Cartel de la chatarrización afronta reclamo de 720 mil millones de pesos según Red de Veedurías de Colombia
Por. Pablo Bustos Sánchez Presidente RED DE VEEDURIAS DE COLOMBIA
La RED DE VEEDURIAS DE COLOMBIA, RED-VER, denuncia la presunta existencia de un «cartel de la chatarrización de vehículos» que habría operado en los procesos de contratación para la chatarrización vehicular dirigidos por la DIAN y la Alcaldía de Medellín, entre otros. La denuncia involucra a la UNION TEMPORAL RYM SAS, liderada por Rafael Naranjo, que habría obtenido contratos para la chatarrización de vehículos de carga, a pesar de estar ilegalmente habilitada y emitir certificados de desintegración de vehículos sin cumplir los requisitos legales.
La RED-VER ha revelado que la UNION TEMPORAL RYM SAS, propiedad de Rafael Naranjo, ha operado en el mercado de empresas desintegradoras habilitadas y certificadas por los ministerios de Transporte y de Ambiente para la chatarrización de vehículos de carga. Sin embargo, la denuncia destaca que esta entidad no cuenta con el certificado de existencia y representación legal al no ser persona jurídica, y aún así ha emitido más de 6500 certificados de desintegración de vehículos que resultaron en el desembolso de más de $720 mil millones.
Funcionarios como la Dra. ANGELA ALDANA NARANJO, el Dr. LAZARO GONZALEZ AVELLANEDA del Ministerio de Transporte, y el Dr. MARIO ORLANDO LOPEZ CASTRO del Ministerio de Ambiente habrían respaldado estas acciones, lo que habría inducido a error a entidades nacionales como la DIAN, la FISCALIA GENERAL DE LA NACION, la DEFENSA CIVIL y la ESCUELA MILITAR DE AVIACION -EMAVI- en procesos de contratación estatal, incluido el proceso actual de la DIAN.
La irregularidad principal radica en que la UNION TEMPORAL RYM SAS, siendo una unión temporal y no una persona jurídica según la ley, habría recibido pagos irregulares por incentivos de chatarrización por más de $720 mil millones. Los pagos se habrían basado en certificaciones de desintegración emitidas por esta entidad sin cumplir con los requisitos legales mínimos.
La RED-VER ha instado a las autoridades competentes, incluyendo la Fiscalía General, la Procuraduría y la Contraloría General, a tomar medidas y sanciones correspondientes ante estas supuestas irregularidades, buscando que se esclarezcan las inobservancias legales y se tomen acciones legales pertinentes.