por Konuco | Nov 28, 2023 | Nacional
Después de una feroz batalla legal que se prolongó durante cuatro años, la reconocida marca colombiana ZOE Company ha logrado una victoria crucial sobre la usurpación de su nombre. En un país donde se presentan alrededor de 200 demandas anuales por competencia desleal e infracciones de derechos de propiedad intelectual, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) finalmente ha reconocido a ZOE Company S.A.S como el legítimo propietario del nombre.
La odisea legal comenzó en 2019 cuando ZOE Company S.A.S recibió una advertencia sobre la prohibición de utilizar la expresión «ZOE» debido a la supuesta contravención de una marca registrada. Cristian Arango Tabares, Fundador y CEO de ZOE Company, comentó sobre los desafíos enfrentados durante este período: «Estos procesos son largos y engorrosos, a eso se suma lo difícil que es emprender en Colombia por las condiciones naturales del país y la alta carga tributaria.»
Este fue el veredicto
Por su parte, la Superintendencia finalmente emitió un veredicto crucial reconociendo la existencia del nombre comercial ZOE Company, primero a nombre de Cristian Arango y luego de ZOE Company S.A.S. El fallo negó solicitudes de registro para marcas como SOE, SOEDENIM, BE ZOÉ y SOE SOWER, respaldando la exclusividad de ZOE Company en el mercado.
Como parte de las medidas tomadas, la SIC emitió órdenes categóricas, instando a terceros a abstenerse de utilizar expresiones confundibles como SOE DENIM, SOE, ZOE, BEZOÉ y ZOE LIFE para identificar prendas de vestir. El incumplimiento de estas órdenes puede resultar en multas sustanciales y, en casos extremos, en la comisión de un delito por fraude a resolución judicial.
«Este veredicto legal nos solidifica como titular exclusivo del signo ZOE en el mercado. Sin embargo, el desafío actual reside en mantener este posicionamiento», afirmó Cristian Arango, destacando la implementación de una política de expansión a través del modelo My Franquicia ZOE.
por Konuco | Nov 30, 2021 | Educación
En una decisión que causó revuelo, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) formuló pliego de cargos contra la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano (Dimayor) y 16 clubes del rentado criollo, con el fin de establecer si estos agentes habrían limitado la libre competencia en el mercado de los derechos deportivos de los jugadores en la escena local.
Según la SIC, el ente rector del FPC y los clubes involucrados habrían impedido de manera reiterada la transacción de al menos 16 jugadores entre el 2018 y lo corrido del 2021. Además, la Superintendencia formuló pliego de cargos contra 20 personas naturales vinculadas con los equipos investigados, por lo que sería esta conducta recurrente que perjudicaría a los protagonistas del juego.
Esto con el fin de determinar si habrían permitido la colaboración, facilitación, autorización o ejecución de las conductas investigadas. Los equipos investigados son Deportes Tolima, Águilas Doradas, Cúcuta Deportivo, Boyacá Chicó, Unión Magdalena, Deportivo Pasto, Tigres, Once Caldas, Deportes Quindío, La Equidad, Atlético F.C., Fortaleza, Leones, Real Santander y Alianza Petrolera.
A su vez, la SIC puso su mirada en Gabriel Camargo (Tolima), José Fernando Salazar (Águilas), José Augusto Cadena (Cúcuta) y Carlos Orlando Ferreira (Alianza), y los expresidentes de la Dimayor Jorge Perdomo y Jorge Enrique Vélez, quienes ejercieron dentro del periodo en cuestión. En este listado no aparecen, para la fortuna de los clubes paisas, Atlético Nacional e Independiente Medellín.
De acuerdo con la SIC, la investigación se inició después de que la Superintendencia recibiera una queja presentada por la Asociación Colombiana de Fútbol (Acolfutpro). De acuerdo con el caso, 10 de los clubes investigados habrían enviado comunicaciones a otros clubes con el fin de impedir la transacción de los derechos deportivos de los citados jugadores en las últimas cuatro temporadas.
Asimismo, la Superintendencia identificó comunicaciones emitidas por los clubes investigados, en las que se manifiesta su aprobación frente a un listado de jugadores vetados con los que se restringe la negociación de sus derechos deportivos, en lo que constituiría un acuerdo anticompetitivo entre los clubes por la adquisición de estos derechos. Una práctica denunciada desde hace décadas en el FPC.
