por Konuco | Sep 11, 2023 | Destacadas, Judicial e Investigación
Las fiscales adscritas al Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma) han llevado ante los jueces de control de garantías a dos individuos, cada uno implicado en un caso de grave maltrato animal en diferentes regiones de Colombia.
El primer caso tuvo lugar en Pasto, Nariño, donde José Humberto Bello enfrenta cargos por presunta omisión en su deber de garantizar el bienestar de los animales, específicamente tres perros que se encontraban en condiciones de desnutrición severa. La investigación se inició a raíz de una denuncia que alertó sobre posibles actos de maltrato animal. Las autoridades llevaron a cabo una diligencia de registro y allanamiento el 3 de septiembre, rescatando a los perros y trasladándolos al Centro de Bienestar Animal de la Alcaldía de Pasto para recibir atención médica y cuidado adecuado.
Por otra parte, la Fiscalía General de la Nación indicó que, «La investigación inició tras recibir una denuncia que daba cuenta de un posible caso de maltrato animal. Por estos hechos, uniformados de la Dirección de Carabineros de la Policía Nacional adelantaron el pasado 3 de septiembre una diligencia de registro y allanamiento a un inmueble en la capital de Nariño».
El segundo caso involucra a José Rodrigo Parra Herrera, quien enfrenta cargos por maltrato animal agravado. La investigación reveló que el pasado 16 de abril, Parra habría atacado con un arma cortopunzante a una perra llamada Praga en la vereda Santo Domingo en Lebrija, Santander. Según los informes, la agresión ocurrió después de un altercado entre la mascota del imputado y Praga, donde Parra habría herido al animal en la cadera y una de sus extremidades como resultado de un acto de intolerancia. Ambos casos evidencian la importancia de la labor de Gelma en la protección y defensa de los derechos de los animales en Colombia, así como la necesidad de que las autoridades actúen contra el maltrato animal y busquen la justicia en estos casos.
por Konuco | Sep 10, 2023 | Destacadas, Judicial e Investigación
La situación de orden público en el departamento de Arauca se ha agravado debido a enfrentamientos armadas entre el ELN y una facción disidente de las FARC. La Defensoría del Pueblo ha expresado su preocupación y ha solicitado a todas las instituciones del Estado hacer presencia en la vereda Siberia 1, en Tame, Arauca, para garantizar los derechos de la comunidad que se ha visto atrapada en medio de estos enfrentamientos.
Una misión humanitaria, compuesta por funcionarios de la Defensoría del Pueblo, representantes de la Misión de Verificación de la ONU, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA, el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Iglesia Católica, visitó la zona y documentó graves afectaciones a los derechos humanos de familias campesinas y de la comunidad indígena del resguardo La Esperanza.
Los enfrentamientos han sumido a los habitantes de la zona en un ambiente de constante temor y zozobra. La población enfrenta restricciones a la movilidad, limitaciones en el acceso a la educación y actividades tradicionales, desabastecimiento de alimentos, falta de energía eléctrica y agua potable. Además, se han reportado daños en viviendas y bienes, así como artefactos sin explotar que las autoridades están desactivando.
Por medio de un comunicado de prensa la Defensoría del Pueblo informo que en, » una misión humanitaria de la entidad, conformada por funcionarios de su Regional Arauca y representantes de la Misión de Verificación de la ONU, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA, el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Iglesia Católica, evidenció en el lugar la grave afectación a los derechos humanos de familias campesinas y de la comunidad indígena del resguardo La Esperanza.
Esta situación viola el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y pone en grave riesgo los derechos de quienes viven en la zona afectada por los combates. La Defensoría del Pueblo hace un llamado a las autoridades para que tomen urgentes y efectivas que permitan proteger acciones a la comunidad y activar rutas de atención y protección.
La Defensoría del Pueblo también ha instalado a los grupos armados en conflicto a cesar todas las acciones que puedan afectar a la población civil ya buscar soluciones pacíficas. La confrontación entre actores armados ilegales en la región ha generado una crisis humanitaria que requiere una respuesta inmediata y eficaz por parte de las autoridades y la comunidad internacional.
por Konuco | Sep 8, 2023 | Destacadas, Judicial e Investigación
Florida y Pradera presentan altas probabilidades de que se presenten situaciones de orden público y amenazas a líderes sociales por encontrarse tan cerca del departamento del Cauca, teniendo en cuenta que como lo ha emitido la Defensoría del Pueblo, es uno de los departamentos con riesgo extremo de violencia, en este sentido y para proteger la integridad de líderes y lideresas sociales el gobierno de Florida Valle del Cauca dio inicio a un plan de acción para atender las recomendaciones de este ente de control y proteger la vida de los líderes del municipio. “Revisamos si ya tienen un plan de acción y matrices de seguimiento y cuales son las acciones que se han adelantado a la fecha desde que salió la alerta temprana para su atención y con este conocimiento hemos dado unos lineamientos para que se haga la implementación de estrategias para la atención de las recomendaciones”, señaló Ronald Cuesta Murillo, Personero de Florida Valle.
