por Konuco | Mar 8, 2024 | Judicial e Investigación
Medellín (Antioquia), 8 de marzo del año 2024. De acuerdo con el compromiso adquirido por la Fiscal General de la Nación (e), la señora Martha Janeth Mancera, de esclarecer los delitos que afectan la seguridad ciudadana, la Fiscalía obtuvo la medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de la subintendente de la Policía Nacional la señora Deimy Zuley Castellanos Castiblanco y de su hermano el señor Giovanny Alexander, como presuntos responsables de estafar a un comerciante de la ciudad de Medellín (Antioquia) por una cuantía superior a los 400 millones de pesos.
Los hechos ocurrieron entre junio y julio de 2023, cuando los procesados, al parecer, indujeron en error mediante engaños a la víctima y le solicitaron varios préstamos de dinero garantizando el pago con prendas de vehículos.
Según la investigación adelantada por un fiscal de la Unidad de Estafas de Medellín, los hermanos Castellanos Castiblanco habrían obtenido las prendas de los vehículos engañando a los propietarios, a quienes les hicieron creer que los automotores los estaban arrendando para el transporte de extranjeros.
De acuerdo con la información obtenida por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), los procesados habrían reclutado personas para suplantar a los verdaderos dueños de los vehículos y con documentos falsos acudieron ante la víctima para obtener préstamos por una cuantía de 460 millones de pesos.
Los elementos materiales recaudados permitieron establecer que luego de recibir el dinero, los supuestos propietarios de los vehículos recibían un monto por la suplantación y entregaban el resto a la subintendente y su hermano.
Los investigados, quienes fueron capturados por el CTI con el apoyo de la Policía Nacional, no aceptaron los cargos imputados por la Fiscalía por delitos como estafa agravada, falsedad material en documento público y falsedad en documento privado, todas las conductas en concurso homogéneo y sucesivo.
por Konuco | Mar 4, 2024 | Judicial e Investigación
En las últimas horas, Nación Paisa pudo confirmar que Salvatore Mancuso Gómez anunció que eligió al Distrito de Medellín, Antioquia, para tener su residencia y regresar a la libertad.
Avanza la segunda audiencia de petición de libertad de Salvatore Mancuso y todo parece indicar que saldría de la cárcel, pero con una serie de obligaciones y restricciones.
La primera de ellas es la no repetición e incursión en nuevas conductas delictivas y por el contrario, promover actividades dirigidas a la consecución de la paz y reconciliación nacional.
La segunda es que se deberá presentar cada tres meses ante la secretaría de la sala del tribunal de Medellín, Antioquia, durante el término de libertad.
Como tercera medida, no se podrá desplazar a los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, Cesar, Magdalena, Norte de Santander, La Guajira y San Pedro de Urabá, Necoclí, Ituango, Arvoletes y Apartadó en los que tuvo lugar su acción criminal.
La cuarta medida es que deberá informar a la Fiscalía de otros procesos de delitos cometidos durante su permanencia en las Autodefensas Unidad de Colombia en que pueda estar inmerso.
La quinta tiene que ver con que deberá informar cualquier cambio de domicilio con treinta días de anticipación para que el despacho apruebe su viabilidad según el lugar donde deba hacer sus presentaciones.
Sexta: Debe vincularse y participar de manera obligatoria en el proceso de reintegración, liderado por la Agencia para la Reintegración y la Normalización.
Séptima: La juez dictaminó que Salvatore Mancuso no podrá salir de Colombia sin previa autorización.
Octavo: Salvatore Mancuso no podrá realizar conducta o acto que atente contra las víctimas, o apología al delito durante su libertad.
Novena: Mancuso deberá asistir a todas las citaciones a diligencias judiciales a las que sea convocado por la Fiscalía o Justicia y Paz.
Décima: Mancuso no portar armas de fuego.
Undécima: Cumplir la totalidad de obligaciones en los fallos que no haya podido atender.
Vale la pena anotar que, cumplidas las anteriores obligaciones, se le declararán extinguidas las penas ordinarias impuestas. Sin embargo, el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de las sentencias parciales, le acarreará como consecuencia la revocatoria de la libertad a prueba concedida a la fecha y se le ordenará que cumpla la pena total acumulada de 480 meses, 40 años de prisión
por Konuco | Feb 29, 2024 | Judicial e Investigación
En medio de un enfrentamiento con este grupo criminal se dio la captura del sujeto en mención y su escolta, quienes al parecer harían parte de la Subestructura Javier Yepes Cantero.
Como resultado de operaciones coordinadas e interinstitucionales desplegadas por soldados del Gaula Militar Córdoba, adscritos a la Décima Primera Brigada del Ejército Nacional, efectivos de la Policía Nacional y el CTI de la Fiscalía General de la Nación, se produjo la captura de alias Camilo y alias El Flaco, señalados de pertenecer al grupo armado organizado Clan del Golfo.
Los hechos se registraron en la vereda Egipto, del municipio de Ciénaga de Oro, Córdoba. En el lugar se presentaron combates con estos presuntos integrantes de la subestructura, luego de que estos se percataran de la presencia de las autoridades.
Como parte de las investigaciones adelantadas se pudo determinar que alias Camilo llevaría más de siete años en la organización, en la que al parecer se desempeñaba como cabecilla de zona y jefe de sicarios del componente criminal focalizado de la Subestructura Javier Yepes Cantero.
