El Tribunal Superior de Buga (Valle del Cauca) condenó al coronel (r) del ejército, Jorge Alberto Amor Páez, a 31 años y 11 meses de prisión por su participación en una acción criminal que dejó 24 personas muertas, el 10 de octubre de 2001, en zona rural de Buga
La revocación de la absolución en primera instancia contra el oficial lo declara culpable de homicidio en persona protegida. Además de imponerle una multa equivalente a 2.230 salarios mínimos, se le impuso una inhabilidad para funciones públicas por 15 años y 10 meses. La decisión ordena su inmediata captura para cumplir la pena en un establecimiento carcelario.
¿Porqué fue condenado el excomandante del ejército?
La sentencia se fundamenta en la incursión violenta de una estructura de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en las veredas La Habana, Alaska y La Magdalena. Los hombres armados, confundiéndose en señalamientos, agruparon a 24 pobladores acusados erróneamente de colaborar con otras organizaciones criminales. En un acto indiscriminado, dispararon contra los residentes, dejando una tragedia en su estela. La condena al coronel Amor Páez destaca su negligencia ante denuncias previas sobre actividades paramilitares, agravando la situación en Buga.
#ATENCIÓN | La #Fiscalía logra condena ejemplar en contra de excomandante del batallón Palacé del Ejército Nacional por la muerte de 24 personas en #Buga, Valle del Cauca. El coronel en retiro Jorge Alberto Amor Páez omitió su deber de proteger a la población civil y facilitó el… pic.twitter.com/E76II2Azo1
El excomandante del Batallón Palacé del Ejército Nacional fue condenado tras demostrarse que durante su mandato incumplió su deber constitucional de proteger a la población civil. La Fiscalía evidenció su negligencia al ignorar alertas de campesinos sobre actividades paramilitares y al no implementar medidas de control territorial. En lugar de dirigir a las tropas a puntos críticos señalados, su orden de trasladarse a áreas alejadas facilitó la perpetración de la masacre en Buga en 2001, resultando en la muerte de 24 personas.
Un exjuez de la República y ahora abogado litigante, denuncia la existencia de un presunto cartel al interior de la Fiscalía seccional Cartagena.
Uno de los fiscales denunciados, fue mencionado por el exrector de la Universidad de Córdoba, quien hace unas semanas se sometió para contarle toda la verdad a la JEP
Se trata Un fiscal Especializado de Cartagena quien fue relacionado con un presunto entramado de corrupción en la ciudad heroica.
Su nombre es Pedro Manuel Diaz Pacheco Fiscal Primero Especializado, quien hace más de tres años fue denunciado por los delitos de fraude procesal y falsedad. A la fecha ese proceso permanece engavetado sin que nada pase.
“Lo curioso y llamativo es que algunas de las denuncias se hicieron en Bogotá, pero fueron trasladadas a la seccional Bolívar es decir ellos mismos se investigan” precisó el denunciante quien además señaló que:
“Ni siquiera, la Fiscalía se ha dignado en citarme para rendir una declaración bajo juramento (…) esa denuncia precisamente fue porque ese fiscal uso en el curso de una investigación penal un documento falso y eso le sirvió para tener presa a mi clienta”, dijo el abogado denunciante y ex juez Bonifacio Corrales.
Cabe señalar que el nombre del fiscal denunciado aparece mencionado en el auto de la JEP que, en diciembre pasado, admitió el sometimiento del Víctor Hugo Hernández Pérez, el exrector de la Universidad de Córdoba, hoy condenado por nexos con los paramilitares.
En ese documento se indica que, presuntamente, el fiscal Pedro Manuel Díaz Pacheco, haría parte de una red de corrupción que utilizaría falsos testigos, versión que será analizada por los magistrados del tribunal de Paz.
