por Konuco | Feb 4, 2024 | Destacadas, Judicial e Investigación
A disposición de la Fiscalía General de la Nación quedaron José Orlando Buitrago Rodríguez, alias Tito El Borracho; y Mauricio Hernando Pinilla Figueroa, alias Mauro, presuntos integrantes de dos estructuras criminales de alcance trasnacional a las que se les atribuye la salida de toneladas de clorhidrato de cocaína hacia destinos internacionales.
Se trata de ‘Tito El Borracho’ y Mauricio Hernando Pinilla Figueroa, quienes fueron localizados en procedimientos realizados en Cundinamarca y Antioquia, respectivamente. Buitrago Rodríguez fue capturado en una acción conjunta de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico y la Policía Nacional, con apoyo del Buró Federal de Investigaciones (FBI), en Villeta (Cundinamarca).
La justicia de Estados Unidos lo solicita en extradición para que responda en juicio por cargos relacionados con conspiración para el tráfico de estupefacientes. El requerimiento internacional indica que sería el cabecilla de una organización señalada de producir cocaína en la región del Catatumbo (Norte de Santander), moverla hacía Venezuela y enviarla por vía marítima hacia los países del Caribe y de Centroamérica, México y Estados Unidos.
La estructura de ‘Tito El Borracho’ estaría involucrada en la salida de grandes cargamentos de estupefacientes, y tendría a su disposición una red para lavar los activos producto del narcotráfico, a través de trasferencias electrónicas realizadas desde Asia.
De otra parte, Pinilla Figueroa fue localizado en Rionegro (Antioquia), en atención a una petición con fines de extradición elevada por Perú.
Este hombre haría parte de un grupo narcotraficante al que se le atribuye el transporte de cocaína de Colombia a territorio peruano para posteriormente trasladarla a países europeos.
Con este resultado queda desarticulada la estructura criminal. En un procedimiento anterior ejecutado en Callao (Perú) fueron capturados otros 21 posibles integrantes, entre ellos ciudadanos colombianos, venezolanos y peruanos.
por Konuco | Feb 4, 2024 | Destacadas, Judicial e Investigación
La Fiscalía General de la Nación presentó pruebas suficientes para demostrar que la exrectora de un colegio en Charalá (Santander), Lucila Inés Gutiérrez de Moreno; y un particular identificado como José William Parra Arroyave, facilitaron el actuar violento y desproporcionado en contra de la población civil del frente Comunero Cacique Guanentá de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción acreditó en juicio que la señora Gutiérrez de Moreno, entre 2001 y 2003, permitió que algunas de sus estudiantes fueran abusadas sexualmente y de manera sistemática por los cabecillas de la estructura criminal.
La mujer presentaba y ofrecía a las jóvenes en bazares, reinados de belleza y otras celebraciones. También prestó la oficina de la rectoría de la institución educativa para que se ejecutaran las agresiones. En el curso del proceso fueron identificadas, por lo menos, dos víctimas que permanecieron encerradas y soportaron durante prologados periodos los vejámenes de jefes paramilitares conocidos como ‘Víctor’, ‘Carlos’, ‘Nariz’, ‘Chirrete’, ‘Silvestre’ y ‘Shuster’.
Por todo lo anterior, Lucila Inés Gutiérrez de Moreno fue condenada por un juez penal especializado de Bucaramanga (Santander) a 20 años y 9 meses de prisión por los delitos de secuestro simple agravado, acceso carnal violento en persona protegida, esclavitud sexual y desplazamiento forzado. El fallo dispuso la captura inmediata de la sentenciada para que cumpla la pena en establecimiento carcelario.
De otra parte, la Fiscalía estableció que Parra Arroyabe, como auxiliador y orientador político del frente Cacique Guanentá, auspició el reclutamiento forzoso de menores de edad. Las evidencias dan cuenta de que engañó a 23 adolescentes y los entregó al grupo armado ilegal.
Uno de los jóvenes fue abusado sexualmente y en múltiples oportunidades por los cabecillas paramilitares.
En ese sentido, fue condenado a 24 años y 2 meses de prisión por los delitos de entrenamiento para actividades ilícitas, acceso carnal violento en persona protegida y reclutamiento forzado.
La actividad investigativa que permitió obtener estas dos sentencias de primera instancia se siguió en atención a los parámetros definidos en la Ley 600 de 2000 (anterior Sistema penal).
por Konuco | Feb 3, 2024 | Destacadas, Judicial e Investigación
La contundencia del material probatorio aportado por la Fiscalía General de la Nación fue determinante para que un juez de la República, en audiencia de lectura de sentencia por aceptación de cargos, condenara a 47 años de prisión Harold Andrei Echeverri Orozco quien admitió haber asesinado a una menor de 15 años. La decisión se conoció durante una audiencia de lectura de sentencia.
Los hechos investigados se registraron el pasado 7 de diciembre en un taller automotriz ubicado en el barrio San Judas de Cali (Valle del Cauca) en el que Echeverri Orozco prestaba turno de vigilancia.
El material de prueba aportado por el ente investigador evidenció que el hombre abordó a la víctima a quien, tras forzarla a entrar al lugar, la asesinó y ocultó las partes del cuerpo en distintas bolsas plásticas. Una vez cometido el crimen, el procesado hurtó una motocicleta del taller y huyó.
En cumplimiento de una orden judicial el hombre, de 40 años, fue capturado por la Policía Nacional en Villavicencio (Meta), el pasado 11 de diciembre. Durante las audiencias concentradas el ahora sentenciado aceptó de manera voluntaria los cargos de feminicidio agravado y hurto calificado y agravado que en su contra formuló un fiscal de la Seccional Cali. Por petición de la Fiscalía el hombre fue privado de la libertad en centro carcelario.
Esta persona debe purgar la sentencia en la cárcel de Cómbita (Boyacá) donde permanece privada de la libertad desde diciembre pasado.
por Konuco | Feb 1, 2024 | Destacadas, Judicial e Investigación
La Red de Veedurías de Colombia radicó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y la Contraloría contra el Alcalde Alejandro Éder Garcés y su Secretaria de Hacienda, María Mercedes Prado Daza por presunto prevaricato, falsedad, usurpación de funciones, interés ilícito en la celebración de contratos y suplantación de autoridad.
Esto al parecer, por el millonario contrato de modernización tecnologica de Cali para el recaudo de impuestos y mejorar la gestión administrativa que podría terminar en millonaria demanda por el daño reputación al a la multinacional SAP y al contratista.
Según el abogado Pablo Bustos, «pretendieron suspender y terminar verbalmente el contrato, desconociendo los procedimientos y causales de ley, aportando información no veraz a la misma Procuraduría General de la Nación».
Bustos le pide a la Fiscalía, en cabeza de Francisco Barbosa, que desarrolle un plan metodológico de investigación, se recauden elementos materiales probatorios y se surta el respectivo proceso penal, por la posible comisión de conductas delictivas.
Vale la pena contar que con el contrato de modernización tecnológica buscaban contratar la consultoría, migrar y transformar el sistema administrativo y financiero territorial de Cali y las funciones para el manejo de los tributos distritales.
Según Bustos, esto exigía a los contratistas la suspensión inmediata de millonarios contratos públicos, al parecer, de manera arbitraria y sin causa legal valida. Esto con el fin, al parecer, de un «interés antiético del mandatario de los caleños de descalificar el contrato en curso para poner su propio contratista. El Alcalde de Cali, Alejandro Eder, miente», puntualizó.
por Konuco | Ene 19, 2024 | Destacadas, Judicial e Investigación
