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Posible desabastecimiento de gas en el nororiente del país tras atentados en Arauca, advierte Ecopetrol

Posible desabastecimiento de gas en el nororiente del país tras atentados en Arauca, advierte Ecopetrol

Ecopetrol ha lanzado una advertencia sobre un posible desabastecimiento de gas en la región nororiental de Colombia, luego de que recientes atentados en el departamento de Arauca afectaran de manera significativa la infraestructura petrolera del Grupo Ecopetrol. La situación, que se originó por ataques en el oleoducto Caño Limón-Coveñas, ha generado preocupación tanto en las comunidades locales como en las autoridades nacionales, debido a la posible restricción en el suministro de gas.

En un comunicado oficial, Ecopetrol expresó que «dadas las situaciones de orden público presentadas en Arauca, que han impactado la infraestructura petrolera del Grupo Ecopetrol, se podría presentar una restricción en el abastecimiento de gas en la zona nororiental del país». Esta declaración pone en evidencia el grado de vulnerabilidad en que se encuentra la infraestructura energética del país frente a los actos de sabotaje.

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Los recientes ataques no solo amenazan la seguridad de la población, sino que también ponen en riesgo el abastecimiento de gas para miles de usuarios que dependen de este servicio para sus actividades diarias. La empresa ha asegurado que está realizando todos los esfuerzos posibles para minimizar el impacto de estos ataques y evitar que ocurra un desabastecimiento de gas, pero también hizo un llamado urgente a las autoridades nacionales para que refuercen las medidas de seguridad y protejan las instalaciones estratégicas.

El Ejército, por su parte, ha señalado que este tipo de atentados buscan presionar al Gobierno mediante actos de terrorismo que afectan de manera directa a la población y la economía de la región. La situación ha generado un clima de incertidumbre en la zona, mientras se espera que se implementen medidas efectivas para garantizar la seguridad del suministro de gas.

Ecopetrol también ha resaltado la importancia de la cooperación entre las distintas entidades del Estado para enfrentar esta problemática y garantizar la estabilidad energética del país. En este sentido, se ha enfatizado en la necesidad de fortalecer las acciones conjuntas entre las fuerzas de seguridad y las empresas encargadas de la infraestructura energética.

 

Gobierno y sector bancario alcanzan acuerdo para impulsar la economía con ‘Pacto por el Crédito’

Gobierno y sector bancario alcanzan acuerdo para impulsar la economía con ‘Pacto por el Crédito’

  • En un esfuerzo por evitar el controvertido proyecto de inversiones forzosas propuesto por el presidente Gustavo Petro, el Gobierno Nacional y el sector bancario, liderado por Asobancaria, han anunciado la creación del «Pacto por el Crédito». Esta iniciativa, revelada esta semana, marca un punto de inflexión en las políticas económicas del país, orientándose a la reactivación económica a través de una significativa inyección de capital en sectores estratégicos.

El acuerdo, denominado «Pacto por el Crédito», compromete a los bancos a realizar desembolsos de crédito adicionales por un total de 55 billones de pesos durante los próximos 18 meses. Este capital estará destinado a impulsar sectores estratégicos como las energías renovables, el campo, la vivienda, el turismo, la manufactura, y la industria, además de prestar especial atención a la economía popular. Este último sector, a menudo excluido del acceso al crédito debido a los altos riesgos percibidos, ahora recibirá un apoyo crucial a través de este pacto.

La decisión de evitar las inversiones forzosas, que fueron ampliamente criticadas por expertos y sectores económicos, refleja un enfoque más colaborativo y menos intervencionista por parte del Gobierno. La propuesta inicial, que obligaba a los bancos a dirigir sus recursos hacia áreas específicas de la economía, había suscitado preocupaciones sobre un posible encarecimiento del crédito y un incremento en el riesgo financiero para las instituciones bancarias, que manejan los ahorros de millones de colombianos.

