por Konuco | Dic 25, 2023 | Judicial e Investigación
En una operación conjunta entre la Fiscalía General de la Nación y las fuerzas de seguridad, se logró desmantelar una peligrosa red criminal denominada ‘Fachadas’, dedicada a la creación de establecimientos de comercio de papel y a la utilización ilícita de redes de comunicaciones para afectar el sector financiero en Bogotá. La investigación, liderada por la Dirección Especializada contra los Delitos Informáticos, culminó con la judicialización de 18 personas involucradas en esta red.
Según las autoridades, los presuntos criminales empleaban tácticas fraudulentas al utilizar razones sociales para defraudar entidades bancarias a través del uso de datáfonos. La modalidad delictiva consistía en crear múltiples establecimientos de comercio registrados ante las Cámaras de Comercio en Santander y Boyacá. Posteriormente, solicitaban a entidades bancarias la entrega e instalación de datáfonos, los cuales serían utilizados con fines ilícitos.
La operación, que contó con la participación de la policía judicial del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), la Policía Nacional y el Ejército Nacional, llevó a cabo siete diligencias de allanamiento y registro en diferentes ubicaciones clave. Se hicieron efectivas 18 órdenes de captura contra los presuntos integrantes de ‘Fachadas’.
Entre los capturados se encuentra Raimundo González Chamorro, señalado como el presunto cabecilla de la organización criminal, así como otras 17 personas vinculadas a actividades delictivas. La Fiscalía les imputó los delitos de concierto para delinquir, hurto por medios informáticos y semejantes agravado, y utilización ilícita de redes de comunicaciones. Sin embargo, los acusados no aceptaron los cargos presentados en su contra.
Este golpe a la red ‘Fachadas’ representa un importante avance en la lucha contra el crimen organizado en el ámbito financiero. Las autoridades continúan trabajando para identificar posibles vínculos y desarticular completamente esta organización delictiva, asegurando así la integridad del sector financiero en la capital colombiana.
por Konuco | Dic 23, 2023 | Judicial e Investigación
La Fiscalía General de la Nación logró una contundente condena contra Orlando Parra Ramírez, conocido como alias «Carlos», el máximo cabecilla de la estructura Ismael Ruiz de las disidencias de las FARC. El líder insurgente aceptó su responsabilidad mediante un preacuerdo por los delitos de concierto para delinquir agravado, reclutamiento ilícito y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.
Según la investigación realizada por un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, alias Carlos fue el principal artífice de ataques contra las fuerzas militares y la infraestructura eléctrica en las regiones de Tolima, Cauca, Valle del Cauca y Huila. Además, se le atribuyó la presión e intimidación para exigir el pago de extorsiones a pobladores, comerciantes y transportadores del sur de Tolima.
La captura de alias Carlos se llevó a cabo el 27 de febrero de 2021, en la vereda Las Cavernas de la Primavera, en Rioblanco (Tolima), en una operación conjunta con el Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional. Durante la operación, se logró rescatar a una adolescente que había sido reclutada por la organización criminal.
La investigación reveló que alias Carlos ejercía un papel crucial en el reclutamiento de menores de edad, siguiendo los lineamientos de la estructura Ismael Ruiz. Dos menores, rescatadas en diferentes operativos, fueron trasladadas a Ibagué (Tolima) para el restablecimiento de sus derechos.
En virtud del preacuerdo, un juez penal especializado de Ibagué condenó a Orlando Parra Ramírez a ocho años y un dos meses de prisión. La sentencia refleja la gravedad de sus acciones, que involucraron no solo la participación en actividades criminales, sino también el reclutamiento de jóvenes, afectando la seguridad y la integridad de la población civil.
La condena resalta la firme postura de la justicia contra aquellos que perpetúan la violencia y la explotación de menores en el país, subrayando la importancia de continuar trabajando en la desarticulación de organizaciones criminales y en la protección de la población vulnerable.
por Konuco | Dic 19, 2023 | Destacadas, Judicial e Investigación
La Fiscalía General de la Nación judicializó a Dilxon Josué Angulo Uzcátegui, alias Dixon, Dubraska Sarahi Mora Hernández, alias Sara, y Jorge Gabriel Pérez, por su presunta responsabilidad en los delitos de trata de personas, pornografía con menores de 18 años y falsedad en documento público.
Los procesados fueron capturados por orden judicial este 12 de diciembre por servidores del CTI en articulación con la Policía Nacional, dos de ellos en diligencia de registro y allanamiento a un apartamento ubicado en el municipio de Los Patios (Norte de Santander) y alias Dixon en vía pública del barrio San Rafael de Cúcuta (Norte de Santander).