El documento de la JEP entre otros puntos precisa que; “Además, arguyó que si bien se inició una investigación contra Fabio Severiche Mercado por, supuestamente, haber inducido falsos testimonios, también es cierto que en el marco del proceso adelantado en contra de Hernández Pérez, el testimonio de Mejía López no solo fue recibido por el fiscal cuestionado, sino también por otros funcionarios, tales como, Myriam Martínez, Fiscal Tercera Especializada de Cartagena; Pedro Manuel Díaz Pacheco, Fiscal Primero Especializado de Cartagena; Álvaro Lara Herrera, Fiscal Especializado encargado de Cartagena; Claudia Marcela Martínez Murillo, encargada de la Fiscalía 84 Especializada Proyecto OIT Cartagena; entre otros.
Por lo visto, encuentra esta magistratura que, al igual que lo que sucede con el eventual aporte a la verdad sobre el homicidio de Hugo Iguarán Cotes, la información allegada deberá ser evaluada en el marco de la acción de revisión que sea presentada ante la sección competente del Tribunal para la Paz”. Se lee en el auto de la JEP.
Finalmente es de señalar que el denunciante le reiteró a la justicia la necesidad de investigar los hechos señalados.
Un juez de garantías dictaminó prisión preventiva para Briham Andrés Ruiz Tamayo, conocido como Alias ‘Tuca’. Este presunto ciberdelincuente enfrenta cargos por suplantación de identidad y conductas ilícitas en el ámbito informático. La medida de aseguramiento busca prevenir su participación en actividades delictivas mientras se desarrolla la investigación.
Así accionaba alias ‘Tuca’
En el mundo sombrío de la ciberdelincuencia, Briham Andrés Ruiz Tamayo, alias ‘Tuca’, emerge como un supuesto arquitecto de la suplantación de identidades. Se presume que, no solo adquiría huellas dactilares, sino que también obtenía minuciosa información confidencial sobre la vida de sus víctimas.
Este individuo, según investigaciones, utilizaba estos datos para abrir productos bancarios, realizar transacciones fraudulentas y llevar a cabo actividades ilícitas que iban desde la compra de artículos de lujo hasta el alquiler de vehículos. Entre junio y julio de 2023, al menos cinco incidentes vinculan a ‘Tuca’ con movimientos financieros no autorizados, dejando a las víctimas desconcertadas ante transacciones y compras que nunca autorizaron.
Por petición de la Fiscalía, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Briham Andrés Ruiz Tamayo, alias Tuca, un señalado ciberdelincuente que estaría involucrado en la suplantación de identidades para cometer diferentes conductas… pic.twitter.com/dUlZgEdfIC
El rastro delictivo de ‘Tuca’ ha dejado a su paso un amplio grupo de afectados, víctimas de operaciones financieras fraudulentas sin su conocimiento. Sorprendidas por pagos y transacciones no autorizadas, estas personas se enfrentan a la ardua tarea de desentrañar la complejidad de un fraude que comprometió su seguridad financiera y personal. La investigación revela que ‘Tuca’ operaba con un alcance significativo, afectando la privacidad y la integridad financiera de aquellos a quienes apuntaba.
Ruiz Tamayo fue capturado por el CTI de la Fiscalía en un inmueble de la localidad de Bosa, en el suroccidente de Bogotá. En el procedimiento, fueron incautados dos juegos de huellas en silicona marcados con apellidos distintos, celulares, computadores, sim cards, memorias microSD y USB, tarjetas de crédito, cédulas de ciudadanía, cuadernos y libretas de apuntes.
Una fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Informáticos le imputó los delitos de concierto para delinquir, hurto por medio informático, violación de datos personales, violación ilícita de redes de comunicación y uso de documento público falso. Los cargos fueron aceptados por el procesado.
A solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un hombre de 54 años enfrentará medidas de aseguramiento en un centro carcelario por presuntos actos de violencia intrafamiliar. El individuo habría abusado sexualmente de su compañera sentimental y agredido a sus hijos de 4 y 7 años entre los años 2015 y 2023 en el municipio de Bello, Antioquia, donde compartían domicilio.
Según el fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (CAIVAS), la mujer ha sido una víctima constante de violencia de género, incluso después de poner fin a la convivencia con el ahora procesado. La medida de aseguramiento en un centro carcelario busca salvaguardar a las víctimas y garantizar que el presunto agresor rinda cuentas ante la justicia por estos graves delitos.
