por Konuco | Feb 14, 2025 | Indígenas
El Resguardo Indígena Remanso-Chorrobocón, ubicado en el Guainía, se enfrenta a una controversia legal con el Gobierno de Colombia tras aprobar la explotación minera en su territorio. Esta decisión se tomó sin la autorización del Ministerio de Ambiente, lo que dio lugar a un conflicto por la autonomía de las comunidades indígenas en la gestión de sus recursos naturales.
La disputa comenzó tras la aprobación del Decreto 1275 de 2024, que otorga competencias ambientales a las autoridades indígenas dentro de sus territorios. A pesar de las advertencias de expertos sobre posibles conflictos, el resguardó decidió, el 22 de enero de 2025, aprobar la sustracción de 1.043 hectáreas de la Reserva Forestal de la Amazonia para realizar actividades mineras. Esta sustracción fue solicitada en junio de 2023, y la decisión se tomó amparada en el Decreto 1275.
Sin embargo, al día siguiente, el Ministerio de Ambiente bloqueó la aprobación, señalando que el decreto no otorga a los resguardos indígenas la facultad para autorizar actividades como la minería sin su consentimiento. La Resolución 0078, emitida el 23 de enero, rechaza la sustracción y subraya que la autorización para modificar la reserva solo puede provenir del ministerio.
El desacuerdo ha generado un fuerte enfrentamiento jurídico. Mientras que el Gobierno considera que la comunidad no tiene base legal para sus decisiones, los líderes del Resguardado Indígena defienden su derecho a gestionar sus recursos sin intervención estatal. El gobernador del resguardado, César Florez Clarín, ha anunciado que, de ser necesario, recurrirán a los tribunales para resolver la disputa.
A pesar del rechazo del ministerio, la comunidad indígena mantiene firme su proyecto de minería. Florez Clarín subrayó que la minería es la principal fuente de ingresos para la región y que, sin ella, la economía de Guainía colapsaría. El líder indígena argumentó que la minería ilegal ha dominado el territorio durante años y que su propuesta busca formalizar la actividad minera bajo estándares ambientales sostenibles.
El Ministerio de Minas y la Agencia Nacional de Minería también están al tanto del conflicto. Los líderes del resguardado han presentado un Plan de Trabajo Ambiental para regularizar la actividad minera y asegurar su ejecución de manera responsable.
El caso resalta la falta de regulación efectiva sobre la minería en la región, un problema reconocido por organismos como la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Según un informe de 2021, toda la minería en Guainía se realiza de manera ilegal, lo que pone de manifiesto la necesidad urgente de regular la actividad para garantizar su sostenibilidad y reducir sus impactos negativos.
El conflicto continúa, con ambos lados firmes en sus posturas, lo que podría desencadenar un largo proceso judicial.
por Konuco | Feb 13, 2025 | Indígenas
El pasado martes 11 de febrero, la comunidad indígena Uswal Cxhab, ubicada en la región de la cordillera «Andalu Vxic» en la vereda Andalucía, reportó la presencia de disparos en la zona alta del territorio. Ante la preocupación, las autoridades indígenas, acompañadas por la Guardia Indígena, realizaron un recorrido para investigar el hecho.
Gracias a la colaboración de los comuneros, se logró acceder a un video en el que se observaba la muerte de un animal exótico, que se presume es un puma, una especie en peligro de extinción en la región. El video, que circulaba en redes sociales, facilitó la identificación y captura del presunto responsable de este acto ilegal.
El procedimiento de verificación llevado a cabo por la autoridad indígena resultó en el decomiso de una escopeta artesanal y la piel del puma en la vivienda del acusado. La investigación continúa para determinar si otras personas están involucradas en el caso, las cuales serán sometidas a la justicia propia del pueblo indígena.
En un comunicado oficial, Uswal Cxhab rechazó enfáticamente este tipo de prácticas y reafirmó su compromiso con la protección de la vida animal y el entorno natural de su territorio. “No permitiremos que nuestros comuneros o personas foráneas cacen, maltraten, ocasionen lesiones o maten animales, domésticos o silvestres”, advirtieron las autoridades. El pueblo indígena subrayó que su lucha va más allá de la defensa de los seres humanos, e involucra también la preservación de la fauna que habita su tierra.
