por Konuco | May 20, 2025 | Destacadas, Indígenas
El representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Scott Campbell, advirtió que los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta enfrentan un riesgo real de desaparecer a causa de la violencia de la que son víctimas.
“El riesgo de extinción física y cultural de los Pueblos Indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta es real. Es una tragedia que podemos y debemos prevenir”, dijo Campbell, luego de visitar la zona los días 13 y 14 de mayo.
Hizo un llamado a todos los niveles de gobierno del país para que adopten medidas urgentes y coordinadas para proteger a los cinco Pueblos: Kogui, Wiwa, Arhuako, Kankuamo y Ette Naka.
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“Los Pueblos Indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta sufren ataques crueles y diversos por parte de los grupos armados no estatales, con consecuencias devastadoras en sus vidas, su tierra, su territorio, su gobierno propio, su autodeterminación, su cultura, su espiritualidad y su sistema de justicia propia”, señaló.
Desde 2022 hasta hoy ha habido un incremento de la violencia en la Sierra Nevada de Santa Marta, como consecuencia de la disputa por el control territorial y las rutas del narcotráfico y de diversas actividades ilícitas.
Según la ONU, la respuesta estatal a esta situación ha sido insuficiente. Los hechos de violencia registrados en la zona incluyen: restricciones a la movilidad con imposición de horarios, toques de queda, limitaciones a la reunión; interrupción y presencia de miembros de grupos armados no estatales en reuniones de pueblos indígenas; e imposición de conductas de convivencia.
«Es de particular preocupación para la Oficina, la situación de las mujeres y las niñas indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta quienes enfrentan riesgos persistentes y grandes dificultades para acceder a la justicia», agregó la ONU.
“Las mujeres indígenas de los Pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta nos dieron un testimonio valiente y angustioso desde sus experiencias de vida, nos urgieron pedir al Estado que garantice sus derechos colectivos, simplemente, para seguir existiendo como Pueblos Indígenas. Llamaron a que las niñas, los niños, los adolescentes y los jóvenes tengan acceso a educación, salud y trabajo en su territorio, así como por servicios de salud adecuados para las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual; Algunas mujeres indígenas describieron su acceso a los derechos humanos como si se encontraran en el siglo X”, dijo Scott Campbel.
De Colprensa para Konuco.
por Konuco | May 20, 2025 | Destacadas, Región
Un choque de trenes entre el Gobierno y la Alcaldía de Bogotá ha generado la atención de los indígenas emberá que se encuentran en la ronda del Parque Nacional, en protesta por la falta de ayudas y los incumplimientos para el retorno.
Este martes, el Ejecutivo cuestionó directamente a las autoridades distritales por la desatención de los indígenas, cuestionando directamente su responsabilidad en su atención y recibimiento.
“Bogotá estaba comprometida a hacer fumigaciones en los albergues, a arreglar las baterías sanitarias, a condicionar los lugares de la alimentación, a tener la recolección de las basuras, al suministro de agua. Eso es lo básico. Bogotá incumplió”, afirmó Gloria Cuartas, directora encargada de la Unidad de Víctimas.
La funcionaria resaltó que la Alcaldía es el primer responsable y quien debe garantizarle a los embera unos albergues y toda la atención requerida porque “la unidad para las víctimas no debe pagar albergues, Bogotá debe cumplir lo acordado”.
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En su mensaje, la directora encargada señaló que tanto la Unidad para las Víctimas y el Ministerio del Interior, “han asumido con plena responsabilidad su rol frente a la situación de esta comunidad indígena”, pero hizo un llamado a la Alcaldía de Carlos Fernando Galán a cumplir con las acciones de protección acordadas.
“Hacemos un llamado urgente a la Alcaldía de Bogotá para comprender que esta no es una situación simplista. Se trata de un proceso estructural de retorno, reubicación e integración local, que requiere una articulación real y efectiva entre autoridades del orden nacional, distrital y territorial”, planteó Cuartas.
Invitó además a Galán a «abrir un diálogo directo con sus secretarías de despacho y a sumarse de manera efectiva a la colaboración armónica entre niveles de Gobierno, que es la única vía posible para garantizar derechos y soluciones duraderas”.
El viceministro para el Diálogo Social y los Derechos Humanos del Ministerio del Interior, Gabriel Rondón, anunció que «el Gobierno nacional cita mañana a todas las entidades que hacen parte del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV) para abordar el retorno de los Emberá y la posibilidad de que algunas de estas comunidades se quieran quedar a vivir en Bogotá”.
En sus declaraciones, los funcionarios señalaron que el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) se encargará de hacer una articulación con el Ministerio del Interior, alcaldes y gobernadores del Chocó y Risaralda, para definir una ruta clara y consensuada de retorno y reubicación.
