por Konuco | Jun 11, 2025 | Destacadas, Educación, Judicial e Investigación
El reciente decreto firmado por el presidente, Gustavo Petro, para convocar una consulta popular sobre reformas laboral y pensional reavivó el debate sobre su validez jurídica.
Expertos constitucionalistas han cuestionado el decreto como una posible extralimitación del Ejecutivo y una violación del artículo 104 de la Constitución, que exige “concepto previo favorable del Senado” para convocatorias de consulta popular.
Las leyes estatutarias, incluida la Ley 1757 de 2015 y la Ley 134 de 1994, sostienen que, incluso si el Senado no se pronuncia dentro del término legal, sólo procede convocatoria si no existe objeto de debate, lo que no sería el caso aquí si se reconoce la votación negativa.
José Gregorio Hernández, expresidente de la Corte Constitucional, señaló a Colprensa que “si una decisión judicial dictamina que hubo concepto previo pero negativo del Senado, no cabe la convocatoria porque se desconocería el artículo 104 de la Constitución. Si una decisión judicial concluye que no existió pronunciamiento ni concepto, y venció el término que tenía el Senado, se aplicaría el artículo 54 de la Ley 134 de 1994”.
En otras palabras, si un juez determinara que el Senado no se pronunció en el tiempo establecido por la ley, entonces sí podría aplicarse el artículo 54 de la Ley 134 de 1994, que permite la consulta en caso de silencio legislativo. Todo depende, por tanto, de lo que definan los tribunales sobre el trámite en el Congreso.
El abogado constitucionalista Juan Manuel Charry explicó que la Carta Política exige que toda convocatoria a una consulta popular nacional por parte del Presidente cuente con un concepto previo y favorable del Senado. Según su análisis, el Gobierno estaría interpretando de manera equivocada un artículo de la Ley 1757 de 2015, al considerar que, si el Senado no emite concepto dentro del plazo establecido, se puede continuar con el trámite sin su aprobación.
Charry aclaró que esta interpretación se apoya en un artículo de dicha ley, el cual indica que, una vez vencido el término sin que el Congreso se pronuncie, comienza a contarse el tiempo para fijar la fecha de la elección. Sin embargo, advirtió que este análisis ignora lo dispuesto en el artículo anterior de la misma ley y en la Constitución, donde se exige expresamente el concepto del Senado como requisito previo.
“El análisis del Gobierno es fuera de contexto”, señaló, al considerar que se trata de una lectura forzada con el fin de justificar una convocatoria que, en su criterio, violaría la Constitución.
Además, advirtió que el Registrador Nacional, como autoridad electoral, podría o incluso debería abstenerse de aplicar el decreto presidencial, acudiendo a la figura de la excepción de inconstitucionalidad, que permite a los funcionarios abstenerse de aplicar normas contrarias a la Constitución.
Rodrigo Uprimny, abogado constitucionalista, sostuvo en La W que el decreto “no tiene soporte constitucional” y acusó al Gobierno de intentar “hacer control constitucional a los actos del Congreso”, una operación que calificó de “descarrío muy complicado”.
La Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ) rechazó en un comunicado la convocatoria por decreto, calificándola como un “abuso del poder presidencial” que pone “en serio riesgo las reglas del Estado Social de Derecho, en particular la independencia inherente al poder Legislativo”
Antonio José Lizarazo, exmagistrado y expresidente de la Corte Constitucional, advirtió que la convocatoria es inconstitucional, pues el Senado emitió un concepto negativo en votación oficial, lo que impide la procedencia de la consulta según la Constitución y la ley. Asimismo, señaló que el Gobierno estaría usurpando funciones jurisdiccionales, lo que podría ser considerado prevaricato o abuso de función.
La controversia gira en torno a si el veto del Senado es suficiente para frenar la consulta, y si la alegación de fraude en la votación justifica invocar excepciones constitucionales o normativas.
Los opositores sostienen que si el Senado dijo “no” la convocatoria es ilegal. El Gobierno apela a una interpretación que considera la votación inválida y objetable por irregularidades, y la CEJ y expertos coinciden en que los canales institucionales existen para resolver estas dudas sin recurrir a decretos que, advierten, romperían el equilibrio entre poderes.
De Colprensa
por Konuco | Jun 11, 2025 | Destacadas, Región
El Ministerio de Vivienda entregó 30 viviendas dignas en la Alta Guajira destinadas las para las comunidades wayuu Kayuswaaralu y Naleep, ubicadas en el sector Los Cocos del corregimiento Bahía Honda, en el municipio de Uribia.
La entrega de viviendas se presentó en el marco del desarrollo del proyecto Miiroku, proyecto que según el Ministerio busca remontar la desigualdad y la exclusión de la población históricamente olvidada, afrontando el déficit habitacional del país.
