por Konuco | Jul 20, 2024 | Destacadas, Judicial e Investigación
Barranquilla, 20 de julio de 2024 – La audiencia de imputación de cargos en contra de los funcionarios de la Agencia Nacional de Minería y trabajadores de la empresa ULTRACEM ha sido reprogramada para el 30 de julio de 2024. La decisión fue tomada por el Juzgado Séptimo Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Barranquilla, después de más de un año de solicitudes de imputación por parte de la Fiscalía Delegada de Barranquilla y múltiples peticiones dilatorias.
Los funcionarios públicos Jairo Edmundo Cabrera Pantoja, Diana Andrade Velandia, Ana María González Borrero y Lucero Castañeda Hernández, junto con el representante legal de ULTRACEM, Julián Alberto Vázquez Arango, enfrentarán cargos por los delitos de prevaricato por acción y prevaricato por omisión. Se les acusa de emitir resoluciones y actos administrativos contrarios a la ley para favorecer a ULTRACEM en la adjudicación de un título minero destinado a la exploración y explotación de yacimientos de minerales en Barranquilla, Puerto Colombia y otros municipios del departamento del Atlántico.
“El representante legal de ULTRACEM y varios de sus trabajadores, a través de maniobras ilegales, al parecer se apropiaron de manera irregular de títulos mineros que no les correspondían. Las investigaciones han revelado la participación de funcionarios de la Agencia Nacional de Minería, quienes habrían recibido favores o dádivas a cambio de la entrega irregular de títulos,” declaró Pedro Ospino Polo, abogado de las víctimas.
Ospino Polo añadió que la Fiscalía cuenta con suficiente material probatorio para demostrar las irregularidades en la adquisición de títulos mineros, lo que podría llevar a los acusados a enfrentar penas de prisión. A pesar de los intentos de evasión por parte de los acusados, los abogados de las víctimas se opondrán a cualquier medida dilatoria y esperan que la justicia actúe con prontitud.
Las evidencias muestran alteraciones en el sistema de concesión de títulos mineros, incluyendo la misteriosa aparición y desaparición de documentos, aparentemente para beneficiar a terceros. La intervención fue tan descarada que los investigadores tuvieron que realizar varias inspecciones para recaudar pruebas materiales. Los abogados de las víctimas han solicitado la intervención del Fiscal General de la Nación debido a presiones de una Fiscal Delegada de la Unidad de Seguridad Ciudadana de Bogotá para realizar un comité técnico jurídico, como se mencionó en una audiencia pública el 21 de junio de 2024
Foto: CAR corporación regional de Cundinamarca
por Konuco | Jul 19, 2024 | Destacadas, Judicial e Investigación
En un fallo histórico, la Corte Suprema de Justicia de Colombia ha condenado al exsenador Musa Besaile Fayad a 81 meses de prisión. Esta sentencia se enmarca en el escándalo conocido como el «Cartel de la Toga», que implicó a altos funcionarios judiciales y políticos en una trama de corrupción que sacudió al país.
Besaile fue hallado culpable de desviar recursos públicos en Córdoba, utilizando su influencia para obtener beneficios ilegales y manipular decisiones judiciales a su favor. La investigación reveló que el exsenador pagó grandes sumas de dinero para evitar ser vinculado a procesos judiciales, un esquema que involucraba a varios magistrados de altas cortes.
La sentencia contra Besaile no solo marca un hito en la lucha contra la corrupción en Colombia, sino que también envía un mensaje contundente sobre la impunidad en la esfera política. El caso del «Cartel de la Toga» ha sido uno de los más emblemáticos en la historia reciente del país, exponiendo la profundidad de la corrupción en las instituciones judiciales.
El fallo se da después de un largo proceso judicial que incluyó testimonios, pruebas documentales y la colaboración de otros implicados en la red de corrupción. La Corte Suprema enfatizó la gravedad de los delitos cometidos por Besaile y la necesidad de sancionar severamente tales conductas para restaurar la confianza pública en el sistema judicial.
Besaile deberá cumplir su condena en un establecimiento carcelario y además enfrentará restricciones para ejercer cargos públicos en el futuro, reafirmando el compromiso de las autoridades con la transparencia y la justicia.
Foto: Congreso de la República
por Konuco | Jul 18, 2024 | Destacadas, Judicial e Investigación
En un impactante testimonio ante la Corte Suprema, Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD), ha destapado un escándalo de corrupción que salpica a varios ministros y altos funcionarios del Gobierno de Gustavo Petro. López detalló cómo se desviaron 92.000 millones de pesos destinados a la protección del país ante emergencias, redirigiendo estos fondos para sobornar a congresistas y asegurar la aprobación de controversiales reformas.
El “Cónclave” de la corrupción
Según López, la corrupción se organizó en lo que él denomina el “cónclave”, una reunión secreta celebrada en Casa de Nariño y convocada por Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y actual director del Departamento Nacional de Inteligencia (DNI). En estas reuniones, se tomaron decisiones cruciales para desviar fondos y asegurar apoyos en el Congreso.