Entre otras actuaciones criminales, este sujeto sería el encargado de recolectar el dinero producto de las extorsiones realizadas en los municipios de Ciénaga de Oro, Sahagún y Cereté, Córdoba, además de perpetrar asesinatos e intimidar a la población de estas zonas por no acceder al pago de exigencias económicas.
Sumado a lo anterior, alias Camilo tendría bajo su mando a cinco integrantes de este grupo delincuencial, los cuales se ocupaban del cobro de las extorsiones, seguridad personal y homicidios.
Por su parte, alias el Flaco, el otro capturado durante la ofensiva, fungía como escolta de alias Camilo. A estos sujetos se les hallaron dos armas cortas tipo revólver, municiones para las mismas y una motocicleta.
Ambos hombres fueron puestos a disposición de un juez con función de control de garantías, quien determinó medida de aseguramiento intramural para los dos casos.
El Ejército Nacional seguirá desarrollando operaciones de manera sostenida en la región cordobesa, con el propósito de contrarrestar las acciones delictivas de esta organización ilegal; de igual forma, invita a los ciudadanos a denunciar a través de la línea 147 cualquier situación que atente contra su seguridad y bienestar.
por Konuco | Feb 4, 2024 | Destacadas, Judicial e Investigación
A disposición de la Fiscalía General de la Nación quedaron José Orlando Buitrago Rodríguez, alias Tito El Borracho; y Mauricio Hernando Pinilla Figueroa, alias Mauro, presuntos integrantes de dos estructuras criminales de alcance trasnacional a las que se les atribuye la salida de toneladas de clorhidrato de cocaína hacia destinos internacionales.
Se trata de ‘Tito El Borracho’ y Mauricio Hernando Pinilla Figueroa, quienes fueron localizados en procedimientos realizados en Cundinamarca y Antioquia, respectivamente. Buitrago Rodríguez fue capturado en una acción conjunta de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico y la Policía Nacional, con apoyo del Buró Federal de Investigaciones (FBI), en Villeta (Cundinamarca).
La justicia de Estados Unidos lo solicita en extradición para que responda en juicio por cargos relacionados con conspiración para el tráfico de estupefacientes. El requerimiento internacional indica que sería el cabecilla de una organización señalada de producir cocaína en la región del Catatumbo (Norte de Santander), moverla hacía Venezuela y enviarla por vía marítima hacia los países del Caribe y de Centroamérica, México y Estados Unidos.
La estructura de ‘Tito El Borracho’ estaría involucrada en la salida de grandes cargamentos de estupefacientes, y tendría a su disposición una red para lavar los activos producto del narcotráfico, a través de trasferencias electrónicas realizadas desde Asia.
De otra parte, Pinilla Figueroa fue localizado en Rionegro (Antioquia), en atención a una petición con fines de extradición elevada por Perú.
Este hombre haría parte de un grupo narcotraficante al que se le atribuye el transporte de cocaína de Colombia a territorio peruano para posteriormente trasladarla a países europeos.
Con este resultado queda desarticulada la estructura criminal. En un procedimiento anterior ejecutado en Callao (Perú) fueron capturados otros 21 posibles integrantes, entre ellos ciudadanos colombianos, venezolanos y peruanos.
por Konuco | Feb 4, 2024 | Destacadas, Judicial e Investigación
La Fiscalía General de la Nación presentó pruebas suficientes para demostrar que la exrectora de un colegio en Charalá (Santander), Lucila Inés Gutiérrez de Moreno; y un particular identificado como José William Parra Arroyave, facilitaron el actuar violento y desproporcionado en contra de la población civil del frente Comunero Cacique Guanentá de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción acreditó en juicio que la señora Gutiérrez de Moreno, entre 2001 y 2003, permitió que algunas de sus estudiantes fueran abusadas sexualmente y de manera sistemática por los cabecillas de la estructura criminal.
La mujer presentaba y ofrecía a las jóvenes en bazares, reinados de belleza y otras celebraciones. También prestó la oficina de la rectoría de la institución educativa para que se ejecutaran las agresiones. En el curso del proceso fueron identificadas, por lo menos, dos víctimas que permanecieron encerradas y soportaron durante prologados periodos los vejámenes de jefes paramilitares conocidos como ‘Víctor’, ‘Carlos’, ‘Nariz’, ‘Chirrete’, ‘Silvestre’ y ‘Shuster’.
Por todo lo anterior, Lucila Inés Gutiérrez de Moreno fue condenada por un juez penal especializado de Bucaramanga (Santander) a 20 años y 9 meses de prisión por los delitos de secuestro simple agravado, acceso carnal violento en persona protegida, esclavitud sexual y desplazamiento forzado. El fallo dispuso la captura inmediata de la sentenciada para que cumpla la pena en establecimiento carcelario.
De otra parte, la Fiscalía estableció que Parra Arroyabe, como auxiliador y orientador político del frente Cacique Guanentá, auspició el reclutamiento forzoso de menores de edad. Las evidencias dan cuenta de que engañó a 23 adolescentes y los entregó al grupo armado ilegal.
Uno de los jóvenes fue abusado sexualmente y en múltiples oportunidades por los cabecillas paramilitares.
En ese sentido, fue condenado a 24 años y 2 meses de prisión por los delitos de entrenamiento para actividades ilícitas, acceso carnal violento en persona protegida y reclutamiento forzado.
La actividad investigativa que permitió obtener estas dos sentencias de primera instancia se siguió en atención a los parámetros definidos en la Ley 600 de 2000 (anterior Sistema penal).