Con estas reuniones con las diferentes autoridades buscan disminuir los riesgos, así como atender inquietudes de los líderes comunales. Desde el momento de la notificación de la alerta temprana, la administración municipal ha realizado varias acciones tendientes a disminuir los riesgos y atender las recomendaciones señaladas por la Defensoría del Pueblo. “Ya hemos realizado un consejo de seguridad en donde se socializó la alerta temprana y sus recomendaciones con todas las entidades a las que le compete la seguridad y con el fin de diseñar por parte de la Fiscalía, la Policía, el CTI, el Ejército el plan de acción que permita minimizar los riesgos de los líderes del municipio”, aseguró la secretaria de Gobierno Jenny Córdoba Duarte. “Es muy importante que se realice este tipo de reuniones y se nos hagan recomendaciones, porque en este momento político en el que estamos se aumentan los riesgos para los líderes sociales y políticos y sobre todo para nosotros los líderes comunales de la zona rural en donde corremos más riesgos”, dijo Arturo de Jesús Álvarez, presidente de la Asociación de Juntas de Acción Comunal del municipio. Importante resaltar que según Indepaz en lo corrido del 2023 se han registrado 119 asesinatos de líderes sociales.
por Konuco | Sep 6, 2023 | Destacadas, Judicial e Investigación
La Red de Veedurías de Colombia denuncia presunta defraudación al municipio de Melgar, Tolima, por millonarios honorarios profesionales no prestados, ascendiendo a $4.200 millones, con embargos del municipio por $4.800 millones ordenados por el Tribunal Administrativo del Tolima. Melgar, Tolima, 6 de septiembre de 2023 – La Red de Veedurías de Colombia ha presentado una denuncia penal contra varias personas, incluyendo abogados, peritos y árbitros, por su presunta implicación en una defraudación al municipio de Melgar, Tolima, relacionada con el pago de honorarios profesionales no prestados, que ascienden a la asombrosa suma de $4.200 millones. Estos hechos han resultado en embargos por un total de $4.800 millones, conforme a las órdenes emitidas por el Tribunal Administrativo del Tolima.
El conflicto se origina en un contrato de honorarios profesionales firmado en 2004 por el entonces alcalde de Melgar, Moisés Carreño, en beneficio del abogado Wilyan Jair Galarraga Guzmán. Este contrato se relacionaba con la recuperación de bienes que, en realidad, nunca pertenecieron al municipio, sino a una entidad descentralizada, Empumelgar, y a la liquidada Hydros Melgar S.C.A., E.S.P., una empresa de servicios domiciliarios. El abogado Galarraga inició una acción popular que llevó a que se le investigara disciplinariamente, dado que actuaba como demandante y demandado del mismo municipio. En otras palabras, el abogado que debía defender los intereses del municipio terminó demandándolo y, no obstante, busca hoy el cobro de más de $4.200 millones en honorarios por su supuesta labor profesional.
Sin embargo, Galarraga demandó al municipio por el pago de estos honorarios y, en el proceso, Juan Pablo García Peñalosa, árbitro único del Tribunal de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Ibagué, condenó al municipio de Melgar a pagar la astronómica suma de $2.643’537.162.75, correspondiente al 15% de la valoración de las redes de acueducto y alcantarillado, que en realidad eran propiedad del municipio. Además, nombró como perito para determinar estos honorarios a Ángel Augusto Zarta, quien fue sancionado en 2010 con 10 años de suspensión y excluido de la lista de auxiliares de la justicia en 2011. No poseía título de contador, como lo exige la ley, ni ningún título profesional relevante. Curiosamente, los contadores públicos designados posteriormente para la misma tarea por el Tribunal Administrativo del Tolima reemplazaron a Zarta.
Una perito judicial internacional en lingüística forense, Sheila Queralt, con sede en Barcelona, analizó el dictamen de honorarios del perito Zarta y concluyó que podría haber sido elaborado por el propio abogado Galarraga, ya que existen similitudes tipográficas con el escrito de la demanda.
por Konuco | Sep 6, 2023 | Destacadas, Judicial e Investigación
La Fiscalía General de la Nación ha logrado obtener una condena significativa contra Alirio Castaño Pérez, quien fue hallado culpable de ordenar el asesinato de dos individuos, uno de los cuales era Bonargen Silva Niño, un reincorporado. El material probatorio presentado por un fiscal adscrito a la Unidad Especial de Investigación (UEI) fue determinante en el proceso judicial.
Los trágicos hechos tuvieron lugar el 12 de noviembre de 2017 en la vereda Guadalajara del municipio de Solano, Caquetá. En esa fecha, hombres armados llevaron a cabo el doble asesinato siguiendo instrucciones de Castaño Pérez. La Fiscalía ha concluido que el motivo detrás de este crimen fue un conflicto de tierras.
La investigación ha revelado que Castaño Pérez pagó 400 mil pesos para que tres individuos perpetraran el doble homicidio. Como resultado, ha sido condenado por los delitos de homicidio agravado, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.
En otro caso relacionado, la Fiscalía logró que un juez de control de garantías impusiera medida de aseguramiento en centro carcelario contra Juan Arturo Ramos Calderón. Se le acusa de su presunta participación en el homicidio de dos personas, incluyendo al reincorporado Carlos Cortés Henao. Los eventos tuvieron lugar el pasado 16 de abril en la vereda Los Molinos de Florencia, Caquetá, donde varias personas armadas sacaron a las víctimas de una vivienda por la fuerza y las obligaron a subir a motocicletas, tras lo cual sus cuerpos fueron encontrados con impactos de bala.
Según la investigación, Ramos Calderón estaría vinculado a la organización ilegal conocida como «Ismael Ruíz,» que opera en Huila y Caquetá. Un fiscal adscrito a la UEI presentó cargos contra el procesado por homicidio, concierto para delinquir agravado, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, cargos que fueron aceptados. Ambos casos demuestran el compromiso de la Fiscalía en la lucha contra la impunidad y el crimen en la región.