A través del comunicado, también hicieron un llamado a la comunidad en general, indicando que, en caso de avistar un animal salvaje o exótico que represente un riesgo para las personas o animales domésticos, deben comunicarlo inmediatamente a las autoridades del cabildo o la Guardia Indígena. Ellos, a su vez, coordinarán con las entidades ambientales correspondientes para garantizar el rescate y traslado de estos animales a su hábitat natural, asegurando su protección.
Este incidente pone en evidencia la creciente preocupación por la seguridad y el bienestar de la fauna en territorios indígenas, destacando la importancia de las acciones comunitarias en la preservación del medio ambiente y la protección de las especies en riesgo. La comunidad Uswal Cxhab continúa en pie de lucha, defendiendo sus principios de respeto a la vida y al entorno natural.
por Konuco | Feb 12, 2025 | Indígenas
Las autoridades de los pueblos indígenas de Toribio, Tacueyó y San Francisco, que conforman el «Proyecto Nasa», han denunciado públicamente la intensificación de los ataques por parte del grupo armado disidente de las FARC-EP Dagoberto Ramos. La organización indígena, que ha luchado durante más de 50 años por la defensa de la vida, la unidad comunitaria y la autonomía territorial en el Cauca, enfrenta una nueva ola de violencia que pone en peligro tanto su seguridad como la de las futuras generaciones.
En un comunicado difundido el 12 de febrero, las autoridades indígenas alertaron sobre los intentos de este grupo armado por difamar y socavar la estructura organizativa indígena. Según señalan, los ataques forman parte de una estrategia más amplia para desestabilizar la comunidad y tomar el control de los territorios ancestrales, que han sido protegidos por generaciones de pueblos indígenas.
Los recientes hechos de violencia incluyen el envío de un panfleto amenazante el 3 de febrero, en el cual el grupo armado intentó intimidar a las autoridades de Toribio. Sin embargo, uno de los ataques más alarmantes ocurrió el 9 de febrero, cuando sicarios se hicieron pasar por guardias indígenas para llevar a cabo un atentado en el casco urbano de Toribio, donde resultaron heridos un comunero y una niña de 10 años. Este ataque, junto con el asesinato de Alberto Quitumbo Yatacué, un firme defensor de la paz, ha desbordado la paciencia de las autoridades indígenas.
Estos incidentes no son aislados. De acuerdo con los informes de las autoridades, los grupos armados ilegales están tratando de arrebatar el control de las tierras y recursos naturales en la región, particularmente en relación con el negocio ilícito de la marihuana. En lugar de promover la paz, estos grupos perpetúan la violencia y buscan involucrar a menores de edad en sus actividades ilícitas, utilizando incluso a niños y adolescentes como “carne de cañón” en los enfrentamientos armados.
Las autoridades indígenas también han expresado su preocupación por el regreso de excombatientes que abandonaron sus procesos de reincorporación. Estos excombatientes, que en su momento se comprometieron con la paz, han retomado las armas y están reforzando las estructuras de los grupos armados ilegales, lo que agrava aún más la situación de inseguridad en los territorios indígenas.
En su comunicado, las autoridades del Proyecto Nasa exigieron un respeto absoluto a los territorios originarios y los derechos territoriales de las comunidades. Pidieron el cese inmediato de los ataques, el reclutamiento forzado de menores y el uso indebido de los símbolos de la organización indígena. Estas acciones, según denuncian, constituyen violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH), ya que representan un ataque directo a la población civil, lo cual es considerado como un delito de lesa humanidad.
A pesar de la creciente violencia, las autoridades indígenas ratificaron su disposición al diálogo. Insistieron en la necesidad de un proceso de paz estructural que permita la protección de los territorios y la garantía de la vida en armonía, como un derecho fundamental de las comunidades indígenas. La organización también destacó que, a pesar de los desafíos, las comunidades indígenas siguen luchando por su supervivencia y por el respeto de sus espacios vitales.
por Konuco | Feb 11, 2025 | Indígenas
El Tejido de Defensa de la Vida y los Derechos Humanos de la ACIN (Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca) reportó este lunes 10 de febrero el asesinato de un guardia indígena en el municipio de Toribío, en el norte del Cauca. El ataque ocurrió en la vereda La Palma, cuando alrededor de las 5:00 a.m., Alberto Quitumbo, conocido como Kiwe Thegnas, fue interceptado por hombres armados que le dispararon hasta causarle la muerte.
