianas acudir a los tribunales, en dado caso que no se cumplan los dos primeros pilares, que estén siendo afectados por proyectos de desarrollo y para la defensa de los líderes ambientales y comunidades locales, como las poblaciones indígenas.