por Konuco | Ene 16, 2023 | Destacadas, Indígenas
La Defensoría del Pueblo confirmó que existen más de 30 asentamientos indígenas conformados por varias etnias en Guaviare.
El Defensor del Pueblo enviará su informe anual de DDHH del Guaviare a la Procuradora para que inicie las investigaciones disciplinarias, a que haya lugar, contra los funcionarios del nivel municipal, departamental y nacional que, por acción u omisión, hayan permitido la vulneración de los derechos de las comunidades, y especialmente de niños, niñas y adolescentes.
Los riesgos advertidos desde 2019 a través de la Alerta Temprana Estructural 005, no se ha mitigado, y los eventos de violencia sexual contra esa población siguen siendo la constante.
El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, entregó un informe anual sobre vulneraciones a las comunidades indígenas del departamento del Guaviare para que las entidades del orden municipal, departamental y nacional presenten planes concretos a fin de solucionar la crisis humanitaria en esta región. “Con paños de agua tibia no se pueden solucionar los problemas estructurales y las vulneraciones a los derechos de las comunidades indígenas que hemos venido denunciando desde hace varios años”, añadió.
Además de compartir el informe directamente en San José del Guaviare con líderes de los pueblos indígenas Jiw, Nükak, Sikuani, Tucano y Karijona, el Defensor del Pueblo le entregará una copia a la señora Procuradora Margarita Cabello, como cabeza del ministerio público, para que se puedan adelantar las investigaciones disciplinarias a que haya lugar contra los funcionarios que, por acción u omisión, hayan permitido la vulneración de los derechos de las comunidades, y especialmente de los niños, niñas y adolescentes, quienes son sujetos de especial protección constitucional.
“Vinimos a San José del Guaviare a reiterarle a las comunidades, como lo hicimos en agosto pasado, que seguiremos trabajando sin descanso para lograr que las entidades del Estado cumplan con su obligación de garantizar los derechos de los pueblos étnicos de esta región del país”, aseguró Carlos Camargo.
A juicio del Defensor del Pueblo, “es inconcebible que las entidades requieran que nosotros, como organismo de control en DDHH, tengamos que presentar nuestro informe anual o que se anuncien investigaciones para que los funcionarios tanto del nivel municipal, departamental y nacional cumplan con sus obligaciones”.
A través de la Alerta Temprana Estructural 05-2019 y en el Informe de Seguimiento del 31 de diciembre de 2021 la Defensoría del Pueblo había advertido el riesgo para los niños, niñas y adolescentes de las comunidades Nükak y Jiw en situación de desplazamiento, ubicados en asentamientos temporales en San José del Guaviare. “Hoy ese riesgo no se ha mitigado, y los eventos de violencia sexual contra esa población siguen siendo la constante.”, recalcó Carlos Camargo.
“Lo que queda claro con la situación de vulneración a los derechos humanos de las comunidades indígenas es la indiferencia institucional para tomar acciones concretas que pongan freno al abuso y la violencia sexual contra los niños, niñas y adolescentes. No podemos permitir que los funcionarios públicos ni la ciudadanía normalicen este tipo de vulneraciones”, puntualizó el Defensor del Pueblo.
Datos preocupantes
La crisis humanitaria por la que atraviesan los pueblos Jiw y Nükak en Guaviare, es la consecuencia de un cúmulo de circunstancias que se configuran a partir de factores estructurales asociados a la pobreza, la exclusión, el despojo territorial y el conflicto armado interno.
En San José del Guaviare, los niños, niñas y adolescentes indígenas permanecen en alto riesgo de reclutamiento, uso y utilización por parte de grupos armados organizados y grupos de delincuencia organizada. Esta grave amenaza se incrementa por la alta vulnerabilidad socioeconómica y la falta de presencia y oferta institucional, que los exponen a la explotación sexual comercial, a la violencia intrafamiliar y la violencia sexual, entre otras.