Abusos del señalado cuando fue encarcelado en Bellavista
La investigación de la Fiscalía ha revelado un caso de violencia extrema, en el cual el hombre bajo investigación habría sometido a la mujer a maltrato físico, psicológico y sexual. La situación se agrava con el hecho de que, según los informes, durante una visita a la cárcel Nacional Bellavista en 2015, el acusado la habría golpeado en varias partes del cuerpo, profundizando aún más en la gravedad de los hechos.
Además de los abusos físicos, habría perpetrado al menos 10 actos de abuso sexual. Inquietantemente, amenazó con atentar contra su vida si intentaba abandonarlo. También se le atribuye el sometimiento a agresiones verbales y físicas contra los hijos de la mujer cuando intervinieron en defensa de su madre, según la directora de la Fiscalía en la seccional de Medellín.
Con todas estas pruebas, la Fiscalía imputó al procesado los delitos de acceso carnal violento agravado y violencia intrafamiliar agravada, ambas conductas en concurso homogéneo y sucesivo, cargos que no fueron aceptados por el hombre.
Cabe recordar que, en Colombia, la ley castiga con prisión de 12 a 20 años, a aquellos que incurran en el delito de acceso carnal violento.
Por otra parte, sanciona con una pena de cuatro a ocho años, a quienes maltraten física o psicológicamente a cualquier miembro de su núcleo familiar. Adicionalmente, esta se aumenta de la mitad a las tres cuartas partes si esta conducta recae sobre un menor, adolescente, una mujer o una persona mayor de 60 años.
En el Distrito Especial de Buenaventura, una operación conjunta liderada por la Armada de Colombia y la Policía Nacional, en cumplimiento del Plan Estratégico de Campaña Conjunto «Ayacucho», culminó con la detención de un supuesto integrante del Grupo Delincuencial Organizado «La Local». Este golpe estratégico, enmarcado en la lucha contra la criminalidad en la región, subraya la importancia de la cooperación interinstitucional.
El arresto se realizó bajo acusaciones de fabricación, tráfico y tenencia ilícita de armas, consolidando el compromiso de las autoridades para desmantelar estructuras delictivas. La efectividad de la operación resalta la implementación exitosa del Plan «Ayacucho» y su impacto positivo en la seguridad del Distrito Especial de Buenaventura.
Golpe contra el Grupo ‘La Local’ con la captura de ‘Marvel’
Las operaciones coordinadas entre el Gaula Militar de Buenaventura de la Armada de Colombia y la Policía Nacional dieron como resultado la detención en flagrancia de alias «Peluquero» o «Marvel», un individuo vinculado al Grupo Delincuencial Organizado «La Local». Los cargos que enfrenta, relacionados con la fabricación y tráfico de armas de fuego, destacan la seriedad de su actividad delictiva y su amenaza para la seguridad ciudadana.
La aprehensión tuvo lugar en la comuna 4 del Distrito Especial de Buenaventura, donde las autoridades incautaron un revólver calibre 38 y cinco cartuchos del mismo calibre. Estos elementos, presumiblemente utilizados en actividades criminales, refuerzan la conexión de alias «Peluquero» con la facción «Los Espartanos» del Grupo Delincuencial Organizado «La Local». Con una trayectoria delictiva que se estima en aproximadamente ocho años, la captura de este individuo representa un golpe significativo contra la estructura criminal que opera en la región.
Posterior a su captura, el presunto delincuente fue puesto a disposición de la Fiscalía de Turno URI de Buenaventura, donde se llevará a cabo el proceso judicial correspondiente. Este importante golpe contra la criminalidad demuestra el compromiso continuo de las fuerzas armadas y de seguridad en la desarticulación de grupos delincuenciales que amenazan la paz y la tranquilidad de los habitantes del Pacífico colombiano.
#ContundenciaOperacional | Tropas de @GaulaMilitares en coordinación con @PoliciaColombia, capturaron en flagrancia a presunto integrante del GAO «La Local» en Buenaventura, por delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.
La Armada de Colombia reitera su compromiso de mantener y fortalecer las operaciones coordinadas para salvaguardar la seguridad y la convivencia pacífica en la región, asegurando así un ambiente más seguro para la comunidad.
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