De acuerdo con la investigación tras conocer denuncia de la madre de una de las víctimas, se pudo establecer que los procesados se encargaban de captar, trasladar y alojar a menores entre los 15 y 17 años, para que grabaran videos para adultos en los llamados estudios webcam para adultos.
Se presume que la mujer, la administradora del lugar, al parecer, ejercía violencia contra las menores para realizar los videos, en el procedimiento las autoridades recuperaron a dos menores que presuntamente estarían siendo explotadas sexualmente, y fueron incautados dos discos duros y dos teléfonos celulares.
Durante las audiencias concentradas, los procesados no aceptaron los cargos imputados y un juez con funciones de control de garantías los afectó con medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario.
Vale la pena contar que Colombia es parte del Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, y desde 2005 su legislación penal tipifica el delito de trata de personas con penas de prisión de entre 13 y 23 años. También cuenta con un comité nacional contra la trata de personas integrado por 16 instituciones nacionales que articulan la respuesta nacional para asistir a las víctimas de estos casos.
El que posee, promueve, fabrica, distribuye, exhibe, ofrece, comercializa o publica, importa o exporta por cualquier medio incluido la Internet, objetos, libros, escritos, imágenes visuales o auditivas, o realiza espectáculos en vivo de carácter pornográfico, en los cuales se utilice a personas de catorce y menos de dieciocho años de edad, será sancionado con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años y con ciento veinte a trescientos sesenta y cinco días multa.
Cuando el menor tenga menos de catorce años de edad la pena será no menor de seis ni mayor de ocho años y con ciento cincuenta a trescientos sesenta y cinco días multa. Si la víctima se encuentra en alguna de las condiciones previstas en el último párrafo del artículo 173, o si el agente actúa en calidad de integrante de una organización dedicada a la pornografía infantil la pena privativa de libertad será no menor de ocho ni mayor de doce años.
por Konuco | Dic 15, 2023 | Destacadas, Judicial e Investigación
Cali, Valle del Cauca, 15 de diciembre de 2023. En las últimas horas, se conoció que Un fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Seccional Cali radicó solicitud de formulación de imputación contra el alcalde de Cali Jorge Iván Ospina Gómez.
Pero no solo contra él: también estarían involucrados, presuntamente, el ex director de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales, Marco Aurelio Vera Díaz, y el ex gerente de las Empresas Municipales de Cali, Juan Diego Flórez, por la presunta comisión del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
Los hechos aún son materia de investigación, pero estarían relacionados con la firma de un contrato interadministrativo celebrado el 26 de agosto de 2020, el cual tenía como objeto implementar el alumbrado navideño en el Distrito Especial de Santiago de Cali para el 2020 por un valor de $10.334.292.032.
Según la Fiscalía General de la Nación, el material probatorio da cuenta que en la celebración del contrato se habrían desconocido las normas aplicables a la contratación pública.
Nación Paisa también pudo conocer que la audiencia de imputación de cargos quedó programada para el próximo 29 de enero de 2024, cuando ya oficiará Alejandro Éder como nuevo Alcalde de Cali.
Hasta el momento, ni la administración municipal de la Alcaldía de Cali, ni el mismo Jorge Iván Ospina se han pronunciado al respecto. Tampoco lo ha hecho las Empresas Municipales de Cali ni los otros funcionarios implicados en este nuevo escándalo de presunta corrupción en la capital del Valle del Cauca.
por Konuco | Sep 19, 2023 | Destacadas, Judicial e Investigación
Una fiscal perteneciente al Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma) ha llevado a cabo la judicialización de Robinson Ramírez Flórez y Jesús Antonio Tapias Vásquez, a quienes se señala como presuntos responsables de la trágica muerte de un puma en el municipio de El Águila, ubicado en el Valle del Cauca. Los hechos objeto de investigación se dieron a conocer a través de una denuncia presentada por un ciudadano, quien compartió un video que mostraba al puma sin vida, en cercanía de los individuos que ahora enfrentan cargos legales.
La Fiscalía General de la Nación, en colaboración con la Dirección Nacional de Carabineros, llevó a cabo el 11 de septiembre una diligencia de registro y allanamiento en una propiedad rural en El Águila. En ese lugar, se descubrió el cuerpo del puma, cuya piel estaba siendo sometida a un proceso de secado. Los dos acusados han sido imputados por su supuesta implicación en los delitos de aprovechamiento ilícito de recursos naturales y maltrato animal. Ninguno de los involucrados admitió su responsabilidad en los cargos presentados en su contra.
Una jueza con función de control de garantías decidió imponer una medida de aseguramiento privativa de la libertad en lugar de residencia para los acusados, mientras el proceso legal continúa su curso. Este caso subraya la importancia de la protección de la vida silvestre y la sanción de actos de maltrato animal en Colombia.