Son cientos los casos de violencia sexual los que la Defensoría del Pueblo ha venido denunciando y poniendo en conocimiento de las autoridades. Desde la Regional Guaviare, la Defensoría del Pueblo atendió entre el 2020 y el 2022 un total de 933 casos relacionados con vulneración de derechos de niños, niñas, adolescentes, mujeres, personas mayores y comunidad indígena. Vale destacar que se han atendido 68 casos de presunta violencia sexual en los que se encuentran involucrados menores de edad.
En el informe que presentó la Defensoría del Pueblo llama la atención el aumento de casos de violencia sexual en el Guaviare en los últimos 3 años. Mientras en 2020 registramos 67 casos la cifra llegó hasta los 81 casos durante 2022. Esto coincide con el hecho de que el 80 por ciento de las personas privadas de la libertad enfrentan procesos o han sido condenamos por este tipo de delitos.
En la última semana ha habido gran indignación por la situación que viven los niños indígenas en San José del Guaviare, lo importante es que esa indignación se traduzca en una acción estatal efectiva, completa e integral, permanente y sostenida, respetando las prácticas y creencias ancestrales de estas comunidades étnicas, y que han sido retratadas con suficiencia en órdenes judiciales, y en nuestras alertas tempranas e informes.
por Konuco | Ene 10, 2023 | Destacadas, Indígenas
Según el Informe Final 2022 de Afectaciones a los Derechos Humanos en los Pueblos Indígenas de Colombia y de frontera Colombia- Venezuela, se revela una importante crisis humanitaria y la persistencia del conflicto armado interno en sus territorios. Las autoridades indígenas se pronunciaron por medio del siguiente comunicado.
La Consejería de Derechos de los Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y Paz, a través de la labor del Observatorio de Derechos Humanos de la ONIC, le hubiese gustado evidenciar en este informe la disminución o cese de acciones de violencia armada en los territorios ancestrales para el año 2022, sin embargo, los hechos dan cuenta de su recrudecimiento, así como de la profunda crisis humanitaria en que se encuentran nuestros Pueblos Indígenas. La persistencia del conflicto armado interno, incluyendo el resurgimiento de grupos armados en Colombia después de la firma del AFP, con sus múltiples intereses de control sobre el territorio y las rentas derivadas del narcotráfico y la extracción de recursos naturales, se ha convertido en una constante en el diario vivir en los territorios ancestrales.
A pesar de este panorama, la Consejería de Derechos de los Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y Paz ha continuado con la denuncia y la visibilización de las afectaciones a los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, con la convicción de que, a través de esta ardua labor, bajo la luz de los principios de unidad, territorio, cultura y autonomía, seguirá aportando en el proceso para el cese de las violencias sistemáticas contra nuestros hermanos y hermanas indígenas.
Como parte de esta labor, en este informe se presenta un análisis de la situación de DDHH de los Pueblos Indígenas a nivel nacional y macrorregional para el año 20221 , siendo la fuente principal de información los reportes sobre las afectaciones a los DDHH y al DIH realizados directamente por las organizaciones filiales de la ONIC, cuya verificación y sistematización es realizada por el Observatorio de Derechos Humanos. En complemento, se han integrado los datos provistos por los observatorios de las organizaciones indígenas regionales, el Consejo Regional indígena del Cauca – CRIC- y la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana – OPIAC-, así como información secundaria, con su debida revisión, dispuesta por medios de comunicación locales, regionales y nacionales.
por Konuco | Ene 4, 2023 | Destacadas, Indígenas
La noticia conmocionó a los pobladores que presenciaron en el resguardo Peñalosa Gran Rosario del municipio de Tumaco, en Nariño, como el líder juvenil José Taicus Pascal, de tan solo 16 años de edad fue asesinado debido a una serie de disparos indiscriminados.
El hecho se registró en el resguardo Alto Albi cuando la víctima departía con su familia, al lugar llegaron varios sujetos que dispararon de forma indiscriminada. El hermanos de la víctima y guarda indígena Javier Taicus Canticus, de 21 años, resultó herido de gravedad y lucha por su vida en un centro asistencial.
