por Konuco | Oct 27, 2025 | Destacadas, Indígenas
El contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, alertó este lunes durante el foro «La primera Infancia Indígena: deberes del Estado, compromiso de la sociedad», sobre la crítica situación que enfrentan los niños y niñas de pueblos originarios, quienes presentan tasas de mortalidad por desnutrición hasta cuatro veces superiores al promedio nacional debido a problemas estructurales y a la persistencia de brechas en la atención por parte del Estado.
La advertencia se basa en una evaluación realizada por la Contraloría Delegada para Población Focalizada sobre los servicios de atención integral a la primera infancia indígena en pueblos declarados en riesgo de extinción, correspondiente a los años 2023 y 2024. El estudio concluyó que la niñez indígena presenta tasas de mortalidad por desnutrición entre tres y cuatro veces más altas que las del resto del país.
Un diagnóstico previo sobre política pública para la niñez y la adolescencia, realizado por la misma entidad en 2024, ya había identificado estas problemáticas. Dicho análisis reveló que los departamentos con los desempeños más bajos en la garantía de los derechos de los menores son Amazonas, Arauca, Guainía, Guaviare, Vaupés, Vichada y Putumayo, territorios que coinciden con una alta presencia de comunidades indígenas.
Uno de los mayores obstáculos para atender la crisis, según la Contraloría, es la falta de datos actualizados. El Censo Nacional de Población y Vivienda del DANE de 2018 registró 250.328 niños y niñas indígenas de 0 a 5 años, de los cuales 205.328 pertenecían a pueblos en riesgo de desaparecer. Sin embargo, el DANE no cuenta con proyecciones recientes y los censos del Ministerio del Interior están incompletos.
Esta carencia de información representa una barrera significativa tanto para formular políticas públicas adecuadas como para medir los resultados de las estrategias actuales en términos de cobertura y universalización de los servicios.
El Contralor señaló que aunque se han realizado esfuerzos importantes, todavía persisten dificultades y deficiencias significativas para atender las necesidades de esta población y garantizar sus derechos.
La evaluación del organismo de control incluyó un análisis de caso sobre la atención a la primera infancia del pueblo indígena de Pueblo Rico (Risaralda), en seguimiento a la Sentencia T-187 de 2018, que protege los derechos de estos niños a servicios esenciales como salud, seguridad alimentaria y agua potable.
En este caso particular, la Contraloría identificó avances parciales por parte de las entidades responsables, pero concluyó que persisten fallas estructurales que disminuyen el impacto de las acciones. La desnutrición infantil continúa siendo crítica y existen deficiencias en el seguimiento, la continuidad y la articulación institucional. En este sentido, el contralor Rodríguez señaló que es necesario que el Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) refuerce su rol como entidad coordinadora.
Por todo lo anterior, la Contraloría General hizo un llamado al Gobierno y a los representantes de los pueblos indígenas para que establezcan mecanismos de seguimiento y evaluación que permitan conocer los efectos de los modelos de atención, con el fin de garantizar los derechos y cerrar las brechas que afectan a la primera infancia indígena.
De Colprensa
por Konuco | Oct 27, 2025 | Destacadas, Región
El Frente de Guerra Oriental «Comandante en Jefe Manuel Vásquez Castaño» del Ejército de Liberación Nacional (ELN) comunicó que someterá a un «juicio revolucionario» a cuatro agentes estatales secuestrados, tras el fracaso de gestiones para un canje de prisioneros con el Gobierno y la Fiscalía General de la Nación.
Los afectados son Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, y Yordin Fabián Pérez Mendoza y Franki Esley Hoyos Murcia, de la Dirección de Investigación Criminal INTERPOL (DIJIN) de la Policía Nacional, con sede en Bogotá.
En un comunicado, el ELN alega que los capturados fueron interceptados durante una «acción de control territorial» en Arauca y los acusa de espionaje y terrorismo estatal.