Alberto Quitumbo formaba parte activa de la guardia indígena en su comunidad y era reconocido por su compromiso con la defensa del territorio y los derechos de su pueblo. Su trabajo de protección del entorno y la vida comunitaria lo había puesto en conflicto con grupos armados ilegales que operan en la región. Además, en el pasado, Alberto había sido víctima de un atentado mientras participaba en un proceso de liberación de la tierra, un esfuerzo colectivo por recuperar el control de los territorios ancestrales.
El asesinato de Alberto Quitumbo resalta la violencia creciente contra los pueblos indígenas en el norte del Cauca, un territorio históricamente marcado por el conflicto armado. Se sabe que, recientemente, Quitumbo había recibido amenazas por su involucramiento en la defensa del territorio y su apoyo a las autoridades indígenas locales.
La comunidad indígena de Toribío, así como las autoridades ancestrales del territorio, se encuentran en proceso de investigación para esclarecer los detalles del asesinato. A pesar de estos esfuerzos, el crimen subraya el riesgo constante al que se enfrenta la población indígena, campesina y afrodescendiente en el Cauca. La violencia en esta región del país sigue cobrando vidas, y la situación de las comunidades sigue siendo precaria.
En el comunicado, el Tejido de Defensa de la Vida y los Derechos Humanos expresó su solidaridad con la familia de Alberto Quitumbo y con el pueblo indígena de Toribío, manifestando su condena ante lo que consideran un acto de violencia sistemática contra la guardia indígena. Además, hicieron un llamado urgente al gobierno nacional y a la comunidad internacional para que tomen medidas frente a la grave situación de derechos humanos en el norte del Cauca.
Este asesinato se suma a la creciente violencia en la región durante 2025, y resalta el riesgo constante para las comunidades que defienden sus territorios frente a la incursión de grupos armados ilegales. Las autoridades locales y organizaciones de derechos humanos siguen alertando sobre la desarmonía territorial y el riesgo que esto implica para la seguridad de los habitantes de la zona.
por Konuco | Feb 10, 2025 | Destacadas, Indígenas
En abril de 2024, en el cálido y seco municipio de Taganga, Magdalena, una niña wayúu de 13 años desapareció. Durante su desaparición, un ciudadano canadiense la mantenía cautiva y sometía a torturas en la habitación de un hostal de su propiedad. El suceso pasó desapercibido para la comunidad fuera del municipio y no fue tratado como una emergencia por las autoridades.
Un año después, el canadiense identificado como Andy Asselin fue capturado el 12 de enero en el aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena cuando intentaba huir del país. Sin embargo, la Fiscalía solo le imputó el delito de secuestro agravado, a pesar de las pruebas de tortura física y emocional que presentaba la menor.
La activista y abogada wayúu Estercilia Simanca, quien asumió la representación de la familia de la niña sin haberla encontrado inicialmente, luchó por que el caso recibiera la atención adecuada. Simanca fue quien alertó a las autoridades y exigió un seguimiento más estricto de la situación. Sin embargo, su frustración creció al enterarse del caso diez meses después de los hechos.
Simanca ha sido clara al afirmar que la imputación actual no refleja la gravedad de los hechos. Por esta razón, recientemente envió una carta a la Fiscalía General de la Nación solicitando que se le imputara a Asselin el delito de tortura. La activista sostiene que la niña fue víctima de agresiones físicas y psicológicas, lo cual está documentado en las pruebas reunidas.
Además, la abogada señaló que la niña, siendo indígena wayúu, debe recibir un tratamiento especial por parte de las autoridades, basándose en la sentencia T-302 de 2017 de la Corte Constitucional. En esta sentencia, los niños y niñas wayúu son reconocidos como sujetos de atención prioritaria debido a la situación de vulnerabilidad que enfrentan.
Simanca también expresó su preocupación por la falta de información sobre la situación de la menor, su familia y su comunidad. Temiendo que Asselin quede libre, la activista aseguró que continuará vigilando el caso para garantizar que se haga justicia y se proteja a la víctima, quien, según ella, debe recibir una atención especial por su condición de niña indígena.
Antes de ser detenido, Asselin viajaba entre Santa Marta y Cartagena, promoviendo actividades turísticas para atraer clientes a su hostal en Taganga. La comunidad indígena y las autoridades siguen esperando que el proceso judicial avance y que el responsable reciba la condena correspondiente por los daños causados a la niña wayúu.