Al respecto se detalló que, desde el año 2021, la entidad ha invertido $3.743 millones en la atención de esta población. Desde el 7 de enero de 2023 la Unidad ha entregado más de 3.428 kits de alimentos a los embera asentados en la UPI La Rioja. Esta atención ha representado una inversión superior a $1.816 millones en alimentación.
Desde la Alcaldía de Bogotá han reiterado que el Gobierno es el responsable de los incumplimientos a este grupo indígena, por lo cual es necesario reunirse con este grupo para cumplir sus solicitudes en medio de las manifestaciones que se han realizado en el centro de la ciudad.
Incluso el alcalde Galán anunció en la víspera que acudirá a instancias judiciales para se obligue al Gobierno a cumplir con la orden de retorno de esta comunidad indígena y avisó que presentará una acción de tutela para que se les restablezcan los derechos de unos 220 niños que acompañan a sus padres en las protestas y están expuestos a la violencia.
De Colprensa para Konuco.
por Konuco | May 20, 2025 | Destacadas, Judicial e Investigación
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena contra la exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado Afanador y el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) Bernardo Moreno Villegas por su responsabilidad en una operación de inteligencia ilegal dirigida contra magistrados de la Corte y opositores del Gobierno de Álvaro Uribe entre 2007 y 2008.
Según el fallo, los ex funcionarios acordaron realizar seguimientos, interceptaciones y filtraciones para afectar la imagen de quienes eran considerados críticos por la Presidencia.
La Corte concluyó que no había razones para declarar la nulidad del proceso, como lo solicitaron las defensas, y precluyó la actuación únicamente por el delito de abuso de autoridad por acto arbitrario o injusto. Sin embargo, mantuvo las condenas por concierto para delinquir, violación ilícita de comunicaciones, abuso de función pública y falsedad ideológica en documento público.
El alto tribunal también ratificó que el DAS ejecutó operaciones de infiltración a la Corte Suprema, incluyendo la instalación de dispositivos para grabar sesiones de Sala Plena y la obtención ilegal de documentos reservados a través del reclutamiento de personal interno.
La decisión judicial reiteró que Hurtado y Moreno utilizaron sus cargos para coordinar acciones con fines políticos, mediante la creación de un banco de datos sobre magistrados y otros servidores públicos. Esa información se usó para diseñar perfiles y alimentar campañas de desprestigio.
El expediente indica que incluso se utilizaron gastos reservados del Estado para pagar testigos con el objetivo de atacar públicamente a los considerados «blancos» definidos desde altos niveles del Ejecutivo.
La Corte señaló que María del Pilar Hurtado tenía pleno control de las labores de inteligencia, emitía órdenes, supervisaba informes y evaluaba el cumplimiento de las tareas conforme a las expectativas de la Presidencia. Esto, de acuerdo con el fallo, la hacía responsable directa de las actuaciones de sus subordinados.
En cuanto a Moreno Villegas, se determinó que participó en reuniones donde se planificaron las irregularidades y que, desde su rol como director del DAPRE, impartía instrucciones ejecutivas al DAS y evaluaba los resultados de las tareas de inteligencia según los intereses del Gobierno.
De Colprensa para Konuco.
por Konuco | May 20, 2025 | Cultura y Entretenimiento, Destacadas
Durante el desarrollo de la Octava Reunión de los Estados Parte de la Convención de 1970 de la UNESCO, que se celebra periódicamente para evaluar y fortalecer la aplicación de este instrumento internacional, cuyo objetivo es prohibir e impedir la importación, exportación y transferencia ilícitas de propiedad de bienes culturales, Colombia fue elegido como miembro del Comité Subsidiario de este órgano, integrado por 18 representantes de los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).
La delegación que representa a Colombia en esta reunión está conformada por la Viceministra Saia Vergara Jaime; la Embajadora, Delegada Permanente de Colombia ante la Unesco, Laura Andrea Guillem Gloria; el Segundo Secretario de la Delegación Permanente de Colombia ante la Unesco, Carlos Andrés Regalado Gómez, y la experta del Grupo de Patrimonio Cultural Mueble del Minculturas, Adriana Vera Estrada.
En el marco de este evento, la Viceministra de los Patrimonios, las Memorias y la Gobernanza Cultural, Saia Vergara Jaime, agradeció a los países que hacen parte de la Convención de 1970 la confianza depositada en Colombia al ser elegida miembro del Comité Subsidiario y destacó que este es un compromiso que será asumido con gran responsabilidad y con la firme voluntad de contribuir significativamente en la protección del patrimonio común de la humanidad, con miras a fortalecer los principios y los objetivos de la Convención.
