por Konuco | Jul 17, 2024 | Destacadas, Economía
La Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia, Asobancaria, reveló que, a marzo de 2024, la industria colombiana de leasing alcanzó una cartera de $72,3 billones, lo que representó una variación negativa de 7,26% con respecto al mismo período del año pasado.
Según el último Informe Trimestral de Leasing elaborado por Asobancaria, esta importante disminución se explica, en parte, porque «la reducción de la actividad económica a lo largo del último año y el aumento de la incertidumbre por las potenciales reformas de política pública en varios sectores han generado una posición más cauta en los clientes». Añade que esto ha representado retos al momento de diseñar estrategias conjuntas entre actores públicos y privados que impulsen el crecimiento y la estabilidad del sector.
De los $72,3 billones totales, $35,4 billones corresponden a leasing financiero, representando el 50,8%; el leasing habitacional suma $27,3 billones, lo que equivale al 39,9% y el leasing operativo asciende a $6,3 billones, con una participación del 9,17%. Finalmente, los anticipos rondan los $3,3 billones.
Según el informe, las pymes se consolidan como un actor fundamental dentro de la cartera de leasing financiero por tamaño de empresa, representando el 30,1% de la cartera con $10,7 billones, seguido del sector empresarial, que registró una participación del 20,9% con $7,4 billones.
Vale la pena destacar que los inmuebles son el activo con mayor participación dentro de la cartera de leasing financiero, con un 58,7% del total, que equivale a $20,4 billones.
por Konuco | Jul 15, 2024 | Destacadas, Economía
Bogotá, D. C., 15 de julio de 2024 – La industria del acero en Colombia enfrenta una grave amenaza debido a un incremento del 75% en las importaciones de acero provenientes de Rusia y China. Este aumento ha generado una profunda preocupación entre los productores nacionales, quienes advierten sobre los efectos negativos en la economía y el empleo.
Los productores colombianos señalan que el acero importado llega a precios extremadamente bajos, una práctica conocida como precios predatorios, que dificulta la competencia justa. Esta situación ha afectado las finanzas de empresas nacionales como PazdelRío, una de las principales siderúrgicas del país. La compañía ha destacado que los altos costos de los insumos, combinados con los precios bajos del acero importado, ponen en riesgo la sostenibilidad de la industria local.
La Cámara Fedemetal de la Andi, que agrupa a los productores de acero, ha manifestado que esta situación no solo afecta a las empresas directamente involucradas, sino también a más de 21,000 personas que dependen del sector de manera directa e indirecta. Los empresarios han instado al gobierno colombiano a tomar medidas urgentes para proteger la industria nacional, solicitando la implementación de aranceles y la investigación de prácticas de dumping para nivelar el campo de juego.
Ante esta coyuntura, los productores han solicitado al Ministerio de Comercio e Industria la activación de medidas de salvaguardia contra las importaciones de acero de países sin tratados de libre comercio con Colombia. Esta solicitud está alineada con la Política Nacional de Reindustrialización, que busca fortalecer la industria local y proteger los intereses nacionales.
El contexto global también juega un papel crucial en esta problemática. Otros países, como Estados Unidos, Canadá, México y Brasil, han adoptado medidas similares para proteger sus industrias del acero frente a importaciones desleales. Esta acción internacional subraya la necesidad de que Colombia tome medidas efectivas para evitar una inundación de acero importado que podría desestabilizar el mercado interno y dañar significativamente la economía local.
La industria siderúrgica colombiana espera que el gobierno responda con prontitud para implementar políticas que aseguren un entorno competitivo justo y sostenible, protegiendo así los empleos y los ingresos de miles de familias que dependen de este sector clave de la economía.
Foto: Getty Images
por Konuco | Jul 12, 2024 | Destacadas, Economía
Bogotá, D.C., 12 de julio de 2024. El Gobierno del presidente Gustavo Petro ha confirmado que presentará una nueva ley de financiamiento después de radicar el proyecto del Presupuesto General de la Nación 2024. Esta estrategia busca asegurar la aprobación del presupuesto antes de abordar reformas fiscales más complejas.
Inicialmente, se esperaba que la nueva ley de financiamiento se presentara el 20 de julio, coincidiendo con la instalación del Congreso. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda ha indicado que la reforma se radicará en una fecha posterior. Esta decisión prioriza la discusión y aprobación del presupuesto, un paso crucial para garantizar la estabilidad financiera del gobierno y la implementación de sus programas prioritarios.
La nueva ley de financiamiento se centrará en áreas críticas, incluyendo ajustes fiscales y nuevas fuentes de ingresos para el Estado. Este enfoque permitirá al gobierno de Petro cumplir con sus promesas de campaña y financiar importantes proyectos sociales y de infraestructura.
