por Konuco | Jul 3, 2025 | Destacadas, Judicial e Investigación
La Fundación Santa Fe de Bogotá confirmó este jueves que el estado de salud del senador Miguel Uribe Turbay continúa siendo «grave», de manera que está bajo observación en Unidad de Cuidados Intensivos, sedado, con soporte ventilatorio mecánico y con pronóstico neurológico reservado.
Según el parte médico, Uribe Turbay es atendido por un equipo multidisciplinario y en los últimos días, incluidos los más recientes, ha requerido procedimientos programados como parte de su manejo clínico.
Durante la mañana de este jueves fue sometido a una nueva intervención quirúrgica. Su esposa, María Claudia Tarazona, aseguró que el procedimiento duró cerca de seis horas y concluyó con éxito. “Miguel salió bien y está estable”, escribió en sus redes sociales, agradeciendo las oraciones y el apoyo recibido.
Horas antes de esta cirugía, Tarazona había compartido una fotografía inédita tomada en la UCI. En ella se observa el pecho del senador conectado a equipos médicos mientras ella apoya su mano en el cuerpo del legislador. Acompañó la imagen con un mensaje dirigido a su hijo menor, en el que afirmó: “El amor lo mantiene vivo”.
Uribe Turbay fue víctima de un atentado el pasado 7 de junio, durante un acto político en la localidad de Fontibón, Bogotá. Recibió tres impactos de bala, dos de ellos en la cabeza. El atacante, según las autoridades, fue un adolescente de 14 años.
Inicialmente fue atendido en el Centro Médico Engativá. Posteriormente, fue trasladado a la Fundación Santa Fe, donde se le practicaron varias cirugías, incluida una intervención urgente el 16 de junio para detener un sangrado intracraneal.
El hospital indicó que su evolución ha sido lenta pero estable. Desde el 24 de junio, permanece en una fase subaguda del tratamiento, aunque su estado continúa siendo crítico.
La Fiscalía General de la Nación investiga el atentado como un intento de magnicidio. Hasta el momento han sido capturados varios sospechosos, entre ellos el presunto autor intelectual, identificado con el alias de “El Costeño”.
El Gobierno mantiene vigente una recompensa de hasta 300 millones de pesos por información que conduzca a la identificación de otros responsables del ataque.
De Colprensa Senador Miguel Uribe Turbay continúa en estado crítico
por Konuco | Jul 2, 2025 | Destacadas, Judicial e Investigación
La Diócesis de San José del Guaviare y la Delegación para las Relaciones Iglesia-Estado de la Conferencia Episcopal de Colombia calificaron como un “acto infame” el hallazgo de una fosa común con ocho cuerpos sin vida en zona rural del municipio de Calamar, Guaviare. Las víctimas habían sido reportadas como desaparecidas desde el 4 de abril y fueron identificadas por sus familiares como líderes sociales y espirituales de la región.
El delegado de la Conferencia Episcopal para las relaciones Iglesia-Estado, monseñor Héctor Fabio Henao, explicó que la noticia fue recibida “con mucho dolor” por parte de las comunidades y señaló que se trataba de personas “que hacían una labor de servicio a sus comunidades”.
El religioso aseguró que la masacre causa un profundo desconcierto entre los habitantes del Guaviare y subrayó la urgencia de exigir respeto por la vida, los liderazgos espirituales y sociales, así como la necesidad de fortalecer la construcción de una sociedad en la que la dignidad humana sea el centro.
Las organizaciones religiosas manifestaron su rechazo a este tipo de hechos y afirmaron que “representan una grave afectación a la vida social y la paz de la región”.
Por su parte, la Procuraduría General de la Nación también rechazó el homicidio de los ocho líderes y urgió a las autoridades judiciales a avanzar con celeridad en las investigaciones para identificar, capturar y judicializar a los responsables, tanto materiales como intelectuales.
La Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos instó al Gobierno a implementar acciones contra los grupos armados ilegales que se disputan el control territorial en Guaviare y a garantizar la seguridad de la población civil, así como el acceso efectivo a derechos básicos como la justicia, la salud y la educación.
Según el Ministerio Público, los hechos constituyen una violación al Derecho Internacional Humanitario y al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y advirtió que no se pueden permitir este tipo de conductas, que ya han sido registradas también en regiones como Cauca y Norte de Santander.
La Fiscalía General de la Nación recuperó los cuerpos en una fosa común ubicada en Calamar, luego de que se activaran mecanismos de búsqueda urgente por la denuncia de sus familias. Según la investigación, las víctimas fueron citadas por integrantes del frente ‘Armando Ríos’ de las disidencias de las FARC, quienes sospechaban que colaboraban con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Las citaciones ocurrieron entre el 4 y el 7 de abril, y tenían como propósito interrogar a las víctimas por la supuesta creación de una célula del ELN en la zona. De acuerdo con las pesquisas, las ocho personas fueron llevadas a un predio abandonado, donde fueron asesinadas por orden de un cabecilla cercano a alias Iván Mordisco.
Los cuerpos fueron identificados preliminarmente como Jesús Valero, Carlos Valero, Marivel Silva, Isaid Gómez, Maryuri Hernández, Óscar Hernández, James Caicedo y Nixon Peñaloza Chacón. La recuperación de los restos contó con el acompañamiento de la Fuerza de Despliegue Rápido No. 11 del Ejército Nacional.
De Colprensa
por Konuco | Jul 1, 2025 | Destacadas, Judicial e Investigación
La Fiscalía General recuperó los cuerpos de ocho líderes sociales y religiosos en una fosa común ubicada en zona rural del municipio de Calamar, en Guaviare. Las víctimas habían sido citadas por miembros del frente ‘Armando Ríos’ de las disidencias de las FARC por sospechas de colaboración con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
El hallazgo fue posible gracias a la activación de mecanismos de búsqueda urgente desde abril, cuando familiares denunciaron la desaparición. Según la investigación, el 4 de abril de 2025, dos personas fueron citadas por integrantes del grupo armado ilegal y tres días después se convocó a las otras seis.