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El «Pacto por el Crédito» no solo evita estos riesgos, sino que también representa una inyección masiva de recursos en la economía. Con un total estimado de 249 billones de pesos en créditos que se espera movilizar, el acuerdo tiene el potencial de reactivar la economía y contrarrestar la desaceleración que ha afectado al país en los últimos meses. Esta estrategia se alinea con los recientes indicadores del PIB, que mostraron una ligera recuperación, y busca consolidar esa tendencia positiva mediante el apoyo a sectores prioritarios.

Este acuerdo entre el Gobierno y el sector bancario podría ser el impulso que la economía colombiana necesita para salir de la desaceleración y avanzar hacia un desarrollo sostenible. El «Pacto por el Crédito» no solo protege al sistema financiero de los riesgos asociados con las inversiones forzosas, sino que también promueve una distribución más equitativa de los recursos crediticios, apoyando a sectores que han sido tradicionalmente marginados. A medida que se implementa este plan, los ojos estarán puestos en cómo estos recursos impactan en la revitalización económica y en la capacidad del país para superar los desafíos actuales.

Tres frentes que se deben trabajar para impulsar el mercado de capitales colombiano, según Asobancaria

Tres frentes que se deben trabajar para impulsar el mercado de capitales colombiano, según Asobancaria

Durante su discurso en la instalación del 35° Simposio de Mercado de Capitales, el presidente de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria), Jonathan Malagón, destacó que en el último año se ha observado una mejor dinámica en el mercado de capitales colombiano, especialmente en el segmento de renta variable (compra y venta de acciones). Mencionó que, a lo largo de ese período, la capitalización bursátil aumentó un 15%, mientras que el volumen de negociación se incrementó en un 38%.

El líder gremial también manifestó que el nivel de capitalización bursátil como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) se situó en un 19,5%, una cifra muy inferior a la de otros países latinoamericanos, donde supera el 28%. Además, subrayó que una de las mayores debilidades del mercado accionario colombiano es la cantidad de emisores (63), significativamente menor que la de países como México (136), Perú (195), Chile (297) y Brasil (353), que duplican, triplican e incluso quintuplican ese número.

En consecuencia, Malagón indicó que para impulsar el mercado de capitales colombiano es necesario trabajar desde ahora en tres áreas clave: ampliar la base de inversionistas, incrementar el número de emisores y aumentar los niveles de liquidez.

Para atraer nuevamente a las personas naturales, es decir, al inversionista retail, considera fundamental avanzar en iniciativas como la de la Superintendencia Financiera, que busca, a través de un proyecto de circular, ajustar los requisitos de valores de bajo monto y aumentar el umbral de 25 a 40 salarios mínimos.

Resaltó que la integración de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) con las de Santiago y Lima ofrece un escenario ideal para profundizar el mercado de valores. Según él, la integración regional permitirá acceder a un mayor número de emisores y niveles de liquidez, lo que contribuirá a aumentar la demanda.

Agregó que «es importante que, en un mercado como el colombiano, las pequeñas y medianas empresas puedan emitir en el mercado de valores. Por ello, es esencial que más compañías continúen financiándose a través de la plataforma A2censo. La generación de confianza en emisores e inversionistas será clave para consolidar este creciente mercado».

Finalmente, destacó que para mejorar los niveles de liquidez, es de vital importancia que en la reglamentación del nuevo fondo pensional, que será administrado por el Banco de la República, se permita invertir los recursos no solo en bonos soberanos, sino también en el mercado accionario colombiano.

Gobierno confirma alza del diésel pese a desacuerdos con transportadores

Gobierno confirma alza del diésel pese a desacuerdos con transportadores

El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ha confirmado que el Gobierno Nacional procederá con el incremento del precio del diésel en Colombia, a pesar de no haber alcanzado un acuerdo con los transportadores de carga. Esta medida, que Bonilla calificó como «impopular pero necesaria», busca alinear los precios del diésel con los estándares internacionales, un ajuste que se implementará de manera unilateral tras la falta de consenso en las negociaciones.