Afirma que, de acuerdo con su «Código de Guerra«, aplicará penas de tres a siete años de prisión, permitiendo correspondencia familiar, y diferenciando responsabilidades entre ideólogos y operadores.
El grupo guerrillero sostiene que ha propuesto un canje de prisioneros durante semanas, pero ante la falta de acuerdo, procederá con el juicio, del que informará resultados públicos. Insiste en su disposición a acuerdos humanitarios y critica la «justicia de clase» del régimen colombiano, contrastándola con su enfoque «diferenciado» que preserva vidas.
por Konuco | Oct 21, 2025 | Destacadas, Política
El Tribunal Superior de Bogotá, con ponencia del magistrado Manuel Antonio Merchán Gutiérrez, revocó la condena en contra del expresidente Álvaro Uribe, en el caso en su contra por supuesto soborno de testigos y fraude procesal.
Previamente, el tribunal declaró ilegales la interceptación al celular del expresidente, que se produjo supuestamente por error porque se confundió con el celular de otro congresista. Esa interceptación había sido avalada en múltiples instancias judiciales, incluso por la Corte Suprema de Justicia.
Con esa decisión, el magistrado le dio la razón al defensor de Uribe, Jaime Granados. El abogado decía que esas interceptaciones fueron ilegales, porque en 2018 la Corte Suprema ordenó escuchar una línea telefónica que se creía pertenecía al congresista Nilton Córdoba Manyoma, dentro de la investigación por el escándalo del “Cartel de la Toga”, pero que en realidad era del abogado Diego Cadena, lo que significó que se escucharon conversaciones sin orden judicial. Pero que también se violó el secreto profesional.
“Cualquier intento de convalidarla la ilicitud fomenta prácticas arbitrarias y abre la puerta a pesquizas indiscriminadas. El sistema penal no puede priorizar resultados sobre legalidad”, dijo el magistrado.
En ese contexto, determinó también que no existe ninguna prueba, ni ningún testigo que permita comprobar que el expresidente Uribe indujo a terceros, entre ellos al abogado Cadena, a conseguir testigos y retractaciones a su favor. Lo que contradice el fallo emitido por la jueza Sandra Liliana Heredia, que sostiene que Uribe buscó la manipulación de al menos tres testigos: Juan Guillermo Monsalve; Carlos Enrique Vélez, alias ‘Víctor’; y Euridice Cortés alias ‘Diana’, a través del abogado Cadena. Por eso fue sentenciado por el delito de soborno en actuación penal.
Para el magistrado no se trata de presiones para incriminar a Cepeda y que no hay ninguna prueba en contra de Uribe, dijo que se aplicó rigor desigual descalificando testigos afines a la defensa.Agregó que Cadena actuó solo “no hay instrucciones del acusado”. Esa declaración la hizo sobre Juan Guillermo Monsalve; Carlos Enrique Vélez, alias ‘Víctor’; y Euridice Cortés alias ‘Diana’. Además, ordenó compulsar que se investigue a Carlos Enrique Vélez.
Concretamente, sobre el testigo estrella, es decir, Juan Guillermo Monsalve, el magistrado dijo que no practicó prueba que permitiera darle prueba a su declaración, porque para el magistrado ha entregado varias versiones.
Agregó que su declaración está motivada a buscar beneficios jurídicos.
“No puede asumirse que la retractación buscaba alterar una versión auténtica ni que la primera declaración representara una verdad judicial. El interés del testigo exige escrutinio riguroso”, dijo el magistrado.
Agregó que tampoco se le puede dar credibilidad a Deyanira Gómez, exesposa de Juan Guillermo Monsalve, y quien llevó el reloj con el que se grabaron las supuestas presiones a favor de Monsalve. Por eso, reiteró que no hay pruebas que indiquen que Uribe haya ordenado nada.