Las citaciones, según las autoridades, tenían como propósito interrogar a las víctimas por una supuesta creación de una célula del ELN en la zona.
De acuerdo con las primeras pesquisas, las ocho personas habrían sido llevadas posteriormente a un predio abandonado donde fueron asesinadas. La orden, según la investigación, habría sido emitida desde el círculo de confianza de alias Iván Mordisco, uno de los principales jefes de las disidencias.
Los cuerpos fueron identificados de forma preliminar por sus familiares como Jesús Valero, Carlos Valero, Marivel Silva, Isaid Gómez, Maryuri Hernández, Óscar Hernández, James Caicedo y Nixon Peñaloza Chacón.
El procedimiento de recuperación se llevó a cabo con el acompañamiento de la Fuerza de Despliegue Rápido No. 11 del Ejército Nacional. La Fiscalía explicó que esta información se difunde por razones de interés general.
por Konuco | Jun 27, 2025 | Destacadas, Judicial e Investigación
Con la decisión de la Corte Constitucional se enreda una de las pocas investigaciones que alcanzaron a avanzar para aclarar las cuentas de la campaña Petro Presidente. La sentencia del alto tribunal no solo sacó al Consejo Nacional Electoral (CNE) del camino judicial contra el jefe de Estado, sino que trasladó la parte del expediente que corresponde al mandatario al Congreso, una instancia que, según organizaciones como Dejusticia, la Misión de Observación Electoral (MOE) y Transparencia por Colombia, ha demostrado una baja efectividad sancionatoria, pues en más de tres décadas de funcionamiento no ha producido decisiones de fondo contra presidentes en ejercicio.
Se trataba de un expediente sustanciado por el CNE, que ya había formulado cargos por violaciones a los topes de financiación, omisiones en los informes de gastos y aportes de fuentes presuntamente prohibidas. Aunque ese proceso parecía encaminarse a una sanción formal, la Corte concluyó que el candidato hoy convertido en jefe de Estado solo puede ser investigado por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Quedan, eso sí, las investigaciones pendientes contra los demás miembros de su campaña, en especial el gerente, Ricardo Roa, hoy presidente de Ecopetrol, pero el proceso contra ellos también ha tenido múltiples obstáculos.
Al mismo tiempo, la Fiscalía General de la Nación mantiene abiertas seis líneas de investigación por posibles irregularidades en la financiación de esa campaña, y la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, aunque con dos expedientes acumulados, no ha emitido decisiones de fondo. A esas indagaciones se suma la actuación de la Procuraduría General de la Nación, que abrió procesos disciplinarios y emitió un concepto técnico en el que concluyó que la campaña violó los topes de gasto y omitió reportes obligatorios en ambas vueltas presidenciales.
Los indicios, testimonios, audios y documentos existen, pero los caminos institucionales para esclarecer qué ocurrió con los recursos que financiaron la campaña presidencial de 2022 siguen sin producir resultados concluyentes.
De Colprensa
por Konuco | Jun 22, 2025 | Destacadas, Judicial e Investigación
La Corte Constitucional concluyó que los discursos que configuran violencia de género contra mujeres que participan en política no están protegidos por la libertad de expresión y explicó que, aunque esta libertad es esencial para la democracia, no ampara expresiones que refuercen patrones discriminatorios o agresiones contra mujeres en espacios públicos o digitales.
La Sala Segunda de Revisión estudió una tutela presentada por un periodista que fue bloqueado en las redes sociales de una representante indígena a la Cámara. El comunicador alegó que esa acción vulneró sus derechos a la libertad de expresión, acceso a información pública y participación política.
Por su parte, la congresista argumentó que el bloqueo respondió a reiteradas publicaciones en las que el periodista ejercía violencia de género digital contra ella.
La Corte evaluó el caso y encontró que existía una tensión entre los derechos fundamentales del accionante y los de la mujer servidora pública, específicamente su derecho a una vida libre de violencia, su dignidad y la garantía de no discriminación.
Aunque el tribunal concluyó que el bloqueo de las cuentas del periodista fue una medida desproporcionada, ya que impedía el acceso a toda la información compartida en canales de naturaleza pública, también dejó claro que no todas las expresiones están amparadas por la libertad de expresión.
La Sala señaló que ese tipo de medidas pueden constituir formas de censura previa, que resultan incompatibles con los principios de una democracia digital. No obstante, precisó que las publicaciones que configuran violencia de género, especialmente contra mujeres indígenas en política, no tienen amparo constitucional como ejercicio libre de expresión.
El fallo también reconoció que las mujeres indígenas enfrentan una forma interseccional de discriminación en escenarios públicos, debido a condiciones históricas de exclusión y violencia. Por esa razón, la Corte recordó que sus derechos deben ser especialmente protegidos en el debate público, tanto en escenarios físicos como digitales.
Además, advirtió que periodistas y medios de comunicación, aun cuando ejercen un rol crucial en la democracia, deben abstenerse de realizar publicaciones que normalicen agresiones, refuercen estereotipos o vulneren derechos fundamentales de mujeres, sobre todo si ocupan cargos públicos.
Como parte del fallo, la Corte ordenó al periodista abstenerse de realizar nuevas publicaciones en redes sociales contra la representante que constituyan violencia de género digital. Igualmente, le exigió eliminar los contenidos previamente identificados como agresiones por parte del tribunal.
De Colprensa