Por su parte, la Dimayor, en su rol de ente rector de los clubes de fútbol colombiano, habría tenido conocimiento de la existencia y contenido de listados de jugadores vetados. A pesar de ello y de contar con los mecanismos jurídicos para sancionar estas conductas ante su Comisión Disciplinaria, mantuvo una posición pasiva según señaló la SIC en su contundente determinación.
Con ello, precisó la SIC, la Dimayor permitió sanciones de facto sobre los jugadores que pretendieron ejercer sus derechos ante los clubes de fútbol investigados. En este caso la Superintendencia indicó que podrá imponer multas hasta de 100.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, por cada infracción a quienes cohonesten con estas prácticas anticompetitivas.
Contra la decisión de abrir investigación de la Delegatura para la Protección de la Competencia no procede ningún recurso, según comunicó la Superintendencia en su resolución. Ante esto, aún no se conoce pronunciamiento de algunas de las instituciones sobre estos graves señalamientos, que a decir verdad no causan extrañeza, pues es bien sabida la forma en que se maneja el mercado de fichajes.
La Dimayor se pronunció
Luego de conocerse esta decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), la Dimayor se pronunció y en un comunicado de prensa expuso su postura acerca de esta denuncia, que pone en entredicho la conducta de la entidad y de un poco menos de la mitad de sus clubes afiliados, en momentos en los que el balompié es protagonista con las etapas definitivas de sus campeonatos.
«La Dimayor, así como las demás personas vinculadas a la investigación, tienen derecho a ejercer su legítima defensa, y en este escenario brindarán todas las explicaciones requeridas por la autoridad, entregarán cualquier información que sea pertinente y, por último, aportarán y solicitarán las pruebas, para demostrar que no existió ilegalidad», agregó.
por Konuco | Nov 21, 2021 | Destacadas, Región
En un duro pronunciamiento, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, se refirió este domingo a la sanción impuesta por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) al presidente de Conconcreto, Juan Luis Aristizábal, por presunto ocultamiento de información.
Según la SIC, Aristizábal tendrá que pagar una multa de $1.128 millones, en tanto que la vicepresidenta de servicios compartidos, Ana Sofía Tobón, tendrá que cancelar $139 millones, en la investigación de la APP Tercer Carril Bogotá-Girardot, cuyo contrato fue por más de $29 billones.
Al parecer, el directivo ordenó borrar información de sus correos electrónicos y ocultar su computador, durante una visita administrativa que la SIC le hizo a la compañía ntre el 6 y el 7 de septiembre de 2016, que pretendía establecer si hubo acuerdos ilegales para la adjudicación del contrato.
«El entonces presidente de la Junta Directiva de @ElColombiano borró y ocultó información en medio de una investigación contra Conconcreto por presunta corrupción en un contrato con el Estado. La SIC lo acaba sancionar por estos hechos. ¿Qué borraron?», expresó Quintero en su cuenta de Twitter.
De acuerdo con la información conocida, ese día Aristizábal le mencionó a uno de sus funcionarios la necesidad de esconder el ordenador corporativo, ya que tendría información comprometedora sobre esta adjudcación.
«Esta noche llamo a Jorge para saber si yo debo estar el jueves en Medellín o si cumplo agenda en Bogotá con Juan Guillermo. También si limpio un poco mi computador y lo ponemos de nuevo en el escritorio», se leyó en la evidencia hallada por la Superintendencia.
«Verificar si lo que copian es el computador o acceden a Gmail para saber si hay que borrar correos. Recuerden que yo tengo cadenas de todo el proceso de entrada de Vinci», agregó sobre el particular, pese a que fue advertido por sus funcionarios de la gravedad de ocultar información.
A su vez, la entidad encontró que Aristazábal se comunicó por Whatsapp con el vicepresidente de Inversión de Conconcreto, Felipe Rocha Silva, y también con el representante legal de Vinci, Bernardo Saraiva, con el fin de que ellos eliminaran todos chats de la adjudicación del tercer carril.
Cabe destacar que Quintero sigue librando una dura lucha contra Conconcreto, al ser uno de los contratistas del megaproyecto de Hidroituango, luego de que la firma constructora se declararara en ley de reorganización, tras ser multada por la Contraloría por presunto detrimento.