El Ministerio de Hacienda está trabajando en los detalles finales de la propuesta, asegurando que sea integral y que cuente con el apoyo necesario para su aprobación en el Congreso. Esta estrategia refleja el compromiso del gobierno de manejar de manera responsable las finanzas públicas y de avanzar en reformas que beneficien a toda la población.
El presupuesto para 2024 ya ha generado expectativas y discusiones, dado su papel fundamental en la financiación de programas clave como educación, salud y vivienda. La administración de Petro busca equilibrar las demandas sociales con la necesidad de mantener la estabilidad económica del país.
Foto: Cortesía
por Konuco | Jul 11, 2024 | Destacadas, Economía
Jonathan Malagón, presidente del gremio financiero, destaca avances y desafíos en la gestión de riesgo y la inclusión financiera.
Durante su discurso en la instalación del 23º Congreso Panamericano de Riesgo LAFTFPADM, el presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón, abordó los desafíos que enfrenta Colombia para cumplir con las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y reducir significativamente el uso del efectivo de cara a 2028.
Malagón subrayó que Colombia ha avanzado en el cumplimiento del 78% de las recomendaciones del GAFI, con 31 de las 40 ya implementadas. Sin embargo, enfatizó que es imperativo alcanzar el 100% para fortalecer el sistema de gestión de riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
“Colombia ya cuenta con 31 recomendaciones cumplidas de las 40; eso suma el 78% del total. Sin embargo, para 2028, todas deberían estarlo”, afirmó Malagón. Entre las recomendaciones pendientes, destacó la número 7, que aún no ha avanzado lo suficiente en cuanto a la implementación de sanciones financieras para prevenir la proliferación de armas de destrucción masiva.
El líder gremial también resaltó la necesidad de entender la metodología de evaluación del GAFI y prepararse adecuadamente. “Será necesario reactivar el comité intergremial del sector financiero”, agregó.
Por otro lado, Malagón insistió en que el uso del efectivo facilita el lavado de activos debido a su carácter anónimo y de difícil rastreo. Señaló que reducir el uso del efectivo y aumentar la bancarización son cruciales para mejorar la seguridad, promover la inclusión financiera y garantizar la transparencia en las transacciones económicas.
Citando una encuesta del Banco de la República, Malagón indicó que el 75% de los pagos en Colombia se realizan en efectivo. La meta para 2028 es reducir esta cifra al 41%, lo que implicará un esfuerzo significativo en la promoción de medios de pago electrónicos y la bancarización de la población.
En resumen, el discurso de Jonathan Malagón en el Congreso Panamericano de Riesgo LAFTFPADM dejó claro que Colombia enfrenta importantes desafíos para cumplir con las recomendaciones del GAFI y reducir el uso del efectivo, objetivos que serán cruciales para fortalecer el sistema financiero y promover un entorno económico más seguro y transparente para 2028.
Foto: Colprensa
por Konuco | Jul 9, 2024 | Destacadas, Economía
Un informe reciente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) ha advertido sobre los riesgos asociados con la propuesta del Gobierno Nacional de implementar inversiones forzosas como medida para dinamizar la economía. Este tema ha suscitado un amplio debate en el país, especialmente entre los gremios, que argumentan que estas imposiciones perjudican el mercado.
Según el análisis de Anif, la reactivación económica debe ser un proceso concertado y no forzado para tener éxito. Los expertos destacan la necesidad de mejorar la imagen del país ante los inversionistas y generar confianza. Señalan que, aunque hay indicios de aceleración en el crecimiento económico, las cifras actuales siguen siendo insuficientes, quedando lejos del 3% necesario para garantizar un desarrollo sostenible.
Históricamente, las inversiones forzosas fueron comunes en Colombia hasta la década de los 90, pero no lograron profundizar el crédito y encarecieron los préstamos, ampliando el margen de intermediación. Anif subraya que esta medida funciona como un impuesto implícito que afecta negativamente tanto a los ahorradores como a las empresas y hogares que demandan crédito, reduciendo los recursos disponibles para préstamos.
El análisis también advierte que volver a implementar inversiones forzosas podría ser un retroceso indeseado. Desde la década de los 90, estas inversiones se eliminaron gradualmente, y reintroducirlas podría perjudicar a empresarios y ahorradores, así como a los bancos, cuya rentabilidad ya es baja.
Anif concluye que la expansión del crédito público puede llevar a pérdidas importantes si la asignación no es adecuada, recordando que la mala asignación crediticia en la banca pública contribuyó al desmonte de la fuerte intervención financiera en el pasado. Por ello, hacen un llamado a mantener el diálogo entre el Gobierno y los sectores productivos para consensuar medidas que reactiven la economía sin comprometer la estabilidad y la confianza del mercado.
Foto: BBVA