En un comunicado La Organización de Resguardos Indígenas del Pueblo Awá del Pacífico, (ORIPAP), expresó su inconformidad con respecto al tema y alertó a las autoridades la vulnerabilidad en la que se encuentran frente a estos hechos de violencia. En el comunicado rechazaron que fuera asesinado este joven con su familia en medio de las celebraciones de fin de año y manifiestaron su preocupación, ya que terminaron el 2022 con las comunidades indígenas confinadas y las personas desplazadas de sus hogares. Aseguran que no ven esperanza frente al anuncio de paz total hecho por el presidente Gustavo Petro.
“Hacemos un llamado a los actores armados presentes en la región a responder al llamado del Gobierno del presidente Petro a establecer los diálogos que permitan consolidar una paz estable, duradera y con desarrollo integral para nuestras comunidades. Así mismo exigimos que detengan el exterminio del pueblo Inkal Awá y la utilización de nuestros territorios ancestrales sagrados como campos de guerra; y a respetar la integridad y la vida de cada habitante colombiano, sus comunidades, sus líderes y autoridades”, expresa el comunicado.
Además aseguran que es necesario la elaboración de rutas de acercamiento y la realización de diálogos transversales vinculantes de carácter municipal, regional, departamental, nacional e internacional, que cuenten con la participación de las comunidades étnicas, campesinas, líderes y lideresas, plataformas de derechos humanos y la sociedad civil.
El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, (INDEPAZ), indica que este es el líder social número 1.410 que es asesinado en Colombia desde la firma del acuerdo de paz, y se convierte en la primera víctima del 2023.
Los siguientes grupos se encuentran en la zona: Los Contadores, Frente 21 Iván Ríos, la Columna Móvil Urías Rondón del Comando Coordinador de Occidente, el Bloque Occidental Alfonso Cano de la denominada Segunda Marquetalia, el Frente Oliver Sinisterra y el ELN.
en el comunicado expresan: “Escuchen la voz de este pueblo originario, de esta vieja raza milenaria, que emplea la palabra y el bastón de autoridad como sus armas de lucha y resistencia en defensa de la vida, la dignidad y el territorio”
por Konuco | Dic 26, 2022 | Destacadas, Indígenas
Los pueblos Indígenas kankuamo recibirán justicia restaurativa por condena a paramilitares
Será la Fiscalía la encargada de generar un espacio en el cual exintegrantes del Bloque Norte de las AUC pidan perdón y anuncien medidas de no repetición por por la violencia causada a la comunidad.
Este hecho se presenta 19 años después del asesinato contra Rufino de Jesús Maestre, un juez de Bogotá condenó a 30 años a Jairo Alegría Martínez, alias Carlos Alegría, exjefe paramilitar que había ordenado este crimen. Este suceso ocurrió el 25 de febrero de 2003, cuando el docente indígena de la comunidad kankuamo esperaba el bus para llegar a la escuela El nuevo amanecer de Valledupar. Después de esto fue abordado por dos hombres que le dispararon en reiteradas ocasiones, hasta acabar con su vida.
Con la condena, la jueza especializada de Bogotá también determinó que esa comunidad indígena debía tener justicia restaurativa, motivo por el cual instó a la Fiscalía a que creara un espacio simbólico de perdón debido a la violencia histórica que ha sufrido esta población, especialmente durante el conflicto armado. Además, el despacho enfatizó en que, por cuenta de la guerra interna, los kankuamos han sufrido graves afectaciones y vulneraciones a los derechos humanos.
“El pueblo Kankuamo enfrenta en la actualidad, además de los problemas de violencia contra sus líderes y los miembros de su pueblo, la insuficiencia territorial, la cual dificulta la reproducción material e inmaterial de su cultura, y la puesta en marcha de acciones que, en concordancia con su Plan de Vida afiancen la autonomía y aseguren la gobernanza”, señala el fallo recogido por
El Espectador.
El fallo de más de 90 páginas también deduce que el conflicto armado ha sido una causa directa de la falta de proceso de este pueblo indígena, pues no solo han sido víctimas de estigmatizaciones, sino que, también, de desplazamientos forzados y asesinatos que les costó un desarraigo territorial. Además, fueron recogidos testimonios de líderes indígenas quienes narraron las dinámicas del conflicto que sufrieron