“Miiroku es la expresión concreta de una nueva manera de hacer hábitat desde lo público. Una forma de relacionarnos con los territorios que parte del diálogo, del reconocimiento de la diversidad cultural y ambiental, y del compromiso con soluciones que nacen de las comunidades mismas. Este proyecto representa el tipo de política que impulsa el Ministerio: una que entiende la vivienda no como un producto, sino como un medio para fortalecer el tejido social, cuidar el entorno y construir paz desde lo cotidiano”, indicó la viceministra de Vivienda, Aydeé Marsiglia Bello.
En el proyecto tiene un valor de $4.065 millones, El Ministerio de Vivienda, aportó $2.485,5 millones de ellos, equivalentes al 70 % del valor, a través del Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda), mientras que la Fundación Grupo Argos y sus aliados aportaron $1.219,5 millones, el 30 % del total.
Los recursos de la Nación corresponden al presupuesto del Subsidio Familiar de Vivienda Rural Nueva, por un valor equivalente a 70 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV) por concepto de obra, más 20 SMMLV por el transporte de materiales a zonas apartadas.
De Colprensa
por Konuco | Jun 11, 2025 | Destacadas, Indígenas
Once ex comandantes del Bloque Caribe de las extintas Farc comparecieron en Valledupar ante la Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el marco del Subcaso Sierra Nevada de Santa Marta y municipios de la Serranía del Perijá del Caso 09, que investiga crímenes no amnistiables contra Pueblos Étnicos y sus territorios durante el conflicto armado, en una diligencia que contó con la participación de 55 víctimas y autoridades de comunidades afrocolombianas e indígenas.
La audiencia, realizada en mayo como continuación de una versión colectiva iniciada en febrero, reunió a ex integrantes de los frentes 19, 41 y 59 de las Farc, quienes abordaron hechos ocurridos entre 1996 y 2007 en los departamentos de Magdalena, Cesar y La Guajira, incluyendo homicidios, desplazamientos y amenazas contra Pueblos Étnicos, según informó la JEP.
Autoridades del Pueblo Negro Afrocolombiano, representando 20 consejos comunitarios, y de los Pueblos Indígenas Arhuaco, Ette Ennaka, Kogui, Wiwa, Kankuamo y Wayúu participaron en la diligencia, donde expresaron demandas de verdad, justicia y reparación, además de realizar observaciones a los aportes de los comparecientes, destacando el daño causado a sus territorios y sistemas de vida.
Una autoridad indígena señaló que la presencia de grupos armados afectó el sistema espiritual de los territorios, considerado parte integral de sus culturas, mientras que los comparecientes reconocieron el daño causado, manifestando disposición para contribuir a la verdad y la reconciliación, según declaraciones recogidas durante la audiencia.
La diligencia incluyó espacios de armonización donde los Pueblos Étnicos compartieron elementos culturales como el totumo, el pilón y plantas medicinales, utilizados en prácticas de sanación, como parte de los esfuerzos para abordar los impactos del conflicto en sus comunidades.
La Sala de Reconocimiento de Verdad continuará evaluando las versiones de los ex comandantes para contrastar la información, esclarecer los hechos y determinar responsabilidades, en el marco del Caso 09, que prioriza cuatro territorios, incluyendo la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá, junto con el Pacífico Medio, Chocó y la Amazonía-Orinoquía.
De Colprensa
por Konuco | Jun 11, 2025 | Cultura y Entretenimiento, Destacadas
La conservacionista y educadora colombiana Gabriela de Luna hace parte del grupo de ganadores del Premio Wayfinder 2025, lo que le otorga el nombramiento de Exploradora de National Geographic.
Se trata de un galardón que busca exaltar a las personas que están redefiniendo el significado de liderar en ciencia, conservación, educación, tecnología y storytelling.
Entre los quince ganadores este año, se destaca Gabriela de Luna, conservacionista colombiana que protege al mono araña marrón, una especie en peligro crítico de extinción, en una de las regiones con mayor biodiversidad y fuertemente amenazada del mundo, lo que ejemplifican un pensamiento audaz y una acción que traspasa límites, que se alinea con la misión de National Geographic de iluminar y proteger las maravillas de nuestro mundo.
Junto a ella, también se destacaron el argentino Damián Blasi, científico interdisciplinario del lenguaje, cuyo trabajo alrededor del mundo investiga la diversidad y evolución de las lenguas y las culturas, documentando el ingenio y la creatividad humana.
El chileno Martín del Río, productor multimedia y conservador, quien fundó el Festival de Cine Santiago Wild y Ladera Sur, una plataforma multimedia enfocada en historias de la naturaleza y el ambiente a través de Latinoamérica.