A su vez, resaltó que: “Para nuestro país, la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales es una prioridad que se aborda desde un enfoque integral que, entre otras cosas, contempla el fortalecimiento de las regulaciones normativas, la promoción de la educación patrimonial, la articulación interinstitucional y el reconocimiento del papel de las comunidades como guardianas de la memoria”.
Por otra parte, la viceministra subrayó que: “Desde la diversidad étnica y cultural de Colombia, proteger el patrimonio cultural implica defender los derechos de los pueblos originarios, la historia viva de nuestros pueblos y generar conciencia sobre el hecho de que los bienes culturales no son solo objetos materiales, sino expresiones de la identidad, las cosmovisiones y la espiritualidad de nuestros pueblos”.
Ser parte de este órgano de la Convención resulta de gran importancia a nivel estratégico, cultural y diplomático para Colombia, pues nos permitirá reforzar nuestro papel de liderazgo regional en la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales y la protección del patrimonio cultural a nivel global. El Comité Subsidiario de la Convención de 1970 desempeña un papel crucial en la protección del patrimonio cultural, ya que facilita la devolución de bienes robados y la prevención de su comercio ilícito, especialmente en contextos de conflicto, saqueo arqueológico o venta ilegal en el mercado internacional.
Además, ser parte del Comité Subsidiario facilita el intercambio de experiencias y buenas prácticas con otros países, fortaleciendo alianzas estratégicas y avanzando en la protección efectiva contra el tráfico ilícito, al tiempo que proyecta una imagen de liderazgo, compromiso y responsabilidad internacional.
Al ser parte del Comité, Colombia tiene la oportunidad de ahondar en las estrategias implementadas por otras naciones en la lucha tráfico ilícito de bienes culturales y, a su vez, compartir sus propias iniciativas, consolidándose como un referente en la región, además de tener una voz en las decisiones y políticas internacionales relacionadas con la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales, lo que permitirá reforzar la estrategia de #ColombiaEnElMundo del Ministerio de las Culturas.
La Convención de 1970 de la Unesco fue un instrumento adoptado en el marco de la Conferencia General de la Unesco, celebrada en París, del 12 de octubre al 14 de noviembre de 1970. Los Estados Parte de la Convención reconocen que la importación, la exportación y la transferencia de propiedad ilícitas de los bienes culturales, constituyen una de las causas principales del empobrecimiento del patrimonio cultural de los países de origen de dichos bienes y que la cooperación internacional es uno de los medios más eficaces para proteger sus bienes culturales.
Se comprometen a combatir esas prácticas con los medios de que dispongan, sobre todo suprimiendo sus causas, deteniendo su curso y ayudando a efectuar las reparaciones que se impongan.
Para todo esto, deben preparar proyectos de textos legislativos y reglamentarios que permitan la protección del patrimonio cultural e impedir las importaciones, exportaciones y transferencias de propiedad ilícitas de bienes culturales. También establecer y mantener actualizada la lista de bienes culturales, públicos y privados, cuya exportación constituiría un empobrecimiento considerable del patrimonio cultural nacional.
Colombia cuenta con una legislación orientada a la protección, conservación y divulgación de los bienes del patrimonio cultural de la nación con el fin de evitar su exportación ilegal, el tráfico ilícito o la comercialización, dado su valor cultural, histórico y científico.
Las normas se han reforzado a través del desarrollo de políticas públicas nacionales, convenios interinstitucionales y de cooperación, además de la suscripción de convenciones y tratados multilaterales y bilaterales que aseguran la cooperación entre los países sobre la prevención del tráfico ilícito. Por ejemplo, el Estado colombiano consolidó desde el Ministerio de las Culturas el Programa Nacional para Prevenir y contrarrestar el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales en el marco de la Comunidad Andina (CAN). Bajo su liderazgo, se logró consolidar la «Cartilla Regional sobre protección y recuperación de los bienes patrimoniales en los países andinos» como una valiosa herramienta para enfrentar el tráfico ilícito de bienes culturales.
Además, en Colombia está prohibida la exportación de los bienes muebles de interés cultural y solo se puede autorizar su exportación temporal por un plazo que no exceda de tres años, con el único fin de ser exhibido al público o estudiado científicamente.
La exportación de los bienes muebles de interés cultural del ámbito nacional es autorizada por el Ministerio de las Culturas. Para el caso de los bienes arqueológicos, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) es la entidad responsable de este asunto, mientras que, el Archivo General de la Nación es quien se encarga de las exportaciones de los bienes documentales y archivísticos.
De Colprensa para Konuco.