Implicados de alto perfil
- Luis Fernando Velasco, exministro del Interior: López acusa a Velasco de ser el principal organizador del esquema de corrupción. En su testimonio, López asegura tener pruebas contundentes contra el exministro, incluyendo declaraciones y chats.
- Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda: López explicó detalladamente el rol de Bonilla en la asignación de recursos para facilitar las reformas del gobierno. Presentó pruebas que incluyen conversaciones con asesores del ministro y detalles sobre adiciones presupuestales.
- Carlos Ramón González, exdirector del Dapre y actual director del DNI: Como anfitrión del “cónclave”, González organizó las reuniones donde se planeó la compra de votos en el Congreso.
- Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud: Asistió al “cónclave” el 27 de noviembre de 2023, y según López, fue testigo de las órdenes para sobornar a los congresistas.
- Gloria Inés Ramírez, ministra del Trabajo: También estuvo presente en el “cónclave” del 27 de noviembre de 2023, y habría presenciado las directrices para comprar votos.
- Sandra Ortiz, exconsejera para las regiones: Implicada en el escándalo por entregar 3.000 millones de pesos al presidente del Senado, Iván Name. Ortiz ha negado las acusaciones, pero pruebas presentadas por Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD, corroboran su participación.
Petición de Protección
Olmedo López ha solicitado protección para él y su familia, afirmando que la información que posee podría poner su vida en peligro. «Creo que le sirvo más al país vivo que muerto», declaró, pidiendo también respeto y seguridad para sus abogados, quienes han sido objeto de seguimiento e inteligencia.
Este escándalo, revelado con detalles inéditos, podría tener profundas implicaciones para el Gobierno Petro y el sistema político colombiano. La nación espera la intervención de la Fiscalía General de la Nación para investigar y esclarecer estos graves señalamientos.
Foto: UNGRD
por Konuco | Jul 17, 2024 | Destacadas, Judicial e Investigación
Bogotá D.C., 17 de julio de 2024 – La defensa de Olmedo López ha expresado una contundente condena ante las recientes filtraciones de su declaración ante la Corte Suprema de Justicia, la cual estaba bajo estricta reserva sumarial.
José Moreno, abogado penalista y defensor de López, denunció que tras la divulgación del video reservado, dos miembros del equipo jurídico de López han renunciado por temor a ser asesinados. «Tras conocerse el video de carácter reservado, mismo que solo estaba en poder de contadas partes procesales, dos de los colaboradores que trabajan en la defensa del Señor Olmedo López, presentaron renuncia por temor a ser asesinados», afirmó Moreno.
El abogado también destacó que su equipo no tuvo acceso ni copia de la declaración por instrucción del Honorable Magistrado, y urgió a las autoridades a garantizar la seguridad y la vida de López y su familia. «Hacemos un llamado a las autoridades competentes para poder garantizar la seguridad, vida e integridad del testigo Olmedo López y su familia, toda vez que se han revelado por medio de filtraciones indecorosas a la opinión pública algunos de los apartes de sus declaraciones que nos han puesto en riesgo inminente», añadió.
El caso ha estado marcado por múltiples amenazas y atentados, que hasta ahora no habían sido divulgados por recomendación de las autoridades. Estas amenazas están siendo investigadas, pero la filtración reciente ha exacerbado el riesgo para todas las personas involucradas en el proceso.
Para la defensa, la divulgación de esta información incrementa el peligro para quienes están cercanos al caso, ya que podrían ser atacados con el fin de silenciar al testigo que ha decidido colaborar con la justicia bajo un principio de oportunidad que aún está en trámite. «Esta defensa ha reiterado en varias ocasiones la importancia de contar con todas las garantías procesales para poder desarrollar este proceso con total transparencia, para que el señor Olmedo López pueda declarar lo que tenga que declarar y contarle la verdad al país», concluyó José Moreno Caballero.
Las filtraciones no solo ponen en riesgo la vida de Olmedo López y su equipo, sino que también amenazan con obstaculizar el avance del caso, fundamental para esclarecer los hechos relacionados con el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Foto: UNGRD
por Konuco | Jul 16, 2024 | Destacadas, Judicial e Investigación
Las autoridades capturaron a Juan Remicio, un capitán del Ejército Nacional, durante un operativo en Bogotá. Remicio, junto con otros cuatro individuos, pertenece a una banda criminal que exporta estupefacientes a distintas partes del mundo. En el operativo, se incautaron 96 kilogramos de cocaína camuflados en un furgón en la zona franca de Fontibón. La droga era obtenida de departamentos como Nariño, Caquetá y Putumayo y se movilizaba para ser enviada a Centroamérica y Europa. Con esta captura, las autoridades afectaron las economías ilícitas de la red criminal por un valor cercano a los 600 millones de pesos.
El operativo, que estuvo a cargo del Gaula Militar Cundinamarca y la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional, fue el resultado de meses de investigación e inteligencia militar. A pesar del éxito del operativo, los capturados, incluido el capitán del Ejército, fueron puestos en libertad posteriormente. La incautación se suma a otro cargamento de cocaína reciente, donde se decomisaron una tonelada y media de la droga en puertos como Santa Marta, Cartagena y Buenaventura, destinada a Europa y México.
Foto: Fiscalía