El plan contempla un incremento total de $6.000 por galón, distribuidos en dos etapas: $3.000 adicionales antes de que finalice 2024 y otros $3.000 en 2025. Con este ajuste, se espera que el precio del diésel alcance los $15.000 por galón el próximo año. Sin embargo, aún no se han detallado los mecanismos específicos ni los plazos exactos para la implementación de estos aumentos.

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La decisión del gobierno ha generado preocupación entre los transportadores de carga, quienes previamente expresaron su incapacidad para asumir el aumento sin garantías de una reactivación económica suficiente. Alfonso Medrano, presidente de la Cámara Intergremial de Transporte Unidos, señaló que los transportadores no cuentan con las condiciones económicas necesarias para enfrentar esta alza en los costos del combustible.

Este anuncio se produce en un contexto de tensiones entre el gobierno y los sectores que dependen del diésel, quienes temen que este incremento repercuta negativamente en sus operaciones y en la economía en general. A pesar de las críticas, el gobierno sostiene que la medida es indispensable para corregir lo que describe como una «inflación imaginaria» en el mercado del diésel y para asegurar la sostenibilidad financiera del país.

 

Gobierno asegura que las inversiones forzosas no implican expropiación

Gobierno asegura que las inversiones forzosas no implican expropiación

Mucho alboroto ha generado la propuesta del gobierno sobre inversiones forzosas a entidades del sistema financiero, dirigidas a algunos sectores de la economía como el turismo, la industria y las energías renovables. El tema escaló a tal punto que el mismo ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, tuvo que salir a aclarar que este mecanismo no es una expropiación del ahorro de los colombianos.

«Las personas siguen teniendo disponible el dinero de sus cuentas corrientes; eso no es ninguna expropiación. No es lo que dice por ahí un expresidente, que se va a expropiar a los colombianos; siempre han hablado de expropiación sin saber exactamente qué es eso», señaló el titular de la cartera de Hacienda.

Vale la pena destacar que, con este pronunciamiento, el ministro de Hacienda le salió al paso a las declaraciones del expresidente Iván Duque, quien afirmó que «estas inversiones forzosas son el inicio del concepto de la expropiación, porque quieren echarle mano al ahorro de los ciudadanos para poder financiar todas las barbaridades fiscales que el gobierno hoy no puede, ya que no tiene los recursos y debe someterse a la regla fiscal».

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Al postulado del ministro de Hacienda se sumó el del director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, quien argumentó en X que «no es una expropiación de los ahorros, pero sí es una mala idea para la reactivación económica porque aumentará el costo del crédito para hogares y empresas».

El exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, también se refirió al tema a través de la misma red social: «He dicho con claridad que estoy en contra de la propuesta del gobierno de inversiones forzosas. Hay otros mecanismos más apropiados, utilizando el Grupo Bicentenario para fomentar el apoyo a la economía popular y a los sectores que se quieran promover. Y debe hacerse en coordinación con el sector financiero para que la política tenga los efectos deseados. Pero decir que la propuesta del gobierno es una expropiación del ahorro de la gente, como lo ha dicho el presidente Duque y algunos otros políticos, es una crítica incorrecta, porque a nadie se le quitarían sus ahorros. Las críticas tienen que ser fundamentadas, y esa es claramente incorrecta».

Por otro lado, el presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón, considera que «la propuesta de inversiones forzosas resulta inconveniente, porque constituye un mecanismo de represión financiera que limita el crédito para otras actividades. Es un subsidio cruzado que reduce los fondos prestables, por lo que la mayoría de los colombianos tendría que pagar una tasa de interés más alta para que los sectores beneficiados cuenten con una más baja».

El líder gremial insistió en la propuesta de la banca como alternativa a las inversiones forzosas y envió un parte de tranquilidad a los colombianos que tienen ahorros en los bancos: «Avanzar en un Gran Pacto por el Crédito con criterios de eficiencia es la mejor vía para la recuperación económica. En cualquier caso, los ahorros de los colombianos en las entidades financieras no están ni estarán en riesgo».