La Defensoría del Pueblo confirmó que existen más de 30 asentamientos indígenas conformados por varias etnias en Guaviare.

El Defensor del Pueblo enviará su informe anual de DDHH del Guaviare a la Procuradora para que inicie las investigaciones disciplinarias, a que haya lugar, contra los funcionarios del nivel municipal, departamental y nacional que, por acción u omisión, hayan permitido la vulneración de los derechos de las comunidades, y especialmente de niños, niñas y adolescentes.

Los riesgos advertidos desde 2019 a través de la Alerta Temprana Estructural 005, no se ha mitigado, y los eventos de violencia sexual contra esa población siguen siendo la constante.

El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, entregó un informe anual sobre vulneraciones a las comunidades indígenas del departamento del Guaviare para que las entidades del orden municipal, departamental y nacional presenten planes concretos a fin de solucionar la crisis humanitaria en esta región. “Con paños de agua tibia no se pueden solucionar los problemas estructurales y las vulneraciones a los derechos de las comunidades indígenas que hemos venido denunciando desde hace varios años”, añadió.

Además de compartir el informe directamente en San José del Guaviare con líderes de los pueblos indígenas Jiw, Nükak, Sikuani, Tucano y Karijona, el Defensor del Pueblo le entregará una copia a la señora Procuradora Margarita Cabello, como cabeza del ministerio público, para que se puedan adelantar las investigaciones disciplinarias a que haya lugar contra los funcionarios que, por acción u omisión, hayan permitido la vulneración de los derechos de las comunidades, y especialmente de los niños, niñas y adolescentes, quienes son sujetos de especial protección constitucional.

“Vinimos a San José del Guaviare a reiterarle a las comunidades, como lo hicimos en agosto pasado, que seguiremos trabajando sin descanso para lograr que las entidades del Estado cumplan con su obligación de garantizar los derechos de los pueblos étnicos de esta región del país”, aseguró Carlos Camargo.

A juicio del Defensor del Pueblo, “es inconcebible que las entidades requieran que nosotros, como organismo de control en DDHH, tengamos que presentar nuestro informe anual o que se anuncien investigaciones para que los funcionarios tanto del nivel municipal, departamental y nacional cumplan con sus obligaciones”.

A través de la Alerta Temprana Estructural 05-2019 y en el Informe de Seguimiento del 31 de diciembre de 2021 la Defensoría del Pueblo había advertido el riesgo para los niños, niñas y adolescentes de las comunidades Nükak y Jiw en situación de desplazamiento, ubicados en asentamientos temporales en San José del Guaviare. “Hoy ese riesgo no se ha mitigado, y los eventos de violencia sexual contra esa población siguen siendo la constante.”, recalcó Carlos Camargo.

“Lo que queda claro con la situación de vulneración a los derechos humanos de las comunidades indígenas es la indiferencia institucional para tomar acciones concretas que pongan freno al abuso y la violencia sexual contra los niños, niñas y adolescentes. No podemos permitir que los funcionarios públicos ni la ciudadanía normalicen este tipo de vulneraciones”, puntualizó el Defensor del Pueblo.

Datos preocupantes

La crisis humanitaria por la que atraviesan los pueblos Jiw y Nükak en Guaviare, es la consecuencia de un cúmulo de circunstancias que se configuran a partir de factores estructurales asociados a la pobreza, la exclusión, el despojo territorial y el conflicto armado interno.

En San José del Guaviare, los niños, niñas y adolescentes indígenas permanecen en alto riesgo de reclutamiento, uso y utilización por parte de grupos armados organizados y grupos de delincuencia organizada. Esta grave amenaza se incrementa por la alta vulnerabilidad socioeconómica y la falta de presencia y oferta institucional, que los exponen a la explotación sexual comercial, a la violencia intrafamiliar y la violencia sexual, entre otras.

Son cientos los casos de violencia sexual los que la Defensoría del Pueblo ha venido denunciando y poniendo en conocimiento de las autoridades. Desde la Regional Guaviare, la Defensoría del Pueblo atendió entre el 2020 y el 2022 un total de 933 casos relacionados con vulneración de derechos de niños, niñas, adolescentes, mujeres, personas mayores y comunidad indígena. Vale destacar que se han atendido 68 casos de presunta violencia sexual en los que se encuentran involucrados menores de edad.

En el informe que presentó la Defensoría del Pueblo llama la atención el aumento de casos de violencia sexual en el Guaviare en los últimos 3 años. Mientras en 2020 registramos 67 casos la cifra llegó hasta los 81 casos durante 2022. Esto coincide con el hecho de que el 80 por ciento de las personas privadas de la libertad enfrentan procesos o han sido condenamos por este tipo de delitos.

En la última semana ha habido gran indignación por la situación que viven los niños indígenas en San José del Guaviare, lo importante es que esa indignación se traduzca en una acción estatal efectiva, completa e integral, permanente y sostenida, respetando las prácticas y creencias ancestrales de estas comunidades étnicas, y que han sido retratadas con suficiencia en órdenes judiciales, y en nuestras alertas tempranas e informes.