“Fiel al nombre de este premio, este extraordinario grupo de creadores de cambio representan el espíritu audaz de la exploración con propósito”, afirmó Alex Moen, director de la división de vinculación con Exploradores de National Geographic. “Su creatividad e innovación nos han ayudado a entender y proteger más plenamente el mundo natural y estamos orgullosos de apoyarlos así como ellos nos guían hacía un mejor futuro”.
El continuo apoyo filantrópico de Kia al Premio Wayfinder es parte de su iniciativa actual Accelerate the Good (Acelera lo Bueno), la cual ha contribuido con más de 22 millones de dólares a los esfuerzos de sustentabilidad e impacto social a nivel mundial. Su colaboración con National Geographic Society subraya un compromiso compartido para impulsar la innovación y apoyar a los líderes visionarios que están construyendo un mundo mejor.
Además de unirse a la comunidad global de Exploradores de National Geographic Society, cada destinatario recibe un premio monetario para apoyar su trabajo. Son celebrados en el Festival Anual de Exploradores de la Sociedad en Washington, D.C. y son elegibles para solicitar fondos para proyectos a través del Programa Wayfinder de National Geographic, además de desarrollar el liderazgo, oportunidades de discursos y una plataforma colaborativa para conectarse entre disciplinas.
OTROS NUEVOS EXPLORADORES
Entre los otros nuevos Exploradores de National Geographic premiados se encuentran Binbin Li, conservacionista e investigadora del desarrollo sostenible, quien fundó la Alianza de Acción contra Colisiones de Aves de China, el mayor proyecto de ciencia ciudadana de China.
Cannupa Hanska Luger, artista multidisciplinario cuya narrativa visual audaz presenta nuevas formas de ver nuestra humanidad colectiva, mientras destaca una cosmovisión indígena.
Chido Govera, emprendedora social, agricultora y defensora del empoderamiento comunitario que desarrolló un método para convertir los desechos agrícolas en alimentos nutritivos e ingresos para hogares en Zimbabue y Mozambique.
Hana Raza, conservacionista de vida silvestre y fundadora de Leopardos Más Allá de las Fronteras (Leopards Beyond Borders, LBB), una organización sin fines de lucro que trabaja para la protección de especies en peligro de extinción en Irak y la región de Kurdistán.
Mirte Bosse, científica evolutiva del genoma cuya experiencia en la genómica del ganado ha mejorado la comprensión de la diversidad genética, la adaptación y la endogamia. Al trasladar los conocimientos de las especies domésticas a la vida silvestre, su trabajo ha impactado significativamente en la genómica de la conservación, ofreciendo estrategias novedosas para abordar la pérdida de la biodiversidad y el manejo de la salud genética.
Moreangels Mbizah, bióloga conservacionista y fundadora de Wildlife Conservation Action (Acción de Conservación de la Vida Silvestre), una organización sin fines de lucro enfocada en estrategias innovadoras para promover la coexistencia hombre-vida silvestre y el desarrollo socioeconómico.
Peia Patai, navegante preservador del arte sagrado y tradicional de la orientación de rutas en las Islas Cooks, a través de la capacitación de la próxima generación.
Pippa Ehrlich, cineasta, periodista y defensora de los océanos, cuyo trabajo explora la conexión poderosa entre las personas y el mundo natural.
De Colprensa
por Konuco | Jun 11, 2025 | Destacadas, Nacional
La Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley ‘Átomos para la Vida’, iniciativa que busca crear la Agencia Nacional de Seguridad Nuclear que regulará el uso seguro de tecnologías nucleares.
Además de la creación de la institución, el proyecto de ley busca establecer un marco legislativo para regular las actividades relacionadas con radiaciones ionizantes y materiales nucleares.
La representante a la Cámara Ana Paola García, coordinadora ponente del proyecto de ley, destacó la importancia de esta iniciativa para la autosuficiencia en la producción de radiofármacos del país, medicamentos utilizados especialmente para el tratamiento del cáncer y enfermedades cardiacas.
No obstante, García asegura que el alcance de las tecnologías nucleares va más allá de la medicina, pues también puede ser usado en aspectos como el medio ambiente y la agricultura.
“Ambiente: La tecnología permitirá detectar contaminantes y garantizar su uso sostenible. Agricultura: Ayudará en los procesos de conservación de alimentos y así lograr la seguridad alimentaria”, destacó la coordinadora ponente del proyecto de ley.
El proyecto, que cuenta con 80 articulados distribuidos en 18 capítulos, puede permitir que Colombia se ponga más al día en materia de tecnología nuclear. Chile, Argentina, Brasil, Perú y Bolivia ya cuentan con una ley que regula la materia.
De Colprensa para Konuco