“No se demostró su intervención directa ni la existencia de un determinador intermediario. Las pruebas no vinculan al acusado con el actuar final”, dijo el magistrado, que agregó que el hecho de que estuviera informado no es un delito.
El magistrado dijo también que no hay pruebas de que Cadena le hubiera informado sobre el contenido de las cartas o las declaraciones con las que buscaba retractaciones.
«Las conversaciones entre Cadena y el expresidente reflejan que el expresidente fue informado sobre las gestiones del abogado, quien reiteró que no ofreció prebendas ni garantías y que Monsalve quería retractarse«.
Sobre el caso de fraude procesal, el magistrado desestimó la intervención de Uribe en la elaboración y envío, a través de su abogado Diego Cadena, de un conjunto de cartas firmadas por exparamilitares recluidos en la cárcel de Cómbita (Boyacá), con el propósito de que la Corte Suprema de Justicia reabriera una investigación ya archivada contra el senador Iván Cepeda.
En esas cartas se afirmaba que Iván Cepeda los había contactado en 2012 para ofrecerles beneficios a cambio de declarar que Uribe tenía vínculos con grupos paramilitares.
El proceso judicial contra Uribe se remonta a 2012, cuando él mismo denunció al entonces senador Iván Cepeda, a quien acusó de ofrecer prebendas a exjefes paramilitares para que declararan en su contra, señalándolo como presunto fundador del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y de haber participado en crímenes como la masacre de El Aro.
Sin embargo, el 16 de febrero de 2018, la Corte Suprema de Justicia determinó que no existían motivos suficientes para procesar a Cepeda y, por el contrario, abrió una investigación contra Uribe al encontrar indicios de que habría intentado manipular testigos a su favor mediante terceros, entre ellos el abogado Diego Cadena.
Esa decisión dio origen a un expediente que, tras dos intentos fallidos de preclusión, terminó con la histórica condena de 12 años contra el exmandatario.
(Colprensa)
Foto: Colprensa – Cristian Bayona
por Konuco | Oct 21, 2025 | Destacadas, Región
El Hospital Departamental de Granada (HDG) atendió con éxito su primer caso de ataque cerebrovascular (ACV), consolidándose como uno de los primeros centros especializados en ACV de Colombia y posicionándose en la ruta para obtener la certificación de la World Stroke Organization (WSO) y el Ministerio de Salud y Protección Social.
El protagonista de esta historia de vida es Julián Herney Orozco, un paciente del municipio de Puerto Rico, Meta, quien llegó al hospital en estado crítico.
Gracias a la activación inmediata de la Red de ACV del Ariari, fue trasladado en tiempo récord y atendido dentro de la ventana terapéutica crítica de 4 a 6 horas, el período dorado donde el daño cerebral puede minimizarse y la recuperación total es posible.
“Hoy, 54 médicos de la Institución están en formación, fortaleciendo sus conocimientos para brindar una atención cada vez más especializada y humana”, manifestó Yeny Yasmín Romero, gerente del Hospital.
El neurólogo vascular Claudio Alejandro Jiménez Monsalve, líder del proyecto nacional de cooperación entre la WSO y el Ministerio de Salud, celebró el avance: “La creación del Centro de Ataque Cerebrovascular en Granada y el Ariari constituye un motivo de orgullo para la región. Estos centros, en formación y crecimiento, buscan alcanzar los más altos estándares de calidad. El tratamiento oportuno de los derrames o trombosis cerebrales es vital, ya que es la segunda causa de muerte y la principal causa de discapacidad en el mundo, y salva vidas”.
Este logro forma parte de una revolución en el hospital durante la actual administración, con el respaldo decidido de la gobernadora Rafaela Cortés Zambrano. Entre los avances destacados:
- Unidad Renal.
- Laboratorio de Biología Molecular.
- Sala de Parto Unipersonal.
- Subestación Eléctrica propia.
- Colposcopio de alta definición para detección temprana de cáncer de cuello uterino.
Foto: Gobernación del Meta
